sábado, 11 de febrero de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Por Marita Verón
La fuerza de Susana Trimarco, la mujer que impulsa la lucha contra las redes de la prostitución forzada
Por
Comienza hoy en Tucumán el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, acaecida el 3 de abril de 2002. Con 13 imputados y 150 testigos, se espera que sea la clave para descubrir el oscuro entramado de la trata en el país.
Tras casi una década de la desaparición de María de los Ángeles (Marita) Verón, la expectativa de que se haga justicia con los responsables y se revelen nuevas pistas para dar con su paradero, tiene en vilo a la provincia de Tucumán. Desde hoy, el andamiaje oculto de la trata de personas por todo el país, por la que miles de mujeres son trasladadas de una provincia a otra para ejercer la prostitución de manera forzada en prostíbulos que, en muchos casos, cuentan con la connivencia de las fuerzas policiales locales, puede empezar, al menos en parte, a desmantelarse. Esa es la esperanza de Susana Trimarco, la madre de Marita, gracias a cuyo inquebrantable tesón se pudo, en los últimos diez años, recuperar a más de 100 chicas cautivas de las redes de prostitución, en provincias como Tucumán, La Rioja y Córdoba.
“Estamos esperando este juicio con mucha expectativa, porque queremos saber qué pasó con Marita, pero también queremos conocer cómo actúan las personas que persiguen a las mujeres para obligarlas a prostituirse”, explicó a Tiempo Argentino el doctor Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón, y querellante del juicio que comienza hoy a las 8 en los tribunales provinciales, a pocas cuadras de la casa donde se declaró la independencia.
Se prevé que Trimarco ofrezca su testimonio recién en la audiencia del martes 14 de febrero, pero ya aseguró que estará presente en todas las jornadas mientras se desarrolle el juicio que, por la extensa lista de testigos, unos 150, podría demorar entre tres y cuatro meses.
“Es un compromiso que no sólo tengo para con mi hija, sino también para con las testigos que vendrán a contar lo que les pasó en cautiverio, mientras eran sometidas por esos delincuentes que se dedican a la prostitución”, señaló Susana Trimarco, sin que le temblara la voz, en diálogo con este diario.
Uno de los problemas con los que se encontró la madre de Marita fue que las jóvenes rescatadas no eran atendidas como correspondía en las comisarías de la provincia. “Era un gran problema para nosotros enterarnos que ni los policías ni los funcionarios judiciales estaban capacitados para contener a las personas que sufren este tipo de delitos. Siempre se duda, desfavoreciendo el relato de la mujer y de su familia. Se les decía: ya van a volver, porque se fueron con algún novio o amigo. Ahí se pierde tiempo muy importante”, sostuvo Garmendia. Es por ello que la administración del gobernador José Alperovich creó una comisaría especial para el delito de trata, que funciona en el Barrio Villa Luján, en la zona oeste de la capital tucumana (ver aparte).
Anteayer, en la previa del juicio y después de reunirse con Alperovich, Trimarco dijo: “Él no estaba cuando le pasó lo que le pasó a ‘Marita’. Estaba el atorrante de Miranda. Mi hija no apareció porque ellos no hicieron nada para que apareciera. Al contrario.” <
“Mi compromiso es con mi hija y con las jóvenes que están en cautiverio”
Comienza hoy en Tucumán el juicio por el secuestro y la desaparición de Marita Verón, acaecida el 3 de abril de 2002. Con 13 imputados y 150 testigos, se espera que sea la clave para descubrir el oscuro entramado de la trata en el país.
Tras casi una década de la desaparición de María de los Ángeles (Marita) Verón, la expectativa de que se haga justicia con los responsables y se revelen nuevas pistas para dar con su paradero, tiene en vilo a la provincia de Tucumán. Desde hoy, el andamiaje oculto de la trata de personas por todo el país, por la que miles de mujeres son trasladadas de una provincia a otra para ejercer la prostitución de manera forzada en prostíbulos que, en muchos casos, cuentan con la connivencia de las fuerzas policiales locales, puede empezar, al menos en parte, a desmantelarse. Esa es la esperanza de Susana Trimarco, la madre de Marita, gracias a cuyo inquebrantable tesón se pudo, en los últimos diez años, recuperar a más de 100 chicas cautivas de las redes de prostitución, en provincias como Tucumán, La Rioja y Córdoba.
“Estamos esperando este juicio con mucha expectativa, porque queremos saber qué pasó con Marita, pero también queremos conocer cómo actúan las personas que persiguen a las mujeres para obligarlas a prostituirse”, explicó a Tiempo Argentino el doctor Carlos Garmendia, abogado de la Fundación María de los Ángeles Verón, y querellante del juicio que comienza hoy a las 8 en los tribunales provinciales, a pocas cuadras de la casa donde se declaró la independencia.
