sábado 5 de diciembre de 2009
El segundo entierro de Víctor Jara
El segundo entierro de Víctor Jara
JOAN MANUEL SERRAT 05/12/2009
57
Hoy entierran a Víctor Jara por segunda vez. Quien amó tanto la vida, 36 años después, vuelve a pasear su muerte.
Los chilenos dicen adiós al cantautor 36 años después
A quien dice: dejad en paz a los muertos, les respondo: ¿están los muertos en paz? ¿Estamos en paz con ellos?
Desde los suburbios de Santiago, desde la falda de su madre, cantora, desde los sueños de su pueblo con los que aliñaba sus canciones, Víctor Jara, como Margot Loyola, Violeta Parra o Héctor Pávez, recopiló y revalorizó los cantos campesinos. Su profunda identificación con el pueblo fue casi mística. Como la Violeta, que le mostró el camino, vivió con ellos, se hizo piel y sangre de ellos para, desde el hombre provinciano, alcanzar lo universal y de forma irrevocable, con profundas convicciones, asumir su condición de artista comprometido.
Así fue hasta que acallaron brutalmente su voz el 16 de septiembre de 1973 y algo quedó truncado para siempre.
Hoy vuelven a enterrar a Víctor Jara.
A diferencia de la primera vez en la que Joan Turner, su mujer, depositó sin responsos, a escondidas, sus maltratados restos en un nicho del Cementerio General de Santiago apenas acompañada por un amigo y el funcionario que reconoció el cadáver en la morgue, serán miles los que estarán a su lado. Ahí se han de juntar los viejos compañeros de lucha, supervivientes de la dictadura y del exilio con muchachas y muchachos que han crecido llevando sus canciones en la boca. Habrá hijos de reprimidos pero también de represores. Llegarán obreros de las poblaciones y campesinos de los valles a unirse a los mineros que, oliendo a cobre, bajarán desde Calama.
Mujeres y hombres de toda condición irán de la mano recordando a Amanda.
Esta vez Joan Turner no caminará sola. A su lado marchará una multitud que, nadie lo olvide, 36 años después del crimen, sigue clamando justicia.
Joan Manuel Serrat es cantautor.
JOAN MANUEL SERRAT 05/12/2009
57
Hoy entierran a Víctor Jara por segunda vez. Quien amó tanto la vida, 36 años después, vuelve a pasear su muerte.
Los chilenos dicen adiós al cantautor 36 años después
A quien dice: dejad en paz a los muertos, les respondo: ¿están los muertos en paz? ¿Estamos en paz con ellos?
Desde los suburbios de Santiago, desde la falda de su madre, cantora, desde los sueños de su pueblo con los que aliñaba sus canciones, Víctor Jara, como Margot Loyola, Violeta Parra o Héctor Pávez, recopiló y revalorizó los cantos campesinos. Su profunda identificación con el pueblo fue casi mística. Como la Violeta, que le mostró el camino, vivió con ellos, se hizo piel y sangre de ellos para, desde el hombre provinciano, alcanzar lo universal y de forma irrevocable, con profundas convicciones, asumir su condición de artista comprometido.
Así fue hasta que acallaron brutalmente su voz el 16 de septiembre de 1973 y algo quedó truncado para siempre.
Hoy vuelven a enterrar a Víctor Jara.
A diferencia de la primera vez en la que Joan Turner, su mujer, depositó sin responsos, a escondidas, sus maltratados restos en un nicho del Cementerio General de Santiago apenas acompañada por un amigo y el funcionario que reconoció el cadáver en la morgue, serán miles los que estarán a su lado. Ahí se han de juntar los viejos compañeros de lucha, supervivientes de la dictadura y del exilio con muchachas y muchachos que han crecido llevando sus canciones en la boca. Habrá hijos de reprimidos pero también de represores. Llegarán obreros de las poblaciones y campesinos de los valles a unirse a los mineros que, oliendo a cobre, bajarán desde Calama.
Mujeres y hombres de toda condición irán de la mano recordando a Amanda.
Esta vez Joan Turner no caminará sola. A su lado marchará una multitud que, nadie lo olvide, 36 años después del crimen, sigue clamando justicia.
Joan Manuel Serrat es cantautor.
Los cruzados contra el matrimonio gay
Los cruzados contra el matrimonio gay
Son abogados vinculados con la revista neonazi Cabildo y con los defensores de los represores de la última dictadura. Ya habían logrado interferir en casos de abortos no punibles. Y tuvieron una actuación violenta contra una muestra de León Ferrari.
Por Soledad Vallejos
Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film El Código Da Vinci, los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.
Ante el riesgo de un posible matrimonio entre dos varones recurrieron a argumentos más o menos en común: un orden natural en riesgo, la amenaza total a los derechos de incidencia colectiva, la necesidad esencial que todo niño y toda niña tienen de contar con padre y madre, varón y mujer. Son pocos, poquísimos. Esa conciencia los lleva a multiplicar y distribuir esfuerzos, pero llevan el método a tal grado de sistematicidad que terminan por parecer una gran familia, aun cuando entre sí no se reconozcan como tales.
El martes, dos medidas cautelares diferentes frenaron el casamiento de Freyre y Di Bello. Una de ellas, la menos mencionada, provenía de la Sala E de la Cámara Civil de la Nación, que había acogido una denuncia que la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Civil 92, había rechazado, compartiendo opinión con la fiscal Raquel Mercante, por improcedente. En la presentación inicial, realizada el 17 de noviembre, Pedro Javier Andereggen pidió la nulidad de la autorización que la jueza Gabriela Seijas había dado para que dos varones se casaran; argumentó que la magistrada no tenía competencia para revisar una cuestión de fondo vinculada con el Código Civil. Tras ser desestimada su causa, Andereggen, que se presentó como un interesado particular y querelló nada menos que a un expediente (algo tan inusual que suele ser improcedente), se recuperó del revés rápidamente. La Sala E de la Cámara, integrada por Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud (y que tiene por secretario a Juan Manuel Leguizamón Houssay), resolvió atender su queja el mismo 1º de diciembre, y notificó rápidamente la medida cautelar al Registro Civil de Beruti y Coronel Díaz.
“Es un fallo excelente y puso las cosas en su lugar”, declaró rápidamente Andereggen a la agencia Notivida, lo cual es coherente con su trayectoria: en 2004, fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió a la jueza Liberatori el cierre de Retrospectiva: Obras 1954-2004, de León Ferrari, por dañar los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino, y hacerlo doblemente porque las obras contaban con el amparo de una entidad estatal, como el Centro Cultural Recoleta. Para no faltar a la verdad, preciso es recordar que también patrocinaron esa causa Pablo Falabella, Francisco Roggero y Joaquín Otaegui (cuyos fantasmas, en los últimos dos casos, sobrevolaron la medida cautelar contra Freyre y Di Bello). Andere-ggen también patrocinó a Alberto Solanet (presidente de la Corporación de Abogados Católicos) el 1º de agosto de 2006, a la hora de apelar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense del día anterior que autorizaba (innecesariamente, dado que encuadraba en lo tipificado como no punible, según reconoció el propio fallo del tribunal) el aborto terapéutico en el sonadísimo caso de LMR, la joven discapacitada mental violada por su padrastro. Como abogado de Solanet, Andereggen explicó que la Corporación procuraba evitar un “aborto u homicidio prenatal”. Por ello se presentaba en defensa de la “persona por nacer”, al considerarla “una persona carente de recursos”, y porque el estatuto 3 de la institución puntualiza que su misión es que los valores morales de “la Doctrina” y “el Magisterio” de la Iglesia, “intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y la sociedad”. Andereggen también forma parte de la Sociedad de Abogados Penalistas, tiene un estudio declarado en Defensa al 800 y un hermano, Ignacio, tan relacionado como él.
