(COMO) EMPEZANDO DE NUEVO

"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

martes, 23 de octubre de 2018

El origen de la pelea

CARRIÓ – GARAVANO: El origen de la pelea

Recién veía como Gustavo Sylvestre decía que al menos en lo que concierne a la causa AMIA y su encubrimiento, Elisa Carrió tiene razón en detestar al ministro Germán Garavano. Ese, al parecer, origen de tanta animadversión, está reflejado en las páginas iniciales de La infAMIA, libro del que reproduzco un fragmento. JS
La querella del Poder Ejecutivo pasó de acusar a los encubridores, a encubrir y proteger a parte de ellos. Ocurrió en dos pasos. A fines de marzo de 2017, Mariana Stilman, la abogada que estaba al frente de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el juicio, renunció dando un sonoro portazo tras denunciar al ministro Garavano por  “pinchar” la acusación con el obvio propósito de que la mayoría de los imputados resulten absueltos.
Poco antes, el ministro había conferido su mismo rango a quien hasta entonces era el segundo de Stilman, Miguel Inchausti, hombre de su confianza que de inmediato le pidió a Stilman, invocando “directivas expresas” de Garavano, que a la hora de acusar adoptara un rol pasivo. En fin, que se hiciera la distraída y mirara para otro lado; que hiciera la plancha y trabajara “a reglamento” de modo que los imputados pudieran zafar.
Como Stilman no se avino a ello, se produjeron “reiterados conflictos por sostener juicios encontrados a la hora de tomar decisiones puntuales durante el desarrollo mismo de las audiencias”, como escribió ella para explicar que renunciaba por no serle posible “resignar su posicionamiento profesional respecto al juicio, en orden a su conciencia jurídica, ni ser parte de un conflicto permanente dentro de la propia querella” puesto que “las diferencias de criterio explicitadas (…) resultan insalvables, y los conflictos y presiones que ello provoca me impiden ejercer mi rol con la libertad y probidad que considero necesarias (…) máxime tratándose de una causa que (…) me genera un superlativo compromiso moral y una alta sensibilidad social ante el reclamo de los familiares de la víctimas…”.
La abogada Stilman junto a Carrió.
En su carta al ministro, Stilman recordó que había llegado a la Unidad AMIA (que en marzo pasado fue disuelta por orden de Macri) de la mano de Elisa Carrió, de la que había sido abogada personal.  
Junto a Stilman trabajaba en la querella el joven abogado Ezequiel Strajman, a quien el atentado impactó muy especialmente porque se produjo cuando era niño, vivía a una cuadra de la mutual y las explosiones hicieron estallar los vidrios de su casa. Hacía tres semanas que Strajman había sido sancionado y suspendida su participación en el juicio con el subjetivísimo argumento de que había “perdido objetividad”.
Garavano y Angelici. Como chanchos.
Horas después de la renuncia de Stilman, se conoció la de Strajman, que había integrado la querella desde antes que se iniciara al juicio; que había llegado a encabezarla como interino hasta la llegada de Stilman y que había asistido a todas las audiencias hasta que recibió la orden de dejar de asistir a ellas. Strajman le explicó por escrito a los jueces que su dimisión se debía a “los cambios que se plantean en cuanto al rol que debe ejercer esta querella (que) no se condicen con mis convicciones respecto a cuál debe ser la forma de trabajar para llegar a la verdad de los hechos investigados”. Y en otra carta, esta vez dirigida al ministro Garavano, le expresó su “profundo malestar moral”, y le recordó que su desempeño jamás había recibido “ninguna objeción” hasta el momento en que lo sacaron del juicio con un empujón.
El segundo paso del encubrimiento del encubrimiento (o encubrimiento al cuadrado) se dio más recientemente, en febrero último, cuando al entrar el juicio conducido por el Trubunal Oral Federal 2 (TOF 2, integrado por Jorge Luciano Gorini, Karina Perilli y Néstor Guillermo Costabel) en su tramo final con los alegatos, la “acusación” del Ministerio de Justicia experimentó un obsceno giro copernicano y acometió con perversidad inédita una defensa cerrada de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia (pasó de pedir que se los condenara a 8 años de cárcel a pedir su absolución). Como la querella gubernamental no mencionó al reo Rubén Ezra Beraja, la propia AMIA, encabezada por el abogado Agustín Zbar (otrora enemigo acérrimo de Alberto Nisman) reclamó airadamente que el manto de impunidad también alcanzara al ex banquero defraudador.
Garavano actuó con pleno respaldo del presidente Macri, “El argumento central para cambiar de postura fue que los ex fiscales habían sido los primeros en investigar y sostener la pista iraní y la responsabilidad de Hezbolá en el atentado. Y que habían promovido desde un principio las alertas rojas de Interpol contra los iraníes acusados (…) Macri tomó una decisión de Estado (…) fuentes de la Presidencia aseguraron que no mediaron pedidos de Estados Unidos e Israel, que a través de sus diplomáticos y sus servicios de inteligencia siempre estuvieron presentes en el caso AMIA”, escribió Julio Blanck en Clarín el domingo 11 de febrero.