Se prevé que Trimarco ofrezca su testimonio recién en la audiencia del martes 14 de febrero, pero ya aseguró que estará presente en todas las jornadas mientras se desarrolle el juicio que, por la extensa lista de testigos, unos 150, podría demorar entre tres y cuatro meses.
“Es un compromiso que no sólo tengo para con mi hija, sino también para con las testigos que vendrán a contar lo que les pasó en cautiverio, mientras eran sometidas por esos delincuentes que se dedican a la prostitución”, señaló Susana Trimarco, sin que le temblara la voz, en diálogo con este diario.
Uno de los problemas con los que se encontró la madre de Marita fue que las jóvenes rescatadas no eran atendidas como correspondía en las comisarías de la provincia. “Era un gran problema para nosotros enterarnos que ni los policías ni los funcionarios judiciales estaban capacitados para contener a las personas que sufren este tipo de delitos. Siempre se duda, desfavoreciendo el relato de la mujer y de su familia. Se les decía: ya van a volver, porque se fueron con algún novio o amigo. Ahí se pierde tiempo muy importante”, sostuvo Garmendia. Es por ello que la administración del gobernador José Alperovich creó una comisaría especial para el delito de trata, que funciona en el Barrio Villa Luján, en la zona oeste de la capital tucumana (ver aparte).
Anteayer, en la previa del juicio y después de reunirse con Alperovich, Trimarco dijo: “Él no estaba cuando le pasó lo que le pasó a ‘Marita’. Estaba el atorrante de Miranda. Mi hija no apareció porque ellos no hicieron nada para que apareciera. Al contrario.” <
domingo, 5 de febrero de 2012
MUJERES MILITARES
Mujeres militares
Por Osvaldo Bayer
Desde Bonn, Alemania
Repaso los textos y las sonrisas de las fotos del aviso varias veces. Para el ejército son preferidas las mujeres. Tengo que abrir la ventana y tomar aire. Pienso: un país que en las dos últimas guerras mundiales perdió a millones de jóvenes en batallas absurdas ahora prefiere a las mujeres para ser soldados.
Pienso en esos libertarios y libertarias que hace ya dos siglos salieron a las calles de todo el mundo para pedir la eliminación de los ejércitos y lograr la paz eterna en el mundo. Recuerdo cuando llegué a la Alemania de posguerra con sus ciudades totalmente convertidas en ruinas y a sus mujeres levantando los ladrillos sueltos y tratando de reconstruir lo destruido por los hombres mientras sus hijitos las tomaban de las piernas para que no los olvidaran. Y ahora, las nuevas generaciones las quieren hacer soldados y las prefieren a los hombres, según el aviso oficial.
Sabemos ya que esto no es nada bueno, hace años que las puertas de los cuarteles se abrieron para las mujeres en casi todos los ejércitos del mundo, pero que ahora las prefieran a ellas como soldados antes que a los hombres, no, no es ni siquiera imaginable, ni se puede interpretar como una fantasía de la realidad humana. “Ahora prefieren a las mujeres porque dicen que son más obedientes que los hombres”, me responde un sociólogo ante mi desesperación.
No, me digo, no pueden ser obedientes a la muerte. En el diario de esta mañana viene un reportaje a un octogenario que luchó en Stalingrado. Allí murieron 150.000 jóvenes soldados alemanes. Jóvenes, recién salidos a la vida. Me imagino sus rostros. Muertos destrozados por las balas de fusiles, de ametralladoras, de cañones; destrozados por bombas. Destrozados. Algunos ya habrían llegado a la edad del amor y habrán pensado en esos últimos momentos en los rostros de sus amadas que los esperaban en la lejana patria. ¿Y ahora? Ahora también han sido enviadas a Afganistán mujeres uniformadas que hacen la venia mejor que los hombres. Ya en casi todos los ejércitos del mundo hay mujeres en uniforme.
Voy a mi biblioteca, tengo más de veinte libros de autores pacifistas. Páginas inolvidables, plenas de generosidad y de almas emocionadas. La paz eterna. Como contrapartida, hoy, mujeres en uniforme. A las que traen la vida en sus cuerpos les enseñan a matar. Voy a ir a golpear las puertas de las feministas, me digo, y les voy a llevar los libros de los pacifistas. Miro el aviso de mujeres sonrientes en uniforme. Sí, el aviso dice que las mujeres tendrán prioridad en el ingreso militar a los hombres en el caso de calificaciones iguales. Si lo leyera Kant, si lo leyera Schopenhauer...
No, no puede ser. Sí, lo es. Pienso en los pacifistas que se negaron a ir a la guerra y fueron presos o fusilados. Pienso cuando me negué en el servicio militar a ir a la instrucción militar y fui destinado a barrer y encerar pisos de los despachos de los señores oficiales durante dieciocho meses.
¿Qué hago con los libros pacifistas? ¿Los beso? ¿Los pongo abiertos en la mesa del comedor, hago cuadros con los retratos de sus autores para llenar las paredes de la casa donde vivo?