En el caso del matrimonio por ahora frustrado, Andereggen estuvo por demás activo. El 17 de noviembre, es decir a cinco días del fallo de Seijas que autorizó el matrimonio y precisamente cuando vencía el plazo de apelación de la medida que podía emitir Mauricio Macri, el abogado comenzó a visitar las ventanillas judiciales. Ese mismo día, en el fuero Contencioso Administrativo presentó un amparo en el cual denunciaba al jefe de Gobierno por no apelar el permiso, “lo que constituye un acto de ilegalidad manifiesta, pues ello no está sujeto a oportunidad, mérito o conveniencia sino a actividad reglada”. El mismo día hizo la presentación en el Juzgado 92 (ésa es la causa que prosperó), alegando que la boda suponía un “perjuicio para el bien común”, porque “se ha fallado contra la esencia de un instituto de derecho natural (sic) como es el matrimonio”.
Una semana y un día después, el 25 de noviembre, el mismo Andereggen se presentó como patrocinante de Alejandro Taussig, representante de Pro Familia (Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia) y vocal de Red Unifam (al parecer inactiva desde mediados del año pasado), en la que también revistaban nombres del Instituto para el Matrimonio y la Familia (una suerte de think tank de la derecha más previsible, con disculpas de la expresión) de la Universidad Católica Argentina. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según afirmaron fuentes judiciales en esos días a la agencia DyN, “con el aval del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio”. La demanda sostenía la incompetencia de Seijas “para entender en los casos en que personas de igual sexo pretendan unirse en matrimonio”.
La otra causa que tuvo incidencia directa en la suspensión del matrimonio entre Freyre y Di Bello fue aquella en la cual la jueza Martha Gómez Alsina dictó una medida cautelar a pedido de Sabrina Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop. Este diario informó hace unos días tanto sobre la escasez de antecedentes de ella como sobre la existencia de antecedentes de él (presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal –es decir, el que no tiene representatividad ni controla la matrícula profesional–, además de integrante de la Corporación de Abogados Católicos). En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, sólo esos nombres figuran como actores. Sin embargo, en distintos medios informativos ultras durante la semana se afirmó que Lebed y Haslop tenían por abogados a Francisco Ro-ggero y Joaquín Otaegui, dos abogados archiconocidos por haber patrocinado causas llenas de moralina y pasión ultrarreligiosa, como la de Ferrari. Cabe agregar que Roggero y Otaegui comparten estudio en Puerto Madero, que posiblemente sean de una generación mucho mayor a la de Haslop, cuyo nombre, o el de un homónimo, fue relevado, en 2004, durante los incidentes por la visita de la activista pro derecho al aborto Rebecca Gomperts: de acuerdo con La Nación, un “Miguel Haslop”, que brindó testimonio en calidad de “uno de los jóvenes católicos”, anduvo entreverado en los desmanes. ¿Estará teniendo lugar un cambio de guardia, un entrenamiento de las nuevas generaciones?
Mucho más modestas y hasta románticas fueron las acciones de Jorge Luis Vitale y Jorge Horacio Martínez: ambos se apersonaron en el Registro Civil de Coronel Díaz un día antes de la ceremonia para dejar asentada su oposición al enlace. Martínez se identificó como un ciudadano argentino de 58 años, viudo. Vitale, de 60, dijo ser “abogado, divorciado”, lo que decididamente no cuadra con su labor al frente del “Consultorio para abogados y legisladores católicos”, ni con su especialidad en “aplicación del derecho canónico en la legislación de un país”. Su actuación más destacada, públicamente hablando, de los últimos años, fue en mayo de 2006, a poco del estreno de El Código Da Vinci: Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Pidió que la Justicia obligara a la distribuidora del film a aclarar que se trataba de una ficción; exactamente lo mismo reclamaba el vocero del Opus Dei local, Esteban López del Pino.
Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos afirma haber presentado en su propio nombre (y con el patrocinio de Eduardo Sambrizzi) “recursos de nulidad y apelación” contra la sentencia de Seijas. Sustenta sus supuestos recursos en la “defensa de los ‘derechos de incidencia colectiva’ a que hace mención el segundo párrafo del art. 43” de la Constitución Nacional. Sambrizzi afirmó haber iniciado los recursos el 16 de noviembre, ante la propia Seijas, y estar dispuesto a llegar a la Corte Suprema, llegado el caso. Posiblemente el presidente de la Corporación, Eduardo A. Bieule, fundador de Abogados por la Justicia y la Concordia (agrupación habitué de las marchas de Cecilia Pando), sea insistente sobre este tema.
Otras tres causas quedaron en el camino: una, presentada el 17 de noviembre por el hiperactivo Pedro Javier Andereggen contra Mauricio Macri en el Fuero Contencioso Administrativo porteño, por haber decidido no apelar (hasta ayer no había sido resuelta); otra, iniciada ante el tribunal 9 del Contencioso porteño por un aún ignoto Ernesto Lamuedra, también “contra el Gobierno de la Ciudad sobre amparo”, que ya fue desestimada; y una última, iniciada el 19 de noviembre por la Corporación de Abogados Católicos ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya fue rechazada
Son abogados vinculados con la revista neonazi Cabildo y con los defensores de los represores de la última dictadura. Ya habían logrado interferir en casos de abortos no punibles. Y tuvieron una actuación violenta contra una muestra de León Ferrari.
Por Soledad Vallejos
Los cruzados en contra del matrimonio para personas del mismo sexo no son unos desconocidos: además de haber procedido como por ensayo y error en distintos juzgados hasta dar con uno que los ayudara a frenar la boda entre Alex Freyre y José María Di Bello, tienen una historia que los vincula con todos los temas posibles de la agenda reaccionaria de los últimos treinta años. El cierre de exposiciones impías como la retrospectiva que León Ferrari armó en 2004, las quejas ante estrenos sacrílegos como el del film El Código Da Vinci, los disturbios en charlas sobre el aborto son algunas de las más conocidas. A ellas habría que sumar, al referirse a casi todos los involucrados, la defensa de los militares represores de la última dictadura.
Ante el riesgo de un posible matrimonio entre dos varones recurrieron a argumentos más o menos en común: un orden natural en riesgo, la amenaza total a los derechos de incidencia colectiva, la necesidad esencial que todo niño y toda niña tienen de contar con padre y madre, varón y mujer. Son pocos, poquísimos. Esa conciencia los lleva a multiplicar y distribuir esfuerzos, pero llevan el método a tal grado de sistematicidad que terminan por parecer una gran familia, aun cuando entre sí no se reconozcan como tales.
El martes, dos medidas cautelares diferentes frenaron el casamiento de Freyre y Di Bello. Una de ellas, la menos mencionada, provenía de la Sala E de la Cámara Civil de la Nación, que había acogido una denuncia que la jueza María Rosa Bosio, del Juzgado Civil 92, había rechazado, compartiendo opinión con la fiscal Raquel Mercante, por improcedente. En la presentación inicial, realizada el 17 de noviembre, Pedro Javier Andereggen pidió la nulidad de la autorización que la jueza Gabriela Seijas había dado para que dos varones se casaran; argumentó que la magistrada no tenía competencia para revisar una cuestión de fondo vinculada con el Código Civil. Tras ser desestimada su causa, Andereggen, que se presentó como un interesado particular y querelló nada menos que a un expediente (algo tan inusual que suele ser improcedente), se recuperó del revés rápidamente. La Sala E de la Cámara, integrada por Juan Carlos Dupuis, Fernando Racimo y Mario Calatayud (y que tiene por secretario a Juan Manuel Leguizamón Houssay), resolvió atender su queja el mismo 1º de diciembre, y notificó rápidamente la medida cautelar al Registro Civil de Beruti y Coronel Díaz.