Esta vez y luego de pedirle a Stilman que renunciará también a la Unidad Especial de Investigación del PEN, Carrió arremetió contra Garavano por entrometerse en la labor de la querella. “El ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión”, dijo Carrió, y un comunicado de su Coalición Cívica-ARI destacó que a pesar las promesas de Garavano de no volver a entrometerse en la labor de la querella, “casi un año después, un día antes de que el nuevo apoderado (Enrique Ventós) se presentara en la audiencia para alegar, de acuerdo a las instrucciones dadas por el doctor Cimadevilla, conforme al requerimiento de elevación a juicio de la propia querella y en consonancia con la acusación que había realizado la Unidad AMIA en diciembre, el Ministro de Justicia dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado José Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA”.
Console, un allegado a Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, el “Rey del Juego” (que se encontraba festejando la disolución por decreto de la Lotería Nacional) y “bestia negra” de Carrió, pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Y a la vez –y no menos importante– fue cuestionado por estar inhabilitado para alegar en nombre del Ministerio Público por incompatibilidad, ya que tiene un cargo en el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires.
El comunicado de la CC-ARI alertó que todo ello se veía “agravado por los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano”. No era para menos, casi de inmediato, el blog “El cohete a la luna” que dirige Verbitsky publicó una nota titulada “Las amistades peligrosas” en la que informó que Silvina Rivarola O’Connor, esposa de Barbaccia, también es titular de la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que concursó cuando Garavano era el Procurador porteño. Sin embargo, desde febrero de 2016 se encuentra todavía más cerca del ministro porque hace uso de una licencia de aquel cargo por el ejercicio transitorio como Directora de Coordinación y representación Nacional ante Organismos Internacionales de la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del mismo ministro Garavano.
Console no sólo pidió la absolución de los fiscales. También pidió 7 años de prisión a Telleldín (absuelto en el juicio principal por no haber “evidencia alguna de que conociera el destino que habría de dársele” a la Trafic que supuestamente se habría utilizado como vehículo-bomba), la misma pena que a Galeano, quien lo había extorsionado con el apoyo y complicidad de los fiscales, Rubén Beraja, la SIDE y obviamente las más altas instancias del gobierno nacional de entonces.
Telleldín pasó así a ser uno de los máximos perjudicados por el cambiazo ya que hasta ese momento el Ministerio Público, a través de la Unidad Especial AMIA, le pedía apenas un año de prisión… que había cumplido por decuplicado. Telleldín, que se recibió de abogado estando preso, no se quedó quieto y denunció penalmente al ministro Garavano, acusándolo de coacción, peculado y encubrimiento (al cuadrado) por “encubrir a los encubridores Mullen y Barbaccia a causa de su cercanía con ellos, especialmente con Barbaccia y su esposa”.  Recordó también que el TOF2 había ordenado que se aclarase la situación laboral de Console, ya que tiene un contrato en el Ministerio de Justicia y simultámente otro en el Consejo de la Magistratura porteño, donde es secretario letrado de Silvia Loreley Blanco, pareja del subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE) Juan Sebastián De Stéfano, también hombre de Angelici.
Así las cosas, el TOF decidió, con los votos de los jueces Gorini y Costabel, apartar por incompatibilidad a Console del juicio, pero al mismo tiempo dio por válido su alegato alegando que se encontraba a su lado otro abogado de la Unidad Especial d Investigación AMIA, Horacio De Filippo, que si estaba habilitado para participar en el juicio.
En este contexto, no sería de extrañar que el juicio que discurrió durante años sistemáticamente ignorado y silenciado por los medios hegemónicos, termine con una condena simbólica contra un ex juez Galeano convertido en el pato de la boda (y acaso alguna otra condena leve, no de cumplimiento efectivo, como para disimular) y que a partir de entonces como ya se ha empezado a hacer desde fines de 2017, la prensa y medios hegemónicos y la agencia estatal Télam utilicen exclusivamente el marbete de “juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA” al  inminente juicio a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) y a su canciller… por haber intentado desbloquear la causa mediante un acuerdo con el gobierno de la República Islámica de Irán, para que los altos funcionarios persas acusados por el fiscal Nisman pudieran ser interrogados por la justicia argentina, acuerdo que, vale la pena recordar, fue refrendado por ambas cámaras del Congreso.
Ese juicio, que CFK urgió a que se realice lo más pronto posible, promete ser ocasión de bochorno universal para la depauperada justicia local por la absoluta insustancialidad de las acusaciones.
fuente: Pájaro Rojo

