(COMO) EMPEZANDO DE NUEVO

"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

viernes, 30 de abril de 2010

Libertad de expresión y usos políticos

Por Luis Bruschtein

Cualquiera puede criticar a Hebe de Bonafini y Hebe de Bonafini también puede criticar a quien le parezca. Se puede estar de acuerdo con Hebe de Bonafini o pensar al revés que ella. Nadie está obligado a coincidir. Todos tienen la posibilidad de responder. Son aclaraciones obvias, casi elementales. Otra más: nadie va a ir preso por el juicio que hizo la Asociación de Madres de Plaza de Mayo; no se trata de un juicio penal que termina con una condena, no es una institución formal de la República. Se trata, y nadie lo oculta porque se hace con ese objetivo, de un acto político. Así lo tomará el público, las personas, la gente y así sacarán sus conclusiones.

Ninguno de los actos de Hebe de Bonafini a favor de los desocupados y piqueteros o de los cientos que ha convocado provocó tanto alboroto. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo ha realizado otros juicios de este tipo, obviamente propagandísticos y políticos, a jueces o abogados y empresarios que colaboraron con la dictadura. Este que le hacen a periodistas no es el primero y, sin embargo, sí es el primero al que se lo escracha tanto públicamente.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, controlada por la oposición y cuyo principal mérito es oponerse a la ley de servicios audiovisuales, impulsó el repudio unánime de los diputados al acto de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo. Periodistas que viven de la libertad de expresión y una comisión legislativa que existe para preservarla, finalmente la terminan repudiando.

Es decir, la libertad de expresión es fantástica siempre que no afecte a los periodistas. En ese caso, la libertad de expresión afectaría a la libertad de expresión y hay que repudiarla. La libertad de expresión no somos los periodistas y menos las empresas que nos dan trabajo. Esa es una pequeñísima parte. Y una parte privilegiada en ese sentido, porque es la que tiene más recursos para expresarse y comunicar.

Esa confusión es peligrosa desde un punto de vista democrático y republicano. Y es más peligroso cuando los confundidos somos los periodistas y las empresas periodísticas. Los periodistas podemos ser criticados por cualquiera, incluso por otros periodistas.

Otra cosa son las amenazas anónimas o los actos de violencia. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. No es lo mismo el acto de Hebe de Bonafini que un cartel anónimo. Aunque el contenido sea similar (el cuestionamiento a algunos periodistas), en democracia el significado es totalmente opuesto. Uno es parte de la libertad de expresión (se coincida o no con él), pero lo anónimo y violento atenta contra ella. Por eso se equivocó el dictamen por mayoría de la Comisión de Diputados al mezclar todo. Porque de esa manera se corre el riesgo de montarse en una condena legítima y usarla para reprimir la expresión también legítima de otros ciudadanos con los que ellos disienten. Con lo que se podría llegar a un absurdo: la Comisión de Libertad de Expresión corre el riesgo de terminar coartando la Libertad de Expresión.

jueves, 29 de abril de 2010

La agencia de comunicación que hace el trabajo sucio para Clarín

Carlos Souto, director de La Ese, se jacta de haber armado las imágenes de muchos dirigentes políticos de la oposición.

Las operaciones clandestinas del grupo de tareas formado por el publicista Carlos Souto.

Por Lucas Carrasco y Jimena Arnolfi


El Grupo Clarín contrató a la agencia internacional de publicidad La Ese, especializada en marketing político, para reclutar un ejército pago que congestione las líneas de teléfonos de radios –de modo que sólo ingresen los llamados de sus telemarketers– y para que insulte a los comentaristas de internet que escriban en contra del Grupo Clarín o a favor de la ley de medios K y el Fútbol para todos. Esa agencia, también se encarga de guionar los discursos para aquellos que defienden la judicialización de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para impedir su plena vigencia.