“Es un fallo excelente y puso las cosas en su lugar”, declaró rápidamente Andereggen a la agencia Notivida, lo cual es coherente con su trayectoria: en 2004, fue uno de los patrocinantes de la Asociación Cristo Sacerdote, que pidió a la jueza Liberatori el cierre de Retrospectiva: Obras 1954-2004, de León Ferrari, por dañar los sentimientos religiosos “de la mayoría” del pueblo argentino, y hacerlo doblemente porque las obras contaban con el amparo de una entidad estatal, como el Centro Cultural Recoleta. Para no faltar a la verdad, preciso es recordar que también patrocinaron esa causa Pablo Falabella, Francisco Roggero y Joaquín Otaegui (cuyos fantasmas, en los últimos dos casos, sobrevolaron la medida cautelar contra Freyre y Di Bello). Andere-ggen también patrocinó a Alberto Solanet (presidente de la Corporación de Abogados Católicos) el 1º de agosto de 2006, a la hora de apelar una sentencia de la Suprema Corte bonaerense del día anterior que autorizaba (innecesariamente, dado que encuadraba en lo tipificado como no punible, según reconoció el propio fallo del tribunal) el aborto terapéutico en el sonadísimo caso de LMR, la joven discapacitada mental violada por su padrastro. Como abogado de Solanet, Andereggen explicó que la Corporación procuraba evitar un “aborto u homicidio prenatal”. Por ello se presentaba en defensa de la “persona por nacer”, al considerarla “una persona carente de recursos”, y porque el estatuto 3 de la institución puntualiza que su misión es que los valores morales de “la Doctrina” y “el Magisterio” de la Iglesia, “intentando que éstos regulen las acciones de los individuos y la sociedad”. Andereggen también forma parte de la Sociedad de Abogados Penalistas, tiene un estudio declarado en Defensa al 800 y un hermano, Ignacio, tan relacionado como él.
En el caso del matrimonio por ahora frustrado, Andereggen estuvo por demás activo. El 17 de noviembre, es decir a cinco días del fallo de Seijas que autorizó el matrimonio y precisamente cuando vencía el plazo de apelación de la medida que podía emitir Mauricio Macri, el abogado comenzó a visitar las ventanillas judiciales. Ese mismo día, en el fuero Contencioso Administrativo presentó un amparo en el cual denunciaba al jefe de Gobierno por no apelar el permiso, “lo que constituye un acto de ilegalidad manifiesta, pues ello no está sujeto a oportunidad, mérito o conveniencia sino a actividad reglada”. El mismo día hizo la presentación en el Juzgado 92 (ésa es la causa que prosperó), alegando que la boda suponía un “perjuicio para el bien común”, porque “se ha fallado contra la esencia de un instituto de derecho natural (sic) como es el matrimonio”.
Una semana y un día después, el 25 de noviembre, el mismo Andereggen se presentó como patrocinante de Alejandro Taussig, representante de Pro Familia (Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia) y vocal de Red Unifam (al parecer inactiva desde mediados del año pasado), en la que también revistaban nombres del Instituto para el Matrimonio y la Familia (una suerte de think tank de la derecha más previsible, con disculpas de la expresión) de la Universidad Católica Argentina. La presentación fue realizada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo, según afirmaron fuentes judiciales en esos días a la agencia DyN, “con el aval del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio”. La demanda sostenía la incompetencia de Seijas “para entender en los casos en que personas de igual sexo pretendan unirse en matrimonio”.
La otra causa que tuvo incidencia directa en la suspensión del matrimonio entre Freyre y Di Bello fue aquella en la cual la jueza Martha Gómez Alsina dictó una medida cautelar a pedido de Sabrina Melisa Lebed y Miguel Jorge Haslop. Este diario informó hace unos días tanto sobre la escasez de antecedentes de ella como sobre la existencia de antecedentes de él (presidente de la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de Capital Federal –es decir, el que no tiene representatividad ni controla la matrícula profesional–, además de integrante de la Corporación de Abogados Católicos). En el expediente, al que Página/12 tuvo acceso, sólo esos nombres figuran como actores. Sin embargo, en distintos medios informativos ultras durante la semana se afirmó que Lebed y Haslop tenían por abogados a Francisco Ro-ggero y Joaquín Otaegui, dos abogados archiconocidos por haber patrocinado causas llenas de moralina y pasión ultrarreligiosa, como la de Ferrari. Cabe agregar que Roggero y Otaegui comparten estudio en Puerto Madero, que posiblemente sean de una generación mucho mayor a la de Haslop, cuyo nombre, o el de un homónimo, fue relevado, en 2004, durante los incidentes por la visita de la activista pro derecho al aborto Rebecca Gomperts: de acuerdo con La Nación, un “Miguel Haslop”, que brindó testimonio en calidad de “uno de los jóvenes católicos”, anduvo entreverado en los desmanes. ¿Estará teniendo lugar un cambio de guardia, un entrenamiento de las nuevas generaciones?
Mucho más modestas y hasta románticas fueron las acciones de Jorge Luis Vitale y Jorge Horacio Martínez: ambos se apersonaron en el Registro Civil de Coronel Díaz un día antes de la ceremonia para dejar asentada su oposición al enlace. Martínez se identificó como un ciudadano argentino de 58 años, viudo. Vitale, de 60, dijo ser “abogado, divorciado”, lo que decididamente no cuadra con su labor al frente del “Consultorio para abogados y legisladores católicos”, ni con su especialidad en “aplicación del derecho canónico en la legislación de un país”. Su actuación más destacada, públicamente hablando, de los últimos años, fue en mayo de 2006, a poco del estreno de El Código Da Vinci: Vitale se presentó ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal como “católico apostólico romano, afectado por la película”, que era “una agresión y un insulto a la creencia de la mayoría”. Pidió que la Justicia obligara a la distribuidora del film a aclarar que se trataba de una ficción; exactamente lo mismo reclamaba el vocero del Opus Dei local, Esteban López del Pino.
Por su parte, la Corporación de Abogados Católicos afirma haber presentado en su propio nombre (y con el patrocinio de Eduardo Sambrizzi) “recursos de nulidad y apelación” contra la sentencia de Seijas. Sustenta sus supuestos recursos en la “defensa de los ‘derechos de incidencia colectiva’ a que hace mención el segundo párrafo del art. 43” de la Constitución Nacional. Sambrizzi afirmó haber iniciado los recursos el 16 de noviembre, ante la propia Seijas, y estar dispuesto a llegar a la Corte Suprema, llegado el caso. Posiblemente el presidente de la Corporación, Eduardo A. Bieule, fundador de Abogados por la Justicia y la Concordia (agrupación habitué de las marchas de Cecilia Pando), sea insistente sobre este tema.
Otras tres causas quedaron en el camino: una, presentada el 17 de noviembre por el hiperactivo Pedro Javier Andereggen contra Mauricio Macri en el Fuero Contencioso Administrativo porteño, por haber decidido no apelar (hasta ayer no había sido resuelta); otra, iniciada ante el tribunal 9 del Contencioso porteño por un aún ignoto Ernesto Lamuedra, también “contra el Gobierno de la Ciudad sobre amparo”, que ya fue desestimada; y una última, iniciada el 19 de noviembre por la Corporación de Abogados Católicos ante la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que ya fue rechazada
viernes 4 de diciembre de 2009
Perlas informativas del mes de noviembre 2009
Perlas informativas del mes de noviembre 2009
Pascual Serrano
Rebelión
Segunda vuelta en Afganistán
Según leo en Público el 3 de noviembre, dijo el responsable de la Comisión Electoral Independiente de Afganistán, que, aunque el ganador de la primera vuelta electoral no contaba con el suficiente apoyo, la suspensión de la segunda vuelta, “evitará más violencia y ahorrará gastos innecesarios”. Si es por gastos, hasta se podían haber ahorrado la primera teniendo en cuenta que sólo votó el 38'7 % de los electores (5'66 millones) y una quinta parte de los votos se consideraron fraudulentos.