domingo, 14 de octubre de 2018

La Gazeta de Grand Bourg

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martes, 7 de agosto de 2018

Acto de Abuelas de Plaza de Mayo culmina con represión policial

La Policía Bonaerense, Gendarmería y efectivos de civil reprimieron el festejo por los 40 años de la organización.

Se desconoce el número de detenidos por la policía bonaerense tras culminar el acto conmemorativo de la organización de DD.HH.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) de Argentina denunció la represión realizada el pasado domingo por las fuerzas de seguridad durante el acto por los 40 años de las Abuelas de Plaza de Mayo.
De acuerdo a la institución agentes de la Policía Bonaerense, Gendarmería y efectivos de civil iniciaron los actos violentos al final de la celebración del concierto en conmemoración a la organización defensora de derechos humanos.



Según el comunicado de Correpi “no se sabe la cantidad exacta” de detenidos y detenidas que están en la Comisaría 1° ubicada en Bourdieu 548, a tres cuadras del lugar de los hechos. Además “por el momento sólo liberaron a tres personas que denunciaron torturas por parte de los efectivos”.

“Repudiamos el accionar represivo de las fuerzas de seguridad”, añadieron desde Correpi. Asimismo, señalaron al Municipio bonaerense de Tigre como “el principal responsable de la represión a quienes acompañaban a las Abuelas en el festejo de estos 40 años de lucha ejemplar e incansable”.

