(COMO) EMPEZANDO DE NUEVO

"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

lunes, 30 de noviembre de 2009

“Hay lugar para 500 radios comunitarias”

“Hay lugar para 500 radios comunitarias”

Es uno de los fundadores de FM La Tribu, y, probablemente, la persona que más sabe de ese tipo de emisoras en la Argentina. Explica cómo funciona el mercado actual y por qué defiende la ley de medios audiovisuales.

Patricio Barton



A fines de los 80 irrumpió en el dial una serie de radios que priorizaron su voz por encima de los parámetros que imponía le Ley de Radiodifusión derogada recientemente. Fueron “clandestinas”, “piratas”, “de baja potencia”, “truchas”, “comunitarias”, según quien las nombrara. De aquel gran boom radiofónico quedaron algunas emisoras como La Tribu que, con 20 años de vida, es la radio comunitaria más antigua de Buenos Aires. Ernesto Lamas es uno de sus fundadores y probablemente la persona que más sabe de radios comunitarias en la Argentina. “Ahora hay unas 500 en todo el país, pero la mayoría de ellas no son las mismas del comienzo de la democracia. Las que surgen hoy nacen asociadas a alguna organización social. La radio ya no es un fin en sí mismo”, dice quien además es un integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), una red que agrupa a alrededor de dos mil radios de este tipo en todo el mundo. Y desde La Tribu se impulsa la formación de nuevas radios comunitarias: en términos de mercadotecnia –que no utilizan– les brindan a otros grupos el know how. El resultado es una veintena de emisoras comunitarias, entre las que se destacan las del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) que ya cuenta con cuatro radios, una de ellas la única del país que transmite con energía solar.

–¿A qué considera la ley de medios como radios comunitarias?

–La definición que figura en la ley acerca de lo que es una radio comunitaria la impuso AMARC: que no tiene fines de lucro, que tiene una gestión participativa, que en su programación prioriza el acceso de voces que no aparecen en otros medios, que no tiene límites en su potencia ni está acotada geográficamente son algunos de los puntos salientes.

–¿Hay espacio para 500 radios comunitarias en el dial?

–Yo creo que sí, que hay lugar para 500 radios comunitarias, porque la mayoría de estas radios no está en zonas conflictivas. Hace poco le otorgaron su licencia sin problemas a la FM Alas de El Bolsón, que viene luchando contra la explotación de las mineras, porque en esa zona el dial está muy limpio. También van a surgir radios de sectores que hasta ahora no participaban del espectro. Como por ejemplo los movimientos cooperativistas. De todos modos, esto no quiere decir que el 33% del dial quede conformado por radios comunitarias, sino que ése es el tope máximo permitido por la ley.

–¿Qué sucederá con el financiamiento? ¿Todas las radios deberán ser autosustentables?

–Las radios comunitarias que tienen una historia de más de 20 años en el país son sustentables. Es decir, como toda empresa, aunque éstas son sin fines de lucro, tienen problemas y logros. Y no han dependido de la publicidad oficial o de subsidios del Estado. Digo esto porque algunos legisladores que no saben muy bien qué es una radio comunitaria dejaron entrever que las radios sin fines de lucro son o van a ser todas oficialistas. Las radios tienen sus propias iniciativas creativas de sustentabilidad. Por ejemplo, La Tribu se sustenta con publicidad, organización de eventos, cursos de capacitación, edición de libros y videos, un bar y diversos proyectos de cooperación internacional. Clarín también es autosustentable, pero el modelo es otro: recibe millones de pauta oficial desde siempre, incluso durante la dictadura militar, y sin embargo no se autocalifica como “oficialista” aunque lo haya sido en numerosas oportunidades para lograr negociar algo.

–En cuanto al financiamiento la ley no les pone límites…

–La ley no pone ninguna restricción a la búsqueda de financiamiento, pero sí hay condicionantes que impone la personería jurídica ya que las radios comunitarias son mayoritariamente asociaciones sin fines de lucro. Por eso es que la ley crea un fondo de fomento que se financiará con un gravamen. Estaremos atentos a que haya un manejo transparente y que sea coherente con la definición de un medio comunitario.

–¿La aplicación de gravámenes tiene antecedentes en otras legislaciones?

–Sí, la ley argentina tomó el modelo de gravámenes de la española. Pero hay muchos otros casos. Canadá es uno de los países que más fomentó la aparición y sostenimiento de radios comunitarias. También es interesante el caso francés en el que las radios comerciales sostienen a través de un impuesto el 20% de las radios comunitarias. Esa no es una ley chavista, se aplica en Francia adonde hasta los años 80 no estaba contemplada la existencia de radios comerciales. O sea que ahí es la radio comercial la que sustenta en parte a las comunitarias. Aquí eso sería un escándalo.

–¿Puede suceder que radios comerciales tomen la apariencia de radios comunitarias para ocupar más porción del espectro?

–Es raro que se filtre algo así. Hay mucha prevención contra eso, pero puede suceder. En Brasil se dio el caso de un grupo que estaba vinculado al narcotráfico y quiso asociarse a una radio comunitaria como pantalla. Cuando se descubrió eso obviamente que el grupo fue expulsado. Pero el propio carácter de comunitario nos protege de esa situación, porque al ser todo más chico, todos se conocen y están implicados en los mismos objetivos.

domingo, 29 de noviembre de 2009

Obama, Bush y los golpes de Estado latinoamericanos

Obama, Bush y los golpes de Estado latinoamericanos


Immanuel Wallerstein
La Jornada


Algo extraño está ocurriendo en América Latina. Las fuerzas de derecha en la región están emplazadas de tal modo que pueden desempeñarse mejor durante la presidencia estadunidense de Barack Obama que durante los ocho años de George W. Bush. Éste encabezaba un régimen de extrema derecha que no tenía ninguna simpatía para las fuerzas populares en América Latina. Por el contrario, Obama encabeza un régimen centrista que intenta replicar la política del buen vecino que proclamara Franklin Roosevelt como forma de anunciar el fin de la intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina.
Durante la presidencia de Bush, el único intento serio de golpe de Estado con respaldo de Estados Unidos ocurrió en 2002 contra Hugo Chávez en Venezuela y tal asonada falló. Fue seguida de una serie de elecciones por toda América Latina y el Caribe, donde los candidatos de centro-izquierda ganaron en casi todos los casos. La culminación fue una reunión en 2008 en Brasil –a la que Estados Unidos no fue invitado y donde el presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió trato de héroe virtual.

Desde que Obama asumió la presidencia, se ha logrado perpetrar un golpe de Estado: en Honduras. Pese a la condena que expresó el mandatario, la política estadunidense ha sido ambigua y los líderes del golpe están ganando su apuesta de mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones para presidente. Hace apenas muy poco, en Paraguay, el presidente católico de izquierda Fernando Lugo pudo evitar un golpe militar. Pero su vicepresidente, Federico Franco, de derecha, está maniobrando para obtener de un Parlamento nacional hostil a Lugo un golpe de Estado que asume la forma de un enjuiciamiento. Y los dientes militares se afilan en una serie de otros países.

Para entender esta aparente anomalía debemos mirar la política interna de Estados Unidos, y cómo afecta la política exterior estadunidense. De vez en cuando, y no hace tanto tiempo, los dos partidos principales representaban a coaliciones de fuerzas sociales que se traslapaban, y en los que el balance interno de cada uno iba de una derecha, corrida del centro, en el caso del Partido Republicano, a una cierta izquierda, corrida del centro, para el Partido Demócrata.

Debido a que los dos partidos se traslapaban, las elecciones tendían a forzar a los candidatos presidenciales de ambos partidos más o menos hacia el centro, de modo de ganaban sobre la fracción relativamente pequeña de votantes que eran los independientes, situados en el centro.

Éste ya no es el caso. El Partido Demócrata es la misma coalición amplia que siempre ha sido, pero el Partido Republicano se ha desplazado más a la derecha. Esto significa que los republicanos tienen una base menor. Lo lógico es que esto significara bastantes problemas electorales. Pero, como estamos viendo, no funciona exactamente de ese modo.

Las fuerzas de la extrema derecha que dominan el Partido Republicano están muy motivadas y son bastante agresivas. Buscan purgar a todos y cada uno de los políticos republicanos a quienes consideren demasiado moderados e intentan forzar a los republicanos en el Congreso a una actitud negativa uniforme hacia todas y cada una de las cosas que proponga el Partido Demócrata y en particular el presidente Obama. Los arreglos políticos de compromiso ya no se ven como políticamente deseables. Por el contrario. A los republicanos se les presiona para marchar al ritmo de un solo tamborilero.

Entretanto, el Partido Demócrata opera como siempre ha operado. Su amplia coalición va de la izquierda a una cierta derecha del centro. Los demócratas en el Congreso invierten casi toda su energía política en negociar unos con otros. Esto implica que es muy difícil aprobar legislaciones significativas, como vemos actualmente con el intento de reformar las estructuras de salud estadunidenses.

Entonces, ¿qué significa esto para América Latina (y de hecho para otras partes del mundo)? Bush podía conseguir casi todo lo que quería de los republicanos en el Congreso, en el cual tuvo una clara mayoría durante los primeros seis años de su régimen. Los debates reales ocurrían en el círculo ejecutivo interno de Bush, dominado básicamente por el vicepresidente Cheney durante los primeros seis años. Cuando Bush perdió las votaciones para elegir congresistas en 2006, la influencia de Cheney declinó y las políticas públicas cambiaron ligeramente.

La era de Bush estuvo marcada por una obsesión con Iraq y en menor medida con el resto de Medio Oriente. Algo de energía quedaba para lidiar con China y Europa occidental. Desde la perspectiva del régimen de Bush, Latinoamérica se desvanecía poco a poco hacia el fondo. Para su frustración, la derecha latinoamericana no obtuvo el tipo común de involucramiento en su favor que esperaban y deseaban por parte del gobierno estadunidense.

Obama se enfrenta a una situación totalmente diferente. Tiene una base diversa y una agenda ambigua. Su postura pública se bambolea entre una firme posición centrista y unos moderados gestos de centroizquierda. Esto vuelve su posición política esencialmente débil. Obama desilusiona a los votantes de izquierda que movilizó durante las elecciones, y que en muchos caso se retiran de lo político. La realidad de una depresión mundial hace que algunos de sus votantes centristas se aparten de él por miedo a una deuda nacional creciente.

Para Obama, igual que para Bush, América Latina no está en la cúspide de sus prioridades. Sin embargo, Obama (a diferencia de Bush) está luchando duro por mantener la cabeza arriba del agua política. Está muy preocupado por las elecciones de 2010 y 2012. Y esto no es algo insensato. Entonces su política exterior está influida considerablemente por el impacto potencial que tenga ésta en dichas elecciones.

Lo que la derecha latinoamericana hace es sacarle ventaja a las dificultades políticas internas de Obama para forzarle la mano. Se percatan de que no cuenta con la energía política disponible para atajarlos. Además, la situación económica mundial tiende a redundar en contra de los regímenes en el cargo. Y en la América Latina de hoy son los partidos de centroizquierda los que están en el cargo. Si Obama lograra triunfos políticos importantes en los próximos dos años (una ley de salud decente, una auténtica retirada de Iraq, una reducción del desempleo), esto mellaría, de hecho, el retorno de la derecha latinoamericana. ¿Pero logrará tales triunfos?

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/28/index.php?section=opinion&article=018a1mun

Las perejilas

Las perejilas

Son el eslabón marginal de las grandes organizaciones criminales. Pero casi las únicas que van detenidas. Los narcos las eligen porque son más vulnerables. Unas 700 están presas en las cárceles federales.


