martes, 31 de enero de 2012

MEGAUPLOAD

Por falta de pago a los hostings

Megaupload: empiezan a borrar archivos

Desde este jueves, y a once días del arresto de su fundador, el FBI comenzará la eliminación masiva de todo el material subido a esa web.
  Luego de once días del cierre de Megaupload, se supo ayer que los archivos subidos al célebre “cyberlocker” comenzarán a desaparecer a partir de este jueves, incluyendo los personales y legales. La Fiscalía de los Estados Unidos explicó el motivo: no hay presupuesto para pagar a las compañías propietarias de los servidores que alojan los archivos, ya que el almacenamiento no es gratuito.
En concreto, las empresas de hosting  (alojamiento) Cogent Communications Group y Carpathia Hosting pueden iniciar el borrado masivo de datos dentro de 48 horas. Megaupload tenía contratado el alojamiento con empresas de diversos países. Cogent alquilaba cerca de 40 servidores radicados en Francia y Estados Unidos, mientras que Carpathia proporcionaba 25 petabytes de espacio en varios servidores instalados en este último país.
Además de secuestrar los sitios web de Megaupload, las autoridades estadounidenses han ordenado el bloqueo económico de la compañía, porque no puede pagar a sus proveedores de infraestructuras y comunicaciones. Según explicó el abogado Carlos Sánchez Almeida en un artículo publicado en el diario El Mundo, de España, el riesgo de pérdida de los ficheros subidos a Megaupload es muy elevado, y la responsabilidad recaería en las autoridades que han intervenido el cyberlocker.
Mientras Kim Schmitz, el creador de Megaupload, sigue preso en Nueva Zelandia, los clientes damnificados por el bloqueo de Megaupload ya se están organizando para preparar demandas colectivas en Estados Unidos.dation (EFF). <

jueves, 12 de enero de 2012

UNA MUJER ASESINADA CADA 31 HORAS

DE ACUERDO CON EL RELEVAMIENTO DE UNA ONG, EN 2011 SE REGISTRARON 282 FEMICIDIOS

Una mujer asesinada cada 31 horas

Los números reflejan solamente los casos que fueron consecuencia de violencia de género. De ellos, 32 corresponden a jóvenes de 15 a 21 años asesinadas por sus novios o ex parejas. Como resultado, 346 chicos quedaron sin madre.

Por Mariana Carbajal

En 2011, cada 31 horas fue asesinada en el país una mujer por el hecho de ser mujer, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Femicidios en Argentina de La Casa del Encuentro. En total, fueron ejecutadas 282 mujeres y niñas como consecuencia de la violencia de género, una cifra que muestra un aumento del 8 por ciento en relación con los casos detectados el año anterior, según el registro de la ONG. Treinta y dos de las víctimas tenían entre 15 y 21 años y todas fueron ultimadas por sus novios o ex parejas (ver recuadro). La epidemia de femicidios dejó a 346 niños y niñas sin madre, muchos de los cuales muy probablemente arrastren las secuelas de haber sido testigos y a la vez víctimas de la violencia machista. En la mayoría de los casos –casi 6 de cada 10–, el autor o principal imputado es el esposo, novio o ex pareja de la víctima. Para las mujeres, la propia casa puede resultar más peligrosa que la calle: en la ciudad de Buenos Aires, el 50 por ciento de los homicidios dolosos de mujeres que tuvieron lugar en 2010 fueron motivados por violencia intrafamiliar y solo el 27 por ciento, en ocasión de robo, de acuerdo con una reciente investigación de la Corte Suprema (ver aparte).
Como cada año, el informe de La Casa del Encuentro llama a la reflexión sobre las consecuencias de la violencia de género y en esta oportunidad, la entidad exhortó a avanzar con un acuerdo social entre diversos sectores para diseñar un plan nacional para la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La Ley 26.485, de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”, sancionada el 11 de marzo de 2009 y reglamentada en 2010, establece en su artículo 9 que el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) debe “elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” y “articular y coordinar las acciones” para el cumplimiento de la norma, con las distintas áreas involucradas a nivel nacional, provincial y municipal, y con los ámbitos universitarios, sindicales, empresariales, religiosos, las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil con competencia en la materia”, entre otras responsabilidades.
Las autoridades del organismo sostienen que están trabajando en la elaboración de un plan desde hace tiempo, pero todavía no lo presentaron. Desde el 10 de diciembre está al frente del CNM Mariana Gras Buscetto, militante de La Cámpora, quien venía desempeñándose como subsecretaria en la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contras las Mujeres del CNM y previamente fue directora nacional de Juventud.
El 2011 se inició con el asesinato de María Laura Córdoba, de 20 años, en la localidad de Villa Hipólita, Santiago del Estero. El informe del Observatorio de Femicidios precisa que la asesinaron el 1 de enero a golpes de puño y puntapiés. La ataron a un árbol y la quemaron con un hierro caliente. El culpable del feroz ataque sería un joven de 32 años, con quien la víctima mantenía una relación. Tras dejar a la muchacha tirada en el camino, escapó y fue detenido días después. El hombre tenía denuncias previas por malos tratos y amenazas de muerte. Ese mismo día fueron apuñaladas en el barrio porteño de Villa Urquiza Silvina Beatriz Mehaudy, de 44 años, y Sofía Bianco, de 9 años, madre e hija. El acusado del crimen fue el esposo y padre de la niña, quien habría sido denunciado previamente por malos tratos.