domingo, 17 de junio de 2018

CONTROL SOCIAL VERDEOLIVA

La foto es de Ecuador pero el plan es el mismo


por Horacio Vertbisky
Ante la creciente reacción social por sus políticas de exclusión, el gobierno de la Alianza Cambiemos plantea la asignación de tareas de seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Pero hasta ahora la suma de incompetencia y de debilidad política le ha impedido concretar ese propósito en resoluciones, leyes o decretos, con el riesgo de que termine por avanzar mediante hechos consumados, como ha hecho en otros terrenos.
Desde que asumió la presidencia, Maurizio Macrì plantea el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate al terrorismo y el narcotráfico. Pero sin número suficiente en ninguna de las cámaras del Congreso, no está en condiciones de superar las prohibiciones de tres leyes surgidas del más importante consenso multipartidario de la democracia postdictatorial: la de Defensa Nacional, de 1988, la de Seguridad Interior, de 1992, y la de Inteligencia Nacional, de 2001, promulgadas por tres presidentes distintos: Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa.
Un documento elaborado por el Grupo Convergencia XXI, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostiene que “involucrar a las Fuerzas Armadas en seguridad interior es desprofesionalizarlas y poner en riesgo su gobierno civil y los derechos humanos”. El jueves 7 de junio el documento fue presentado por los expertos que lo elaboraron en la Cámara de Diputados de la Nación, con la asistencia de representantes del Frente Renovador, Libres del Sur, Movimiento Evita, Peronismo para la Victoria, Nuevo Encuentro y FpV, y se acordó reclamar información al jefe del gabinete de ministros y a los ministros de seguridad y defensa, dada la confusión reinante sobre un tema tan delicado. Rut Diamint, experta en política internacional, defensa y seguridad, planteó el riesgo de que se desestime la legislación existente quitándole al Congreso la posibilidad de discutir cuáles son las funciones de Defensa y la desprofesionalización de las Fuerzas Armadas que están entrenadas para cierto tipo de misiones con un tipo de armamento específico para la Defensa y no para trabajar en temas de seguridad pública en interacción con los ciudadanos. Utilizar a las Fuerzas Armadas no contribuye a mejorar el entrenamiento de las fuerzas policiales, favorece que los militares vuelvan a hacer tareas de inteligencia y que en todos los países en los que se ha implementado “no ha mejorado la seguridad pública y fueron abusados los derechos de los ciudadanos”.
Juan Gabriel Tokatlian, especialista en temas de política internacional y políticas de drogas, aclaró que “nadie dice que el narcotráfico y el terrorismo no sean problemas, pero se expresan de manera muy distinta en cada país y región. Y la Argentina no ha vivido ni vive en estos dos temas algo que reclame un cambio en temas de defensa y seguridad. Si vamos por donde nos quiere llevar el gobierno vamos a terminar convirtiendo a nuestras Fuerzas Armadas en combatientes del crimen, redefiniendo la política de defensa”. También advirtió, igual que otros participantes sobre la tentación de crear un  enemigo interno al que aplicar la fuerza militar, ya que el presidente parece creer que son fuerzas ociosas, como dijo en el encuentro Nilda Garré.
Ernesto López aportó datos concretos sobre la situación del Ejército, extraídos del Libro Blanco de la Defensa 2015, que tornan ilusorio su empleo en las tareas que se sugieren. De acuerdo con esa información oficial, en 2014 había 6.188 oficiales, 22.768 suboficiales y 17.319 soldados voluntarios. Esto es 2,8 soldados por cada oficial, una proporción absurda que no existe en ningún Ejército del mundo, de modo que la estructura formal no guarda relación con la realidad. Excluyendo el Estado Mayor General, los hospitales militares, el Colegio Militar y otras unidades no combatientes o de apoyo, el Ejército afirma tener cuatro grandes unidades de combate
: las Divisiones 1, 2 y 3 y la Fuerza de Despliegue Rápido. Cada una de estas tiene un comando y se despliega en brigadas. En total hay cuatro comandos de División y once brigadas, a las que se agregan dos unidades autónomas de menor nivel: una Agrupación de Artillería Antiaérea y una Agrupación de Fuerzas Especiales. Este esquema contiene 141 unidades, entre regimientos, batallones, grupos de artillería, compañías autonomizadas, bases, destacamentos, etc. Esto implica un promedio de 122,82 efectivos de combate por cada unidad menor a brigada, más los cuatro comandos de división y los once de brigada. En esas condiciones, una división no es una división, una brigada no es una brigada, un regimiento no es un regimiento y un batallón no es un batallón, sino su sombra. Muchos caciques y pocos indios, concluyó López.
Ante el obstáculo que plantean las tres leyes, el ex ministro de Alfonsín, De la Rúa y del senador Eduardo Duhalde durante su interinato a cargo del Poder Ejecutivo, Horacio Jaunarena, propuso derogar el decreto reglamentario de la ley de Defensa, firmado en 2006 por Néstor Kirchner y su ministra Nilda Garré, ya que para eso basta la firma del actual presidente Macrì. Ese decreto 727/06 especifica que las Fuerzas Armadas sólo pueden intervenir ante una agresión externa, definida de acuerdo con la resolución 3314 de las Naciones Unidas como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”, y entre las siete situaciones que enumera no contempla a actores no estatales. Si pasaron 18 años antes de que se reglamentara la ley de Defensa, ello se debió a que Jaunarena no estaba de acuerdo con la tajante separación que establece entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior. Así lo confesó el propio Jaunarena durante una conferencia que dictó en 2002. Acompañado por el entonces jefe del Ejército Roberto Brinzoni, ambos plantearon la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverían a producirse saqueos y desórdenes. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que vivían 10 millones de pobres.