Cerveza e intifada
El 9 de noviembre vemos un reportaje en Público titulado “Una cerveza a prueba de intifada”. Se dedica a contar la historia de una destilería de cerveza en Cisjordania y, con ese titular, parece insinuarse que el obstáculo que debe vencer es el del levantamiento palestino. Sin embargo, cuando leemos el texto observamos que no se puede vender en Gaza debido al boicot israelí que impide la circulación entre las dos zonas palestinas, que no puede elegir el lugar de procedencia de las botellas ya que deben comprar obligatoriamente de Israel, y que el acceso al agua requerida para la fabricación se reduce a tres días a la semana porque el resto es de uso exclusivo de las colonias judías, aunque se trata de un manantial en zona palestina. En conclusión que se trata de “una cerveza a prueba de ocupación israelí”.
Trabajo y esfuerzo
En la última página de El País del día 9 de noviembre entrevistan a un ejecutivo gestor de fondos de grandes inversores. El patrimonio medio de sus clientes es de tres millones de euros. Titulan con una declaraciones suyas: “En este país (en referencia a España) se está estigmatizando a los ricos”. Según él, “detrás de estas personas (las que poseen los tres millones) hay historias de trabajo y esfuerzo”. En España el salario mínimo mensual de una persona que trabaje cuarenta horas a la semana está en torno a seiscientos euros. Los clientes del entrevistado poseen, además de su patrimonio de uso, 3.000.000 euros para invertir. El que cobra el salario mínimo debería trabajar cincuenta mil meses para conseguir ganar (ni siquiera para ahorrar) ese dinero. Nos podrán convencer de que se consiguen esas fortunas de forma legal, pero con sudor y decencia no.
¿Sólo en Cuba?
Observemos estos problemas administrativos: 85 familias tienen asignadas unas viviendas sociales, pero no se ha formalizado todavía su propiedad, por lo que no existen como vecinos y no pagan determinados suministros ni pueden acceder a algunos derechos sociales; un ciudadano lleva años esperando que el Estado le indemnice por la destrucción de su vivienda para la construcción de una presa; una licenciada no puede incorporarse al trabajo porque lleva meses esperando el título de su facultad; 300 maestros que llevan semanas sin cobrar su sueldo por un trámite burocrático. ¿Alguien considera estos problemas ajenos a cualquier país? ¿No parecen similares a los de todas las sociedades? Sin embargo sólo son noticia internacional (La Vanguardia, 9 de noviembre), ocupan página completa de prensa y comienza su título como “La burocracia asfixia a…", si se produce en Cuba. Seguro que en los países invadidos por Estados Unidos para llevar la democracia, como Afganistán e Iraq, esos problemas no existen: allí no hay viviendas sociales, no se terminan carreras universitarias, no está previsto indemnizar a nadie por la destrucción de su vivienda y los maestros no cobran con retraso porque no existen, ni maestros ni escuelas.
Cascos azules
CNN cuenta en sus informativos del día 12 noviembre que los empresarios mexicanos de Ciudad Juárez solicitaron la presencia de cascos azules de la ONU para garantizar la seguridad de la región. El gobierno mexicano respondió que eso no era posible porque la legislación establece que no pueden entrar tropas extranjeras en México. Seguro que algo similar incluía la legislación de Afganistán, Iraq o Yugoslavia y no les sirvió para mucho.
Pobreza en España
El 13 de noviembre, Público recoge unas declaraciones del nuevo secretario general de Partido Comunista de España, José Luis Centella. En referencia a Cuba señala que "si en España hubiera un bloqueo similar también habría pobreza". En España ya hay pobreza, 257.000 familias viven sin ningún ingreso, según datos del tercer trimestre del año publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la Comisión Europea "cerca del 50 por ciento de los hogares sin empleo en España son relativamente pobres”.
Democracia/dictadura
Por Público, el 21 de noviembre pudimos saber que en Colombia hay presentadas ante la fiscalía denuncias por 17.000 personas “desaparecidas” en los últimos 16 meses por la violencia paramilitar a la que se vincula en muchos casos la colaboración o la intervención directa de militantes y policías. El diario recuerda que durante toda la dictadura militar argentina (1973-83) se produjeron 13.000 desapariciones, mientras que todas las de la dictadura de Pinochet en Chile sumaron 3.000 víctimas. La pregunta ahora es si de puede llamar democracia a un régimen que asesina a más opositores que una dictadura.
Amigos de Ahmadineyad
Una noticia de Público el 24 de noviembre se subtitula "Brasil afianza su liderazgo como potencia al estrechar relaciones con Ahmadineyad". Es curioso, el presidente de la izquierda buena (Lula) “afianza su liderazgo” acercándose a Irán y al presidente de la izquierda mala (Chávez) lo criminalizan si hace lo mismo.
Chávez con Hitler
Así se las gasta un reportaje sobre las fotografías de los gobernantes el 26 de noviembre en la web p-es, Periodistas en Español. Una vez más, Hugo Chávez junto a Hitler y Franco.
¿Solución?
Ese es un titular a toda plana en Público el 26 de noviembre: “Obama elige una solución militar para Afganistán”. Podría parecer neutral, pero no lo es, utilizar la palabra “solución” supone alinearse con la posición militarista de Obama, el término adecuado sería “opción militar”, sin posicionarse si es una solución o un problema.
Corrallito y corralón
La Voz de Galicia titulaba el 27 de noviembre en portada a toda plana “Cuba atrapa a 15 empresas gallegas en un «corralito» de 260 millones”. En cambio dejaron para el interior la noticia de que Dubai decidía aplazar el pago de parte de la monumental deuda contraída por el emirato. En concreto unos 2.850 millones de euros en los próximos días y otros 4.900 en el primer trimestre de 2010. Aunque los inversores temen que se se haga extensiva a los más de 53.000 millones de euros que debe el emirato, lo que provocó una fuere caída en las bolsas europeas. En conclusión, que la portada se la dieron al corralito cubano de 260 millones y no al corralón de Dubai de 53.000 millones.
Honduras espera
El 28 de noviembre, con motivo de las elecciones en Honduras, el diario ABC titula: “Honduras espera cerrar su crisis”. Pero se trata de unas elecciones rechazadas por la resistencia al golpe de Estado y los partidarios del último presidente electo, Manuel Zelaya, por cuanto que están convocadas por los golpistas y con Zelaya refugiado en la embajada brasileña. Por tanto, no es Honduras quien espera que esas elecciones cierren la crisis, es el diario ABC.
España
Más cara la solución
Lo contaba Ignacio Escolar en Público el 20 de noviembre, la operación Atalanta de la UE para luchar contra la piratería en Somalia, “nos cuesta 6'25 millones de euros al mes: el precio de un rescate como el del Alakrana, cada diez días". Al final nos costará más caro conseguir que los somalíes sigan siendo pobres que ayudarles a salir de la pobreza.
Foto esposado
Hasta cuando el diario ABC rectifica el 29 de noviembre aquella barbaridad de considerar a un joven canario asesino de la hija de su pareja, lo hace adjuntando la foto del inocente esposado y la cara que pixelan es la del policía. Como se recordará, la autopsia de la niña mostró que no había sufrido malos tratos y su muerte se debió a un accidente en un columpio. Tanto debatir si fotografiar políticos esposados era lícito y ahora publican con grilletes hasta a los inocentes.
Www.pascualserrano.net
Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . Editorial Península .
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
Pascual Serrano
Rebelión
Segunda vuelta en Afganistán
Según leo en Público el 3 de noviembre, dijo el responsable de la Comisión Electoral Independiente de Afganistán, que, aunque el ganador de la primera vuelta electoral no contaba con el suficiente apoyo, la suspensión de la segunda vuelta, “evitará más violencia y ahorrará gastos innecesarios”. Si es por gastos, hasta se podían haber ahorrado la primera teniendo en cuenta que sólo votó el 38'7 % de los electores (5'66 millones) y una quinta parte de los votos se consideraron fraudulentos.
