(COMO) EMPEZANDO DE NUEVO

"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

martes, 31 de agosto de 2010

Minería y ciencia política


Por Atilio A. Boron *

El Congreso Internacional de Ciencia Política que se reunió esta semana en San Juan deparó una agradable sorpresa: el desbordante fervor de unos tres mil jóvenes que desde casi todos los rincones del país acudieron para participar de sus deliberaciones y que manifestaron su rechazo al estéril y afortunadamente ya agonizante saber convencional de las ciencias sociales y también, para disgusto del gobierno provincial, a la minería a cielo abierto y al creciente intervencionismo norteamericano en América latina y el Caribe. El evento contó con el firme apoyo del gobernador José Luis Gioja, quien según aseguran los locales está tratando de posicionarse para la candidatura vicepresidencial del FpV. La realización de este congreso, así como la Cumbre de Presidentes del Mercosur, a comienzos de este mes y, antes, el de Filosofía, en julio de 2007 –y que fuera clausurado por la presidenta Cristina Fernández– fueron exhibidos como importantes realizaciones del mandatario sanjuanino, demostrativas, según algunos, de una eficacia y de un poder de convocatoria que lo proyectarían, casi sin rivales a la vista, a la anhelada candidatura vicepresidencial.

Pero más allá de este detalle, algo que llamó la atención fue la observación de Juan Carlos Gioja, hermano del gobernador y diputado nacional, quien al efectuar un balance del Congreso de Ciencia Política sintió la necesidad de decir que “éste no es un congreso kirchnerista”, curiosa aclaración motivada tal vez por la imprudente declaración que efectuara al llegar a la provincia uno de los principales invitados, Ernesto Laclau (quien luego recibiría el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de San Juan de manos del ex presidente Néstor Kirchner), al decir que “el peronismo es el mejor símbolo de la democracia”. Y para demostrar la verdad de su afirmación, el diputado Gioja dijo textualmente que la acusación de los opositores carecía de “asidero si se considera la participación en el congreso del politólogo y sociólogo argentino Atilio Boron y de Horacio González”. (Diario Huarpe, San Juan, 27 de agosto 2010: http://www.diariohuarpe.com/nota.asp?id=36200) No sabemos si la intención de los anfitriones fue la de organizar un “congreso kirchnerista”. Lo que sí podemos decir es que si ése fue el objetivo, la presión de los jóvenes para discutir desde una perspectiva crítica y no complaciente los grandes temas nacionales e internacionales, y la predisposición de muchos participantes para abordar los temas de fondo y llamar las cosas por su nombre, pudo más: la minería a cielo abierto fue condenada como un crimen contra la naturaleza y la sociedad, y los siniestros planes del imperialismo sembrando de bases militares (más de una veintena al día de hoy) la dilatada geografía latinoamericana denunciados una y otra vez.