El primero que recitó aquí el discurso de las nuevas amenazas elaborado por el Comando Sur, fue Ricardo López Murphy en 2000: ellas serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”, dijo en cuanto De la Rúa le encomendó el ministerio de Defensa. Pero ni siquiera su partido lo acompañó y en 2001 se sancionó la ley de Inteligencia Nacional que reiteró la diferenciación de roles militares y policiales. López Murphy y De la Rúa también plantearon asignar a las Fuerzas Armadas la custodia de instalaciones estratégicas como las usinas nucleares y liberar así a efectivos de Gendarmería para tareas policiales, una idea que reaparece ahora. Garré señaló que esto sería una irresponsabilidad, dado que las Fuerzas Armadas no tienen la capacitación imprescindible para actuar en caso de fugas o filtraciones de material radioactivo, como ha ocurrido en otros lugares del mundo.
Pese a los reiterados anuncios de voceros oficiosos y comentarios ocasionales de altos funcionarios, el decreto modificatorio no fue firmado. Esto se debe a que la ley de seguridad interior restringe en forma taxativa el empleo de las Fuerzas Armadas fuera de su misión primaria. Sólo pueden actuar en seguridad interior:
– dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada;
– prestando apoyo logístico, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa (como ocurrió entre 2007 y 2017 en la frontera norte por decisión de la ex presidente CFK, criticada por los organismos de derechos humanos pero en el borde de sus incumbencias legales).
– con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”.
En aquella declaración de 2002, Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad. “Pedirle a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”. Esta es una lectura sesgada de la ley, que no trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital.
La iniciativa más reciente, que no fue anunciada por ningún miembro del gobierno sino por sus lenguaraces periodísticos consiste en traspasar 5.000 hombres del Ejército a la Gendarmería. Pero su aplicación quedó en suspenso por el malestar que produjo dentro del Ejército y las otras Fuerzas Armadas que lo ven como un solapado intento de llevar a la práctica una idea que adelantó el secretario de asuntos estratégicos de la jefatura de gabinete, Fulvio Pompeo. Coordinador de las políticas de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores en la presidencia, Pompeo propuso convertir a las Fuerzas Armadas en una Guardia Nacional al estilo panameño. El traspaso de personal tampoco es original: lo propuso en 2004 el entonces jefe del Comando Sur, general James T. Hill, durante un debate que mantuvo conmigo en un programa de la televisión estadounidense, del que también participó el viceministro del Pentágono para la región, Roger Pardo Maurer.  “Si usted tiene unas Fuerzas Armadas de 100.000 hombres y sólo 15.000 polícías pero la mayor amenaza es el crimen urbano, ¿necesita 100.000 militares o 75.000 policías? Como no puede mantener a ambos yo sugiero tomar algunos de esos militares y reentrenarlos para ser policías. Si la clave es la pobreza, como yo creo, los gobiernos no pueden continuar teniendo las Fuerzas Armadas y la policía actuales. Necesitan más policía”. Ya hubo una experiencia, con el reclutamiento de militares para la nueva policía porteña. La ley exigió una revisión de sus antecedentes de modo de impedir que la integraran quienes tuvieran antecedentes en la violación de los derechos humanos. Ese riesgo no existe, dado que los reclutas buscados tienen entre 20 y 30 años, de modo que ni habían nacido cuando concluyó la dictadura. Pero sí existe una diferencia de capacitación y entrenamiento que no se corrige con unos pocos meses de enseñanza teórico-práctica. No es lo mismo hacer cumplir la ley que abatir por la espalda a un enemigo, como ha ocurrido más de una vez con policías porteños.
En la retórica presidencial más que el delito urbano está presente el enemigo interno, en este caso las comunidades mapuche que reivindican tierras ancestrales en el Comahue y la Patagonia, donde existen importantes yacimientos hidrocarburíferos. También esto tiene antecedentes internacionales que es útil conocer. En la edición de abril de 2016, la revista Harper’s publicó una entrevista del periodista Dan Baum al principal asesor de Richard Nixon cuando instalaron la nefasta “guerra contra las drogas”. Richard Haldeman fue condenado por Watergate y luego desapareció. Baum lo encontró en 1994 en una empresa de ingeniería en Atlanta. Sin vueltas Haldeman le dijo que los enemigos de Nixon eran “la izquierda que se oponía a la guerra [en Vietnam] y los negros [que luchaban por sus derechos civiles]. Sabíamos que no podíamos ilegalizar la oposición a la guerra o el ser negro, pero los quebraríamos si lográbamos que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego las criminalizáramos. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus casas, interrumpir sus reuniones y vilipendiarlos día tras día en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Claro que lo sabíamos”, concluyó. Tanto como lo saben Macrì, Oscar Aguad (quien guarda un silencio sepulcral, como si estuviera sumergido también él en el fondo del mar) y Patricia Bullrich, quien aprovecha mejor que cualquiera de sus colegas cada oportunidad que tiene de exhibir su pavoroso desconocimiento de todo lo que le concierne, incluyendo sus propios actos. Hace pocos días dijo que existía una norma que permitía identificar aeronaves del narcotráfico y forzarlas a aterrizar, pero no abatirlas. El primer decreto que firmó junto con Macrì, de emergencia en seguridad, autorizó exactamente esa forma alevosa de aplicación de la pena de muerte sin juicio previo por la mera sospecha.