Cerveza e intifada
El 9 de noviembre vemos un reportaje en Público titulado “Una cerveza a prueba de intifada”. Se dedica a contar la historia de una destilería de cerveza en Cisjordania y, con ese titular, parece insinuarse que el obstáculo que debe vencer es el del levantamiento palestino. Sin embargo, cuando leemos el texto observamos que no se puede vender en Gaza debido al boicot israelí que impide la circulación entre las dos zonas palestinas, que no puede elegir el lugar de procedencia de las botellas ya que deben comprar obligatoriamente de Israel, y que el acceso al agua requerida para la fabricación se reduce a tres días a la semana porque el resto es de uso exclusivo de las colonias judías, aunque se trata de un manantial en zona palestina. En conclusión que se trata de “una cerveza a prueba de ocupación israelí”.
Trabajo y esfuerzo
En la última página de El País del día 9 de noviembre entrevistan a un ejecutivo gestor de fondos de grandes inversores. El patrimonio medio de sus clientes es de tres millones de euros. Titulan con una declaraciones suyas: “En este país (en referencia a España) se está estigmatizando a los ricos”. Según él, “detrás de estas personas (las que poseen los tres millones) hay historias de trabajo y esfuerzo”. En España el salario mínimo mensual de una persona que trabaje cuarenta horas a la semana está en torno a seiscientos euros. Los clientes del entrevistado poseen, además de su patrimonio de uso, 3.000.000 euros para invertir. El que cobra el salario mínimo debería trabajar cincuenta mil meses para conseguir ganar (ni siquiera para ahorrar) ese dinero. Nos podrán convencer de que se consiguen esas fortunas de forma legal, pero con sudor y decencia no.
¿Sólo en Cuba?
Observemos estos problemas administrativos: 85 familias tienen asignadas unas viviendas sociales, pero no se ha formalizado todavía su propiedad, por lo que no existen como vecinos y no pagan determinados suministros ni pueden acceder a algunos derechos sociales; un ciudadano lleva años esperando que el Estado le indemnice por la destrucción de su vivienda para la construcción de una presa; una licenciada no puede incorporarse al trabajo porque lleva meses esperando el título de su facultad; 300 maestros que llevan semanas sin cobrar su sueldo por un trámite burocrático. ¿Alguien considera estos problemas ajenos a cualquier país? ¿No parecen similares a los de todas las sociedades? Sin embargo sólo son noticia internacional (La Vanguardia, 9 de noviembre), ocupan página completa de prensa y comienza su título como “La burocracia asfixia a…", si se produce en Cuba. Seguro que en los países invadidos por Estados Unidos para llevar la democracia, como Afganistán e Iraq, esos problemas no existen: allí no hay viviendas sociales, no se terminan carreras universitarias, no está previsto indemnizar a nadie por la destrucción de su vivienda y los maestros no cobran con retraso porque no existen, ni maestros ni escuelas.
Cascos azules
CNN cuenta en sus informativos del día 12 noviembre que los empresarios mexicanos de Ciudad Juárez solicitaron la presencia de cascos azules de la ONU para garantizar la seguridad de la región. El gobierno mexicano respondió que eso no era posible porque la legislación establece que no pueden entrar tropas extranjeras en México. Seguro que algo similar incluía la legislación de Afganistán, Iraq o Yugoslavia y no les sirvió para mucho.
Pobreza en España
El 13 de noviembre, Público recoge unas declaraciones del nuevo secretario general de Partido Comunista de España, José Luis Centella. En referencia a Cuba señala que "si en España hubiera un bloqueo similar también habría pobreza". En España ya hay pobreza, 257.000 familias viven sin ningún ingreso, según datos del tercer trimestre del año publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la Comisión Europea "cerca del 50 por ciento de los hogares sin empleo en España son relativamente pobres”.
Democracia/dictadura
Por Público, el 21 de noviembre pudimos saber que en Colombia hay presentadas ante la fiscalía denuncias por 17.000 personas “desaparecidas” en los últimos 16 meses por la violencia paramilitar a la que se vincula en muchos casos la colaboración o la intervención directa de militantes y policías. El diario recuerda que durante toda la dictadura militar argentina (1973-83) se produjeron 13.000 desapariciones, mientras que todas las de la dictadura de Pinochet en Chile sumaron 3.000 víctimas. La pregunta ahora es si de puede llamar democracia a un régimen que asesina a más opositores que una dictadura.
Amigos de Ahmadineyad
Una noticia de Público el 24 de noviembre se subtitula "Brasil afianza su liderazgo como potencia al estrechar relaciones con Ahmadineyad". Es curioso, el presidente de la izquierda buena (Lula) “afianza su liderazgo” acercándose a Irán y al presidente de la izquierda mala (Chávez) lo criminalizan si hace lo mismo.
Chávez con Hitler
Así se las gasta un reportaje sobre las fotografías de los gobernantes el 26 de noviembre en la web p-es, Periodistas en Español. Una vez más, Hugo Chávez junto a Hitler y Franco.
¿Solución?
Ese es un titular a toda plana en Público el 26 de noviembre: “Obama elige una solución militar para Afganistán”. Podría parecer neutral, pero no lo es, utilizar la palabra “solución” supone alinearse con la posición militarista de Obama, el término adecuado sería “opción militar”, sin posicionarse si es una solución o un problema.
Corrallito y corralón
La Voz de Galicia titulaba el 27 de noviembre en portada a toda plana “Cuba atrapa a 15 empresas gallegas en un «corralito» de 260 millones”. En cambio dejaron para el interior la noticia de que Dubai decidía aplazar el pago de parte de la monumental deuda contraída por el emirato. En concreto unos 2.850 millones de euros en los próximos días y otros 4.900 en el primer trimestre de 2010. Aunque los inversores temen que se se haga extensiva a los más de 53.000 millones de euros que debe el emirato, lo que provocó una fuere caída en las bolsas europeas. En conclusión, que la portada se la dieron al corralito cubano de 260 millones y no al corralón de Dubai de 53.000 millones.
Honduras espera
El 28 de noviembre, con motivo de las elecciones en Honduras, el diario ABC titula: “Honduras espera cerrar su crisis”. Pero se trata de unas elecciones rechazadas por la resistencia al golpe de Estado y los partidarios del último presidente electo, Manuel Zelaya, por cuanto que están convocadas por los golpistas y con Zelaya refugiado en la embajada brasileña. Por tanto, no es Honduras quien espera que esas elecciones cierren la crisis, es el diario ABC.
España
Más cara la solución
Lo contaba Ignacio Escolar en Público el 20 de noviembre, la operación Atalanta de la UE para luchar contra la piratería en Somalia, “nos cuesta 6'25 millones de euros al mes: el precio de un rescate como el del Alakrana, cada diez días". Al final nos costará más caro conseguir que los somalíes sigan siendo pobres que ayudarles a salir de la pobreza.
Foto esposado
Hasta cuando el diario ABC rectifica el 29 de noviembre aquella barbaridad de considerar a un joven canario asesino de la hija de su pareja, lo hace adjuntando la foto del inocente esposado y la cara que pixelan es la del policía. Como se recordará, la autopsia de la niña mostró que no había sufrido malos tratos y su muerte se debió a un accidente en un columpio. Tanto debatir si fotografiar políticos esposados era lícito y ahora publican con grilletes hasta a los inocentes.
Www.pascualserrano.net
Pascual Serrano acaba de publicar “Desinformación. Cómo los medios ocultan el mundo” . Editorial Península .
Rebelión ha publicado este artículo a petición expresa del autor, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes
lunes 30 de noviembre de 2009
“Hay lugar para 500 radios comunitarias”
“Hay lugar para 500 radios comunitarias”
Es uno de los fundadores de FM La Tribu, y, probablemente, la persona que más sabe de ese tipo de emisoras en la Argentina. Explica cómo funciona el mercado actual y por qué defiende la ley de medios audiovisuales.