Por Mariana Carbajal

Lidia tenía 28 años y estaba embarazada de su quinto hijo cuando un muchacho dominicano, conocido de su novio, la tentó con una oferta suculenta: 5000 dólares en billetes por llevar hasta Madrid 28 cápsulas de cocaína en su estómago y otra cantidad en la suela de sus botas. Le dijeron que los riesgos eran mínimos, que la respaldarían si algo salía mal. Tenía que viajar en avión y entregar en suelo español la droga. Allí le pagarían y entonces dejaría atrás el taller textil de Castelar, donde cosía 11 horas diarias por 150 pesos a la semana. Podría quedarse en su casa a cuidar a sus hijos, lo que tanto ansiaba. Ya no tendría que salir a trabajar a las 5 de la madrugada y volver a las 9 de la noche, como hacía siempre. Pero sus sueños se empañaron en un instante: en el aeropuerto de Ezeiza la descubrieron y desde el 9 de setiembre de 2007 está presa con su hija más pequeña. Lidia es una de las centenares de mujeres, sin antecedentes penales, la mayoría pobres pero también de sectores medios venidos abajo, que abarrotan las cárceles federales detenidas por contrabando o transporte de pequeñas cantidades de estupefacientes, delitos que no son excarcelables de acuerdo con la legislación vigente y que tienen penas de hasta 16 años de prisión. Se estima que ocho de cada diez presas en el Servicio Penitenciario Federal están encarceladas por esta causa. Más del 60 por ciento –un porcentaje altísimo– está procesada, sin condena, según informó el SPF.

“La represión del contrabando se centra especialmente en el eslabón más débil: aquellos que transportan estupefacientes en el interior del cuerpo”, advierte Mónica Cuñarro, titular de la Comisión Nacional de Políticas de Prevención y Control del Narcotráfico. Capsuleras, vagineras y valijeras detrás de las rejas, mientras “los grandes capos difícilmente caen por el poder del dinero que manejan y por las relaciones con el poder político que mantienen y que los mantienen a salvo”, analiza la experta en geopolítica del narcotráfico y seguridad hemisférica Adriana Rossi (ver aparte).

Frente a este panorama, en la Comisión Nacional de PPyCN, encargada de redactar una reforma legal en línea con el “fallo Arriola” de la Corte Suprema, consideran que la política criminal del tráfico “debe ser reorientada” al desvío de precursores químicos para elaborar estupefacientes y al contrabando o figuras graves del tráfico. “Estamos pensando en readecuar las penas de los delitos que tienen que ver con el contrabando. Queremos darle al juez opciones ante los casos en los que no hay elementos de prueba que muestren que el imputado ocupa un lugar importante en la organización, es decir, fundamentalmente cumplir con el principio de proporcionalidad de la pena –reveló Cuñarro en diálogo con Página/12–. Hoy no hay opción para la excarcelación y la tasa de procesamientos y de condenas es elevadísima”, agregó.

El eslabón menor
Hay alrededor de setecientas mujeres detenidas en cárceles federales por infracción a la Ley 23.737, de acuerdo con información suministrada a este diario por el Servicio Penitenciario Federal. Representan el 80 por ciento del total de detenidas del SPF. Una de ellas es Lidia, que está alojada en la Unidad 31, para presas con hijos menores de cinco años, del Complejo Carcelario de Ezeiza. Casi la totalidad, como ella, cayó por transportar poca cantidad de droga en el interior de su cuerpo o en equipajes, según se desprende de distintos estudios realizados por el Comité Científico Asesor que trabajó primero en la órbita del Ministerio de Justicia y luego en la Jefatura de Gabinete, también a cargo de Cuñarro. Se trata de casos de contrabando “hormiga”, como los “pasadores de frontera”, eslabones marginales de un conjunto de estrategias de transporte y distribución de las grandes organizaciones criminales. La inmensa mayoría de las causas judiciales iniciadas por tráfico de drogas en el territorio argentino apuntan a ellos. En el fuero federal del interior del país, en siete años, entre 2000 y 2006 hubo apenas 21 condenas por “organización y financiamiento del tráfico” es decir, condenas contra “peces gordos” en el negocio narco, según datos de la Oficina de Investigaciones y Estadísticas Político Criminales del Ministerio Público Fiscal a los que tuvo acceso este diario. Así como un elevado porcentaje de causas por “tenencia para consumo personal” colonizaron los últimos años las agendas de fiscalías y juzgados del fuero federal hasta el reciente “fallo Arriola” de la Corte Suprema, lo mismo ocurre con los casos de mulas, especialmente mujeres, y como consecuencia de ello, la Justicia y las fuerzas de seguridad “distraen su atención” de la pesquisa de grandes cargamentos.

Un relevamiento realizado en el tercer semestre de 2006 encontró que en todo ese año se habían iniciado un total 570 causas por transporte de estupefacientes simple y contrabando (325 y 245, respectivamente) en el fuero federal del interior del país y ninguna por “organización y financiamiento de tráfico”. En el último tiempo, en las cárceles de la provincia de Buenos Aires –donde no hay detenidas por tráfico de drogas– se empezó a ver otro fenómeno: “Hay un aumento muy significativo de mujeres presas por tenencia de estupefacientes en cantidades fraccionadas directamente para la venta al consumidor. Esto es, el último eslabón de la cadena de comercialización”, reveló a Página/12 Laurana Malacalza, responsable del Area de Género del Comité Contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia. Según un informe que está elaborando el organismo, el 40 por ciento de las mujeres detenidas en penales bonaerenses está en prisión por ese delito, por tener kioscos o delivery de droga, generalmente paco, en su casa de una villa. Una amplia proporción de ellas son madres con hijos menores a cargo.

Rutas
La mayoría de las mulas son detenidas en Salta y Jujuy, cuando cruzan la frontera desde Bolivia, o en el aeropuerto de Ezeiza, cuando están por embarcar rumbo a Europa, como Lidia. En menor medida en Misiones, Formosa y Corrientes, cuando entran por Paraguay –en estos casos traen marihuana–-. “A veces las entregan los propios narcos para que la policía haga estadística o para entretener a los uniformados e ingresar los cargamentos importantes por otras vías”, coincidieron varias fuentes consultadas.

Un alto porcentaje son extranjeras, latinoamericanas y de Europa del Este. El 87 por ciento de todas las mujeres detenidas de países limítrofes y Perú está en prisión por delitos contra la ley de estupefacientes, según un estudio de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) sobre Extranjeros en Cárceles Federales, al que tuvo acceso este diario. En esa situación está el 97 por ciento de las presas bolivianas, el 81,4 por ciento de las peruanas, el 76,3 por ciento de las paraguayas, el 80 por ciento de las brasileñas, el 70 por ciento de las uruguayas y el 50 por ciento de las chilenas.

“Nunca transportan grandes cantidades. Son el eslabón menor de la cadena”, coincide Sergio Paduczak, defensor público oficial ante los juzgados nacionales en lo Criminal de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación. “En las provincias del norte las condiciones de detención son terribles, muy precarias. Están en dependencias de Gendarmería, pero las mujeres no quieren ser trasladadas a grandes unidades porque quedan lejos de sus familias. En esas dependencias no tienen talleres, no realizan ninguna actividad con peculio. Muchas son campesinas de Bolivia a las que les ofrecen 100 dólares por pasar las cápsulas, un dinero que no pueden conseguir ni con dos años de trabajo”, contó Paduczak. En los últimos años, habló con decenas de “mulas”: “Me dicen: ‘A mí las condiciones de detención no me preocupan. ¿Sabe en qué pienso? En que dejé mis dos hijos de dos y cinco años al cuidado del que tiene 9 y les dije ‘Mamá mañana vuelve’ y hace dos meses que no los veo’. Eso me dicen y las historias se repiten. Muchas cruzan con la droga en su cuerpo y su bebito en brazos. Estoy convencido de que por las capsuleras no pasa el narcotráfico”, señaló. También opina que debería preverse una reducción de pena en los casos, como éstos, de chiquitaje.

miércoles, 25 de noviembre de 2009

“Cuando las víctimas son mujeres nadie se alarma”

“Cuando las víctimas son mujeres nadie se alarma”

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la abogada rosarina advierte que la violencia machista es “un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”.


Por Mariana Carbajal

“Si las 204 víctimas de femicidios registradas en los primeros diez meses del año en la Argentina fueran personas perseguidas por su color de piel o por profesar la religión judía, estaríamos hablando de un genocidio, pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma”, cuestionó Susana Chiarotti, la abogada rosarina que integra el comité de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de evaluar a los países del continente en el cumplimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, suscripta en Belém do Pará. En una entrevista con este diario, Chiarotti consideró que “se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos”. La especialista destacó avances que se han realizado en el país en el último año, como la sanción de una ley integral, pero reclamó la urgente implementación de un Plan Nacional de Acción para enfrentar la violencia machista y la inclusión en el Presupuesto 2010, en discusión en el Congreso, de partidas específicas para ponerlo en marcha.

Además, evaluó el impacto regional que tendrá la flamante condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México por los femicidios en Ciudad Juárez. Chiarotti es reconocida internacionalmente por su larga militancia en la defensa de los derechos de las mujeres. Feminista, es fundadora y directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), y responsable de Monitoreo del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), organización que patrocinó a una de las madres de las tres víctimas de femicidio –dos de ellas adolescentes– que llevaron a México ante la CIDH.

“Se empezó a cumplir con una de las asignaturas pendientes que tenía el país: delinear un marco jurídico para enfrentar la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley desde abril y está en proceso de reglamentación”, se apresura a destacar Chiarotti a la hora de hacer un balance sobre las medidas que el Comité de Expertas de la OEA le viene reclamando a la Argentina para cumplir con la Convención de Belém do Pará. Chiarotti hizo alusión a la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que consagra el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y define los lineamientos generales de un plan de acción que involucra a los tres poderes del Estado y que deberá aplicarse en todo el país, en cada provincia y en cada municipio (ver aparte).

–La ley contempla la violencia contra la libertad reproductiva. ¿En qué casos se la violaría?

–Se podría aplicar esa figura si un médico se opone arbitrariamente a una ligadura de trompas o le niega a una adolescente consejería en salud sexual y reproductiva por cuestiones de edad.

–¿Y si en un hospital se obstruye el acceso a un aborto no punible?

–También. La reglamentación tiene que dar pautas claras tanto a los profesionales de la salud como a los medios de comunicación sobre cómo se instrumenta la violencia mediática, que es otra modalidad contemplada en la norma. Pero más allá de la reglamentación, todavía nos falta un Plan Nacional de Acción contra la violencia hacia las mujeres, federal y coordinado en todo el país, como establece la norma.

–En el Consejo Nacional de la Mujer aseguran que lo están elaborando.

–El proyecto de ley del Presupuesto 2010 que se está discutiendo en el Congreso no contempla ninguna partida específica. Eso es muy preocupante.

–En el Consejo sostienen que ya cuentan con un millón y medio de dólares para empezar a implementar la ley.

–Las mujeres en Argentina somos más de 20 millones. Entre enero y octubre de este año se cometieron 204 femicidios, de acuerdo con un relevamiento de los casos publicados en diarios de todo el país (N. de R.: publicado en la edición del lunes último de Página/12). Imaginemos si fueran personas perseguidas por el color de la piel o por ser judíos: sería un genocidio. Pero como son simplemente mujeres, nadie se alarma. Para encarar una política de prevención de la violencia contra las mujeres en serio, que incluya campañas en los medios de comunicación e intervenciones en la cultura, para llevar adelante la sanción y la erradicación de este flagelo, se necesita más que un millón y medio de dólares. Se debe entender que la violencia contra las mujeres es un problema de seguridad y una violación de los derechos humanos.