La primera tanda de contratados –unos 30 empleados en negro– fue en octubre de 2009, cuando se trató la ley de medios en el Congreso y el debate tomó estado público. Los bloggers rentados por el Grupo Clarín debían instalar términos como ley k, ley mordaza, dictadura o corrupción.
Aún hoy y con miras de seguir hasta la campaña electoral del 2011, el grupo de tareas mediáticas contratado por La Ese libra sus batallas remotas en las lujosas oficinas de Perú al 800, barrio de San Telmo, en una hermosa casona de estilo francés construida en 1912. Ahí funciona La Ese, propiedad de Carlos Souto.

Los creativos de Souto escribieron la solicitada y el guión del mensaje televisado de Marcela y Felipe Noble Herrera en los canales del Grupo Clarín, hablando en contra de la ley que establece al Banco Nacional de Datos Genéticos como el único autorizado para el estudio de compatibilidad para personas que hubieran sido apropiadas durante la última dictadura militar (ver página 5).
Clientes. La lista de Souto no tiene desperdicio. Fue publicista de la Alianza que encabezó Fernando De La Rúa, intentó sin éxito remontar a Carlos Menem en 2003 y actualmente se enorgullece de haber trabajado con Julio Cobos y de ser el verdadero cerebro del “Alika, Alikate” para catapultar como líder de la antipolítica al colombiano Francisco De Narváez.

La usina anti k. Está conformada por dos áreas: el blog y el call center. Los bloggers intervienen los medios gráficos online a través de la redacción de comentarios apelando a identidades falsas. Desde un buscador rastrean números de DNI y luego utilizan los nombres de esas personas para llenar los formularios de las páginas donde mandan mensajes escritos por creativos. Además se encargan de hacer control del scroll: cuentan cuántos comentarios a favor y cuántos comentarios en contra hay sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, investigan quiénes son los usuarios que comentan en las antípodas de la bajada de línea recibida, etc. También mandan mails a las casillas de esos comentaristas, generan confianza y establecen una relación. Entre las páginas que graffittean figuran la web de La Nación, La Política On Line, Crítica de la Argentina, Minuto Uno y Perfil.

Todas estas actividades están destinadas a falsear identidades y contravenir toda la deontología periodística, así como los códigos de ética de la comunicación publicitaria. Se asemejan a talleres de costura clandestina que después son utilizados por las grandes marcas. Con un agravante, a quienes cosen por un salario de miseria, no les obligan a mentir o a hacer tareas delictivas.
Miradas al Sur accedió a fuentes inobjetables para reconstruir la actividad de La Ese. El clima de secretismo está reforzado por un pedido oral de confidencialidad. Un tema que tiene estatutos legales y valen sólo en la medida en que estén firmados por conformidad plena por los empleados de las empresas. En este caso se trata apenas de una simulación para amedrentar a jóvenes que trabajan en negro y no están asesorados legalmente. Además, va acompañado con un adoctrinamiento político: “Esto es una guerra” y “el Gobierno hace lo mismo que nosotros pero al revés”, les dicen.

Modus operandi. Los empleados del call center son los que se dedican a bloquear las líneas de oyentes de las principales radios en las que curiosamente no figuran las del Grupo Clarín: Nacional, Del Plata, América, Continental, La Red, La Diez, Metro, Rock And Pop y Belgrano.
A su vez, se encargan de desgrabar lo dicho en esas radios para monitorear lo que va sucediendo. Hacen estadísticas, informes sobre cuál es la tendencia de cada conductor, qué línea política desarrolla cada programa, cuáles se acercan más al Gobierno, cuáles se alejan más, etc. Siempre desde la óptica de los intereses políticos y económicos del Grupo Clarín.

El sector call center posee un servidor de última generación que permite que en las radios se bloqueen los conmutadores de modo que sólo lleguen los mensajes guionados por la empresa contratada del Grupo Clarín, y simultáneamente se delinea la estrategia de ataque a la ley de medios k. Los jefes de la usina entregan chips y tarjetas telefónicas para cambiar el número del teléfono de manera que sea imposible de comprobar que todos los llamados vienen del mismo lugar.
Por su parte, los supuestos bloggers tienen a su disposición un software propio que rastrea los comentarios adversos a Clarín en internet. Así pueden detectarlos y bajar línea anti K. Las computadoras de la agencia de Souto poseen modems inalámbricos y un sistema rotativo de IP’s para que tampoco se puedan rastrear las rutas de las PC que efectúan los mensajes.