domingo, 11 de marzo de 2018

Mujeres de todo el mundo conmemoran el Día Internacional de la Mujer

Las mujeres en huelga corearon: “Aquí estamos las feministas”.
Al grito de “Aquí estamos las feministas”, golpeando cacerolas y sartenes, se han negado a trabajar durante 24 horas. Las organizadoras afirman que es la primera huelga de mujeres a nivel nacional en la historia de España. Su lema es “Si nosotras paramos, se para el mundo”. Las siguientes son palabras de Concha González, una psicoanalista que hoy no atenderá pacientes porque está en huelga.
Concha González declaró: “Yo creo que a la sociedad le asusta, que a muchas mujeres les asusta ver lo fuertes que podemos ser y, sobre todo, todas juntas. Y yo por eso hago la huelga, por eso estoy aquí”.
La histórica huelga de mujeres en España se produce al mismo tiempo que las mujeres de todo el mundo –desde Afganistán hasta Filipinas y México– celebran el Día Internacional de la Mujer, exigiendo igualdad y justicia, y el fin del patriarcado y la violencia contra las mujeres. Visite democracynow.org/es para ver más información sobre las huelgas, marchas y protestas del 8 de marzo.

H1 international womens day

Devolver el rostro a los migrantes muertos

Reconstrucciones faciales hechas por estudiantes en el taller de escultura forense de la academia. Los casos incluyen a un grupo de migrantes encontrados en el desierto de Arizona y otros en la ciudad de Nueva York.CreditVincent Tullo para The New York Times
Los últimos momentos que vivieron los ocho hombres que intentaron cruzar la frontera siempre serán un misterio. Sus restos fueron encontrados en el desierto de Arizona durante los dos últimos años y lo que sabemos con certeza es la causa de su muerte que, al igual que la de muchos migrantes, fue registrada por el servicio forense del condado de Pima: “Golpe de calor, exposición a un ambiente de temperaturas elevadas”. “Hipertermia debido a la exposición a los elementos”. “Deshidratación, hipotensión e hipertermia debido a la exposición ambiental a altas temperaturas en el desierto”. La lista continúa.

Por Patricia Leigh Brown
La desolación de sus muertes en este peligroso corredor fronterizo incluye otra deshonra: todavía no se conocen las identidades de estos ocho hombres. Las herramientas comúnmente utilizadas por los médicos forenses para identificar restos humanos, entre las que se incluyen el ADN y las comparaciones dentales, todavía no han arrojado ninguna pista.
Sin embargo, un último intento de identificar a los fallecidos y ayudar a sus familiares ha pasado del médico forense en Tucson a un escenario poco común: un taller de reconstrucción facial en la Academia de Arte de Nueva York.
La clase, impartida por Joe Mullins, artista forense del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, se centra en reconstruir los rostros de los migrantes que murieron en el desierto. El taller refleja la creciente sofisticación en el campo de la reconstrucción facial forense —una fusión de ciencia, arte y antropología en la que se usa el cráneo para recrear un rostro y ayudar a los investigadores a identificar a los muertos—. Es especialmente útil en casos de delincuencia o desastres masivos.
Los jóvenes estudiantes de posgrado, cuya estricta formación incluye la anatomía, trabajan con réplicas de los cráneos de los hombres hechas con una impresora 3D con base en tomografías computarizadas, ya que los cráneos originales son evidencia forense.
“Somos criaturas visuales”, comentó Bruce Anderson, antropólogo forense del servicio forense del condado de Pima. “Cuando no tenemos un rostro visible” debido a la descomposición, agregó Anderson, “les pedimos a artistas que hagan una reconstrucción de cómo se vería la persona para llamar la atención sobre un caso en particular”. Las reconstrucciones de la academia se publican en el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUS) del Instituto Nacional de Justicia.
Las muertes de los migrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos aumentaron el año pasado, a pesar de la disminución de los cruces, según la Organización Internacional para las Migracionesde las Naciones Unidas. Desde 2001, tan solo en el condado de Pima, se han encontrado los restos de aproximadamente 2800 migrantes, que se representan con un sombrío mar de puntos rojos en los “Mapas de la muerte” que elabora la Iniciativa OpenGIS de Arizona para los Migrantes Fallecidos.
De estos, no se ha podido identificar a cerca de mil personas. Las leyes fronterizas más estrictas y las políticas de deportación han obligado a los migrantes a cruzar por terrenos más remotos e inhóspitos.
“Cualquiera que pase algún tiempo en este paisaje lo hace con el conocimiento de la escala de muerte y devastación”, manifestó Robin Reineke, cofundadora y directora ejecutiva del Centro Colibrí de Derechos Humanos en Tucson, una organización de defensoría que reporta a los migrantes desaparecidos y realiza búsquedas de ADN. “Es impresionante dado el silencio que nuestro país guarda al respecto”.
Los expertos de reconstrucción forense como Mullins (quien se especializa en la progresión de edad, por ejemplo, cómo podría lucir un niño desaparecido muchos años después) buscan señas particulares: cicatrices, una nariz rota o, en un caso, aparatos de ortodoncia en los dientes.Para reconstruir el rostro con exactitud científica es necesario reconstruir los músculos y el tejido blando capa por capa mediante tiras de barro. Después, los estudiantes usan palillos de plástico para modelar la profundidad del tejido sobre el barro; se basan en los promedios de edades, géneros y antecedentes culturales elaborados por los investigadores.