El listado de femicidios es estremecedor. Baleadas, a golpes, martillazos, apuñaladas, incineradas: 282 mujeres –entre ellas niñas y adolescentes–, resultaron asesinadas a lo largo del año por el hecho de ser mujeres. Veintiocho murieron como consecuencia de quemaduras. El 2011 terminó con una seguidilla de resonantes femicidios. El cuádruple crimen de La Plata –-ahora sin detenidos– y el asesinato de Carla Figueroa en General Pico, La Pampa, a manos de su violador y flamante marido, a quien la Justicia había liberado una semana antes con la polémica figura del avenimiento, entre otros casos. El comienzo del 2012 se conmovió con otro femicidio: el de la maestra de San Fernando, Silvia Prigent. Ayer la fiscalía solicitó la detención del viudo Daniel Sfeir, acusado de homicidio agravado por el vínculo de su mujer (ver aparte).

El registro lo lleva adelante desde 2008 el observatorio que dirige Ada Beatriz Rico y coordina Fabiana Túñez. “El femicidio es una de las formas más extremas de violencia hacia las mujeres, es el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su propiedad”, destacó Túñez. El concepto fue desarrollado por la escritora estadounidense Carol Orlock en 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell, ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres, en Bruselas, recordó Rico.
El observatorio realiza el relevamiento de los casos publicados en las agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial. Contabiliza los homicidios de mujeres por razón de género, es decir, casos que no tienen que ver con robos, secuestros u otras situaciones de “inseguridad” urbana. “El término femicidio es político: es la denuncia a la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista”, agregó Rico.
En 2010 el observatorio registró 260 femicidios y en 2009, 231 (pero en ese año los medios relevados eran menos, solo 43). De los 282 femicidios, en 106 –37,6 por ciento– el acusado fue el esposo o novio y en 58 –20 por ciento–, la ex pareja. En 23 casos, el padre o padrastro; en 22, un vecino o conocido; en 14, otros familiares; en 6, hijos; en un caso, un hermano o hermanastro y en 52, un hombre sin vínculo aparente con la víctima. En al menos 31 de los hechos, la mujer previamente había hecho denuncias y en 3, el agresor tenía dictada una exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima.
“Con este informe –apuntó Rico– estamos reclamando la existencia de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluidos los índices de crímenes por violencia de género, en articulación con la sociedad civil y la incorporación en el Código Penal del femicidio, como una figura penal autónoma, además de la pérdida automática y definitiva de la patria potestad del femicida, no así de sus obligaciones alimentarías.”
Túñez señaló la necesidad de que todas las provincias adhieran a la Ley 26.485. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos; de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, concluyeron las especialistas.

sábado, 7 de enero de 2012

CONTRA LA MINERÍA

PROTESTAS CONTRA PROYECTOS EN LA RIOJA, CHUBUT, CATAMARCA Y RIO NEGRO

De norte a sur, contra la minería

Asambleas locales se movilizan contra los emprendimientos a cielo abierto, a los que denuncian como contaminantes. El pico de tensión se registra en Famatina, La Rioja, donde algunos pobladores que cortan un camino fueron citados por la Justicia.