El coordinador de los grupos es el hijo del Fiscal Federal de Misiones Juan Carlos Tesorero (ver recuadro), Juan Andrés Tesorero, sobrino de Carlos Souto. El estudio jurídico que el Fiscal abrió por intermedio de su esposa en la ciudad de Buenos Aires tuvo su primera baja hace dos meses: Juan Andrés renunció al trabajo con su madre para dedicarse tiempo completo a la cruzada anti K. De hecho, hasta cambió de barrio para mudarse a la misma cuadra de la agencia La Ese.

“No hablar ni con la familia del tema”. Ése es uno de los pedidos explícitos de Juan Andrés Tesorero a la hora de contactar a los reclusos de la usina anti K. Confidencialidad ante todo. Ninguno llega a formar parte de esta campaña sucia respondiendo a una búsqueda laboral naturalizada. Todos son “amigos de”, “familiares de”, “conocidos de”. Gente que va a poner el cuerpo y va a guardar el secreto ante todo. Pero todo gran plan tiene sus baches.

Una de las promesas iniciales que reciben los contratados es la “certeza” de un mejor trabajo a futuro tras algunos meses de pasantía informal y deleznable. Juan Andrés se encarga de mostrar las fotos de su tío al lado de Elisa Carrió, Francisco De Narváez, Julio Cobos, Carlos Menem y el resto de los contactos de los que se vale económicamente la agencia. En La Ese se respira el poder.

Así es como estos jóvenes estudiantes universitarios, con necesidades económicas y promesas falsas de inserción laboral en puestos de trabajo más reales y menos vergonzantes, reciben salarios por encima de la media. Los salarios provenientes del dinero del Grupo Clarín oscilan entre los 2.000 pesos para principiantes y los 4.000 para quienes se adapten con comodidad a la dinámica de pulverizar la ética aprendida en la UBA.

La falsificación online de la identidad. A la hora de hacer un comentario en algunas de las páginas de internet de los diarios, los honrados ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión deben completar un formulario donde se pide nombre y apellido, DNI, teléfono y dirección entre otros datos de rigor. Pues bien, quienes trabajan en esta usina destinada a intoxicar la comunicación, falsean identidades para efectuar la tarea de mostrarse indignados ante “la prepotencia gubernamental” cuando en realidad son sólo mensajeros de creativos publicitarios pagados por los grandes medios.

Estilo Souto. La agencia se vale de una serie de tópicos para instalar una serie de palabras y conceptos: descalificaciones agresivas a todo lo que se jacte de K, discursos desestabilizadores, términos construidos para temas específicos y adjetivos infaltables –

“PROGREcinismo”, “guerrilleros”, “bolches”, “los KK”, etc.–. Entonces se leen cosas como “Se trata de aprietes de la izquierda vernácula, que no puede con su genio y, como en los ’70, saca a relucir su repugnante Fascismo de Izquierda” (dixit de un comentario posteado en la crónica Cuando la plaza se pone a hablar, publicada por Miradas al Sur en el número anterior).

Por otro lado, los contratados reciben una advertencia: nunca hablar de “monopolio”. Nunca mencionar a Clarín. Ahora bien. Es inevitable que un chico que escribe cientos de mensajes por día no repita su discurso. Al hacer la prueba, uno hace un copy paste en uno de estos mensajes corrosivamente anti K, lo pega en la caja de búsqueda de Google y, oh patafísica, el mismo mensaje figura repetidamente en distintas notas de distintas páginas web.

Grupo de tareas sin vacaciones. En enero y febrero de este año la agencia La Ese alquiló casas de veraneo en la costa y trasladó sus oficinas. Los contratados cobraban por unos días de trabajo en la playa lo mismo que durante un mes en Buenos Aires. Los jefes les entregaban chips, tarjetas telefónicas y computadoras con modems inalámbricos para que ninguna de las nuevas intervenciones veraniegas fueran detectadas.

