martes, 30 de octubre de 2012

Uno de los símbolos de la represión ilegal

Harguindeguy, uno de los símbolos de la represión ilegal, murió sin condena

Según el ex jefe montonero Roberto Perdía, en 1975 Harguindeguy ya había anticipado el plan para desaparecer a los enemigos del régimen militar que aún no había llegado al poder. Estaba siendo juzgado en Entre Ríos.

Por:
Tiempo Argentino
El ex ministro del Interior durante la última dictadura cívico-militar, Albano Harguindeguy, murió ayer a los 85 años mientras cumplía prisión domiciliaria acusado en numerosas causas en que se investigan delitos de lesa humanidad. Símbolo del terrorismo de Estado, el ex general de división ocupó el Ministerio del Interior entre el 29 de marzo de 1976 y el 29 de marzo de 1981, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, el período más sangriento de la dictadura.
El ex jefe montonero Roberto Perdía le atribuyó a Harguindeguy una frase que anticipaba la feroz represión que el Estado desataría después del golpe de Estado de marzo del '76. En el marco de un encuentro secreto que aseguró Perdía mantuvo con Harguindeguy todavía durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y que tenía por objetivo discutir sobre el secuestro y desaparición del jefe guerrillero Roberto Quieto ocurrido en diciembre de 1975, Harguindeguy le anticipó: "Nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una 'dictablanda', como la de (Alejandro) Lanusse, la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más."

Harguindeguy había nacido en la localidad cordobesa de Villa Valeria el 11 de febrero de 1927, ingresó a la carrera militar en 1943 y fue camarada en el Liceo Militar de Raúl Alfonsín, el primer presidente de la democracia restaurada en 1983, precisamente quien impulsó el juicio a los responsables del terrorismo de Estado. En 1973, durante el gobierno de Héctor Cámpora, comandó las brigadas militares que, junto a grupos guerrilleros que habían luchado por el regreso al país de Juan Domingo Perón, realizaron tareas para asistir a sectores sociales afectados por inundaciones en el efímero Operativo Dorrego. En 1975 fue designado jefe de la Policía Federal por Isabelita, cargo que ocupó hasta el golpe de Estado. Harguindeguy era considerado uno de los "cerebros" de la dictadura y un hombre de peso en la estructura represiva, debido al amplio radio de influencia que ejercía desde el Ministerio del Interior, bajo cuya órbita se movían las fuerzas de seguridad.
El 20 de agosto de 1976, bajo su mando, un grupo de 30 detenidos clandestinos fueron sacados de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), a metros del Departamento Central de Policía y conducidos a la localidad de Fátima, vecina a Pilar, para ser fusilados y sus cuerpos dinamitados en represalia por el asesinato del general Omar Actis.
Para defender la dictadura y rechazar el retorno de la democracia, fue autor de una polémica frase que pasó a la historia y a la que apeló también  poco después el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia una transición hacia la democracia, Harguindeguy había asegurado: "Las urnas están bien guardadas".

Nunca mostró ningún atisbo de arrepentimiento. En 2003, cuando todavía estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en declaraciones a la televisión francesa que quedaron luego plasmadas en el documental Escuadrones de la muerte: la escuela francesa, Harguindeguy reconoció la feroz represión ilegal desatada incluso desde antes del golpe de Estado. "Hicimos lo que correspondía en cumplimiento del deber militar. Empezamos bajo un gobierno constitucional y seguimos en un gobierno de facto. Las Fuerzas Armadas deben decirle al pueblo argentino: nosotros los liberamos de ser un país marxista. Tengo que reconocer que cometimos errores. Si no cometiéramos errores seríamos dioses. Qué aburrido sería un país gobernado por los dioses, sin pecado, sin delito."
Investigado por la justicia una vez recuperada la democracia, fue uno de los beneficiados por los indultos firmados en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem. A pesar de estar procesado en varias causas por delitos de lesa humanidad –incluso comenzó a ser juzgado en Paraná– el represor Albano Harguindeguy murió sin que la justicia llegara a condenarlo por los crímenes de lesa humanidad por los que fue acusado.
El juicio oral que se le seguía en Entre Ríos, que entró en su etapa final y se espera que se conozcan las sentencias antes de fin de año, fue el primero en tener a Harguindeguy sentado en el banquillo de los acusados. El ex ministro estaba procesado como autor mediato de cuatro desapariciones forzadas y 25 privaciones ilegales de la libertad, sin embargo nunca asistió al juicio oral y siguió los acontecimientos a través de videoconferencia en Comodoro Py.
"Da mucha bronca, porque son 40 años de impunidad y te deja el sinsabor de que no llegó a la sentencia", señaló ayer al conocer la noticia de su muerte María Luz Piérola, coordinadora del Registro Único de la Verdad de Entre Ríos, y agregó: "Fueron muchos años de juntar pequeños datos para llegar a esta instancia y que estos tipos se vayan muriendo en total impunidad da el sinsabor de la angustia." «

procesado en causas en todo el país
Si bien sólo llegó a juicio por la megacausa de Paraná, Albano Harguindeguy estaba procesado en varias causas por delitos de lesa humanidad en todo el país. Una de ellas es el secuestro extorsivo de Federico Gutheim y su hijo Miguel. Al igual que el ex dictador Jorge Rafael Videla y su ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, estaba acusado por la detención ilegal de los empresarios para obligarlos a firmar acuerdos comerciales.
Desde 2004 se encontraba con prisión preventiva por su rol en el Plan Cóndor, que por sus problemas de salud se convirtió luego en una detención domiciliaria. La megacausa por la responsabilidad argentina en el plan criminal de las dictaduras del Cono Sur llegará en marzo del año que viene a juicio oral. También estaba procesado por el secuestro y la desaparición del dirigente guerrillero Roberto Quieto, en 1975; por la muerte del obispo Enrique Angelelli, en La Rioja, y por las 153 detenciones en los dos centros clandestinos de detención que funcionaron en dependencias de la Policía Federal: la Superintendencia de Seguridad Federal y el “Garage Azopardo”.

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