En relación con lo primero, algunos “amigos” de la Barrick Gold replicaban diciendo que era reaccionario dejar tan inmensas riquezas en el subsuelo, y rotulaban a quienes se oponían a su explotación de representantes de la “antiminería”. El mismo argumento utilizado para acusar de “globalifóbicos” a quienes quieren “otra globalización” (que, por ejemplo, globalice la legislación protectiva de los trabajadores que existe en Alemania, o los 18 meses de licencia por maternidad concedidos en Suecia y Noruega) y no la globalización neoliberal que promueve la precariedad laboral, la destrucción del Estado y el desempleo masivo. En relación con la minería, quienes criticaban la voladura de cerros enteros, la destrucción de la flora y fauna locales, y los tremendos costos sociales y los riesgos del emprendimiento (que serán evidentes cuando la Barrick Gold haya extraído toda la riqueza y el cianuro prosiga con su labor) no se oponían a la minería sino que sostenían la necesidad de un abordaje diferente para su explotación. Y esa alternativa existe; no es cierto que el del cianuro sea el único método para separar el oro de los demás metales. Los expertos, en San Juan y fuera de esa provincia, coinciden en que existen otras metodologías, completamente inocuas, pero que las empresas no las adoptan porque reducirían en algo sus exorbitantes ganancias. Si en materia económica la derecha siempre dice que “no hay alternativas”, lo mismo ocurre con las empresas mineras, para las cuales, fieles a la lógica del capitalismo de privilegiar la ganancia sobre cualquier otra cosa, no hay más alternativa que el cianuro, de lejos la más barata y a la vez más letal. Pero los extraordinarios beneficios de la gran minería obedecen, también, a las absurdas concesiones que, en materia tributaria, brindan el Estado nacional y el provincial. La Barrick Gold –la mayor corporación productora de oro del mundo– goza de exenciones impositivas que sonarían como música celestial para millones de argentinos: no pagan Ganancias, Ingresos Brutos y tampoco el impuesto al cheque. A cambio, abona al municipio y a la provincia el 3 por ciento del oro obtenido en boca de mina, según su propia declaración jurada y sin ninguna auditoría fiscal, mientras que el resto de los minerales extraídos –algunos de ellos indispensables para la fabricación de equipos de alta tecnología o aleaciones especiales de la industria militar o aeroespacial– no genera ninguna obligación tributaria. Es a causa de esta insostenible situación que César Gioja, senador nacional, reconoció hace poco la necesidad de “analizar todos los aspectos vinculados con la rentabilidad de la minería”, reconociendo que la irrisoria regalía minera del 3 por ciento se fijó “porque en ese momento se legisló por la inventiva de los legisladores, no teníamos antecedentes”. Gracias al avance del pensamiento crítico, estos temas pudieron discutirse largamente en San Juan. En buena hora, y ojalá que la discusión prosiga.

* Politólogo.

sábado, 28 de agosto de 2010

Los héroes del pueblo y sus verdugos

Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn, Alemania

He estado nuevamente en Hofgeismar, en ese paisaje verde que es el centro de Alemania, en la antigua residencia de un príncipe donde hoy está una academia evangélica dedicada a la discusión de los grandes temas nunca solucionados de la humanidad. Allí se realizó un seminario preparatorio para la Feria del Libro de Francfort, que este año –en octubre– estará dedicada a la Argentina.

Antiguas construcciones rodeadas de bosques y jardines para caminar, pensar y discutir en voz baja, para escuchar el incesante lenguaje de los pájaros, que no se rinden.

Recuerdo que aquí estuvimos hace quince años recordando a Elisabeth Käsemann, la joven alemana asesinada por la dictadura argentina de la desaparición de personas. Recuerdo que en aquella reunión, a la que concurrieron representantes de los organismos de derechos humanos de diversas partes del mundo, habló el teólogo Ernst Käsemann, padre de la joven asesinada. Uno de los teólogos más famosos de Alemania, ese hombre no podía comprender la brutalidad y la perversión del sistema argentino de la desaparición.

A Elisabeth Käsemann, que había viajado a la Argentina para estudiar a fondo su situación social y redactar su tesis universitaria, la habían secuestrado, torturado bestialmente y luego asesinado a tiros. Estuvo en el campo de concentración “El Vesubio” y su verdugo fue el coronel Pedro Durán Sáenz.

Recuerdo el dolor del padre. Cuando supo de la muerte de su hija, viajó a la Argentina para recuperar su cuerpo. Y aquí vino ya la última gota del cáliz amargo que tuvo que soportar el padre: para recuperar ese cuerpo, debió entregar 22 mil dólares a un agente de los militares argentinos. No olvidaré nunca cuando en Hofgeismar el teólogo pronunció estas palabras que me siguen doliendo de pura vergüenza: “Qué país, Señor, es la Argentina, donde no sólo asesinan sino que también exigen dinero para entregar el cuerpo de la víctima a sus padres”. Me llenó de vergüenza esa afirmación, y de pesimismo sobre mi país.

Por eso cuando por fin, después de 33 años del asesinato de Elisabeth, en junio de este año, la Justicia argentina me citó como testigo en el juicio contra el asesino coronel Pedro Durán Sáenz, declaré lo comprobado en mi investigación realizada para el libro cinematográfico del film alemán Elisabeth. Lo pude mirar al asesino allí presente, pero el cobarde miró para otro lado. Treinta y tres años debimos esperar para que por lo menos se iniciara el juicio de quien fuera dueño de la vida y de la muerte en “El Vesubio”, uno de los lugares donde más se humilló, se vejó, se torturó y se “desapareció” a seres humanos.