La tarea consistía en escuchar ininterrumpidamente dos radios que no fueran del Grupo Clarín por persona y tomar apuntes tal como lo hacían en las oficinas de San Telmo. Estos apuntes debían ser quemados sistemáticamente para que no quedaran rastros de sus tareas.

Cadena monopólica. El jueves último, cuando la solicitada de Marcela y Felipe ya estaba publicada en los principales diarios del país, La Ese recibió una visita en sus oficinas. Era un ejecutivo de Clarín que iba a certificar que ese grupo de tareas estaba en pleno funcionamiento justo el día de la publicación de la solicitada. Necesitaban que las páginas webs estuvieran inundadas de mensajes en los cuales se entendía “la ternura de una madre a sus dos hijos adoptados”. En cambio de asumir la cruda realidad: Ernestina Herrera Noble está sospechada de fraguar la verdadera identidad de Felipe y Marcela.

El viernes pasado al mediodía, Carlos Souto dio la orden de parar las otras actividades de la agencia. El portal digital de Crítica había lanzado una encuesta en su página web, preguntando si Marcela y Felipe Noble Herrera eran rehenes de Clarín o eran manipulados por el Gobierno. El porcentaje mayoritario votaba por la opción “rehenes de Clarín”. Souto pegó el grito en el cielo y ordenó que todos sus empleados dejaran las tareas y clickearan para que Clarín ganara esa supuesta encuesta virtual. Detalle final: esta historia tomada como un juego digital por jóvenes que no saben cuáles son sus derechos y obligaciones tiene un pariente terrorífico en el pasado reciente. Es una réplica de las usinas de desinformación de agentes y ex agentes de las Fuerzas Armadas de seguridad que en los primeros años de la democracia sembraron el temor y el clima de desestabilización de determinado grupos de poder.

domingo, 25 de abril de 2010

A VEINTE AÑOS DE LA PRIVATIZACION DE LOS CANALES 11 Y 13, UNA MOVIDA QUE TRANSFORMO EL PANORAMA PARA SIEMPRE
La licitación que le abrió la puerta a la nueva TV

Fue el primer paso del menemismo, el primer ladrillo de los multimedios concentrados. Dos décadas después de la “Ley Dromi”, un recuento de cómo se fue modificando la TV.


Por Emanuel Respighi

Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban.

Hace poco más de veinte años, período que para algunos puede ser una eternidad y para otros apenas un ratito, la TV argentina evidenciaba uno de los hechos más significativos de sus 59 años de historia. Mucho más influyente que la elección de la norma Pal-N para la transmisión en color, en el verano de 1990 los canales 11 y 13 dejaban de ser propiedad del Estado para pasar a manos privadas. Ese hecho, si bien no afectó directamente el bolsillo de los ciudadanos argentinos como las privatizaciones de los servicios públicos que impulsaría luego el gobierno de Carlos Menem, probablemente haya sido uno de los acontecimientos que más condicionaron a la opinión pública. El Estado argentino, con excepción del por entonces ATC, dejaba librados los contenidos televisivos a empresas. A dos décadas de aquella licitación que marcó un antes y un después en la industria televisiva local, Página/12 hizo un breve repaso sobre aquella convulsionada licitación y sobre la manera en que esa decisión afectó al medio en los años siguientes.

Hubo un tiempo no muy lejano en el que el mapa televisivo distaba mucho del actual. La estructura de propiedad de las emisoras era muy diferente. Hasta los últimos días de 1989, el panorama de la TV abierta en la región del AMBA tenía tres canales en manos del Estado (ATC, el 11 y el 13) y dos de propiedad privada (el 9 de Alejandro Romay y el 2 de Héctor Ricardo García). En medio de una hiperinflación galopante, la disparada del dólar y una crisis energética que llegó a limitar la programación a cuatro horas diarias, hacia fines de los ‘80 la industria atravesaba uno de sus peores momentos económicos. En ese contexto, el 11 y el 13 eran los que más sentían la crisis: con 570 empleados, el primero poseía un déficit operativo cercano a los 27 millones de pesos; el segundo tenía más empleados (871) y una deuda cercana a los 20 millones.