jueves, 8 de febrero de 2018

Familias de Nuevo México descubren que sus antepasados eran esclavos indígenas


por Simon Romero
ALBUQUERQUE, Nuevo México — Lenny Trujillo hizo un descubrimiento impactante cuando comenzó a investigar su ascendencia dentro de una de las familias latinas pioneras de Nuevo México: uno de sus ancestros fue esclavo.
“No sabía de la venta de esclavos en Nuevo México, así que me quedé perplejo”, afirmó Trujillo, de 66 años y quien es un trabajador jubilado del servicio postal que vive en Los Ángeles. “Después descubrí que la esclavitud fue una característica clave de mi historia familiar”.
Trujillo es uno de los muchos latinos que están descubriendo sus relaciones ancestrales con un comercio de esclavos que florecía en la otrora sangrienta frontera que hoy conocemos como el suroeste de Estados Unidos. Sus antepasados cautivos eran indígenas: esclavos que se conocían como “jenízaros” y quienes eran vendidos a las familias ibéricas durante el dominio español de la región, del siglo XVI al XIX. Muchos esclavos indígenas permanecieron en cautiverio cuando Nuevo México fue gobernado por México y luego por Estados Unidos.
Las revelaciones han encendido un gran debate político sobre lo que significa ser latino y nativo estadounidense.
Después de haber hecho esos descubrimientos, un número cada vez mayor de latinos está aceptando su pasado indígena, con lo cual desafían una larga tradición de Nuevo México, según la cual las familias valoran su linaje español. Algunos se están comenzando a identificar como jenízaros. Los historiadores estiman que los jenízaros representaron hasta una tercera parte de la población de 29.000 habitantes con la que contaba Nuevo México a fines del siglo XVIII.
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Floyd E. Trujillo, de 83 años, a la derecha, pasa un hisopo por el interior de su boca para dar una muestra de ADN mientras su hijo Virgil hablaba con Miguel A. Tórrez, un genealogista.CreditAdria Malcolm para The New York Times
“Estamos descubriendo cosas que complican muchísimo nuestra historia, las cuales nos demandan rechazar los mitos que nos han enseñado”, señaló Gregorio Gonzales, un antropólogo de 29 años que escribe sobre el legado de la esclavitud indígena y que se describe a sí mismo como jenízaro.
Este legado nació de una historia tortuosa de conquista colonial y asimilación forzada.
Nuevo México, el estado que tenía la mayor cantidad de indígenas sedentarios al norte del centro de México, emergió como un dominio que codiciaron los esclavistas casi tan pronto los españoles comenzaron a establecerse allí en el siglo XVI, según Andrés Reséndez, un historiador que detalla la venta de esclavos en su libro de 2016, The Other Slavery. En un inicio, los colonizadores esclavizaron a los indígenas del lugar, lo cual devino en el levantamiento de 1680 que provocó la expulsión temporal de los españoles de Nuevo México.
La trata de esclavos después evolucionó e incluyó no solo a traficantes latinos, sino a guerreros comanches y utes, quienes asaltaban asentamientos apaches, kiowas, jumanos, pawnees y de otros pueblos. Tomaban prisioneros, muchos de los cuales eran niños que fueron vendidos en subastas en las plazas de los pueblos.
La corona española intentó prohibir la esclavitud en sus colonias, pero los traficantes de personas solían eludir la proscripción etiquetando a sus cautivos como “criados” en los registros parroquiales. La trata siguió activa décadas después de la guerra México-Estados Unidos, cuando Estados Unidos se apoderó de la mayor parte de lo que ahora es el suroeste estadounidense.
Para fortalecer la decimotercera enmienda, la cual abolió la esclavitud en 1865, el congreso estadounidense aprobó la Ley de Peonaje de 1867 después de enterarse de que los terratenientes de Nuevo México tenían cientos y tal vez miles de esclavos indígenas, principalmente mujeres y niños navajos. Sin embargo, hay académicos que aseguran que la medida, enfocada en específico en Nuevo México, favoreció poco a muchos de los esclavos del territorio.
Desde hace tiempo, un gran número de familias latinas de Nuevo México saben que tienen ancestros indígenas, aunque haya personas que hasta la fecha se definen como “españolas” para enfatizar sus lazos ibéricos y diferenciarse de las veintitrés tribus del estado que reconoce la federación, así como de los inmigrantes provenientes de México y otros países latinoamericanos.