Era algo imperdonable que los crímenes hubieran quedado impunes. Más todavía: este torturador y asesino –pese a todas nuestras denuncias– fue enviado por el gobierno de Alfonsín como agregado militar a la embajada de la democracia argentina a México. Sí, realidades argentinas.

¿Y qué hizo mientras tanto la Justicia argentina? Por ejemplo, en el acta de defunción de Elisabeth, el médico policial Carlos E. Castro señala que murió por balazos recibidos de frente, en un tiroteo. Cuando el cuerpo de Elisabeth fue revisado en Alemania por los médicos de la Justicia, éstos certificaron que los tiros habían sido disparados en la nuca y en la espalda. La pregunta es: ¿qué se hizo del médico policial Carlos Castro?, ¿no se lo juzga por su colaboración con los asesinos?, ¿qué hace hoy?, ¿goza de su jubilación, tranquilamente?

Lo repetimos una vez más: la verdad a veces tarda mucho, pero al fin llega: los asesinos ya están en juicio, mientras que un instituto de enseñanza para madres lleva el nombre de “Elisabeth Käsemann”, en su ciudad natal, Gelsenkirchen. Ojalá que en la Argentina, cuando se construyan casas a las familias que habitaban villas miseria, una de esas calles lleve el nombre de Elisabeth Käsemann, la bella joven extranjera que trabajó en esas villas y dio su vida por más dignidad para los humillados.

Regreso a Bonn y me encuentro con un abultado sobre. Me lo envían las Madres de Plaza de Mayo: son fotocopias de todos los documentos que presentaron los padres de los desaparecidos cuando éstos fueron secuestrados. Casi todos pedidos de hábeas corpus ante la Justicia, solicitudes de información ante la policía, ante los militares, ante la Iglesia Católica. Los leo y me digo: aquí está todo, aquí está la verdad de lo que fue el sistema de la represión de la dictadura. Porque en esas primeras denuncias de los padres están los testimonios de aquellos que presenciaron los secuestros, los allanamientos y las detenciones. Están los testimonios de vecinos, por ejemplo, que vieron llegar a los represores. Primero, los “grupos de tareas” se llevaban al “sospechoso”, a quien golpeaban bestialmente –se oían los gritos y los ruidos de los golpes–, luego se los arrastraba por la calle y más tarde llegaban los camiones que cargaban todo lo que encontraban en el domicilio y destruían lo que no tenía valor para ellos. Los padres denunciaban todo eso porque tal vez creerían que la Justicia iba a hacer precisamente eso, justicia. Pero están en esa documentación las resoluciones de los jueces rechazando los recursos de hábeas corpus, sencillamente “porque no corresponde”. Todos los nombres de esos jueces deberían publicarse en listas para eterna vergüenza de esos cobardes colaboracionistas, los que por supuesto siguieron siendo jueces después de la caída de la dictadura. Por ejemplo, veamos el caso de la profesora universitaria Liliana Elida Galletti, quien fue secuestrada el 13 de junio de 1977 por fuerzas uniformadas tanto del Ejército como de la policía, según testigos presenciales. Llegaron al domicilio Doblas 1083 de la Capital en cinco automóviles. Antes habían cerrado las calles adyacentes. Permanecieron allí dos horas. Se oyeron fuertes golpes, gritos y lamentos. Partieron después llevándose a la docente y poco después llegaron dos camiones, en los cuales viajaba personal policial y de las Fuerzas Armadas, que “sustrajeron diversas pertenencias, objetos del hogar, libros, papeles, ropa, tarea que insumió varias horas, y se retiraron a las 23”. La profesora Galletti, según los testigos, cuando se la llevaron “denotaba encontrarse en un estado de fuerte depresión y abatimiento”. Los padres iniciaron primero acciones de hábeas corpus ante el juzgado penal a cargo del doctor Somoza, secretaría del doctor Cuesta, y luego ante el Juzgado Federal del doctor Sarmiento, secretaría Fátima Ruiz López, ambos sin resultado, y luego ante la Cámara Criminal, Sala I, Capital Federal, pero no se realizó procedimiento alguno. El domicilio, totalmente saqueado, no fue jamás visitado por la Justicia. Ante el silencio, los padres iniciaron un nuevo pedido ante el Juzgado Nº 3 del juez Rivarola, secretaría Curutchet, obteniendo la respuesta de que ante el requerimiento de informes a las Fuerzas Armadas, éstas aseguraron “que la nombrada no se hallaba detenida”. Eso es todo. Luego hicieron presentaciones ante el Ministerio del Interior, cuerpos del Ejército y ante algunos dignatarios de la Iglesia Católica, obteniendo la misma respuesta.