Apenas asumió la presidencia, Menem hizo pública su idea de cerrar ambos canales por el déficit que ocasionaban. Las voces que desde la cultura se levantaron en rechazo de esa intención hicieron rever la decisión y, previo acuerdo con los sindicatos, a través del decreto 578 el gobierno convocó a licitación para privatizar los canales 11 y 13 antes de fin de año. Previamente, Menem consiguió que el Congreso derogara el artículo 45 de la vieja Ley de Radiodifusión, que prohibía a los propietarios de medios gráficos tener participación accionaria en medios audiovisuales. El camino para la conformación de grandes multimedios estaba allanado.

En este punto, más que tratarse de una consecuencia de la falta de política comunicacional, la del menemismo tuvo una clara dirección. Así como el llamado a licitación de tres nuevos canales por el gobierno de Aramburu en 1957, más que a definir un sistema comunicacional estuvo destinado a revertir el sistema de propiedad de los medios del depuesto gobierno peronista, la política menemista sentó las bases para favorecer la concentración mediática y la creación de multimedios, flexibilizando restricciones y limitaciones que favorecieron al capital extranjero y a las empresas de medios gráficos.

El decreto 578, de fines de 1989, estipuló las condiciones de la adjudicación, que no eran demasiadas. La licitación disponía que los oferentes pagasen un 40 por ciento al contado, mientras que para el restante 60 por ciento proponía una financiación en cuotas semestrales, o que el Estado se iba a hacer cargo de los déficit de los canales. Ante esas laxas condiciones, buena parte de los hombres de negocios y empresarios periodísticos se presentaron para incrementar su poder. La licitación –que cosechó sospechas de favoritismo– ya estaba en marcha. De los 16 pliegos que el Comfer vendió, sólo 10 propuestas terminaron presentándose: el 11 recibió seis intenciones de compra, el 13 cuatro. Luego de la evaluación de un cuarteto designado oportunamente, Artear (Grupo Clarín) ganó la licitación, tanto para el 13 como para el 11. Por 7 millones de dólares, el grupo encabezado por Ernestina Herrera de Noble decidió quedarse con el 13, canal que deseaba desde hacía tiempo y en el que mantiene su propiedad hasta el día de hoy.

Por el 11, en tanto, tuvieron que desempatar Tevemac (de la familia Macri) y Telefe (encabezado por Editorial Atlántida y un conglomerado de canales del interior), ya que ambas propuestas habían sido calificadas con 170 puntos. Finalmente, a sobre cerrado, Telefe se quedó con la emisora por 16 millones de dólares, cinco más que la oferta de los Macri y más del doble que la que le bastó a Clarín para hacerse del 13. Destrozadas quedaron las ilusiones de otros oferentes, que no por perdedores eran menos poderosos, como Argentevé (Julio Ramos, Palito Ortega y Gerardo Sofovich), o Imagen Visión (Daniel Vila). El 22 de diciembre, en la Casa Rosada, Menem formalizó la entrega a los nuevos dueños, que se hicieron cargo durante el verano de 1990. El comienzo de una nueva era televisiva.

El nuevo panorama agitó el funcionamiento de la industria desde el primer día de 1990. Las expectativas que la privatización trajo tenían que ver, por un lado, con la necesidad de que el sector privado le brindara un fuerte impulso a la renovación tecnológica, y por otro, con la conformación de una competencia que redundara en contenidos variados y de mayor calidad. Algo así como la política neoliberal del libre mercado aplicada al circuito televisivo. La expectativa tecnológica fue satisfecha: los canales supieron reequiparse y nunca dejaron de mantenerse acordes con los últimos requerimientos técnicos. El incipiente negocio globalizado que los nuevos dueños buscaban era imposible sin soportes de última tecnología.

En cuanto a los contenidos, si bien los canales siguieron de cerca las tendencias, incorporando nuevos géneros y lenguajes, eso no significó necesariamente una televisión de mayor calidad. El aspecto cultural y educativo, por ejemplo, fue cediendo lugar en la TV privada. La máxima de que la TV debe informar, educar y entretener fue derivando en un proceso en el que la TV privada se limitó cada vez más a posicionarse como una mera fuente de entretenimiento.