Patricio Barton
A fines de los 80 irrumpió en el dial una serie de radios que priorizaron su voz por encima de los parámetros que imponía le Ley de Radiodifusión derogada recientemente. Fueron “clandestinas”, “piratas”, “de baja potencia”, “truchas”, “comunitarias”, según quien las nombrara. De aquel gran boom radiofónico quedaron algunas emisoras como La Tribu que, con 20 años de vida, es la radio comunitaria más antigua de Buenos Aires. Ernesto Lamas es uno de sus fundadores y probablemente la persona que más sabe de radios comunitarias en la Argentina. “Ahora hay unas 500 en todo el país, pero la mayoría de ellas no son las mismas del comienzo de la democracia. Las que surgen hoy nacen asociadas a alguna organización social. La radio ya no es un fin en sí mismo”, dice quien además es un integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), una red que agrupa a alrededor de dos mil radios de este tipo en todo el mundo. Y desde La Tribu se impulsa la formación de nuevas radios comunitarias: en términos de mercadotecnia –que no utilizan– les brindan a otros grupos el know how. El resultado es una veintena de emisoras comunitarias, entre las que se destacan las del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) que ya cuenta con cuatro radios, una de ellas la única del país que transmite con energía solar.
–¿A qué considera la ley de medios como radios comunitarias?
–La definición que figura en la ley acerca de lo que es una radio comunitaria la impuso AMARC: que no tiene fines de lucro, que tiene una gestión participativa, que en su programación prioriza el acceso de voces que no aparecen en otros medios, que no tiene límites en su potencia ni está acotada geográficamente son algunos de los puntos salientes.
–¿Hay espacio para 500 radios comunitarias en el dial?
–Yo creo que sí, que hay lugar para 500 radios comunitarias, porque la mayoría de estas radios no está en zonas conflictivas. Hace poco le otorgaron su licencia sin problemas a la FM Alas de El Bolsón, que viene luchando contra la explotación de las mineras, porque en esa zona el dial está muy limpio. También van a surgir radios de sectores que hasta ahora no participaban del espectro. Como por ejemplo los movimientos cooperativistas. De todos modos, esto no quiere decir que el 33% del dial quede conformado por radios comunitarias, sino que ése es el tope máximo permitido por la ley.
–¿Qué sucederá con el financiamiento? ¿Todas las radios deberán ser autosustentables?
–Las radios comunitarias que tienen una historia de más de 20 años en el país son sustentables. Es decir, como toda empresa, aunque éstas son sin fines de lucro, tienen problemas y logros. Y no han dependido de la publicidad oficial o de subsidios del Estado. Digo esto porque algunos legisladores que no saben muy bien qué es una radio comunitaria dejaron entrever que las radios sin fines de lucro son o van a ser todas oficialistas. Las radios tienen sus propias iniciativas creativas de sustentabilidad. Por ejemplo, La Tribu se sustenta con publicidad, organización de eventos, cursos de capacitación, edición de libros y videos, un bar y diversos proyectos de cooperación internacional. Clarín también es autosustentable, pero el modelo es otro: recibe millones de pauta oficial desde siempre, incluso durante la dictadura militar, y sin embargo no se autocalifica como “oficialista” aunque lo haya sido en numerosas oportunidades para lograr negociar algo.
–En cuanto al financiamiento la ley no les pone límites…
–La ley no pone ninguna restricción a la búsqueda de financiamiento, pero sí hay condicionantes que impone la personería jurídica ya que las radios comunitarias son mayoritariamente asociaciones sin fines de lucro. Por eso es que la ley crea un fondo de fomento que se financiará con un gravamen. Estaremos atentos a que haya un manejo transparente y que sea coherente con la definición de un medio comunitario.
–¿La aplicación de gravámenes tiene antecedentes en otras legislaciones?
–Sí, la ley argentina tomó el modelo de gravámenes de la española. Pero hay muchos otros casos. Canadá es uno de los países que más fomentó la aparición y sostenimiento de radios comunitarias. También es interesante el caso francés en el que las radios comerciales sostienen a través de un impuesto el 20% de las radios comunitarias. Esa no es una ley chavista, se aplica en Francia adonde hasta los años 80 no estaba contemplada la existencia de radios comerciales. O sea que ahí es la radio comercial la que sustenta en parte a las comunitarias. Aquí eso sería un escándalo.
–¿Puede suceder que radios comerciales tomen la apariencia de radios comunitarias para ocupar más porción del espectro?
–Es raro que se filtre algo así. Hay mucha prevención contra eso, pero puede suceder. En Brasil se dio el caso de un grupo que estaba vinculado al narcotráfico y quiso asociarse a una radio comunitaria como pantalla. Cuando se descubrió eso obviamente que el grupo fue expulsado. Pero el propio carácter de comunitario nos protege de esa situación, porque al ser todo más chico, todos se conocen y están implicados en los mismos objetivos.
Es uno de los fundadores de FM La Tribu, y, probablemente, la persona que más sabe de ese tipo de emisoras en la Argentina. Explica cómo funciona el mercado actual y por qué defiende la ley de medios audiovisuales.
Patricio Barton
A fines de los 80 irrumpió en el dial una serie de radios que priorizaron su voz por encima de los parámetros que imponía le Ley de Radiodifusión derogada recientemente. Fueron “clandestinas”, “piratas”, “de baja potencia”, “truchas”, “comunitarias”, según quien las nombrara. De aquel gran boom radiofónico quedaron algunas emisoras como La Tribu que, con 20 años de vida, es la radio comunitaria más antigua de Buenos Aires. Ernesto Lamas es uno de sus fundadores y probablemente la persona que más sabe de radios comunitarias en la Argentina. “Ahora hay unas 500 en todo el país, pero la mayoría de ellas no son las mismas del comienzo de la democracia. Las que surgen hoy nacen asociadas a alguna organización social. La radio ya no es un fin en sí mismo”, dice quien además es un integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), una red que agrupa a alrededor de dos mil radios de este tipo en todo el mundo. Y desde La Tribu se impulsa la formación de nuevas radios comunitarias: en términos de mercadotecnia –que no utilizan– les brindan a otros grupos el know how. El resultado es una veintena de emisoras comunitarias, entre las que se destacan las del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) que ya cuenta con cuatro radios, una de ellas la única del país que transmite con energía solar.
–¿A qué considera la ley de medios como radios comunitarias?
–La definición que figura en la ley acerca de lo que es una radio comunitaria la impuso AMARC: que no tiene fines de lucro, que tiene una gestión participativa, que en su programación prioriza el acceso de voces que no aparecen en otros medios, que no tiene límites en su potencia ni está acotada geográficamente son algunos de los puntos salientes.
–¿Hay espacio para 500 radios comunitarias en el dial?
–Yo creo que sí, que hay lugar para 500 radios comunitarias, porque la mayoría de estas radios no está en zonas conflictivas. Hace poco le otorgaron su licencia sin problemas a la FM Alas de El Bolsón, que viene luchando contra la explotación de las mineras, porque en esa zona el dial está muy limpio. También van a surgir radios de sectores que hasta ahora no participaban del espectro. Como por ejemplo los movimientos cooperativistas. De todos modos, esto no quiere decir que el 33% del dial quede conformado por radios comunitarias, sino que ése es el tope máximo permitido por la ley.
–¿Qué sucederá con el financiamiento? ¿Todas las radios deberán ser autosustentables?
–Las radios comunitarias que tienen una historia de más de 20 años en el país son sustentables. Es decir, como toda empresa, aunque éstas son sin fines de lucro, tienen problemas y logros. Y no han dependido de la publicidad oficial o de subsidios del Estado. Digo esto porque algunos legisladores que no saben muy bien qué es una radio comunitaria dejaron entrever que las radios sin fines de lucro son o van a ser todas oficialistas. Las radios tienen sus propias iniciativas creativas de sustentabilidad. Por ejemplo, La Tribu se sustenta con publicidad, organización de eventos, cursos de capacitación, edición de libros y videos, un bar y diversos proyectos de cooperación internacional. Clarín también es autosustentable, pero el modelo es otro: recibe millones de pauta oficial desde siempre, incluso durante la dictadura militar, y sin embargo no se autocalifica como “oficialista” aunque lo haya sido en numerosas oportunidades para lograr negociar algo.