Otro de los innumerables casos de terror llevados a cabo por los militares es el del soldado Alejandro García Martegani. El joven estaba haciendo el servicio militar en 1976 en el Batallón 601, de City Bell, cuando lo acusaron de estar vinculado con ideólogos de izquierda y, luego de estar detenido tres meses, lo mandaron el Regimiento de Infantería Nº 10 de Montaña a Covunco, Neuquén. Un mes después desapareció. No hubo más noticias de él. Los padres se trasladaron de Buenos Aires al regimiento neuquino donde el jefe del mismo, teniente coronel Ventura, les informó que el soldado García Martegani había salido de licencia y que no había vuelto, por lo cual se lo había declarado desertor. El padre del desaparecido no aceptó esa explicación. Se entrevistó con tres soldados conscriptos, quienes le relataron que la última vez que vieron al hijo fue en un auto donde había otras personas que se lo llevaban. Concurrió el padre, entonces, a la policía de Zapala, donde le informaron que ellos no tenían ninguna información de ese soldado. Hizo luego la denuncia ante el Comando en Jefe del Ejército, ante los ministerios correspondientes, ante la Justicia. Nunca hubo respuestas. El hijo había sido “desaparecido”. Lo más cobarde que se pueda esperar de un militar es que entregue a sus propios soldados, cuando tiene el deber de protegerlos. La vesania más manifiesta: eliminar a la propia persona de la que se es responsable, utilizando el poder omnímodo que da la propia institución al comandante. La pregunta es: ¿el teniente coronel Ventura fue juzgado alguna vez por este crimen tan artero? Y ese soldado no fue el único desaparecido. Hay muchos nombres denunciados que fueron víctimas de la misma acción que no puede ser calificada sino como la más baja de todas las traiciones.

En la documentación están todas las respuestas de los responsables. ¡Cuánta impotencia la de los familiares de los desaparecidos de aquel entonces! Por eso nos parece que la edición de esta documentación por la Editorial Madres de Plaza de Mayo será otro paso adelante para dejar aun más en descubierto en toda su brutalidad lo que fue ese período argentino y el fracaso de la mayoría de los que se titulaban como representantes de los intereses de la sociedad. Por eso este libro que editarán las Madres será una prueba de lo que fue el clima de miedo y de crimen oficial desatado. El poder leer con nombre y apellido a todos los que miraron para otro lado en vez de cumplir con sus obligaciones éticas fundamentales.

Pero, como decíamos, finalmente los crueles quedan para siempre condenados por la Historia. Los crímenes quedan develados por más oficiales que sean y por más que los cometan los poderosos.

Acaba de producirse un hecho que ha puesto contenta a toda la Europa democrática. Por primera vez, el gobierno turco ha reconocido uno de los tantos crímenes cometidos contra los armenios. Fue título de página en muchos diarios europeos: “Turquía culpable”. Se trata del asesinato cometido contra el periodista armenio Hrant Dink. Este periodista fue asesinado a tiros en la calle. Horas antes, un juzgado turco lo había acusado de “ofender a Turquía” y condenado a tres años de prisión. El periodista había denunciado el genocidio armenio cometido por Turquía a principios del siglo pasado, justamente con esa palabra: genocidio. Después de la condena, el periodista fue asesinado, a pesar de que iba custodiado por policías turcos.

