México rechaza la ejecución de un ciudadano en Estados Unidos
Condenado por el homicidio de un policía, el caso de Tamayo Arias figura entre los 51 señalados por organismos internacionales porque no se respetaron los derechos a la asistencia consular durante la sustanciación del juicio.
Ciudad de México. Efe
El gobierno de Enrique Peña Nieto denunció ante la opinión pública internacional la ejecución del ciudadano mexicano Edgar Tamayo Arias, programada para este miércoles por las autoridades del estado norteamericano de Texas, y asumió una defensa activa de sus nacionales condenados por la justicia de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó en una declaración distribuida ayer que el de Tamayo es uno de los 51 casos de mexicanos que en 2004, en la sentencia conocida como Fallo Avena, la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) dictaminó que debía ser reconsiderado por las autoridades estadounidenses por no haber sido respetado su derecho a la asistencia consular.
De aplicársele la pena de muerte sin escuchar el reclamo de México, de la CIJ y los principales organismos internacionales, "este constituiría el tercer caso de ejecución de un mexicano que es parte del Fallo Avena, así como una clara violación de Estados Unidos de sus obligaciones internacionales previstas en la Convención de Viena", señaló la Cancillería. El gobierno mexicano recordó que Tamayo, como los otros reos agrupados en el Caso Avena, debieron en su momento tener acceso a la asistencia consular. El comunicado agregó que brindar ese apoyo "es fundamental para garantizar el derecho de toda persona al debido proceso, incluyendo los nacionales de Estados Unidos mientras se encuentren de viaje o residan en el extranjero".
Ante la posible ejecución de Tamayo, "México valora los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para asegurar que el estado de Texas acate el Fallo Avena, así como el repetido reconocimiento de su obligación internacional en el transcurso de los años recientes". También considera positivos "los esfuerzos realizados junto con algunos legisladores federales para buscar la aprobación de un proyecto de ley que asegure el cumplimiento en todos los estados de esta obligación internacional", pero lamenta que tal legislación "desafortunadamente continúe sin concretarse".
La Cancillería recordó que organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reclamaron al gobierno de Texas que acate el fallo de la CIJ y suspenda la ejecución de Tamayo Arias. Lo mismo han hecho la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, organizaciones no gubernamentales como Amnesty International y Human Rights Watch, los embajadores de la Unión Europea (UE) y los gobiernos de Gran Bretaña y Uruguay. A ellos debería sumarse que los departamentos de Estado y de Justicia y otras entidades civiles del país también elevaron sus reclamos al gobierno texano.
La cancillería recordó que "el pasado 15 de enero el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió que se abriera el debate sobre la abolición de la pena de muerte en América Latina y denunció el incumplimiento de Estados Unidos del fallo de la CIJ". Por último, reiteró que México "se opone a la pena de muerte y está decidido a emplear los recursos necesarios para la protección de aquellos nacionales en peligro de recibir dicha condena".
curas amenazados de muerte
Al menos cinco hombres fueron acribillados ayer por un comando aéreo policial en el estado mexicano de Michoacán, cuando seguían al sacerdote Gregorio López, vicario de la diócesis de Apatzingán, al parecer con intenciones de atentar contra él. El propio cura dijo que el caso ocurrió el sábado en una comunidad rural de este municipio del sur. "Abatieron a cinco criminales que me iban siguiendo", afirmó.
Fuerzas federales decidieron lanzar la semana pasada una nueva ofensiva para enfrentar la crisis de violencia que ha convertido a la región conocida como Tierras Calientes en una de las zonas más peligrosas del país, por la disputa abierta entre los comandos civiles de las llamadas autodefensas y el cártel de Los Caballeros Templarios.
El obispo de la diócesis de Apatzingán, Miguel Ángel Patiño, y otros curas están amenazados de muerte. El jerarca católico es protegido por la policía desde que denunció un intento de incendiar la catedral de la ciudad. El cura López cobró notoriedad después de haber denunciado una supuesta complicidad de las autoridades municipales con bandas criminales.
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