–¿Considera que debe incorporarse al Código Penal la figura del femicidio, como ya tienen otras legislaciones en Latinoamérica?

–No soy partidaria de una figura específica. No creo que todo fenómeno social que tiene que ser visibilizado requiera de una figura jurídica específica, porque después sucede que los requisitos para que se configure son tantos que es de muy difícil aplicación y los femicidios terminan quedando impunes.

–¿Qué impacto tendrá en Latinoamérica la condena por los femicidios en Ciudad Juárez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acaba de recibir México?

–Creo que va a marcar un antes y un después. Tenemos mucha expectativa. En la Argentina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria, lo que va a significar que las cortes nacionales tengan que analizar las muertes de mujeres como crímenes de género.

–¿Qué importancia tienen los medios de comunicación en la lucha contra la violencia machista?

–Mucha. En primer lugar, los medios tienen que abstenerse de mostrarnos a las mujeres como objetos y deben desterrar el concepto de crimen pasional, porque están transmitiendo la idea de que el asesinato es fruto del amor, que la amaba tanto que la mató. El amor no mata. No deben mostrar a la víctima como promiscua, con un abordaje sensacionalista. Recuerdo el caso de Nora Dalmasso. Hay programas de televisión y canciones que nos hacen mucho daño al mostrarnos como objetos sexuales

Violencia de género

Violencia de género

BELÉN ALTUNA 25/11/2009

Desde hace diez años, tal día como hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género. La existencia de la fecha en el calendario internacional y el acuerdo creciente en torno a su denominación son ya hechos significativos. Hasta ahí, reconozcamos que la botella está medio llena: la alarma en torno a la violencia contra las mujeres ha alcanzado un grado de visibilidad y sensibilización social desconocido hasta ahora; la implicación institucional es cada vez mayor y, esperemos, más eficaz en la labor de prevención, atención y concienciación. Lo que no nos impide sentir rabia, impotencia y frustración frente a cada nueva agresión machista, frente a la insuficiencia de las medidas preventivas y punitivas.


Violencia contra las mujeres

Lucha contra el maltrato



La tradición feminista ha sido en general muy consciente del valor de las palabras, de los términos con los que describimos -y fabricamos- el mundo. Ha denunciado las connotaciones sexistas y los velados silencios que pasean tantas expresiones, como ese crimen pasional que, desde los albores del periodismo hasta hace prácticamente dos telediarios, era el nombre común de la ahora denominada violencia de género. Como si esas bajas pasiones asesinas no tuvieran nada que ver con el clima sexista que respiraban -y aún respiran- esos arrebatados criminales.

Precisamente, sería de agradecer que siguiera manteniendo ese exquisito cuidado a la hora de seleccionar sus términos de batalla. Me refiero a la cada vez más usual expresión de terrorismo de género, o terrorismo machista que, sin ir más lejos, la Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano, utiliza en cada comparecencia. Desde esta misma columna, Pedro Ugarte se ha pronunciado en contra de esa confusión "lingüística y moral", mientras que Luisa Etxenike la ha defendido como una forma de exigir más atención, de reclamar los mismos recursos políticos y sociales que los usados en la lucha contra el terrorismo.

Yo creo que hay que cuidar bien las palabras para pensar bien el mundo. Y el terrorismo es otra cosa: "el uso sistemático del asesinato, el daño y la destrucción, o la amenaza de ellos, para crear un clima de terror a fin de dar publicidad a una causa y de intimidar a un sector más amplio para que satisfaga los objetivos de los terroristas" (Paul Wilkinson). Una violencia pública que pretende obtener del gobierno un logro político. Sus víctimas lo son como instrumentos de un mensaje que va dirigido al conjunto de la población, cosa que no ocurre con la violencia de género, cuyas víctimas son los fines directos de sus sangrientos perpetradores. Y puesto que en el caso del terrorismo hay un chantaje político dirigido a todos los ciudadanos, la respuesta social y mediática difícilmente podrá ser la misma.

¿Es que respetar el significado de los términos es hacer de menos a la gravedad de la violencia machista? Rotundamente, no.

martes, 24 de noviembre de 2009

El primer juicio contra acusados de trata

El primer juicio contra acusados de trata

Las víctimas habían sido reclutadas mediante engaños y llevadas a un prostíbulo, de donde escaparon. Los cuatro acusados podrían recibir hasta quince años de prisión, según la ley aprobada el año pasado. El jueves comienza el segundo juicio, en Santa Fe.



Por Mariana Carbajal

Mañana comenzará en la localidad misionera de Eldorado el primer juicio oral y público en el país por trata de mujeres para explotación sexual desde la sanción en abril de 2008 de la ley que tipificó el delito federal. La causa se abrió a partir de la denuncia de dos adolescentes, una de 16 y otra de 18 años, muy pobres, que habían sido reclutadas bajo engaño en Paraguay y llevadas a un prostíbulo en un pequeño pueblo de la zona centro norte de la provincia, de donde lograron escapar. Los imputados son cuatro, dos hombres y dos mujeres, una de ellas, la que regenteaba el burdel. Podrían recibir hasta 15 años de cárcel. Un día después, en Santa Fe, se iniciará otro juicio oral contra una mujer acusada de reclutar adolescentes en barrios marginales de los alrededores de la capital provincial, una de las cuales, de 14 años, permanece desaparecida.

La casualidad quiso que ambos procesos orales –el de Santa Fe será a puertas cerradas– tengan lugar en la semana en que se celebra el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La trata es una expresión de ese flagelo. Los dos casos muestran, de acuerdo con la investigación judicial, cómo operan las mafias que convierten a mujeres jóvenes, a veces, niñas, en esclavas sexuales: las reclutan bajo engaño, las “ablandan” violándolas, las amenazan con lastimar o herir a familiares y las introducen en un sistema de explotación por el cual siempre están en deuda con el proxeneta.


Los cuadernos

El juicio en Misiones estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas. Pero se llevará a cabo a 193 kilómetros de la capital provincial, en la localidad de Eldorado. Los magistrados así lo dispusieron para facilitar la concurrencia de los testigos. Uno de los imputados es Roque González, paraguayo. Está acusado de haber reclutado en Ciudad del Este a dos adolescentes de un barrio muy pobre de esa ciudad paraguaya. Les prometió, según ellas declararon luego, un trabajo como meseras en un bar. El sueldo con el que las tentó muestra claramente la situación de vulnerabilidad social en la que se encontraban: apenas 100 pesos la quincena. Tenían estudios primarios. La instrucción judicial estableció que González las ingresó ilegalmente a la Argentina, en balsa por el río Paraná a la altura de la localidad de Wanda, y allí se las entregó a Carlos Francisco Loureiro y a su pareja, Dora Beatriz Raballo, quienes las llevaron a un local nocturno del pueblo de Andresito, en el centro norte de la provincia, con habilitación municipal como bar pero que funcionaba como prostíbulo. El burdel, de acuerdo con la instrucción judicial, estaba regenteado por Noemí Helfiftaich.

A los pocos minutos de llegar al bar, el 27 de octubre de 2008, las dos adolescentes paraguayas se dieron cuenta de que no iban a servir las mesas sino a los “clientes-prostituyentes”. Un día después, se escaparon. Según contaron, gracias a la ayuda que les dio una pareja, pudieron tomar un micro con la idea de regresar a sus casas. Efectivos de Gendarmería detuvieron el vehículo para hacer un control de rutina, y ellas contaron cómo habían llegado allí: una de ellas no tenía documento. Hicieron la denuncia en el Escuadrón de Gendarmería de Eldorado. Y el 15 de noviembre de 2008 la Justicia ordenó un allanamiento en el burdel: encontraron otras cuatro menores de edad y dos jóvenes de 22 años, que también eran víctimas de la explotación sexual. Del local secuestraron “cuadernos precarios” que daban cuenta de que las mujeres no se quedaban con dinero de los “servicios sexuales” que ofrecían y que cobraban entre 30 y 50 pesos. Siempre estaban en deuda dado que tenían que pagar por la habitación, la comida, el agua y la limpieza del cabaret. “Todo está anotado”, confió a este diario una fuente cercana a la investigación. “Era el sistema para limitar su libertad ambulatoria. Las mujeres no estaban encerradas. Las dejaban salir pero si llegaban tarde les cobraban multas de 30 a 100 pesos. Siempre estaban debiendo dinero”, describió la fuente.

Los cuatro imputados están detenidos. González, Loureiro y Helfiftaich están imputados del delito de trata de menores de edad, que tiene penas que van de 10 a 15 años. A Raballo se la acusa de ser partícipe secundaria. La fiscal ante el Tribunal Oral es Vivian Barbosa. Igual que su par de Santa Fe, Martín Suárez Faisal, cuentan con el asesoramiento de la Unidad Fiscal Especial en materia de trata de personas (Ufase) de la Procuración General de la Nación, a cargo de Marcelo Colombo.


Desaparecida

El jueves empezará el segundo proceso oral por trata de mujeres. El Tribunal Oral Criminal de Santa Fe dispuso que se haga a puertas cerradas porque involucra a una chica de 14 años, pero paradójicamente la adolescente, Carolina F., no declarará porque permanece desaparecida desde principios de este año, cuando se escapó de un hogar del gobierno provincial, la Casa de la Joven, adonde la Justicia había dispuesto su alojamiento. Su nombre y fotografía están en la página web de la organización Missing Children junto a otros “Chicos Perdidos”.

El juicio tiene como única imputada a Julia Núñez, acusada de reclutar a la adolescente en un barrio muy pobre de Coronda y a otra joven, de 19 años, en otro asentamiento del Gran Santa Fe. Núñez sería el primer eslabón de una red de trata que operaría con un prostíbulo de la localidad bonaerense de América, partido de Rivadavia, cerca de Trenque Lauquen.

La investigación se inició en la ciudad de Coronda, el 9 de enero de este año, con la denuncia de la madre de Carolina por búsqueda de paradero de su hija. Después la Justicia encontró indicios para establecer que Núñez se habría presentado en el barrio y la habría convencido para que entregara a la niña, entonces de 13 años, para trabajar como empleada doméstica, a cambio de 400 pesos. Después reclutó a la muchacha de 19 años en Recreo. Según su relato, Núñez la habría llevado a su casa en Santa Fe, donde habría sido violada por un hombre. En rueda de presos lo identificó: señaló a un preso de la cárcel de Las Flores, condenado por homicidio pero con salidas transitorias, a quien finalmente el juez federal Nº 2 Francisco Miño le dictó falta de mérito, aunque sigue siendo investigado. La violación sería parte de un ritual de “ablandamiento” de las víctimas. Luego, la joven habría sido entregada a Juan Ramón “El Pollo” Rojas, quien la habría llevado al cabaret de la localidad bonaerense de América. La muchacha contó que estuvo un día con Carolina en el local. Que a ella también la engañaron porque pensaba que iba a trabajar como empleada doméstica y que la amenazaron con atentar contra su hija de 2 años si no se prostituía.