–En cuanto al financiamiento la ley no les pone límites…
–La ley no pone ninguna restricción a la búsqueda de financiamiento, pero sí hay condicionantes que impone la personería jurídica ya que las radios comunitarias son mayoritariamente asociaciones sin fines de lucro. Por eso es que la ley crea un fondo de fomento que se financiará con un gravamen. Estaremos atentos a que haya un manejo transparente y que sea coherente con la definición de un medio comunitario.
–¿La aplicación de gravámenes tiene antecedentes en otras legislaciones?
–Sí, la ley argentina tomó el modelo de gravámenes de la española. Pero hay muchos otros casos. Canadá es uno de los países que más fomentó la aparición y sostenimiento de radios comunitarias. También es interesante el caso francés en el que las radios comerciales sostienen a través de un impuesto el 20% de las radios comunitarias. Esa no es una ley chavista, se aplica en Francia adonde hasta los años 80 no estaba contemplada la existencia de radios comerciales. O sea que ahí es la radio comercial la que sustenta en parte a las comunitarias. Aquí eso sería un escándalo.
–¿Puede suceder que radios comerciales tomen la apariencia de radios comunitarias para ocupar más porción del espectro?
–Es raro que se filtre algo así. Hay mucha prevención contra eso, pero puede suceder. En Brasil se dio el caso de un grupo que estaba vinculado al narcotráfico y quiso asociarse a una radio comunitaria como pantalla. Cuando se descubrió eso obviamente que el grupo fue expulsado. Pero el propio carácter de comunitario nos protege de esa situación, porque al ser todo más chico, todos se conocen y están implicados en los mismos objetivos.
domingo 29 de noviembre de 2009
Obama, Bush y los golpes de Estado latinoamericanos
Obama, Bush y los golpes de Estado latinoamericanos
Immanuel Wallerstein
La Jornada
Algo extraño está ocurriendo en América Latina. Las fuerzas de derecha en la región están emplazadas de tal modo que pueden desempeñarse mejor durante la presidencia estadunidense de Barack Obama que durante los ocho años de George W. Bush. Éste encabezaba un régimen de extrema derecha que no tenía ninguna simpatía para las fuerzas populares en América Latina. Por el contrario, Obama encabeza un régimen centrista que intenta replicar la política del buen vecino que proclamara Franklin Roosevelt como forma de anunciar el fin de la intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina.
Durante la presidencia de Bush, el único intento serio de golpe de Estado con respaldo de Estados Unidos ocurrió en 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela y tal asonada falló. Fue seguida de una serie de elecciones por toda América Latina y el Caribe, donde los candidatos de centro-izquierda ganaron en casi todos los casos. La culminación fue una reunión en 2008 en Brasil –a la que Estados Unidos no fue invitado y donde el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió trato de héroe virtual.
Desde que Obama asumió la presidencia, se ha logrado perpetrar un golpe de Estado: en Honduras. Pese a la condena que expresó el mandatario, la política estadunidense ha sido ambigua y los líderes del golpe están ganando su apuesta de mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones para presidente. Hace apenas muy poco, en Paraguay, el presidente católico de izquierda Fernando Lugo pudo evitar un golpe militar. Pero su vicepresidente, Federico Franco, de derecha, está maniobrando para obtener de un Parlamento nacional hostil a Lugo un golpe de Estado que asume la forma de un enjuiciamiento. Y los dientes militares se afilan en una serie de otros países.
Para entender esta aparente anomalía debemos mirar la política interna de Estados Unidos, y cómo afecta la política exterior estadunidense. De vez en cuando, y no hace tanto tiempo, los dos partidos principales representaban a coaliciones de fuerzas sociales que se traslapaban, y en los que el balance interno de cada uno iba de una derecha, corrida del centro, en el caso del Partido Republicano, a una cierta izquierda, corrida del centro, para el Partido Demócrata.
Debido a que los dos partidos se traslapaban, las elecciones tendían a forzar a los candidatos presidenciales de ambos partidos más o menos hacia el centro, de modo de ganaban sobre la fracción relativamente pequeña de votantes que eran los independientes, situados en el centro.
Éste ya no es el caso. El Partido Demócrata es la misma coalición amplia que siempre ha sido, pero el Partido Republicano se ha desplazado más a la derecha. Esto significa que los republicanos tienen una base menor. Lo lógico es que esto significara bastantes problemas electorales. Pero, como estamos viendo, no funciona exactamente de ese modo.
Las fuerzas de la extrema derecha que dominan el Partido Republicano están muy motivadas y son bastante agresivas. Buscan purgar a todos y cada uno de los políticos republicanos a quienes consideren demasiado moderados e intentan forzar a los republicanos en el Congreso a una actitud negativa uniforme hacia todas y cada una de las cosas que proponga el Partido Demócrata y en particular el presidente Obama. Los arreglos políticos de compromiso ya no se ven como políticamente deseables. Por el contrario. A los republicanos se les presiona para marchar al ritmo de un solo tamborilero.
Entretanto, el Partido Demócrata opera como siempre ha operado. Su amplia coalición va de la izquierda a una cierta derecha del centro. Los demócratas en el Congreso invierten casi toda su energía política en negociar unos con otros. Esto implica que es muy difícil aprobar legislaciones significativas, como vemos actualmente con el intento de reformar las estructuras de salud estadunidenses.
Entonces, ¿qué significa esto para América Latina (y de hecho para otras partes del mundo)? Bush podía conseguir casi todo lo que quería de los republicanos en el Congreso, en el cual tuvo una clara mayoría durante los primeros seis años de su régimen. Los debates reales ocurrían en el círculo ejecutivo interno de Bush, dominado básicamente por el vicepresidente Cheney durante los primeros seis años. Cuando Bush perdió las votaciones para elegir congresistas en 2006, la influencia de Cheney declinó y las políticas públicas cambiaron ligeramente.
La era de Bush estuvo marcada por una obsesión con Iraq y en menor medida con el resto de Medio Oriente. Algo de energía quedaba para lidiar con China y Europa occidental. Desde la perspectiva del régimen de Bush, Latinoamérica se desvanecía poco a poco hacia el fondo. Para su frustración, la derecha latinoamericana no obtuvo el tipo común de involucramiento en su favor que esperaban y deseaban por parte del gobierno estadunidense.
Obama se enfrenta a una situación totalmente diferente. Tiene una base diversa y una agenda ambigua. Su postura pública se bambolea entre una firme posición centrista y unos moderados gestos de centroizquierda. Esto vuelve su posición política esencialmente débil. Obama desilusiona a los votantes de izquierda que movilizó durante las elecciones, y que en muchos caso se retiran de lo político. La realidad de una depresión mundial hace que algunos de sus votantes centristas se aparten de él por miedo a una deuda nacional creciente.
Para Obama, igual que para Bush, América Latina no está en la cúspide de sus prioridades. Sin embargo, Obama (a diferencia de Bush) está luchando duro por mantener la cabeza arriba del agua política. Está muy preocupado por las elecciones de 2010 y 2012. Y esto no es algo insensato. Entonces su política exterior está influida considerablemente por el impacto potencial que tenga ésta en dichas elecciones.
Lo que la derecha latinoamericana hace es sacarle ventaja a las dificultades políticas internas de Obama para forzarle la mano. Se percatan de que no cuenta con la energía política disponible para atajarlos. Además, la situación económica mundial tiende a redundar en contra de los regímenes en el cargo. Y en la América Latina de hoy son los partidos de centroizquierda los que están en el cargo. Si Obama lograra triunfos políticos importantes en los próximos dos años (una ley de salud decente, una auténtica retirada de Iraq, una reducción del desempleo), esto mellaría, de hecho, el retorno de la derecha latinoamericana. ¿Pero logrará tales triunfos?