Ayer se informó que el gobierno turco va a reconocer –ante el Juzgado Europeo de Estrasburgo– su responsabilidad de no haber ofrecido más seguridad al periodista, facilitando así su asesinato. Es tal vez un pequeño paso hacia el reconocimiento de ese genocidio que costó la vida de un millón y medio de hombres, mujeres y niños armenios.

Pasos hacia adelante en un mundo cargado de violencias creadas siempre por las injusticias sociales y el ansia de poder.

jueves, 26 de agosto de 2010

Los adoradores de la mano dura y la dialéctica de la inseguridad


* Delitos y pesquisas

Por
Ricardo Ragendorfer

delitosypesquisas@miradasalsur.com

Adiós a las armas. A pesar de que las estadísticas no expresan un agravamiento de la inseguridad, los medios insisten en demostrar exactamente lo contrario.
Otras notas

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La organización cívico-policial que recluta menores para robar y matar

Ese tipo había vivido a salvo de la justicia terrenal. Pero el impacto del juicio por el asesinato de Santiago Urbani cambió su destino. Lo cierto es que Oscar Pé rez Graham, alias el Gordo, siguió con atención las audiencias. El banquillo era ocupado por dos de los autores del hecho; se trataba de los adolescentes que el 10 de octubre de 2009 descerrajaron un tiro en la sien del desafortunado joven. Otro de los victimarios –un muchacho de 21 años– será juzgado en un futuro debate. En cambio, el cuarto integrante de la banda aún permanecía prófugo. Era nada menos que él.
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El Cels denunció la violencia policial

A fines de 2007, comenzaba el retroceso de la reforma de seguridad pública que había emprendido León Arslanián ni bien asumió en 2004 como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Por entonces, su reemplazante, Carlos Stornelli, que decía llegar “para corregir los retrocesos”, junto al ministro de Justicia, Ricardo Casal –hoy al frente de ambas carteras unificadas– se alineaba con el gobernador Daniel Scioli que se mostraba preocupado por la denominada ola de inseguridad. Así, restituían a la corporación policial bonaerense aquel poder que parecía haber perdido.
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Mónica Cuñarro: “La prohibición resultó un fracaso”

Durante 35 años, las políticas de drogas se vieron envueltas en leyes prohibicionistas que pusieron en simultaneidad a un adicto con un narcotraficante. Se olvidaba, así, un derecho fundamental como es el de la salud. La corrupción, la complicidad entre el poder político y el policial demostraron, desde los ’90 en adelante, el daño social que había generado aquello. Sin embargo, el actual Gobierno Nacional impulsó un modelo que sustituyera a ese otro que había obturado la discusión.
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Teoría del crimen único vs. necesidad de la memoria

Imagine la escena una vez más: usted, con el último mate antes de salir temprano de su casa, repara que es su barrio el que aparece en la pantalla en vivo y en directo. Hay cámaras sobre cinco patrulleros, quince movileros, cuatro vecinos indignados y el relato de un asalto a un quinto, desamparado, lloroso o fuera de la vista de los curiosos, mientras los delincuentes, bien, gracias, huyeron y no hay pistas. Las emisoras reiteran la noticia, zapping mediante, y usted se piensa en un set con la misma toma una y otra vez hasta que el director decide que se copia.
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La polémica por el fallo Urbani y la manía política de disciplinar a jueces

El debate sobre los menores en conflicto con la ley penal suele ser de carácter espasmódico e irracional. Como la marea, siempre vuelve. Basta que el foco se pose sobre un delito o un fallo de trascendencia mediática en el que está involucrado un adolescente. La polémica ahora la instaló la resolución del Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 3, de San Isidro. Hace una semana los jueces Alberto Villante, Mirta Ravera Godoy y Silvia Chomiez resolvieron aplazar por un año la imposición de las penas que les corresponden a dos chicos que ya fueron condenados por el crimen de Santiago Urbani.
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La caída de un halcón y la llegada de un águila guerrera

Cómo fue la expulsión de Stornelli de Seguridad. Las internas con Casal. El nuevo ministerio y el rol policial