La segunda joven llegó al burdel en momentos en que en Coronda se denunciaba públicamente la desaparición de Carolina. Por lo que Rojas habría decidido llevar a la niña de vuelta a Santa Fe. El 19 de febrero, Carolina se presentó espontáneamente ante el Juzgado de Menores a cargo de Susana Giordano de Bilicich. No acusó a Rojas. La Justicia dispuso su alojamiento en la Casa de la Joven, de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Santa Fe. De allí se escapó y desde entonces se desconoce su paradero. Rojas estuvo prófugo durante varios meses y recién fue detenido semanas atrás: por esa razón no llega al juicio en este primer proceso. Núñez podría ser condenada a entre 10 y 15 años de prisión, por ser una de las víctimas menor de edad.

domingo, 22 de noviembre de 2009

DE LA TINELLIZACIÍON DEL PAÍS

De la tinellización de la política a la politización de Tinelli

De la tinellización de la política a la politización de Tinelli


Por José Natanson

Hace seis años, Claudio Zeiger escribió en Radar que él no es de esos que no pueden ver Tinelli. Y es que hay, en efecto, una sensibilidad especial, hiperdesarrollada en círculos serios, que huye de Tinelli como de la peste. Yo, como Zeiger, puedo ver Tinelli. Aunque sea sexista y ramplón, repetitivo hasta el hartazgo, desde luego homofóbico, y siempre vuele bajo. Pero no lo neguemos: todos somos un poco Tinelli y Tinelli –como sucede con los gordos en los buffet libres– sabe sacar lo peor de nosotros: Tinelli nos invita a reírnos sin culpa del tonto, del goma, del que cae en la broma pesada, del que tropieza, del que no encuentra las palabras (un ejemplo entre miles: cuando Matías Alé apareció con su nueva y pulposa novia, el coro gritaba desde el off, para que escuchara Graciela Alfano, “¡Cambiaste de modelo, te compraste un 0 kilómetro!”). La novedad es que ahora, rompiendo una larga tradición, Tinelli ha adoptado una posición política: si la política lleva años tinellizándose, ¿se politiza Tinelli? Aunque diga barbaridades, no está de más preguntarse por qué.

“Gran Cuñado”
Tinelli es una creación estrictamente argentina, pero la tinellización de la política –es decir, la difuminación de las fronteras entre política y espectáculo o la adopción por parte de la primera de los códigos y los tics del segundo– no es un invento local: el escritor mexicano Carlos Fuentes acuñó el término “pipolización” (derivado de la revista americana People, modelo de publicaciones estilo Caras o Gente) para referirse a la farandulización de la política. En Argentina, Luis Alberto Quevedo suele recordar a Raúl Alfonsín como el primer presidente que no sólo lanzó una campaña electoral profesional en base a la idea de marca (el óvalo RA), sino también el primero en asistir a programas de televisión no periodísticos. Pero quien dio el gran salto fue Carlos Menem, cuya voluntad rupturista se expresó en muchas cosas, en general negativas, pero también en un desparpajo transgresor en muchos aspectos, no todos malos: primer presidente divorciado, por ejemplo. En todo caso, la de los ‘90 fue la década crucial. Con el lanzamiento a la arena electoral de celebrities mediáticas –de Palito Ortega y Carlos Reutemann a Graciela Fernández Meijide y Aníbal Ibarra–, la línea divisoria política-espectáculo, o política-sociedad civil, terminó de borrarse. Pero no sólo la política, la Argentina en general se tinellizaba. En este contexto, no debería llamar la atención que uno de los ejes de la última campaña electoral haya sido el Gran Cuñado. Más allá de la (exagerada y en todo caso incomprobable) discusión acerca de los efectos electorales del sketch, lo central es que la amplia participación de dirigentes en el show confirmó la complicidad de la clase política con esta tendencia profunda. Néstor Kirchner, que ya había llevado al extremo su amistad con Tinelli invitando a la Casa Rosada al brillante imitador de De la Rúa, concedió una aparición telefónica antes del cierre de la campaña. Pero también Francisco de Narváez brilló con aquello de “Alica, Alicate”. Y para no cargar las tintas sobre Marcelo, digamos que Scioli se expone rutinariamente al maltrato de Mirtha, que los políticos cantan tangos en lo de Susana, que Solá bromea con los noteros de CQC...

Lo que llama la atención, en todo caso, es que dirigentes muy representativos, que han obtenido millones de votos, en algunos casos revalidados electoralmente más de una vez, acepten jugar bajo las reglas de la televisión, legitimando con su presencia y sus chistes forzados la posición de las celebrities sin reparar en el efecto despolitizador que se genera (de entre los grandes líderes nacionales, sólo dos –Cristina Kirchner y Elisa Carrió– han evitado caer en la trampa).

La politización de Marcelo
Pero la gran novedad de estos días es la toma de posición de Tinelli. Su respuesta a las críticas de Cristina –que cuestionó la exhibición de la pobreza en televisión y a quienes se compaceden de los pobres sueltos pero los rechazan cuando están organizados– fue el primer paso de una secuencia de discursos. Siguió el reclamo de justicia, la mención a los derechos humanos, las críticas a Luis D’Elía, la inseguridad.

Hasta aquel momento, Tinelli, aunque tenía, por supuesto, sus simpatías, había evitado astutamente jugarse de lleno, logrando mantenerse siempre al margen de la disputa política cotidiana. Ahora, en cambio, recoge el guante de la antipolítica y lo lanza contra el oficialismo.

Como señalamos en otra oportunidad, la antipolítica es una tendencia mundial que en la Argentina tiene profundas y pluriideológicas raíces: hay una antipolítica originaria de izquierda, inspirada en las corrientes inmigratorias del siglo pasado, sobre todo anarquistas, que portaban un rechazo genético a la autoridad debido a las experiencias autoritarias en sus países de origen (Italia, España, Polonia); hay una antipolítica católico-integrista, según la cual la religión debería guiar y orientar a la política; hay, aunque a los peronistas no les guste, una antipolítica populista, de afán movimientista y negación del otro (usualmente la oligarquía); y hay finalmente una antipolítica noventista, liberal-tecnocrática, de administración y gestión de las cosas y negación del conflicto bajo la ilusión de la racionalidad técnica. Todo esto potenciado, en la Argentina, por el silogismo que Moisés Naím inventó para Venezuela pero que se aplica perfectamente a la realidad local: “Argentina es un país rico, yo soy pobre, luego alguien se robó mi dinero”.

Pero lo interesante es que la antipolítica es, a esta altura, parte constitutiva de la clase política, y no sólo un recurso fácil de los conductores televisivos. La complicidad de los políticos con Mirta o Tinelli, aunque comprensible en términos electorales, genera un efecto pernicioso para el conjunto, al que degrada como un todo. Y aunque sería absurdo sobreinterpretar las declaraciones de Tinelli como parte de un plan premeditado para destruir al Gobierno, y mucho menos como el origen de una futura candidatura (el creador del Dinosaurio Bernardo parece demasiado inteligente para eso), cabe preguntarse por qué decidió hablar.

En las mesas de novedades
Aunque se venía cocinando desde el comienzo, en los últimos dos o tres años el clima anti–K se ha ido afianzando hasta alcanzar el punto caramelo durante el conflicto por el campo. Tras su derrota en las elecciones de junio, el Gobierno ha conseguido una serie de triunfos políticos inesperados –la ley de medios es el más notable– que le permitieron consolidar su (minoritaria) base de apoyo, solidificarla, aunque al costo de afianzar un núcleo de rechazo no menos intenso, tal como suele suceder en contextos políticos polarizados (minorías intensas en uno y otro extremo y un centro que se manifiesta cada vez más cansado del conflicto y clama por consenso y serenidad: Julio Cobos como paradigma).

La existencia de este sector anti-K es fácilmente comprobable, por ejemplo recorriendo las librerías. Como se sabe, desde hace ya varios años que la industria editorial, al menos en su vertiente más comercial, ha ingresado de lleno a los mercados del capitalismo, con los libros convertidos en vehículos para el consumo de masas y los autores en estrellas mediáticas. Las grandes editoriales, dominadas por holdings globalizados, integrados plenamente a los circuitos de la industria del entretenimiento y dependientes de casas matrices situadas en el Primer Mundo, son verdaderas industrias masivas, muy atentas a los climas del mercado y capaces de detectar, por supuesto antes que los sociólogos, los humores de la sociedad. Ultimamente apuestan a los libros anti-kirchneristas, presuntos desnudadores de los secretos del régimen: El poskirchnernismo, de Mariano Grondona; La política de la desmesura, de Joaquín Morales Solá; El Dueño, de Luis Majul, o Patria o Medios, de Edi Zunino, entre tantos otros.

Y como Tinelli no es un creador sino un interpretador de tendencias sociales, se limita a surfear sobre una ola anti–K construida previamente. Pero, ¿por qué eligió la inseguridad –y no las relaciones exteriores o la inflación– como eje de su discurso? Gabriel Kessler, el investigador que con más inteligencia ha trabajado el tema, explicó en marzo a Página/12 que, como la inseguridad puede tocarle a cualquiera, todos se sienten habilitados a plantear soluciones (el caso de Juan Carlos Blumberg, de víctima convertido en especialista, es el más conocido, pero el ejemplo se repite entre los miles de vecinos entrevistados diariamente por los movileros: “Acá lo que hay que hacer...”). Con la inseguridad pasa como con la inflación en los ’80 (todos tenían una respuesta) o con el fútbol en los mundiales (cualquiera puede ser director técnico). Lo nuevo –agrega Kessler– es la idea de que nadie está haciendo nada, peligrosa en la medida en que alimenta una sensación de falta de control que puede derivar en respuestas equivocadas.

La inseguridad como problema
La cuestión es cómo asumir políticamente el problema de la inseguridad desde un enfoque progresista. El Gobierno ha sido renuente a hacerlo por una serie de motivos. En primer lugar, como resultado del diagnóstico simplista de considerar a la inseguridad como un subproducto automático de la desigualdad, de lo que se deriva –como señala el investigador brasileño Marcos Rolim en La seguridad como desafío moderno a los derechos humanos– la inmovilizadora tesis de que hasta que no se acabe la segunda no tiene sentido ocuparse de la primera. A ello se agregan otros factores, como el natural rechazo de las corrientes progresistas a utilizar la represión legítima debido a la alergia que le produce el contacto con un policía o un gendarme a cualquiera que haya sufrido la acción de la dictadura, lo que ha generado una notable falta de capacidad de gestión sobre el tema (con excepciones contadísimas, como Marcelo Saín). Finalmente, está el argumento de que la impunidad de los crímenes de la dictadura y la falta de castigo de los delitos de guante blanco, sobre todo la corrupción, alimentan la inseguridad. Y si por un lado es posible que la falta de justicia haya generado un contexto social afín al delito, la interpretación parece un poco forzada: en otras palabras, no parece fácil encontrar una correlación directa entre la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final y la industria de los secuestros, o entre los indultos y los desarmaderos de autos o entre Antonini Wilson y los arrebatos en el subte (si fuera así, la recuperación de la ESMA debería haber generado una baja automática de los índices de homicidios).

Ninguno de estos argumentos es suficiente. Desde luego, la inseguridad es un fenómeno estructural, comprobable en otras latitudes, vinculado con la desestructuración social de los ’90, el desmantelamiento del modelo de bienestar y la individualización y despersonalización de las relaciones sociales. Está, como señala el sociólogo Marco Aurelio Nogueira, en la base de la “sociedad del riesgo”, en la que todo –el empleo, el vínculo matrimonial, la propia vida– se encuentra en estado de amenaza permanente. Pero que esto sea así no implica que el Gobierno deba resginarse a ceder el tema al populismo penal de derecha. La modificación de las contravenciones propuesta por Daniel Scioli es una peligrosa señal de lo que puede venir.

sábado, 21 de noviembre de 2009

Fuerte apoyo al proyecto de ley de Salud Mental

Fuerte apoyo al proyecto de ley de Salud Mental

Organizaciones sociales, profesionales, organismos de Derechos Humanos y ONG's, entre otros, manifestaron su apoyo al proyecto de ley de Salud Mental sancionado por unanimidad en la Cámara de Diputados en octubre pasado y que espera ser debatido en la Cámara Alta.