Traducción: Ramón Vera Herrera
© Immanuel Wallerstein
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/index.php?section=opinion&article=018a1mun
Immanuel Wallerstein
La Jornada
Algo extraño está ocurriendo en América Latina. Las fuerzas de derecha en la región están emplazadas de tal modo que pueden desempeñarse mejor durante la presidencia estadunidense de Barack Obama que durante los ocho años de George W. Bush. Éste encabezaba un régimen de extrema derecha que no tenía ninguna simpatía para las fuerzas populares en América Latina. Por el contrario, Obama encabeza un régimen centrista que intenta replicar la política del buen vecino que proclamara Franklin Roosevelt como forma de anunciar el fin de la intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina.
Durante la presidencia de Bush, el único intento serio de golpe de Estado con respaldo de Estados Unidos ocurrió en 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela y tal asonada falló. Fue seguida de una serie de elecciones por toda América Latina y el Caribe, donde los candidatos de centro-izquierda ganaron en casi todos los casos. La culminación fue una reunión en 2008 en Brasil –a la que Estados Unidos no fue invitado y donde el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió trato de héroe virtual.
Desde que Obama asumió la presidencia, se ha logrado perpetrar un golpe de Estado: en Honduras. Pese a la condena que expresó el mandatario, la política estadunidense ha sido ambigua y los líderes del golpe están ganando su apuesta de mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones para presidente. Hace apenas muy poco, en Paraguay, el presidente católico de izquierda Fernando Lugo pudo evitar un golpe militar. Pero su vicepresidente, Federico Franco, de derecha, está maniobrando para obtener de un Parlamento nacional hostil a Lugo un golpe de Estado que asume la forma de un enjuiciamiento. Y los dientes militares se afilan en una serie de otros países.
Para entender esta aparente anomalía debemos mirar la política interna de Estados Unidos, y cómo afecta la política exterior estadunidense. De vez en cuando, y no hace tanto tiempo, los dos partidos principales representaban a coaliciones de fuerzas sociales que se traslapaban, y en los que el balance interno de cada uno iba de una derecha, corrida del centro, en el caso del Partido Republicano, a una cierta izquierda, corrida del centro, para el Partido Demócrata.
Debido a que los dos partidos se traslapaban, las elecciones tendían a forzar a los candidatos presidenciales de ambos partidos más o menos hacia el centro, de modo de ganaban sobre la fracción relativamente pequeña de votantes que eran los independientes, situados en el centro.
Éste ya no es el caso. El Partido Demócrata es la misma coalición amplia que siempre ha sido, pero el Partido Republicano se ha desplazado más a la derecha. Esto significa que los republicanos tienen una base menor. Lo lógico es que esto significara bastantes problemas electorales. Pero, como estamos viendo, no funciona exactamente de ese modo.
Las fuerzas de la extrema derecha que dominan el Partido Republicano están muy motivadas y son bastante agresivas. Buscan purgar a todos y cada uno de los políticos republicanos a quienes consideren demasiado moderados e intentan forzar a los republicanos en el Congreso a una actitud negativa uniforme hacia todas y cada una de las cosas que proponga el Partido Demócrata y en particular el presidente Obama. Los arreglos políticos de compromiso ya no se ven como políticamente deseables. Por el contrario. A los republicanos se les presiona para marchar al ritmo de un solo tamborilero.
Entretanto, el Partido Demócrata opera como siempre ha operado. Su amplia coalición va de la izquierda a una cierta derecha del centro. Los demócratas en el Congreso invierten casi toda su energía política en negociar unos con otros. Esto implica que es muy difícil aprobar legislaciones significativas, como vemos actualmente con el intento de reformar las estructuras de salud estadunidenses.
Entonces, ¿qué significa esto para América Latina (y de hecho para otras partes del mundo)? Bush podía conseguir casi todo lo que quería de los republicanos en el Congreso, en el cual tuvo una clara mayoría durante los primeros seis años de su régimen. Los debates reales ocurrían en el círculo ejecutivo interno de Bush, dominado básicamente por el vicepresidente Cheney durante los primeros seis años. Cuando Bush perdió las votaciones para elegir congresistas en 2006, la influencia de Cheney declinó y las políticas públicas cambiaron ligeramente.
La era de Bush estuvo marcada por una obsesión con Iraq y en menor medida con el resto de Medio Oriente. Algo de energía quedaba para lidiar con China y Europa occidental. Desde la perspectiva del régimen de Bush, Latinoamérica se desvanecía poco a poco hacia el fondo. Para su frustración, la derecha latinoamericana no obtuvo el tipo común de involucramiento en su favor que esperaban y deseaban por parte del gobierno estadunidense.
Obama se enfrenta a una situación totalmente diferente. Tiene una base diversa y una agenda ambigua. Su postura pública se bambolea entre una firme posición centrista y unos moderados gestos de centroizquierda. Esto vuelve su posición política esencialmente débil. Obama desilusiona a los votantes de izquierda que movilizó durante las elecciones, y que en muchos caso se retiran de lo político. La realidad de una depresión mundial hace que algunos de sus votantes centristas se aparten de él por miedo a una deuda nacional creciente.
Para Obama, igual que para Bush, América Latina no está en la cúspide de sus prioridades. Sin embargo, Obama (a diferencia de Bush) está luchando duro por mantener la cabeza arriba del agua política. Está muy preocupado por las elecciones de 2010 y 2012. Y esto no es algo insensato. Entonces su política exterior está influida considerablemente por el impacto potencial que tenga ésta en dichas elecciones.
Lo que la derecha latinoamericana hace es sacarle ventaja a las dificultades políticas internas de Obama para forzarle la mano. Se percatan de que no cuenta con la energía política disponible para atajarlos. Además, la situación económica mundial tiende a redundar en contra de los regímenes en el cargo. Y en la América Latina de hoy son los partidos de centroizquierda los que están en el cargo. Si Obama lograra triunfos políticos importantes en los próximos dos años (una ley de salud decente, una auténtica retirada de Iraq, una reducción del desempleo), esto mellaría, de hecho, el retorno de la derecha latinoamericana. ¿Pero logrará tales triunfos?
Traducción: Ramón Vera Herrera
© Immanuel Wallerstein
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/index.php?section=opinion&article=018a1mun
Las perejilas
Las perejilas
Son el eslabón marginal de las grandes organizaciones criminales. Pero casi las únicas que van detenidas. Los narcos las eligen porque son más vulnerables. Unas 700 están presas en las cárceles federales.
Por Mariana Carbajal
Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de setiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.
“La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo”, advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi (ver aparte).
Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el “fallo Arriola” de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico “debe ser reorientada” al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. “Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima”, agregó.
El eslabón menor
Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando “hormiga”, como los “pasadores de frontera”, eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por “organización y financiamiento del tráfico” es decir, condenas contra “peces gordos” en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por “tenencia para consumo personal” colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente “fallo Arriola” de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad “distraen su atención” de la pesquisa de grandes cargamentos.
Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por “organización y financiamiento de tráfico”. En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: “Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización”, reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.
Rutas
La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. “A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías”, coincidieron varias fuentes consultadas.
Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.
“Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena”, coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. “En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo”, contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de “mulas”: “Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico”, señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.
Son el eslabón marginal de las grandes organizaciones criminales. Pero casi las únicas que van detenidas. Los narcos las eligen porque son más vulnerables. Unas 700 están presas en las cárceles federales.
Por Mariana Carbajal
Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de setiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.
“La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo”, advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi (ver aparte).
Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el “fallo Arriola” de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico “debe ser reorientada” al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. “Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima”, agregó.
El eslabón menor
Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando “hormiga”, como los “pasadores de frontera”, eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por “organización y financiamiento del tráfico” es decir, condenas contra “peces gordos” en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por “tenencia para consumo personal” colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente “fallo Arriola” de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad “distraen su atención” de la pesquisa de grandes cargamentos.
Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por “organización y financiamiento de tráfico”. En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: “Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización”, reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.
Rutas
La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. “A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías”, coincidieron varias fuentes consultadas.
Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.
“Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena”, coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. “En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo”, contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de “mulas”: “Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico”, señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.
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