Salgo a caminar por el bosque, hay árboles de más de cien años que nos miran. Me acerco y acaricio sus cortezas. Pasan corriendo unos niños que pegan gritos alegres. Vuelvo y me pongo a escribir esta nota. Ojalá la lean mujeres y que salgan después a la calle con carteles: “La mujer trae la vida, no la muerte”.
Porque ahora vamos a otra realidad indiscutible y publicada por la mayoría de los diarios: los niños bajo el nivel de pobreza en Europa. Una discusión profunda que se ha iniciado en la Unión Europea. Comenzó con el plan alemán de aprobar una ayuda a los hogares con niños, un dinero de “asistencia”, es decir, una ayuda de cien euros por niño menor de tres años que no son enviados a jardín de infantes porque la madre no trabaja afuera. Esto se debe a que se ha comprobado que en Alemania –el mejor país europeo de nivel económico–, en Berlín, el 36,3 por ciento de los niños está bajo el nivel de pobreza; en Hamburgo, el 24 por ciento; en Baden-Württemberg, el 11,2 por ciento; en Sajonia, el 26,4 por ciento, etc. Este estudio ha sido realizado por la Fundación Bertelsmann. El otro plan es construir lo más rápido posible jardines de infantes para la totalidad de los niños. Y, por supuesto, con comedores infantiles.
Sorprende, de pronto, esta realidad. Sería muy informativo que también, países europeos como España, con alto grado de desocupación, Grecia, Portugal, etc. realizaran un estudio así. Los niños son lo más sagrado de la vida humana y a ellos tiene que estar destinado lo necesario para darles un futuro digno. Y no emplear el dinero que les corresponde en construir aviones de guerra, tanques blindados y armas cada vez más sofisticadas. Pareciera que la humanidad no aprende, pese a los grandes pensadores. Es que se hace cada vez más necesario discutir el sistema. Hasta Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano defensor acérrimo del capitalismo, ha puesto en duda el sistema en sus últimas declaraciones, donde considera “amenazado el sistema actual de las naciones industriales occidentales” y exige “un cambio firme en la política”. “Pienso en la búsqueda de un justo crecimiento de la economía –sostiene Fukuyama–; nuestro modelo social occidental ha caído fuertemente por la erosión de la clase media. Eso es muy malo para la democracia. Cuando las ganancias sean repartidas de manera igualitaria, la ciudadanía confiará más en sí misma y no existirá entonces una elite que goce de una entrada privilegiada entre los políticos que hacen valer sus intereses.”
Aunque mínima la reacción, se nota que hasta los más fieles al sistema están preocupados por la crisis tanto en Estados Unidos como en Europa.
Pero no todo suena como para entrar en depresiones ni desconsuelos. En Francia acaba de ocurrir un episodio que nos llena de orgullo. El Senado francés aprobó una ley que pena con un año de prisión y 45.000 euros de multa a todo aquel que niegue el genocidio armenio cometido por los turcos. El gobierno turco, en vez de aprender de la historia, tomó las represalias de siempre: retiró su embajador de Francia, no permite la entrada de aviones militares franceses a su territorio ni tampoco barcos de guerra franceses a sus aguas ni realizar maniobras militares conjuntas. Cuando no se puede responder a la verdad se toman esas medidas sin ningún sentido humano. Como decimos siempre, la verdad tarda a veces mucho tiempo, pero finalmente llega. Francia recibió en 1915 a miles de armenios que pudieron salvarse del genocidio. Hoy la colonia armenia en tierras francesas cuenta con más de 600.000 habitantes.
Mujeres soldados, niños en la pobreza en esa Europa que hace ya más de dos siglos comenzó a cantar aquel: “Libertad, Igualdad, Fraternidad” de la revolución de 1789. Pero entre lo injusto, de pronto la ventana de aire fresco que se abre: no al genocidio de pueblos.
viernes, 3 de febrero de 2012
Marita Veron
Justicia por Marita Veron y por todas las víctimas de trata de mujeres y niñas para la prostitución
(AW) En el marco del Juicio que se inicia en Tucumán el 8 de febrero donde se juzgará a 13 imputados por el secuestro y la Desaparición de Marita Veron ocurrido el 3 de abril de 2002, organizaciones feministas, sociales, estudiantiles y políticas convocan a una sentada con pancartas para exigir Justicia. La misma se realizará hoy, viernes 3 de febrero a las 18.00 en Entre Ríos y Rivadavia en la vereda del Congreso de la Nación.
(AW) En el marco del Juicio que se inicia en Tucumán el 8 de febrero donde se juzgará a 13 imputados por el secuestro y la Desaparición de Marita Veron ocurrido el 3 de abril de 2002, organizaciones feministas, sociales, estudiantiles y políticas convocan a una sentada con pancartas para exigir Justicia. La misma se realizará hoy, viernes 3 de febrero a las 18.00 en Entre Ríos y Rivadavia en la vereda del Congreso de la Nación.
jueves, 2 de febrero de 2012
miércoles, 1 de febrero de 2012
FAMATINA
La compañía canadiense osisko mining lanzó días atrás una fuerte campaña de propaganda
Por
Los asambleístas se muestran escépticos y llaman a mantener la resistencia. Dicen que es una artimaña empresarial.