Se espera la sanción del Senado. Organizaciones sociales, profesionales, organismos de Derechos Humanos y ONG's, entre otros, manifestaron su apoyo al proyecto de ley de Salud Mental sancionado por unanimidad en la Cámara de Diputados en octubre pasado y que espera ser debatido en la Cámara alta.

La iniciativa considera los principios de las Naciones Unidas "para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental" y propone una "reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud mental".

Además, el proyecto se enmarca en la "necesidad de avanzar en una legislación nacional que consolide el cuidado en salud mental como un derecho humano fundamental para todas las personas, en concordancia con normativas de referencia".

Algunos de los ejes que incluye la normativa son la problemática de las internaciones involuntarias, la situación y declaración de incapacidad de personas con padecimiento mental, el contexto de las instituciones monovalentes y el abordaje interdisciplinario que debe atravesar las diferentes intervenciones en este campo.

En ese sentido, Adolfo Pérez Esquivel, Secretaría de DDHH de la Nación, CELS, APDH, SERPAJ, Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo), Marta Vázquez (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Espacio Carta Abierta; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Buscarita Roa (Abuelas de Plaza de Mayo), entre otros, apoyan la sanción de la ley.

En un comunicado advierten la necesidad del "derecho a recibir atención integral de la salud mental" porque es una cuestión de Derechos Humanos.

"Las organizaciones firmantes celebramos la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de salud mental impulsado por el diputado Leonardo Gorbacz, acompañado con la firma de diputados de distintas fuerzas políticas", agrega el texto.

"El actual proyecto es el resultado de un proceso de intercambios, consensos, discusiones, errores y aprendizajes, transitado a lo largo de los últimos tres años con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con el ámbito académico de diversas Universidades, con Direcciones de Salud Mental de varias Provincias, con instituciones de Salud Mental, con servicios públicos de Salud Mental, con organizaciones de usuarios y de familiares, con organizaciones sociales, con miembros del Poder Judicial", concluye el comunicado.

"Por lo antedicho, apoyamos la promulgación de esta ley e instamos a los Senadores y Senadoras nacionales a sancionarla con la premura e importancia que merece".

viernes, 20 de noviembre de 2009

“Hacen aparecer a los chicos como criminales”

“Hacen aparecer a los chicos como criminales”

La experta vino al país para ver el cumplimiento de la Convención por los Derechos del Niño, a veinte años de su sanción. Cuestiona la estigmatización de los jóvenes, reclama la sanción de una ley penal juvenil y propone políticas preventivas.

Por Mariana Carbajal

“La mayor parte de los problemas que tienen los chicos con la ley penal son infracciones menores, pero los hacen aparecer como los grandes criminales”, advierte Susana Villarán. Es peruana, especialista en seguridad ciudadana, activista por los derechos humanos e integrante del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Villarán vino a la Argentina en visita no oficial para ver el cumplimiento en el país de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al cumplirse 20 años de su aprobación en el seno de la ONU. En una entrevista con Página/12, señaló las principales asignaturas pendientes, entre ellas la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, y describió experiencias exitosas de reducción de la participación adolescente en el delito. “Los gobiernos locales son los que tienen que trabajar en esto, abriendo casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema”, recomendó.

Villarán estuvo con niños, niñas y adolescentes del conurbano en un acto en la Cancillería y también viajó hasta Jujuy para encontrarse con chicos migrantes bolivianos. Llegó a Buenos Aires invitada por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia y Save the Children, entre otras organizaciones de la sociedad civil, en el marco del vigésimo aniversario de la CIDN, que se celebra hoy. “Por un lado estamos festejando, pero es una conmemoración que nos trae a la mesa en cada país cuáles han sido las recomendaciones del Comité al Estado para el efectivo disfrute de los derechos de niños y niñas”, señaló Villarán. Las últimas recomendaciones a la Argentina fueron realizadas en 2002. Actualmente, el Gobierno ya presentó un nuevo informe oficial, que será contrastado con un informe alternativo elaborado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG especializadas. En junio la situación argentina será analizada en una sesión del Comité, en Ginebra.

Villarán es, además, presidenta del Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC) en el Perú e integrante del Advisory Board of the Academy on Human Rights and Humanitarian Law at American University’s Washington College of Law. Y feminista.

No es la primera vez que viene a Buenos Aires. Está impactada por el estado de salud de Rubén Carballo, el adolescente de 17 años que quedó en coma tras concurrir a un recital de Viejas Locas donde hubo represión policial (ver página 19). “El Comité de Derechos del Niño hizo una recomendación muy clara en este aspecto: se debe capacitar a la policía, investigar y sancionar los casos de violencia institucional. Donde hay impunidad, hay repetición crónica”, advirtió.

–¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Argentina en materia de niñez?

–Hay problemas estructurales que se arrastran desde la época de la última dictadura militar. Por ejemplo, la Justicia penal juvenil. La norma vigente no contempla las garantías mínimas que debe tener todo niño o niña cuando comete infracciones. En ese sentido, el Comité, en su informe de 2002, planteó una profunda preocupación.

–Hay un proyecto consensuado en el Senado, que fue aprobado en general y podría tratarse la semana próxima en particular. Establece la privación de libertad como último recurso y en el caso de delitos gravísimos, pero baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

–En su observación general Nº 10 sobre justicia penal, el Comité plantea una edad mínima de 12 años. Pero inmediatamente aclara que no quiere decir que los Estados en los que esté fijada en 16 o 18 años puedan reducirla. La posición oficial del Comité es no bajarla. Por muchas razones: porque los niños y niñas requieren de una protección integral de medidas alternativas a la privación de libertad, socioeducativas, de justicia restaurativa, diversas medidas que están dando resultados espectaculares en el sentido de que los infractores no reinciden.

–¿En qué consiste la justicia restaurativa?

–Es una nueva filosofía cuando se habla de niñas y niños que infringen la ley. Consiste en poner mucho acento en la prevención, en lo comunitario, en la familia y en la escuela, es decir, evitar que el niño que está en riesgo de cometer un delito lo cometa. Aclaro que se es niño hasta los 18 años, independientemente de lo que diga la ley. Si comete una infracción, en justicia restaurativa el niño puede, por un lado, asumir su responsabilidad, que es lo que todos queremos para dejar de lado esa sensación de impunidad, y por otro, reparar a la víctima, pero no es castigado con la privación de la libertad sino a través de una serie de medidas como servicios comunitarios o educativos. La mayor parte de los problemas que tienen los chicos son infracciones menores y los hacen aparecer como los grandes criminales. La participación de los niños en los homicidios, las violaciones y los secuestros es minoritaria. Pero la percepción ciudadana es que la gran mayoría de los crímenes en las calles es cometida por chicos y chicas. Entonces, hay una criminalización de los niños y una consecuente política de represión contra ellos, un llamado a bajar la edad de responsabilidad penal y a abrir más cárceles para privarlos de la libertad. Esta es la perspectiva que vemos.

–Hizo una radiografía de lo que sucede cada vez que hay un hecho violento que los medios de comunicación masiva se encargan de amplificar.

–Es una tendencia regional. En Centroamérica, donde están las maras y donde hay una actividad delictiva mayor y más letal, sigue siendo una minoría de niños los que infringen de manera severa la ley penal. ¡Qué cosa! Como no somos capaces de darles oportunidades, como nos dan tanto miedo, los castigamos. La sociedad no se reconoce en ellos, no se reconoce en sus hijos. ¿Cuántos niños existen privados de su libertad que no han cometido ninguna infracción sino que están en una situación de desventaja social por discriminación, por pobreza, por exclusión? Hay muchísimos en Buenos Aires y en el resto del territorio argentino.

–¿Cómo se debe trabajar desde la prevención?

–Una de las recomendaciones del Comité a la Argentina es clarísima: estudiar el problema de la violencia doméstica, extender el registro de casos, que se judicialicen con apoyo especial a los niños víctimas. El tema de las familias violentas, expulsoras, requiere de políticas sociales de prevención y de atención y recuperación de las víctimas. Otro problema es el de la educación: la escuela no retiene a los niños, ha bajado su calidad, los aburre y no les da respuestas a las preguntas que se están haciendo, que tienen que ver con la generación de oportunidades. Los gobiernos locales tienen que abrir casas de juventud, con políticas recreacionales, culturales, grafitteros, para hablar el lenguaje de los jóvenes a través de propuestas creativas, donde ellos se sientan parte de la solución y no siempre el problema.

–¿Hay experiencias exitosas?

–La recuperación de espacios públicos, bien iluminados, para los niños, adolescentes y jóvenes en Medellín y Bogotá ha sido fundamental. Otras medidas importantes consisten en iluminar las calles para evitar el riesgo y también prevenir la microcomercialización de drogas. Luego, darles oportunidades para que se expresen en todas esas formas de voluntariado social que son tan importantes y que los jóvenes están buscando y nadie se las ofrece. Son iniciativas que, está medido, bajan la criminalidad.

–¿Se está considerando a los niños y niñas sujetos de derecho como marca la Convención?

–Es la gran pregunta a 20 años de su aprobación. Se ha abierto una gran conciencia de que los niños tienen derechos. Y los niños están crecientemente tomándolo en serio. En el Comité tenemos el privilegio de ver en distintos países organizaciones de niños, niñas y adolescentes que promueven y defienden sus derechos en la escuela, en los barrios. Este ha sido el cambio más importante.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

martes, 17 de noviembre de 2009

Los pobres tendrán que esperar

Los pobres tendrán que esperar

La declaración final decepcionó porque es sólo un compendio de buenas intenciones donde se comprometen a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, pero sin estipular cuántos fondos invertirán ni en qué plazos piensan obtener resultados.


La crisis económica mundial elevó el número de pobres de 850 a 1020 millones en apenas un año. En este nuevo contexto, la cumbre de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que se realizó ayer en Roma, era esperada con expectativa por los analistas para ver qué acciones tomarían sus países miembro en la lucha contra el hambre en el mundo. Sin embargo, la declaración final del encuentro decepcionó porque es sólo un compendio de buenas intenciones donde se comprometen a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, pero sin estipular cuántos fondos invertirán ni en qué plazos piensan obtener resultados.

“Nos comprometemos para que deje inmediatamente de aumentar –y se reduzca considerablemente– el número de personas que sufren a causa del hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria”, dice el documento final que motivó la reacción de los países más pobres. La ausencia de fondos adicionales para combatir el hambre es notable si se tiene en cuenta que la FAO calcula que se necesitan inversiones por 44.000 millones de dólares al año para reactivar el sector de la agricultura. Se trata de un dinero indispensable para alimentar a los más de 9000 millones de habitantes que tendrá el planeta en el 2050. “No estoy satisfecho con el resultado, ya que no hay un compromiso sobre la fecha, ni sobre los fondos ni las condiciones para combatir el hambre”, declaró el director general de la FAO, el senegalés Jacques Diouf.