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Brienna Martinez ejecuta la danza de los matachines en Alcalde, Nuevo México.CreditAdria Malcolm for The New York Times
No obstante, las pruebas genéticas están ofreciendo un lado mucho más complejo de la historia. El ADN de los latinos de Nuevo México suele provenir, entre un 30 a 40 por ciento, de los indígenas estadounidenses, según Miguel A. Tórrez, un investigador de 42 años que trabaja en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y quien es considerado como uno de los genealogistas más prominentes de Nuevo México.
Tórrez y otros investigadores realizaron una referencia cruzada de las pruebas de ADN con los registros de bautizo, certificados de matrimonio, informes de censos, historias orales, hallazgos etnomusicológicos, títulos de propiedad y otros documentos de archivo.
“Tengo linaje navajo, chippewa, griego y español”, afirmó Tórrez, quien se define como mestizo. “No puedo decir que soy más indígena que griego, pero es fascinante y perturbador ver cómo varias culturas se juntaron en Nuevo México”.
Las revelaciones que muestran que la esclavitud de indígenas fue una de las características principales del Nuevo México colonial pueden ser inquietantes para algunas personas del estado, donde las autoridades han intentado perpetuar una narrativa de coexistencia relativamente pacífica entre latinos, indígenas y anglos, como se suele llamar a los blancos no latinos de la zona.
Al observar su historia, algunos descendientes de jenízaros están aunando esfuerzos para señalar que merecen el mismo reconocimiento de tribu nativa de Estados Unidos. En Colorado, las Naciones Jenízaro Afiliadas —uno de estos grupos que cuenta con 200 miembros— organizan danzas anuales para conmemorar su herencia.
“No nos importa su porcentaje de sangre indígena ni las pruebas de ADN, ya que esos factores pueden ser parámetros imprecisos de medición”, mencionó David Atekpatzin Young, de 62 años y presidente tribal de la organización, quien rastreó a sus antepasados hasta los grupos étnicos apache y pueblo. “Sabemos quiénes somos y queremos soberanía y nuestras tierras de regreso”.
Hay quienes no están de acuerdo con llamar esclavos a los jenízaros, con el argumento de que las autoridades de Nuevo México fueron relativamente flexibles al absorber a los indígenas cautivos. Una importante distinción de la esclavitud africana en otras partes de América es que los jenízaros a veces podían alcanzar la independencia económica, e incluso integrarse a las clases dominantes, bajo los nombres de sus amos y aceptando el catolicismo romano.
En Abiquiú, un sitio que fue fundado por jenízaros en el siglo XVIII, cada noviembre la gente se pinta el rostro y usa plumas para representar una “danza cautiva” sobre los orígenes indígenas del pueblo —en el día en que se honra a un santo católico—.
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Miguel A. Tórrez dirige el estudio etnográfico y de ADN del pueblo de Abiquiú, el cual examina los orígenes de las personas que se identifican como jenízaros o son descendientes de jenízaros en Abiquiú.CreditAdria Malcolm para The New York Times
“Algunos nativos creen que las personas en Abiquiú son indígenas falsos”, mencionó Tórrez, el genealogista. “Pero ¿quién tiene el derecho de asegurar que los descendientes de los jenízaros, un pueblo que alguna vez fue esclavizado, no pueden reclamar su cultura?”.
Los intentos de algunos descendientes de jenízaros por definirse como indígenas, en vez de latinos, generan un debate más amplio sobre la forma en que se identifican los nativos estadounidenses. A menudo eso involucra factores polémicos como la membresía tribal, qué determina las prácticas culturales indígenas y la piel clara de algunos latinos con ancestros nativos. Algunos nativos estadounidenses también se molestan por las ventajas que han buscado algunos latinos al darle prioridad a sus lazos ancestrales con colonizadores europeos.
Trujillo, el exempleado del servicio postal, aprendió que el descubrimiento del pasado de esclavitud indígena no es directo. Primero, encontró su conexión con un hombre jenízaro del pueblo de Abiquiú. Al indagar más en los registros de bautismo del siglo XVIII, halló que su ancestro de alguna manera dejó de servir por la fuerza y compró tres esclavos.
“Me quedé impactado al saber que tenía un esclavizador y a esclavos en mi árbol genealógico”, afirmó Trujillo. “Ese nivel de complejidad es demasiado para algunas personas, pero forma parte de mi historia”.
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