La compañía Osisko Mining Corporation difundió ayer un comunicado en el que anuncia que no avanzará en el proyecto minero en Famatina si no obtiene la licencia social. La licencia social es una exigencia de la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad minera. Y es, al fin, el acuerdo de los pobladores conseguido a través de diversas instancias como consultas populares o audiencias públicas. El parte de prensa surgió en medio de una baja de las acciones de la empresa canadiense ante el corte de ruta que mantienen hace un mes los pobladores de la zona en oposición al proyecto de minería a cielo abierto. Los asambleístas recibieron las noticias con incredulidad. Dos días atrás, la misma firma y el gobierno de Luis Beder Herrera habían lanzado, con gran impulso, una campaña de información para tratar de dar vuelta la opinión de los riojanos.
El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, escribió para este diario una columna en la que retrata el clima con el que se recibió la noticia. “Una noticia alentadora, que sin embargo no fue recibida con mucha alegría en nuestra comunidad, sino con mucha cautela; una cautela propia de alguien que desconfía, de alguien que ha recibido muchas mentiras y engaños, de alguien que vio y escuchó cómo las palabras se las lleva el viento”, contó Bordagaray, del Frente para la Victoria (ver aparte). María Pía López, comunicadora social, vecina de Chilecito y asambleísta, completó el panorama. “El comunicado dice lo mismo que dijo Barrick Gold, en 2007, cuando abandonó el proyecto. El problema fue que no dijo que lo abandonaba y tuvimos que sostener el corte igual. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de Osisko han bajado. Y que la empresa, tal vez, lo haga para recuperar la confianza de sus accionistas”, analizó. Y sembró de dudas la jugada de la compañía, teniendo en cuenta la campaña de información lanzada pocos días atrás por el gobernador (tras una marcha que convocó a 10 mil personas en la capital riojana). “El comunicado de Osisko va de la mano con lo que dijo el gobernador. No responde a lo que pedimos: que es que se rompa el convenio. Y no hace más que dilatar el conflicto”, añadió López.
Los vecinos de Famatina y de los pueblos cercanos dieron a conocer su punto de vista con otro parte informativo. “Nosotros, las comunidades organizadas en defensa de la vida y por el principio básico de la autodeterminación de los pueblos, ratificamos el corte informativo y selectivo por tiempo indefinido ubicado en Alto Carrizal en el departamento Famatina, iniciado el día 2 de enero de 2012. Confirmamos con esta acción que ninguna empresa ni proyectos mega mineros tienen licencia social en nuestros territorios”, dicen en sus primeras líneas los asambleístas. “La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades”, agrega. Y, luego, pasa a detallar las exigencias que le hacen al gobierno de La Rioja y también al nacional.
Una semana atrás, Tiempo Argentino, publicó una columna de la socióloga Norma Giarraca donde se destacaba que la Ley 24.585 obligaba a Beder Herrera a consultar para darle la licencia social a la minera. “Si no se han llevado a cabo las consultas es porque las autoridades conocen muy bien la voluntad absolutamente mayoritaria de las comunidades de no habilitar ninguna inversión minera”, razonaba Giarraca. El lanzamiento de una campaña de información, a todo vapor, parece haberle dado la razón. <
Famatina: la minera frenó su plan hasta obtener la “licencia social”
Los asambleístas se muestran escépticos y llaman a mantener la resistencia. Dicen que es una artimaña empresarial.
La compañía Osisko Mining Corporation difundió ayer un comunicado en el que anuncia que no avanzará en el proyecto minero en Famatina si no obtiene la licencia social. La licencia social es una exigencia de la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad minera. Y es, al fin, el acuerdo de los pobladores conseguido a través de diversas instancias como consultas populares o audiencias públicas. El parte de prensa surgió en medio de una baja de las acciones de la empresa canadiense ante el corte de ruta que mantienen hace un mes los pobladores de la zona en oposición al proyecto de minería a cielo abierto. Los asambleístas recibieron las noticias con incredulidad. Dos días atrás, la misma firma y el gobierno de Luis Beder Herrera habían lanzado, con gran impulso, una campaña de información para tratar de dar vuelta la opinión de los riojanos.