“Así como el mundo fue capaz de gastar trillones de dólares para evitar el desplome económico, ahora es necesario un esfuerzo similar para evitar un desplome social”, aseguró ayer la presidenta chilena, Michelle Bachelet, quien manifestó su malestar por los resultados obtenidos en la cumbre, al igual que el primer mandatario de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, que también participó del encuentro. En lo que respecta a los países del G-8, sólo el jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, estuvo presente en su carácter de anfitrión, lo que dejó en evidencia el escaso compromiso que despierta ese espacio entre las naciones más ricas. Sólo hubo 60 jefes de Estado de los 193 países miembro de la FAO.

También participó del encuentro el papa Benedicto XVI, quien criticó la creciente especulación en el mercado de los alimentos. “Persisten modelos alimentarios dominados por el egoísmo, lo que ha consentido la especulación en el mercado de los cereales, donde el alimento es considerado como una mera mercancía”, afirmó el Papa. “La convocatoria de esta cumbre demuestra que los mecanismos actuales para lograr la seguridad alimentaria son frágiles y que es necesario revisarlos”, agregó. El jefe de la Iglesia Católica cuestionó además el hecho de que el hambre sea considerada como un fenómeno “estructural, parte integrante de la realidad socio-política de los países débiles, visto con resignación y hasta con indiferencia”. Benedicto XVI criticó también “las subvenciones” que otorgan los países ricos a sus productos y pidió que “el acceso al mercado internacional de los productos provenientes de los países pobres sea favorecido” como medida para combatir el hambre.

Entre los más indignados con los escasos resultados de la cumbre y la indiferencia de los países industrializados fueron los movimientos antiglobalización y los organismos no gubernamentales reunidos en una cumbre paralela frente a la sede del organismo de Naciones Unidas. “Reuniones y más reuniones y nunca resultados”, protestó el ingeniero mexicano Olegario Carrillo Meza, de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca).

“Hay serias amenazas que se ciernen sobre las personas más pobres. La recuperación de la economía está volviendo a elevar los precios de los alimentos. El cambio climático es una amenaza inmensa para los campesinos. Y los 20.000 millones de dólares prometidos para la agricultura por el G-8 en julio pueden convertirse en un espejismo. No podemos permitirnos otra noble derrota”, sostuvo Gawain Kripke de Oxfam International, una organización internacional para la promoción del desarrollo. “Nadie pone en cuestión el modelo agro-industrial que impera en el mundo, que favorece a las multinacionales que sacan a los campesinos de sus tierras”, agregó Andrea Ferrante, presidente de la Asociación Italiana para la Agricultura Biológica.

domingo, 15 de noviembre de 2009

El suicidio de la cultura nazca

El suicidio de la cultura nazca

El misterioso pueblo preincaico que sembró Perú de geoglifos gigantes desapareció víctima de su propia deforestación
JAIME CORDERO



'El suicidio de la cultura nazca' es un reportaje del suplemento Domingo

Aunque nunca fue un imperio, la cultura nazca, que floreció en Perú más de mil años antes que la inca, tiene fama por derecho propio. Los enormes geoglifos que dejaron los nazca en las pampas desérticas del mismo nombre, y que sólo se pueden apreciar plenamente desde una avioneta que los sobrevuele, causan al visitante una mezcla de admiración y misticismo. No ha faltado quien ha sugerido que en realidad son obra de extraterrestres. Lo cierto es que siguen siendo un misterio que intriga a los investigadores, igual que la súbita desaparición de la civilización, alrededor del año 500 después de Cristo. En realidad, se cree que un fuerte fenómeno de El Niño causó severas inundaciones y desencadenó la decadencia de los nazca; pero un reciente estudio sugiere que éstos también tuvieron parte de responsabilidad en lo que bien podría considerarse una de las primeras catástrofes ecológicas causadas por la mano del hombre.


Los nazca causaron la desertización de sus suelos al talar los bosques para aumentar las áreas de cultivo
La investigación, encabezada por David Beresford-Jones, del Instituto de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge y reseñada recientemente por la revista Nature, sostiene que si los nazca -que eran notables ingenieros hidráulicos- sucumbieron por los deslizamientos e inundaciones provocadas por el fenómeno de El Niño fue porque ellos mismos debilitaron sus suelos al talar extensos bosques, principalmente de huarango -un árbol que puede vivir más de mil años y es clave en su ecosistema-, para dedicar el terreno a cultivos agrícolas. "Siempre se ha recurrido a dramáticos fenómenos climáticos para explicar los cambios culturales en los Andes", señala Beresford-Jones en Nature. "Pero esto no se sostiene, si nos basamos en lo que sabemos sobre la cultura humana. Se da la imagen de una cultura estática, golpeada por acontecimientos sobre los que no tiene control. Los nativos americanos no siempre vivieron en armonía con su entorno".

Mediante simulaciones hechas con ordenador, los investigadores muestran que las fuertes lluvias e inundaciones de un Niño severo -como el que efectivamente golpeó la costa peruana en ese tiempo, de acuerdo con los vestigios arqueológicos encontrados en la zona- podrían haber causado graves daños al complejo sistema de canales creados por los nazca para irrigar sus cultivos. Si los efectos fueron devastadores fue porque, al talar los bosques, los nazca eliminaron el complejo sistema de raíces que mantenía firme el suelo de sus valles. "Cuando El Niño llegó, se llevó consigo el suelo de la planicie, debido a que éste ya no era sostenido por el bosque. Esto causó la erosión y volvió inservibles los sistemas de irrigación", explica Beresford-Jones. Para corroborar esta tesis, Alex Chepstow-Lusty, paleoecólogo que trabaja en el Instituto Francés de Estudios Andinos, analizó muestras de polen de uno de los valles. El resultado dejaba claro que, mientras que los vestigios más antiguos correspondían a árboles como el huarango, las muestras posteriores pertenecían a cultivos como el maíz y el algodón. Después hay un cambio dramático: los sembrados desaparecen y son reemplazados por la mala hierba, la evidencia del desastre natural. Ésta finalmente también desapareció y dejó el terreno como está en la actualidad: convertido en un desierto.

A juzgar por lo que se puede ver hoy día en la región costera de Ica, de poco sirvió la experiencia de los nazca, porque la devastación de los bosques secos continúa hasta nuestros días y ha llevado al huarango al borde de la extinción. Los oasis de huarango que consignaron los primeros colonizadores españoles en sus crónicas, mil años posteriores al desastre de los nazca, ya no existen. El árbol es ahora derribado en minutos para convertir su madera en carbón, pese a que su tala ha sido prohibida por una ley regional. Según explica Consuelo Borda, que trabaja en un proyecto de reforestación que busca salvar los escasos reductos de huarango que aún sobreviven, el 99% de la población original de huarangos en Ica ha desaparecido. "Antes, hace unas décadas, podías encontrar huarangos incluso en el centro de la ciudad y en las acequias de las afueras; ahora se ha depredado tanto que los últimos reductos de bosque están en algunas dunas en el desierto". El huarango es clave en Ica, y no sólo por ser un árbol emblemático de la región, sino también porque su capacidad de adaptarse incluso en los suelos más hostiles ayuda a mantener a raya al desierto. Sus raíces son capaces de penetrar varios metros en el subsuelo hasta llegar a la capa freática; sus hojas atrapan la humedad que proviene del mar y, además, convertidas en hojarasca, se transforman en un importante fertilizante conocido como poña; y su fruto, la huaranga, puede consumirse directamente o convertirse en harina para elaborar otros productos. "Tres años después de sembrado, el huarango empieza a dar sus primeros frutos y puede ser una fuente de ingresos para las familias", indica Consuelo Borda.

El proyecto de reforestación, en el que también participan las ONG Asociación para la Niñez y su Ambiente, de Perú, y Trees for Cities, del Reino Unido, ha sembrado hasta el momento cerca de 20.000 huarangos en Ica, y también maneja una concesión forestal de unas 120 hectáreas en Usaca, cerca de la actual ciudad de Nazca. Pero, según Borda, el trabajo va más allá de sólo sembrar nuevos árboles: es necesario educar a la población para que aprecie sus virtudes y los defienda de los carboneros. El trabajo empieza capacitando a la gente para que utilice otros árboles, como el espino -que es capaz de regenerarse con rapidez-, para obtener leña. "Nosotros no plantamos un árbol así no más", añade Borda. "Primero capacitamos a la gente, luego sembramos con ellos". El trabajo empieza con los más pequeños, a los que se les enseña el valor del árbol. Aunque han pasado cerca de 1.500 años desde la catástrofe ecológica de los nazca, quizá sus descendientes aún estén a tiempo de aprender la lección.

A 10 años de Seattle

A 10 años de Seattle


Emir Sader
La Jornada


Pareció un rayo en el cielo azul aquel espectáculo sensacional en que se transformó lo que debería haber sido un show mediático más del Consenso de Washington, una nueva cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en una de las ciudades símbolo de la posmodernidad: Seattle.

La reunión no se pudo realizar, y se vio a los ministros correr por las calles para ver si conseguían regresar a sus hoteles –entre ellos Pedro Malán (ministro de Economía de Brasil), figurita en ese tipo de actos. En cuanto a la gente, convocada por Internet, no se sabía de dónde salía, pero ocupaba plazas, calles, hoteles, salas de junta, estaciones del metro, protagonizando la primera gran manifestación global contra el pensamiento único y el Consenso de Washington.

No era un rayo en el cielo azul para quienes habían constatado que entremezclados con la aparente pax neoliberal existían malestares que la globalización iba produciendo. Es cierto que los gobiernos que mejor la representaron y practicaron se relegían –Fernando Henrique Cardoso, Alberto Fujimori, Carlos Menem– después de que lo hicieran Reagan y Thatcher, seguidos por Clinton y Blair. Pero al mismo tiempo se estaban agotando. Las crisis financieras –típicas del neoliberalismo– se extendían por América Latina, el sudeste asiático, Rusia.

Hugo Chávez había sido elegido un año antes. La economía brasileña enfrentaba otra crisis, lo que llevó al gobierno de Cardoso a elevar la tasa de interés al 48 por ciento y empujar al país hacia una prolongada recesión. Existían señales claras de que la economía argentina se estaba aproximando a la explosión de una bomba de relojería instalada por Menem con la paridad artificial entre el peso y el dólar. México se venía recuperando con dificultades de la crisis de 1994.

Desde que los zapatistas habían lanzado su grito contra la globalización neoliberal, en 1994, las acciones populares se fueron sucediendo, entre ellas las extraordinarias marchas de los Trabajadores sin Tierra en Brasil, mientras las luchas de los movimientos indígenas en Perú, Bolivia y Ecuador se extendían, anunciando nuevos ciclos de movilización como resistencia popular al neoliberalismo.

Ignacio Ramonet había publicado su famoso editorial en Le Monde Diplomatique de Francia, convocando a la lucha contra el pensamiento único. ATTAC (1) surgía como un nuevo tipo de movimiento, de lucha por la fiscalización del capital financiero para promover políticas para la ciudadanía, con el lema Lo esencial no tiene precio.

Se inició, con Seattle, un nuevo ciclo de movilizaciones populares que, al enlazarse con el surgimiento del Foro Social Mundial, extendió sus acciones contra la OMC por Europa, Asia, América Latina, desembocando –en otra vertiente– en las mayores y ya conocidas manifestaciones contra la guerrra en Iraq, en 2003.

Desde entonces, la lucha por la superación del neoliberalismo ganó nuevas formas, más avanzadas, pasando de la protesta y la resistencia a la derrota de los regímenes neoliberales y al inicio del ciclo actual –latinoamericano– de construcción de gobiernos posneoliberales. A su victoria contribuyeron decisivamente las luchas de Seattle y aquellas que en el continente frenaron los procesos de privatización, como los movimientos indígenas y de ciudadanos en Bolivia y Ecuador.