Mitos y verdades sobre la ola delictiva y la utilización política de la violencia urbana

El empresario Aníbal Martino sufrió un secuestro express el martes por la noche, al llegar a su domicilio en Ramos Mejía. Allí los asaltantes se llevaron dinero, electrodomésticos y otros valores, antes de efectuar con la víctima una recorrida por cajeros automáticos para liberarlo unas horas después.
El episodio hizo que al día siguiente unos mil vecinos de esa localidad marcharan para exigir seguridad. La protesta duró más de una hora, ocupó dos cuadras de la avenida 25 de mayo y llegó hasta la comisaría 2ª. Entre los presentes había un sujeto que, megáfono en mano, bramó: “Acá no hemos venido a pedir planes de vagancia. ¿Acaso nuestras madres tendrán que usar pañuelos negros para que usted haga algo, señora Presidenta?”. La multitud, entonces, estalló en una ovación. Ello envalentonó al orador. “Llámenme nazi, llámenme fascista, pero los malandras están en las villas”, fueron sus palabras.
Lo cierto es que en este asunto anida un fenómeno curioso: la penalización de la miseria responde a un clamor multisectorial; los reclamos de “mano dura” y “tolerancia cero” –cuya respuesta judicial más nítida es el aumento de las poblaciones carcelarias– provienen indistintamente de clases privilegiadas y pobres. Es en el temor a la violencia urbana donde los extremos socioeconómicos se tocan y se sobresaltan mutuamente. Todos quieren protegerse. No sólo está en juego el pánico experimentado por ricos y famosos, sino que también cuenta la proverbial sensibilidad propietaria de clase media, sin dejar de lado el síndrome de indefensión padecido por las capas más empobrecidas. Para estas últimas, la inestabilidad extrema es un dato permanente y cotidiano; por lo general, no saben cómo subsistir hasta el día siguiente, y ser víctima de un delito se agrega de manera dramática a esa situación. Debido a ello expresan un pedido de orden ciego e inmediato. Es una paradoja, claro, que los sectores más desamparados sean también los más propensos en pedir políticas autoritarias, aunque éstas les sean esencialmente nefastas. Ocurre que, como ya no le pueden reclamar seguridad social a Estado, terminan pidiendo, simplemente, seguridad a secas.
“No soy nazi. Pero hay que terminar con los chicos de las villas, porque son irrecuperables”, insistió el hombre del megáfono.
Era Gabriel Lombardo, quien encabeza la organización Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador (Valomi). Vinculado al espacio político de Francisco de Narváez y con una módica celebridad por haber fogoneado manifestaciones similares junto a Constanza Guglielmi (hija del fallecido represor Alejandro Guglielmi), Lombardo supo amasar el sueño de convertirse en el nuevo Blumberg. Y sin ocultar sus relaciones con efectivos de la Bonaerense sospechados de graves delitos. De hecho, fue él quien impulsó la creación de la comisaría de Lomas del Mirador, cuya cúpula suele comer asados en su hogar. Cabe recordar que justamente en esa dependencia fue visto por última vez el adolescente Luciano Arruga, quien habría sido secuestrado por negarse a robar para la policía. En resumidas cuentas, la figura de Lombardo sintetiza la trama oculta que suele haber tras los casi siempre legítimos reclamos por mayor seguridad; a saber: la exacerbación del miedo social y el gerenciamiento policial del delito.