El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, escribió para este diario una columna en la que retrata el clima con el que se recibió la noticia. “Una noticia alentadora, que sin embargo no fue recibida con mucha alegría en nuestra comunidad, sino con mucha cautela; una cautela propia de alguien que desconfía, de alguien que ha recibido muchas mentiras y engaños, de alguien que vio y escuchó cómo las palabras se las lleva el viento”, contó Bordagaray, del Frente para la Victoria (ver aparte). María Pía López, comunicadora social, vecina de Chilecito y asambleísta, completó el panorama. “El comunicado dice lo mismo que dijo Barrick Gold, en 2007, cuando abandonó el proyecto. El problema fue que no dijo que lo abandonaba y tuvimos que sostener el corte igual. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de Osisko han bajado. Y que la empresa, tal vez, lo haga para recuperar la confianza de sus accionistas”, analizó. Y sembró de dudas la jugada de la compañía, teniendo en cuenta la campaña de información lanzada pocos días atrás por el gobernador (tras una marcha que convocó a 10 mil personas en la capital riojana). “El comunicado de Osisko va de la mano con lo que dijo el gobernador. No responde a lo que pedimos: que es que se rompa el convenio. Y no hace más que dilatar el conflicto”, añadió López.
Los vecinos de Famatina y de los pueblos cercanos dieron a conocer su punto de vista con otro parte informativo. “Nosotros, las comunidades organizadas en defensa de la vida y por el principio básico de la autodeterminación de los pueblos, ratificamos el corte informativo y selectivo por tiempo indefinido ubicado en Alto Carrizal en el departamento Famatina, iniciado el día 2 de enero de 2012. Confirmamos con esta acción que ninguna empresa ni proyectos mega mineros tienen licencia social en nuestros territorios”, dicen en sus primeras líneas los asambleístas. “La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades”, agrega. Y, luego, pasa a detallar las exigencias que le hacen al gobierno de La Rioja y también al nacional.
Una semana atrás, Tiempo Argentino, publicó una columna de la socióloga Norma Giarraca donde se destacaba que la Ley 24.585 obligaba a Beder Herrera a consultar para darle la licencia social a la minera. “Si no se han llevado a cabo las consultas es porque las autoridades conocen muy bien la voluntad absolutamente mayoritaria de las comunidades de no habilitar ninguna inversión minera”, razonaba Giarraca. El lanzamiento de una campaña de información, a todo vapor, parece haberle dado la razón. <
El juez Garzón
El juez español defiende su intento de juzgar los crímenes del franquismo
El Tribunal Supremo acordó proseguir con el juicio por prevaricato, a pesar de que la fiscalía había aceptado el pedido de la defensa de declarar nulo al juicio en su contra. El magistrado recordó que esos delitos no prescriben.
Baltasar Garzón defendió ayer los pasos que dio en su fallida investigación de los crímenes del franquismo durante y después de la Guerra Civil española, y recordó que actuaciones similares en casos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet o el de Adolfo Scilingo sobre la dictadura militar en la Argentina no lo llevaron al banquillo de los acusados. “No es una cuestión de ideologías”, respondió el juez a preguntas de su defensa. “Aquí había cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos.”
En la apertura de la segunda audiencia, los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón acordaron no estimar la nulidad del proceso que había solicitado la semana pasada la defensa del juez español, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. De haberse aceptado dicha nulidad, que también apoyaba la fiscalía, hubiera quedado absuelto automáticamente.
Garzón testificó durante más de una hora, lapso en el que repasó cada una de sus decisiones y defendió la aplicación de los principios de la justicia universal que lo hicieron destacarse en todo el mundo. En su opinión, siempre actuó conforme a derecho cuando aceptó numerosas denuncias referidas a las desapariciones de miles de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto fratricida (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
“Había un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas. Miles de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy”, afirmó Garzón, quien enmarcó como crímenes contra la humanidad lo acontecido en España durante aquellos años y cifró en 114 mil el número de personas que permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes.
El magistrado afirmó que durante 20 años en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la de Pinochet o Argentina no le costaron un juicio como el actual, en el que está acusado de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). “No hice otra cosa diferente (al caso Pinochet)”, dijo.
Garzón inició la investigación del franquismo en 2006. En octubre de 2008 abrió un sumario y un mes después acordó su inhibición, dejando el caso en manos de tribunales regionales la exhumación de fosas tras un conflicto de competencia. En ese sentido, afirmó que no se extralimitó en sus atribuciones, tal y como sostiene la acusación, y que tampoco orilló conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, aprobada para restañar las heridas del conflicto.
“Mantenía y mantengo que el delito de detención ilegal que se sustenta en el tiempo, la desaparición forzada de personas, en contexto de crímenes contra la humanidad, es un delito permanente, porque sus efectos permanecen en el tiempo”, aseguró el juez. “No era necesario hacer referencia a la Ley de Amnistía, porque los hechos se siguen cometiendo”, agregó. <
AP
Garzón: “Nadie me acusó cuando investigué a Pinochet y Scilingo”
P Baltasar Garzón defendió ayer los pasos que dio en su fallida investigación de los crímenes del franquismo durante y después de la Guerra Civil española, y recordó que actuaciones similares en casos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet o el de Adolfo Scilingo sobre la dictadura militar en la Argentina no lo llevaron al banquillo de los acusados. “No es una cuestión de ideologías”, respondió el juez a preguntas de su defensa. “Aquí había cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos.”