Podemos decir que este renovado escenario es heredero de las luchas de resistencia de la década de 1990 y, en particular, de las espectaculares manifestaciones de Seattle, que marcaron el fin de la luna de miel neoliberal y el comienzo de la construcción de otro mundo posible, el del posneoliberalismo latinoamericano.

Nota:


(1) Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC), fundada en Francia en 1998; exige la aplicación de un canon a las transacciones financieras internacionales para acotar la volatilidad de los mercados de capitales. El editorial de Ignacio Ramonet demandaba la aplicación de la tasa Tobin y la creación de un grupo en pro de la aplicación de la referida contribución (N. del T.).

Emir Sader. Secretario ejecutivo de Clacso.

Traducción: Ruben Montedónico.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=opinion&article=022a1mun

viernes, 13 de noviembre de 2009

Cómo evitar las muertes evitables

Cómo evitar las muertes evitables

Una serie de entidades médicas y científicas, junto con Unicef y la OPS, constituyeron una alianza para instalar en la agenda política el problema de las muertes de madres, recién nacidos y niños. Gisela Pardo, un caso emblemático.

Por Mariana Carbajal

Gisela Pardo murió en Mendoza a pocos días de parir su tercera hija. Tenía 24 años y la ilusión de ver crecer a su prole. Una infección que no fue atendida a tiempo en el Hospital de Malargüe la sumó a la larga lista de mujeres que mueren en la Argentina por causas evitables, vinculadas con la gestación. “La muerte de Gisela era evitable con una buena atención en el parto y una buena evaluación durante el puerperio”, reconoció Mirella Puzollo, jefa del Departamento de Obstetricia del Ministerio de Salud de Mendoza. El caso es emblemático: deja en evidencia fallas en el sistema de salud que impiden la reducción de las elevadas tasas de mortalidad materna e infantil en el país. El Hospital de Malargüe no cuenta con terapia intensiva ni banco de sangre, tiene un laboratorio, pero carece de un bioquímico que analice las muestras, describió Puzollo. Con el objetivo de instalar en la agenda política esta problemática, en un hecho inédito en el país, entidades médicas y científicas junto con Unicef y la OPS constituyeron la Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño (Asumen), que hoy se presentará en sociedad.

Es llamativo, pero todavía el Ministerio de Salud no dio a conocer las estadísticas de mortalidad materna ni infantil correspondientes a 2008. Los últimos datos son de 2007. Ese año se registraron 44 muertes de mujeres relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio cada 100 mil nacidos vivos. Uno de los fallecimientos fue el de Gisela, que ocurrió en mayo de 2007, a los pocos días de dar a luz a Camila. “Casi un tercio de la mortalidad de mujeres por gestación se debe a consecuencias de abortos inseguros, realizados con métodos precarios”, apuntó la investigadora Mariana Romero, del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), una de las instituciones académicas que integran Asumen. La mortalidad infantil, en tanto, en 2007 fue de 13,3 menores de un año cada 1000 nacidos vivos. Ese año fallecieron 9300 chicos de menos de un año. Si se toma a los niños menores de 5 años, la MI ascendió a 15,6 por 1000: en 2007 fallecieron 1612 chicos de 1 a 4 años. “El 60 por ciento son muertes evitables”, indicó Bernardo Chomski, coordinador de la jornada que hoy realiza Asumen para analizar el problema, y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, una de las entidades médicas que forman esta alianza. Chomski, ya jubilado, fue jefe de Neonatología y de la División Pediatría del Hospital Argerich.

En diálogo con Página/12, explicó el surgimiento de Asumen: “Estamos preocupados por el lento descenso que viene teniendo la mortalidad materna e infantil. La Argentina asumió el compromiso de reducir ambos indicadores para 2015 en el marco de los Objetivos del Milenio (ODM). A este ritmo es difícil que alcance las metas. Aunque si las cosas se hacen bien, se podrían cumplir”, opinó. Bajar la MM a 13 por 100 mil nacidos vivos y la infantil a 8,5 cada 1000 nacidos vivos, son los ODM asumidos por el gobierno ante la ONU. En las últimas dos décadas, la MM se mantuvo casi estable. En 2007, la MI experimentó un aumento (en 2006 había sido de 12,9) y se cortó una tendencia histórica hacia la baja, que sólo se había alterado luego de la crisis de 2001. La Argentina tuvo el descenso de la mortalidad materno-infantil más lento y problemático de la región, según analizan en Unicef.

Maternidades
En Asumen evalúan que uno de los problemas para bajar ambos indicadores está vinculado con el sistema sanitario. “Hay una enorme dispersión de recursos humanos y tecnológicos, lo que hace que la atención sea ineficiente. Proponemos la regionalización y la concentración”, señaló Chomski. Como ejemplo, mencionó el elevado número de maternidades públicas que existe en el país que atienden una muy baja cantidad de partos cada año. “De un total de 989 maternidades, el 78 por ciento atiende menos de 500 partos anuales. Está estudiado que para que una maternidad resulte eficiente tiene que atender un promedio de 4 mil a 5 mil partos al año. Esa cantidad de pacientes hace que la inversión resulte eficiente. Con tanta dispersión no podemos concentrar recursos altamente calificados para atender los cuadros graves”, consideró. Hoy serán analizadas las causas que contribuyen a mantener las tasas altas en el encuentro que tendrá lugar en el Centro de Docencia y Capacitación Pediátrica Carlos Gianantonio. Participarán representantes de todas las instituciones que integran Asumen, entre ellas la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Argentina de Perinatología, la Federación Argentina de Enfermería, la Federación de Obstétricas de la República Argentina, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, Cedes, la Organización Panamericana de la Salud y Unicef.

Atención tardía
Gisela era ama de casa. Vivía con su pareja, Pablo, y sus dos hijas, en un departamento en el fondo de la casa de sus suegros, en Malargüe. En su historia clínica dice que tenía primaria completa. El embarazo de su tercera hija, Camila, lo controló en una sala de atención primaria. Pero el parto, como el de sus otras hijas, lo tuvo en el Hospital de Malargüe. Camila nació el 17 de mayo de 2007. Fue un jueves. El sábado le dieron el alta. “Gisela volvió a su casa y se empezó a sentir mal. Aparentemente le habían quedado unos restos de placenta en el útero. Le dio fiebre”, recordó su hermana, Jessica, de 33 años. Dice que consultó en la salita, donde le hicieron algunos estudios. Recién una semana después la mandaron a internar al hospital, con síntomas de infección. “Tenía tos y dificultades para respirar”, siguió Je-ssica. El cuadro –recordó– se agravó hasta que decidieron hacerle un legrado en el que le perforaron el útero. “Sufrió un paro cardiorrespiratorio y la trasladaron al Hospital Schestakow de San Rafael. La internaron en la terapia intensiva con una infección avanzada. Los médicos decidieron extirparle el útero y, luego de la intervención, murió por una falla multiorgánica”, detalló. El Schestakow es un centro de alta complejidad: es el hospital para derivaciones más cercano a Malargüe. Está a dos horas de viaje en ambulancia. El Hospital de Malargüe atiende un promedio de 400 partos al año. No siempre tiene anestesistas o médicos pediatras, comentó Puzollo, quien se desempeñaba como jefa de Area de Obstetricia del Schestakow en 2007. “La muerte de Gisela era una muerte evitable con una buena atención en el parto y una buena evaluación durante el puerperio”, consideró la jefa del Departamento de Obstetricia del Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza.

La especialista en Salud de Unicef, Zulma Ortiz, comentó: “Podríamos quedarnos con la idea de que el legrado provocó la muerte de Gisela, pero esa mirada sería muy simplista e ignoraría que ninguna intervención por sí sola puede abordar la diversa gama de causas de muerte materna, y que se requiere una multiplicidad de intervenciones. Pero, claro, que estén disponibles en tiempo y en forma. No podemos transmitir a la sociedad el mensaje erróneo de mala praxis o inadecuada atención. Se trata de entender de que en la medida en que no se garanticen estas condiciones, es mejor no contar con un servicio que luego no podrá resolver el problema”.

martes, 10 de noviembre de 2009

De eso no se habla, y menos en un diario

De eso no se habla, y menos en un diario

Los autores describieron los maltratos y humillaciones que sufren los pacientes. Y terminaron despedidos. Asociaciones de profesionales y opositores advirtieron que el episodio evidencia la política del gobierno de Macri en salud mental.

Por Pedro Lipcovich

Una psicóloga y un estudiante de Psicología que se desempeñaban en el hospital Borda fueron echados por denunciar –en una nota publicada por Página/12– situaciones de maltrato a internados. El 29 de octubre pasado habían advertido en este diario sobre hechos de “contención física”, en los que los pacientes son atados durante fines de semana enteros, desaparición de efectos personales y la utilización del servicio de admisión “como servicio de castigo”. El martes siguiente se les pidió “que retiráramos nuestras pertenencias y nos fuéramos”. El Colectivo 448 de Salud Mental –entidad de profesionales que requiere el cumplimiento de la desinstitucionalización en la Ciudad– se solidarizó “en forma incondicional” con los despedidos y vinculó el hecho con “el anudamiento del gobierno de Mauricio Macri con las corporaciones médico-psiquiátricas”. Otros profesionales del Borda –sin dar sus nombres– corroboraron y ampliaron las denuncias.

La psicóloga Verónica Hollmann, concurrente en el servicio 10 del hospital Borda, y el estudiante de Psicología Juan Pedro Iribarne, visitante en la misma institución, habían escrito el artículo que, bajo el nombre “Infierno en el Borda”, se publicó en la sección Psicología de este diario; era una versión reducida de la que publicó, en su edición de noviembre, la revista Topía, especializada en temas de psicología y psicoanálisis. Allí contaban que, cuando un paciente ingresa en la admisión, “no se les permite ver a los familiares y se les retiran las pertenencias”. Además, “si tienen la mala suerte de ingresar un fin de semana, pueden pasar horas y horas bajo ‘contención’”, atados.

Señalaban que “el servicio de admisión, por ser un lugar cerrado, es usado también como servicio de castigo” para “el que se porta mal”. Cuestionaban “los interrogatorios cuasipoliciales a pacientes, realizados exclusivamente por psiquiatras”, y narraban “el aprendizaje vivencial, cuando un enfermero lo insulta a los gritos porque no se levantó para tomar la medicación”.

Según contó Verónica Hollmann, “el martes de la semana pasada fuimos convocados por la doctora Lucía Quiroga (jefa del servicio 13 del Borda; ex directora de Salud Mental bajo el actual gobierno porteño) a una reunión en la que estaba presente, según ella ‘como testigo’, José María Martínez Ferretti”, psiquiatra del servicio de terapia a corto plazo del Borda que, como integrante de la Asociación de Médicos Municipales, había intentado frenar judicialmente la aplicación de la Ley de Salud Mental porteña. “La doctora nos pidió que retiráramos nuestras pertenencias y nos fuéramos; Martínez Ferretti agregó que, luego de la publicación del artículo, ningún jefe de servicio del Borda nos va a aceptar.”

“No tengo intención de volver –agregó Hollmann–. En el hospital se rumoreaba que, si volvíamos, nos esperaba una patoteada de no sé qué grupos, molestos por el artículo que escribimos. A mí me da mucho miedo volver.”

–¿Por qué, si en el Borda pasan las cosas que ustedes escribieron, no se multiplican las denuncias? –preguntó Página/12.