Cantos de sirena. Durante las últimas semanas, el hecho en el que fue baleada Carolina Píparo, junto con dos asaltos con toma de rehénes (el de la sucursal Pilar del Banco Nación y el de un edificio del barrio de Palermo), hicieron que el tema de la inseguridad retornara a la cima mediática, junto con su más reciente ladero conceptual: el debate para bajar la edad de imputabilidad de los menores, pese a que todos los autores de los episodios mencionados tenían más de 18 años.
Al respecto, por caso, el diario Clarín suele publicar estadísticas alarmantes, pero omitiendo la fuente de las mismas, tal como puntualizó Eduardo Anguita en su columna Van der Koy, condenado al éxito, publicada el 18 de agosto en el diario Tiempo Argentino. Lo cierto es que, según cifras aportadas por el Ministerio de Justicia bonaerense, los índices de los delitos contra la propiedad no experimentaron aumento alguno durante el último lustro, en tanto que –según la Secretaría de Política Criminal– los asesinatos en ocasión de robo apenas arañan el 38 por ciento del total de muertes violentas, en tanto que el resto corresponde a riñas con epílogo fatal y homicidios de género cometidos por parientes o conocidos de las víctimas. Por otra parte, según un estudio de las Naciones Unidas, la Argentina se encuentra entre los cinco países latinoamericanos menos inseguros.
Aún así, la violencia urbana recorre la sociedad argentina como un fantasma apenas disimulado. Ante un cuadro tan intenso, la clase política no se ha mostrado indiferente; por el contrario, funcionarios, legisladores y dirigentes de toda laya enarbolan la lucha contra el delito como su bandera más preciada. Nadie que se precie desconoce la importancia que tiene el tema tanto en una campaña electoral como en una gestión de gobierno. Y en semejante escenario, las fuerzas de seguridad dejan de ser únicamente un resorte para gobernar para convertirse en un arma estratégica. Pero de doble filo.
En un plano histórico, todas las agencias policiales del país hicieron de algunas contravenciones tradicionales parte de su sistema de supervivencia: capitalistas del juego, proxenetas y comerciantes irregulares trabajan desde siempre en sociedad forzada con las comisarías, pagando un canon para seguir existiendo.
En los últimos años, sin embargo, a este estilo de trabajo se agregaron otros pactos con hacedores de una gran cantidad de delitos contemplados por el Código Penal. Mediante arreglos, extorsiones, impuestos, peajes y tarifas o, lisa y llanamente, a través de la complicidad directa, los uniformados participan en un diversificado mercado de asuntos, siendo los más lucrativos el tráfico de drogas, los desarmaderos, la piratería del asfalto, la concesión de zonas liberadas para cometer asaltos y los secuestros extorsivos.
El punto de inflexión entre ambas etapas fue, sin duda, la última dictadura militar, en cuyo transcurso los policías incorporaron a sus cajas los dividendos obtenidos a través de un sinfín de delitos graves y, en algunos casos, hasta aberrantes, como, por ejemplo, los secuestros. Y fue en la década del noventa cuando estas actividades adquirieron, digamos, un sesgo absolutamente empresarial. Finalmente, en los albores del nuevo milenio, los hombres de azul incorporarían a menores de 18 años como mano de obra criminal y con fecha de vencimiento.

Doctrina de la seguridad. Quienes hacen de los reclamos de seguridad una militancia no suelen reparar en el hilo que une a las fuerzas policiales con el delito. Ni es común que interpreten el fenómeno de la violencia urbana como la manifestación más explícita y brutal de un proceso histórico algo perverso; incluso, parecería que las palabras causa o motivo no figuran en sus diccionarios, como tampoco el término tolerancia, salvo cuando está unido al vocablo cero.
Para ellos, la corrupción policial es apenas un dato nimio. En consecuencia, sostienen que la mayor limitación de los uniformados gira en torno de sus escasas atribuciones, las cuales suelen verse recortadas por leyes, sin duda, hechas para favorecer a los delincuentes, quienes –según su óptica– son los únicos ciudadanos que realmente gozan de derechos humanos. Esta línea de pensamiento también pone especial énfasis sobre la inutilidad del sistema jurídico en relación con su correlato carcelario. En otras palabras, entiende como lamentable que un preso, tras haber cumplido su condena, recupere la libertad. Y ni hablar de quienes son excarcelados de manera condicional. Tal lógica, desde luego, está asentada en el hecho de que muchos delitos son cometidos por delincuentes reincidentes. Como si fuese más agradable ser asesinado por un facineroso primerizo. De igual modo son objeto de críticas tanto las leyes penales como los códigos de procedimiento, especialmente cuando se refieren a delitos excarcelables, ya que –para sus detractores– posibilitan que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por la otra”.
Sin embargo, las estadísticas demuestran que eso no es exactamente así. Tomando sólo por caso el sistema carcelario que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuya capacidad de alojamiento es de 12 mil plazas, se podrá apreciar que su estructura ya se encontraba colapsada en 1995, con una población de 16 mil internos. Cuatro años después, dicha cifra trepó a 19 mil, mientras que en la actualidad hay unos 26 mil reclusos. Eso no es todo; debido, justamente, a estas circunstancias, otros 8 mil se hacinan en comisarías policiales, cuyas instalaciones no fueron concebidas con fines carcelarios. Tampoco es un dato menor que el 73 por ciento de las personas privadas de su libertad tengan su causa judicial en trámite, sin estar aún condenados o absueltas. En este punto cabe destacar que el crecimiento de las poblaciones penales, en vez de provocar una baja en las estadísticas del delito, curiosamente, establecen una proporcionalidad directa con ella.
Tal vez eso lo sepa el señor Lombardo. Sin embargo, no dudaría en repetir: “Los malandras están en las villas”. Y la multitud replicará: “¡Seguridad! ¡seguridad!.
Francia sigue con su cruzada contra los gitanos