En la apertura de la segunda audiencia, los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón acordaron no estimar la nulidad del proceso que había solicitado la semana pasada la defensa del juez español, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda. De haberse aceptado dicha nulidad, que también apoyaba la fiscalía, hubiera quedado absuelto automáticamente.
Garzón testificó durante más de una hora, lapso en el que repasó cada una de sus decisiones y defendió la aplicación de los principios de la justicia universal que lo hicieron destacarse en todo el mundo. En su opinión, siempre actuó conforme a derecho cuando aceptó numerosas denuncias referidas a las desapariciones de miles de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto fratricida (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
“Había un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas. Miles de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy”, afirmó Garzón, quien enmarcó como crímenes contra la humanidad lo acontecido en España durante aquellos años y cifró en 114 mil el número de personas que permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes.
El magistrado afirmó que durante 20 años en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la de Pinochet o Argentina no le costaron un juicio como el actual, en el que está acusado de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta). “No hice otra cosa diferente (al caso Pinochet)”, dijo.
Garzón inició la investigación del franquismo en 2006. En octubre de 2008 abrió un sumario y un mes después acordó su inhibición, dejando el caso en manos de tribunales regionales la exhumación de fosas tras un conflicto de competencia. En ese sentido, afirmó que no se extralimitó en sus atribuciones, tal y como sostiene la acusación, y que tampoco orilló conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, aprobada para restañar las heridas del conflicto.
“Mantenía y mantengo que el delito de detención ilegal que se sustenta en el tiempo, la desaparición forzada de personas, en contexto de crímenes contra la humanidad, es un delito permanente, porque sus efectos permanecen en el tiempo”, aseguró el juez. “No era necesario hacer referencia a la Ley de Amnistía, porque los hechos se siguen cometiendo”, agregó. <
AP
martes, 31 de enero de 2012
MEGAUPLOAD
Por falta de pago a los hostings
Desde este jueves, y a once días del arresto de su fundador, el FBI comenzará la eliminación masiva de todo el material subido a esa web.
Luego de once días del cierre de Megaupload, se supo ayer que los archivos subidos al célebre “cyberlocker” comenzarán a desaparecer a partir de este jueves, incluyendo los personales y legales. La Fiscalía de los Estados Unidos explicó el motivo: no hay presupuesto para pagar a las compañías propietarias de los servidores que alojan los archivos, ya que el almacenamiento no es gratuito.
En concreto, las empresas de hosting (alojamiento) Cogent Communications Group y Carpathia Hosting pueden iniciar el borrado masivo de datos dentro de 48 horas. Megaupload tenía contratado el alojamiento con empresas de diversos países. Cogent alquilaba cerca de 40 servidores radicados en Francia y Estados Unidos, mientras que Carpathia proporcionaba 25 petabytes de espacio en varios servidores instalados en este último país.
Además de secuestrar los sitios web de Megaupload, las autoridades estadounidenses han ordenado el bloqueo económico de la compañía, porque no puede pagar a sus proveedores de infraestructuras y comunicaciones. Según explicó el abogado Carlos Sánchez Almeida en un artículo publicado en el diario El Mundo, de España, el riesgo de pérdida de los ficheros subidos a Megaupload es muy elevado, y la responsabilidad recaería en las autoridades que han intervenido el cyberlocker.
Mientras Kim Schmitz, el creador de Megaupload, sigue preso en Nueva Zelandia, los clientes damnificados por el bloqueo de Megaupload ya se están organizando para preparar demandas colectivas en Estados Unidos.dation (EFF). <
Megaupload: empiezan a borrar archivos
Luego de once días del cierre de Megaupload, se supo ayer que los archivos subidos al célebre “cyberlocker” comenzarán a desaparecer a partir de este jueves, incluyendo los personales y legales. La Fiscalía de los Estados Unidos explicó el motivo: no hay presupuesto para pagar a las compañías propietarias de los servidores que alojan los archivos, ya que el almacenamiento no es gratuito.
En concreto, las empresas de hosting (alojamiento) Cogent Communications Group y Carpathia Hosting pueden iniciar el borrado masivo de datos dentro de 48 horas. Megaupload tenía contratado el alojamiento con empresas de diversos países. Cogent alquilaba cerca de 40 servidores radicados en Francia y Estados Unidos, mientras que Carpathia proporcionaba 25 petabytes de espacio en varios servidores instalados en este último país.
Además de secuestrar los sitios web de Megaupload, las autoridades estadounidenses han ordenado el bloqueo económico de la compañía, porque no puede pagar a sus proveedores de infraestructuras y comunicaciones. Según explicó el abogado Carlos Sánchez Almeida en un artículo publicado en el diario El Mundo, de España, el riesgo de pérdida de los ficheros subidos a Megaupload es muy elevado, y la responsabilidad recaería en las autoridades que han intervenido el cyberlocker.