–Lo que se multiplica entre los profesionales es la queja: “¿Viste lo que pasó...?”; pero no se sale de eso y así las prácticas se naturalizan y uno termina siendo cómplice. Nosotros pusimos en palabras lo que nadie quiere decir porque tienen miedo, y yo ahora también tengo miedo y no quiero hablar más –contestó Hollmann.

Juan Pedro Iribarne señaló que “en esa reunión nadie negó que lo que nosotros escribimos es lo que pasa en el Borda. Martínez Ferretti decía que ‘hay que pelear desde adentro’”. Iribarne destacó que “el plan de salud mental de Macri sigue la misma lógica manicomial, invirtiendo millones en manicomios más chicos, con más vigilancia y control, como ya sucede en muchas instituciones privadas; la atención domiciliaria está desfinanciada y no se hacen casas de medio camino para externar”.

Ante la consulta de este diario, Quiroga confirmó que “yo les dije que había finalizado su actividad en mi servicio. Estaban por buena voluntad mía. Ninguno de los dos fue despedido, porque no formaban parte del staff del hospital: Iribarne no estaba recibido y Hollmann ya no era concurrente. Yo la había dejado quedarse, finalizado el término de la concurrencia. El artículo (en Página/12) me causó mucho dolor, porque ella estuvo conmigo y le di todas las libertades”.

–Usted no ha desmentido lo que escribieron Hollmann e Iribarne sobre el trato a los pacientes en el Borda...

–Eso fue desmentido ya en nuestra comunidad hospitalaria. Mi servicio funciona con un equipo interdisciplinario, tenemos un nuevo pabellón y está mejorando todo. El problema del hospital es básicamente la deficiencia edilicia; además hay pacientes de muchísimos años con los que sólo se puede trabajar muy lentamente.

El Colectivo 448 de Salud Mental (así llamado en referencia a la Ley 448 de Salud Mental, de la ciudad de Buenos Aires, cuyo incumplimiento ha sido reiteradamente denunciado) manifestó el “más enérgico repudio a la presión y amenazas sufridas por dos de nuestros integrantes cofundadores, Verónica Hollmann y Juan Pedro Iribarne, quienes fueron “literalmente echados de palabra de un servicio del hospital Borda, sin que mediara un acto administrativo y autoridad que lo fundamente, por haber suscripto en la revista Topía y el diario Página/12 un artículo que da cuenta de forma cruda, real y valiente, de los mecanismos de neto corte manicomial implementados en la admisión de dicho hospital”.

Para el Colectivo 448, “este hecho da cuenta del anudamiento político-ideológico acordado por las autoridades del actual gobierno de la ciudad de Buenos Aires con las cúpulas de las corporaciones médico-psiquiátricas que siguen dando sustento al modelo manicomial y medicalizador que la Constitución de la Ciudad y la Ley 448 exigen erradicar”.

El diputado nacional Leonardo Gorbacz –autor del proyecto de ley de salud mental al que la Cámara de Diputados dio media sanción el 14 de octubre– sostuvo que “a los jóvenes que rompen los códigos de silencio de los manicomios, en lugar de echarlos, hay que ascenderlos y darles la conducción de los procesos de transformación, porque no podemos poner la vida de miles de argentinos en manos de corporaciones que no quieren que nada cambie”.

lunes, 9 de noviembre de 2009

BERLÍN- 20 años sin el muro, y los otros muros del mundo de hoy?

Veinte años sin el Muro pero con diferencias

Veinte años sin el Muro pero con diferencias

En el 20º aniversario de la caída del Muro los indíces de educación, productividad económica, salarios, ingreso per capita y tasa de desempleo hablan una lengua muy clara: el Este sigue siendo la parte desfavorecida de Alemania.


Por Matti Steinitz

Desde Berlín

“Es una locura, ¡está abierto el Muro!”. Así se pasaba la noticia en los barrios de Berlín en la noche del 9 de noviembre 1989, la que todos los que estuvieron coinciden en describir como “la noche más increíble en nuestras vidas”. Hoy se cumplen los 20 años de la llamada caída del Muro, que no solamente marcó el fin de la separación de Alemania, sino también la derrota definitiva del bloque socialista en la Guerra Fría. El Muro que separaba las dos Alemanias y que hizo de Berlín Occidental una “isla capitalista” en el medio de la República Democrática Alemana (RDA) fue construido en 1961 para poner fin al éxodo de los alemanes que vivían en la zona oriental, controlada por la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial.

En los años previos a la instalación del Muro por las autoridades de la RDA cientos de miles de orientales, entre ellos muchos profesionales altamente educados habían emigrado a la zona occidental, dominada por los aliados EE.UU., Gran Bretaña y Francia, donde esperaban encontrar una vida mejor. Como la construcción del Muro fue efectuada sin aviso previo, muchísimas familias quedaron separadas de un día al otro. Durante los 28 años de la existencia de la valla, aproximadamente mil personas murieron en el intento de cruzar clandestinamente la llamada “franja de la muerte”. Se trataba del símbolo principal de la Guerra Fría y si hubiese sido por Erich Honecker, el penúltimo gobernador de la RDA, habría durado por “100 años más”, como dijo pocos meses antes de la caída. La historia tomó otro rumbo, entre muchas otras causas por el equívoco transcendental de un funcionario del gobierno de la RDA.

El régimen estaba bajo mucha presión: se le iban los ciudadanos por los agujeros que la Cortina de Hierro empezaba a tener en Hungría y otros lados, los reclamos de cambio en la calle sonaban cada día más fuertes. El 9 de noviembre hubo una conferencia de prensa internacional, en la cual el vocero del gobierno socialista, Günter Schabowski, estaba encargado de informar sobre los resultados de una sesión de la cúpula del gobernante Partido Socialista. Cuando fue preguntado sobre una posible liberalización de las leyes de tránsito hacia el Oeste empezó a manosear los papeles sobre la mesa y al final leyó un documento en voz alta que él mismo parecía desconocer: “La salida hacia la Alemania Occidental es posible sin cualquier requisito en todos los pasos de fronteras.” Preguntado a partir de cuándo estaba vigente esa reforma dijo: “Me parece que enseguida, sí, sí... desde ahora.” Al principio los periodistas reunidos no percibían el significado de sus palabras, pero dentro de muy poco tiempo la novedad espectacular estaba en todos los medios. Miles de berlineses fueron hacia los pasos de fronteras para ver si era verdad.

Como Schabowski equivocadamente había recitado de un documento que contenía una reforma de las leyes migratorias cuya publicación todavía no había sido autorizada por la dirigencia, nadie en el estado estaba preparado, menos los guardas en la frontera que no sabían nada.

Una vez al aire la noticia, ya no había vuelta atrás. Al paso de frontera Bornholmer Strasse en el barrio de Prenzlauer Berg en Berlín Oriental llegaron tantas personas que insistían en pasar al otro lado, que al oficial de turno solamente le quedaban dos opciones: dar la orden de tirar o abrir la frontera. Tras horas de discusiones, gritos e insultos, el oficial, enojado porque ninguno de sus superiores le había avisado de lo que se venía, ya no tenía ganas de dejarse insultar e hizo historia: abrió la barrera y dejó que pasaran las masas. En otros pasos de frontera de la ciudad, donde también se juntaban miles de curiosos, las fuerzas armadas siguieron el ejemplo del oficial –empezaba una noche de celebración, lágrimas de alegría, reencuentros de familias separadas, abrazos con desconocidos—. Gracias al error de Schabowski, lo que en principio era pensado por el régimen como una medida para aliviar la presión de la calle y poder seguir gobernando tranquilamente, terminó como “caída del Muro”, y en menos de un año llevó al fin de la RDA, que dejó de existir el 3 de octubre de 1990, día de la reunificación alemana.

“Cuando pasamos por primera vez al lado Oeste de la ciudad, nos sentíamos como los niños que entran a una juguetería gigante. Todo era tan grande y colorido. Los avisos gigantescos de chocolate Milka, McDonald’s y Mercedes Benz nos hicieron llorar de emoción. La alegría fue corta, sólo duró hasta que nos dimos cuenta de que no teníamos dinero para poder consumir todas estas cosas maravillosas”, recordó a este diario Arne Norek, un berlinés del Este que tenía 17 años en aquel noviembre histórico. A pesar de los escasos recursos económicos de la gran mayoría de los orientales, cuya moneda no valía nada en el Oeste, el sentimiento dominante fue el de haber sido parte de un gran paso hacia la libertad. Obviamente, había muchos ciudadanos de la RDA para los que la noche del 9 de noviembre no tenía el sabor a libertad sino el de una derrota histórica. Contó Jürgen Lohmeyer, ex miembro del Partido Socialista en la RDA, quien hoy tiene 54 años: “Me daba vergüenza ver a mis compatriotas pelearse por un kilo de bananas o un paquete de café, que fueron divulgados como regalos de bienvenida por algunas cadenas de supermercados del Oeste. Fue como si todo en lo que habíamos creído de repente estaba en venta de liquidación, una sensación de impotencia y de humillación. En los primeros meses después de la caída me negaba a visitar la parte occidental de la ciudad.”

Veinte años después, la pregunta “¿de qué parte sos?” sigue siendo bastante común, incluso hay muchos que pretenden darse cuenta si uno es del Oeste o del Este sin preguntar, por el hábito, la manera de hablar o la vestimenta. Lo que no se puede cuestionar son las profundas diferencias socioeconómicas y políticas entre Alemania Occidental y el territorio de la ex RDA que sigue habiendo hasta el día de hoy. En el 20º aniversario de la caída del Muro los indíces de educación, productividad económica, salarios, ingreso per capita y tasa de desempleo hablan una lengua muy clara: el Este sigue siendo la parte desfavorecida de Alemania. Desde 1989 casi un quinto de la antigua población de la RDA (16 millones) se mudó hacia el Oeste y los que se van son los jóvenes y los profesionales. En muchas ciudades del Este se están derrumbando barrios enteros porque no quedan habitantes.

Despúes del 9 de noviembre, el ambiente de luna de miel que llevó a la reunificación duró poco tiempo. Como la industria del estado socialista no estaba en condiciones para competir en una economía de mercado, muchísimas fábricas tuvieron que cerrar dejando cientos de miles de personas sin trabajo. La actitud soberbia de muchos empresarios y representantes del gobierno occidental que llegaron al Este como a un mercado de pulgas, para hacer los negocios de su vida, hizo lo suyo para fomentar profundos resentimientos en gran parte de la población oriental. También hubo mucha gente que gozaba de privilegios o por lo menos de un empleo seguro bajo el régimen socialista. En suma, la cantidad de gente que se sentía como perdedor del proceso de cambio fue bastante elevada. De un lado, esto llevó a que los sucesores del antiguo Partido Socialista (hoy: la izquierda), que jugaron el papel de defensor de intereses de los orientales, sean hoy la fuerza principal en muchas zonas del Este, mientras que en el Oeste sólo recaudan entre 5 y 10 por ciento de los votos. De otro lado, el proceso de reunificación causó un fuerte crecimiento de nacionalismo y xenofobia en toda Alemania, pero sobre todo en Alemania Oriental, donde ataques contra extranjeros, jóvenes de izquierda, homosexuales y judíos están a la orden del día. El partido neonazi NPD está representado en dos parlamentos regionales del Este.

Razones para celebrar el aniversario las hay, porque la fecha marca el fin de un régimen, pero el legado del proceso de reunificación que instigó es, a lo mejor, ambiguo.