El gobierno francés procedió a una nueva tanda de expulsiones de gitanos hacia Rumania. Las deportaciones se dieron en el marco de la visita de dos ministros rumanos en París. Para hoy está prevista la salida de 283 gitanos.



Hacia el mediodía, un avión de la compañía rumana Blue Air partió del aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry para Bucarest. Poco después, en las afueras de París, otro vuelo de la aerolínea Blue Air con destino a Bucarest partió con el resto de expulsados a bordo. Según fuentes gubernamentales, el número total de expulsados este jueves debía ser 283. Cargados de maletas y sacos de tela, los gitanos expulsados desde Roissy-Charles de Gaulle no hicieron ninguna declaración.

Tras dos primeras series de vuelos la semana pasada, el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, anunció ayer a la AFP una "aceleración de las expulsiones de ciudadanos búlgaros y rumanos", sin decir explícitamente que se trata de gitanos originarios de esos dos países miembros de la Unión Europea. Con los vuelos de este jueves, habrán regresado en lo que va de año a sus países de origen 8313 gitanos rumanos y búlgaros, según el ministro.

Besson calificó a la mayoría de estas repatriaciones de "regresos voluntarios", ya que cada adulto que acepta volver cobra 300 euros y los menores de edad 100 euros cada uno. Besson divulgó las cifras durante la visita a París de dos ministros rumanos, y después de que la Comisión Europea expresó tener "cierta inquietud" en cuanto a la política francesa hacia los gitanos.

Uno de los dos responsables rumanos, Valentin Mocanu, secretario de Estado encargado de la Integración de los gitanos, advirtió de los riesgos de que se derive hacia el racismo y la xenofobia.

"Mucha gente en Rumania está preocupada de que se pueda creer en la posibilidad de resolver el problema con acciones susceptibles de degenerar en racismo y xenofobia", declaró el responsable ante la prensa.

Junto con su colega Dan Valentin Fatuloiu, secretario de Estado de Orden y Seguridad Pública, Mocanu fue recibido ayer por el ministro del Interior Brice Hortefeux, Besson y el secretario francés de Asuntos Europeos Pierre Lellouche.

Tras las primeras conversaciones entre esos responsables, ambos países destacaron "la voluntad de los gobiernos rumano y francés de gestionar mejor los flujos migratorios bilaterales, y apoyar el refuerzo de políticas de integración de poblaciones desfavorecidas".

Por otro lado, 75 gitanos fueron expulsados este jueves al amanecer de un terreno que ocupaban ilegalmente en Villeneuve-d"Ascq. De ellos, 29 adultos fueron detenidos, indicó la prefectura local.

En las últimas semanas, Francia fue criticada por la ONU, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y el Vaticano por sus medidas contra los gitanos. Los franceses están divididos en cuanto a esta política. El 48 por ciento se dice favorable a las expulsiones a Rumania de gitanos cuyos campamentos fueron desmantelados este verano, según un sondeo del instituto CSA. El 42 por ciento se opone a las expulsiones.