Mientras Kim Schmitz, el creador de Megaupload, sigue preso en Nueva Zelandia, los clientes damnificados por el bloqueo de Megaupload ya se están organizando para preparar demandas colectivas en Estados Unidos.dation (EFF). <
lunes, 30 de enero de 2012
jueves, 12 de enero de 2012
UNA MUJER ASESINADA CADA 31 HORAS
DE ACUERDO CON EL RELEVAMIENTO DE UNA ONG, EN 2011 SE REGISTRARON 282 FEMICIDIOS
Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.
El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.
El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –-ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).
El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.
El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.
En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”
Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.
Una mujer asesinada cada 31 horas
Los números reflejan solamente los casos que fueron consecuencia de violencia de género. De ellos, 32 corresponden a jóvenes de 15 a 21 años asesinadas por sus novios o ex parejas. Como resultado, 346 chicos quedaron sin madre.
Por Mariana Carbajal
En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).
Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.
El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.
El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –-ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).
El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.
El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.
En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”
Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.
sábado, 7 de enero de 2012
CONTRA LA MINERÍA
PROTESTAS CONTRA PROYECTOS EN LA RIOJA, CHUBUT, CATAMARCA Y RIO NEGRO
A pesar de la ley, las empresas extranjeras siguieron explorando el centro de la provincia, con el fin de extraer plomo y plata (proyecto llamado Navidad). Las comunidades indígenas, que cuentan con leyes específicas sobre el territorio, rechazan el avance minero.
La mayor sorpresa volvió a tener epicentro en Esquel. A pesar de que en el municipio también rige la ordenanza 33/2003, que prohíbe la minería, en diciembre pasado la comunidad se enteró de que el polémico proyecto a seis kilómetros del pueblo sigue su marcha: fue rebautizado Suyai y está en manos de la empresa canadiense Yamana Gold.
El miércoles hubo una movilización por las calles de Esquel. Participaron comunidades mapuche-tehuelche y asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. “Algunos gobernantes confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos”, alertó Pablo Galperín, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. El asambleísta denunció que “las empresas mineras, avaladas por la Secretaría de Minería de la Nación, se proponen como meta para el 2012 la derogación de todas las leyes antimineras provinciales”.
“Nos movilizaremos para defender la Ley 5001. Su derogación supondría un retroceso legal, y también la destrucción de regiones y comunidades enteras de nuestra provincia”, afirma el comunicado de la asamblea. Desde el gobierno provincial no respondieron las consultas de Página/12.
En La Rioja se repite la historia. Las asambleas socioambientales riojanas nacieron como rechazo a la actividad, que en la provincia era encabezada por el entonces gobernador Angel Maza y la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. La intención empresaria era explotar el cordón montañoso de Famatina (a 300 kilómetros al norte de la capital provincial). Movilización, campañas informativas y cortes de ruta fueron la respuesta asamblearia. En 2007, Barrick abandonó el proyecto.
Luis Beder Herrera era vicegobernador de Maza. Fue importante en la destitución de su antecesor y llegó al Ejecutivo con un fuerte discurso antiminero. Al asumir cambió de parecer y hoy es un férreo defensor de la actividad. Tampoco respondió los llamados de este diario.
A fines de 2010 trascendió que la empresa canadiense Osisko Mining Corp hizo pie en La Rioja para explotar lo que Barrick había abandonado. En diciembre la asamblea denunció que la empresa tenía “listas negras” de asambleístas y realizaba inteligencia contra los militantes. Exhibieron como prueba una carpeta de la empresa con nombres de activistas, lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El lunes 2 de enero comenzó un corte de las asambleas de Chilecito y Famatina en el Alto Carrizal (Famatina), un camino que lleva a la zona en exploración. Bajo un algarrobo, al lado de un canal y con el cerro de fondo, el objetivo es que no pase ninguna empresa minera. El martes 3 llegaron al corte una treintena de presuntos trabajadores mineros, con machetes, picos, rastrillos. Hubo discusiones y tensión.
El miércoles 4 llegaron notificaciones judiciales a ocho asambleístas ante el juzgado de Chilecito para “prestar declaración indagatoria, acompañado de su abogado defensor”. Están imputados en base al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (...) será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.
Ayer a la mañana en el corte había 200 activistas y, a dos cuadras, había llegado la Brigada de Acción Operativa (BAO), grupo especial de asalto de la policía provincial. “Están llegando más compañeros porque vamos a resistir. El corte es permanente y por tiempo indeterminado, hasta que se dé de baja el convenio entre la empresa y el gobierno provincial”, explicó María Pía Silva, de la Asamblea de Vecinos de Chilecito.
El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta pública al gobernador de La Rioja. “Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor”, señala el titular del Servicio de Paz y Justicia, que llamó al diálogo entre las partes, exigió que no se reprima a la población y lamentó que “el gobierno de la provincia privilegie el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano”.
De norte a sur, contra la minería
Asambleas locales se movilizan contra los emprendimientos a cielo abierto, a los que denuncian como contaminantes. El pico de tensión se registra en Famatina, La Rioja, donde algunos pobladores que cortan un camino fueron citados por la Justicia.