Por Darío Aranda

El rechazo a la megaminería dijo presente en la primera semana del año en cuatro provincias. Chubut, La Rioja, Catamarca y Río Negro tuvieron movilizaciones de repudio a la actividad extractiva, que en las cuatro provincias cuenta con apoyo de los gobiernos provinciales. Por un corte permanente de camino en Famatina (La Rioja), ya fueron citados a declarar ante el Poder Judicial ocho activistas socioambientales. El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta abierta donde rechaza la judicialización de la protesta y la Asamblea de Vecinos de Esquel (Chubut) alertó que las empresas mineras quieren derogar las leyes provinciales que protegen el ambiente y limitan la megaminería.
Esquel marcó un quiebre respecto de la acción que las comunidades tomaron frente al avance de empresas mineras. En 2002 se instaló la compañía canadiense Meridian Gold, que pretendía explotar el proyecto Cordón de Esquel para extraer oro y plata a sólo seis kilómetros de la ciudad. Movilizaciones, jornadas informativas y un histórico plebiscito rechazaron la megaminería. También lograron la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la actividad en la provincia.
A pesar de la ley, las empresas extranjeras siguieron explorando el centro de la provincia, con el fin de extraer plomo y plata (proyecto llamado Navidad). Las comunidades indígenas, que cuentan con leyes específicas sobre el territorio, rechazan el avance minero.
La mayor sorpresa volvió a tener epicentro en Esquel. A pesar de que en el municipio también rige la ordenanza 33/2003, que prohíbe la minería, en diciembre pasado la comunidad se enteró de que el polémico proyecto a seis kilómetros del pueblo sigue su marcha: fue rebautizado Suyai y está en manos de la empresa canadiense Yamana Gold.
El miércoles hubo una movilización por las calles de Esquel. Participaron comunidades mapuche-tehuelche y asambleas ambientales de Trevelin, Puerto Madryn y Río Mayo. “Algunos gobernantes confunden los votos electorales con la licencia social para dinamitar cerros y destruir acuíferos”, alertó Pablo Galperín, de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel. El asambleísta denunció que “las empresas mineras, avaladas por la Secretaría de Minería de la Nación, se proponen como meta para el 2012 la derogación de todas las leyes antimineras provinciales”.
“Nos movilizaremos para defender la Ley 5001. Su derogación supondría un retroceso legal, y también la destrucción de regiones y comunidades enteras de nuestra provincia”, afirma el comunicado de la asamblea. Desde el gobierno provincial no respondieron las consultas de Página/12.
En La Rioja se repite la historia. Las asambleas socioambientales riojanas nacieron como rechazo a la actividad, que en la provincia era encabezada por el entonces gobernador Angel Maza y la empresa Barrick Gold, líder mundial del sector. La intención empresaria era explotar el cordón montañoso de Famatina (a 300 kilómetros al norte de la capital provincial). Movilización, campañas informativas y cortes de ruta fueron la respuesta asamblearia. En 2007, Barrick abandonó el proyecto.
Luis Beder Herrera era vicegobernador de Maza. Fue importante en la destitución de su antecesor y llegó al Ejecutivo con un fuerte discurso antiminero. Al asumir cambió de parecer y hoy es un férreo defensor de la actividad. Tampoco respondió los llamados de este diario.
A fines de 2010 trascendió que la empresa canadiense Osisko Mining Corp hizo pie en La Rioja para explotar lo que Barrick había abandonado. En diciembre la asamblea denunció que la empresa tenía “listas negras” de asambleístas y realizaba inteligencia contra los militantes. Exhibieron como prueba una carpeta de la empresa con nombres de activistas, lugares de trabajo y nivel de participación en las asambleas.
El lunes 2 de enero comenzó un corte de las asambleas de Chilecito y Famatina en el Alto Carrizal (Famatina), un camino que lleva a la zona en exploración. Bajo un algarrobo, al lado de un canal y con el cerro de fondo, el objetivo es que no pase ninguna empresa minera. El martes 3 llegaron al corte una treintena de presuntos trabajadores mineros, con machetes, picos, rastrillos. Hubo discusiones y tensión.
El miércoles 4 llegaron notificaciones judiciales a ocho asambleístas ante el juzgado de Chilecito para “prestar declaración indagatoria, acompañado de su abogado defensor”. Están imputados en base al artículo 194 del Código Penal: “El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire (...) será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”.
Ayer a la mañana en el corte había 200 activistas y, a dos cuadras, había llegado la Brigada de Acción Operativa (BAO), grupo especial de asalto de la policía provincial. “Están llegando más compañeros porque vamos a resistir. El corte es permanente y por tiempo indeterminado, hasta que se dé de baja el convenio entre la empresa y el gobierno provincial”, explicó María Pía Silva, de la Asamblea de Vecinos de Chilecito.
El Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel escribió una carta pública al gobernador de La Rioja. “Es injusto que se tomen acciones de criminalización de la protesta social de los vecinos, quienes han realizado innumerables denuncias y las cuales nunca se han resuelto a su favor”, señala el titular del Servicio de Paz y Justicia, que llamó al diálogo entre las partes, exigió que no se reprima a la población y lamentó que “el gobierno de la provincia privilegie el capital financiero sobre la vida del pueblo riojano”.

jueves, 5 de enero de 2012

Boletín informativo de ACNUR

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Evento intergubernamental a nivel ministerial de los Estados Miembros de las Naciones Unidas con motivo del 60º aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el 50º aniversario de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961 (Ginebra, 7 y 8 de diciembre de 2011)
  • Comunicado ministerial - [PDF]
  • Notas de antecedentes para las mesas redondas - [PDF]
  • Nota informativa - [PDF]
  • Normas de procedimiento - [PDF]
 
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