Por Darío Aranda
El rechazo a la megaminería dijo presente en la primera semana del año en cuatro provincias. Chubut, La Rioja, Catamarca y Río Negro tuvieron movilizaciones de repudio a la actividad extractiva, que en las cuatro provincias cuenta con apoyo de los gobiernos provinciales. Por un corte permanente de camino en Famatina (La Rioja), ya fueron citados a declarar ante el Poder Judicial ocho activistas socioambientales. El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta abierta donde rechaza la judicialización de la protesta y la Asamblea de Vecinos de Esquel (Chubut) alertó que las empresas mineras quieren derogar las leyes provinciales que protegen el ambiente y limitan la megaminería.
Esquel marcó un quiebre respecto de la acción que las comunidades tomaron frente al avance de empresas mineras. En 2002 se instaló la compañía canadiense Meridian Gold, que pretendía explotar el proyecto Cordón de Esquel para extraer oro y plata a sólo seis kilómetros de la ciudad. Movilizaciones, jornadas informativas y un histórico plebiscito rechazaron la megaminería. También lograron la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la actividad en la provincia.A pesar de la ley, las empresas extranjeras siguieron explorando el centro de la provincia, con el fin de extraer plomo y plata (proyecto llamado Navidad). Las comunidades indígenas, que cuentan con leyes específicas sobre el territorio, rechazan el avance minero.
La mayor sorpresa volvió a tener epicentro en Esquel. A pesar de que en el municipio también rige la ordenanza 33/2003, que prohíbe la minería, en diciembre pasado la comunidad se enteró de que el polémico proyecto a seis kilómetros del pueblo sigue su marcha: fue rebautizado Suyai y está en manos de la empresa canadiense Yamana Gold.
El miércoles hubo una movilización por las calles de Esquel. Participaron comunidades mapuche-tehuelche y asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. “Algunos gobernantes confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos”, alertó Pablo Galperín, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. El asambleísta denunció que “las empresas mineras, avaladas por la Secretaría de Minería de la Nación, se proponen como meta para el 2012 la derogación de todas las leyes antimineras provinciales”.
“Nos movilizaremos para defender la Ley 5001. Su derogación supondría un retroceso legal, y también la destrucción de regiones y comunidades enteras de nuestra provincia”, afirma el comunicado de la asamblea. Desde el gobierno provincial no respondieron las consultas de Página/12.
En La Rioja se repite la historia. Las asambleas socioambientales riojanas nacieron como rechazo a la actividad, que en la provincia era encabezada por el entonces gobernador Angel Maza y la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. La intención empresaria era explotar el cordón montañoso de Famatina (a 300 kilómetros al norte de la capital provincial). Movilización, campañas informativas y cortes de ruta fueron la respuesta asamblearia. En 2007, Barrick abandonó el proyecto.
Luis Beder Herrera era vicegobernador de Maza. Fue importante en la destitución de su antecesor y llegó al Ejecutivo con un fuerte discurso antiminero. Al asumir cambió de parecer y hoy es un férreo defensor de la actividad. Tampoco respondió los llamados de este diario.
A fines de 2010 trascendió que la empresa canadiense Osisko Mining Corp hizo pie en La Rioja para explotar lo que Barrick había abandonado. En diciembre la asamblea denunció que la empresa tenía “listas negras” de asambleístas y realizaba inteligencia contra los militantes. Exhibieron como prueba una carpeta de la empresa con nombres de activistas, lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El lunes 2 de enero comenzó un corte de las asambleas de Chilecito y Famatina en el Alto Carrizal (Famatina), un camino que lleva a la zona en exploración. Bajo un algarrobo, al lado de un canal y con el cerro de fondo, el objetivo es que no pase ninguna empresa minera. El martes 3 llegaron al corte una treintena de presuntos trabajadores mineros, con machetes, picos, rastrillos. Hubo discusiones y tensión.
El miércoles 4 llegaron notificaciones judiciales a ocho asambleístas ante el juzgado de Chilecito para “prestar declaración indagatoria, acompañado de su abogado defensor”. Están imputados en base al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (...) será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.
Ayer a la mañana en el corte había 200 activistas y, a dos cuadras, había llegado la Brigada de Acción Operativa (BAO), grupo especial de asalto de la policía provincial. “Están llegando más compañeros porque vamos a resistir. El corte es permanente y por tiempo indeterminado, hasta que se dé de baja el convenio entre la empresa y el gobierno provincial”, explicó María Pía Silva, de la Asamblea de Vecinos de Chilecito.
El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta pública al gobernador de La Rioja. “Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor”, señala el titular del Servicio de Paz y Justicia, que llamó al diálogo entre las partes, exigió que no se reprima a la población y lamentó que “el gobierno de la provincia privilegie el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano”.
jueves, 5 de enero de 2012
Boletín informativo de ACNUR
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