Acorde con la lógica impuesta por el poder, la “nueva TV” tendió a contenidos livianos, provocando en los primeros ’90 el auge de las comedias blancas al estilo Grande pá! y Amigos son los amigos, programas con los que Telefe pasó a liderar la audiencia después de un largo reinado del 9 a pura telenovela. A medida que la década avanzaba, la discusión política y periodística fue dejando lugar a la cotidiana, en la que el público comenzó a tomar protagonismo a partir de los talk shows, primero, y los reality shows después. En materia periodística, las bases dejadas en el periodismo de investigación como Edición plus y Telenoche investiga derivaron, años más tarde, en un estilo más amarillista, en el que las cámaras ocultas se convirtieron en la principal herramienta, ya no para deschavar al poderoso sino a delincuentes de poca monta.

El género que más se desarrolló y sofisticó en estos 20 años fue el de la ficción. El surgimiento de un nuevo jugador en la industria fue imprescindible para revitalizar al género: las productoras independientes. El arribo de productores por fuera de las estructuras y cosmovisiones del mundo de los canales pluralizó estética y temáticamente las ficciones. Los canales festejaron su llegada por una simple razón: derivaron el alto costo y riesgo económico de las ficciones en las productoras. Los nuevos players, además, se beneficiaron con los avances tecnológicos, sofisticando la posproducción y facilitando la producción en exteriores.

Como todo lo que funciona, con el tiempo algunas independientes fueron adquiridas por las emisoras (Pol-Ka e Ideas del Sur por el 13), o por grandes grupos mediáticos (GP Media por la BBC, Cuatro Cabezas por Eyeworks, Underground por Endemol). La calidad estética y los bajos costos relativos de producir en el país llevaron a que, tras la crisis de 2001, las latas de programas o formatos argentinos inundaran las televisiones del mundo, aun en culturas muy distantes.

En cuanto a la audiencia, la década del ‘90 marcó el fin del reinado del 9, que con holgura sostuvo durante los ‘80, cuando era el único privado. La nueva estructura resultó un duro golpe para el canal de Romay, que desde la salida del productor nunca pudo crear un perfil de programación. La gran cantidad de veces que cambió de dueños (en 1997 lo compró la australiana Prime, luego Telefónica, más tarde una sociedad encabezada por Daniel Hadad, y desde hace algunos años el mexicano Angel González) no favoreció que la pantalla consolidara una programación coherente. En la misma línea se puede situar a América, que cambió de manos no menos de tres veces (Héctor Ricardo García, Eduardo Eurnekian, Carlos Avila, el Grupo Vila) y su pantalla fue sensible a esos movimientos. Aun así, en estas décadas se destacó por su perfil periodístico, casi lo único que pudo mantener en el tiempo (sin entrar en detalles de calidad). No es casualidad que los canales que más modificaciones societarias tuvieron sean los únicos que tuvieron que presentarse a convocatoria de acreedores.

Desde los ’90, la audiencia fue disputada masivamente entre Telefe y El Trece, con predominio general del primero. La década menemista enfrentó dos modelos: por un lado, Telefe, que privilegió posicionarse como la emisora líder (con una programación popular y familiera) a tener equilibradas sus cuentas; por otro, Canal 13, que persiguió con costos controlados apuntar al target ABC1. Entrado el siglo XXI, esa diferenciación ya no es tan clara y, combinando perfiles de programación, ambos canales pelean por la audiencia con programas que, salvo excepciones, no difieren mucho en sus contenidos.

La única señal pública, Canal 7, sin una política comunicacional consensuada por los diferentes actores del arco político-cultural argentino, pasó estas dos décadas a la deriva, entre gestiones que se perdieron en buenas intenciones (Leonardo Bechini), otras que fueron devastadoras (Gerardo Sofovich) y unas pocas que intentaron imprimirle un sello estatal no atado al gobierno de turno. Recién a partir de la gestión encabezada por Rosario Lufrano y en la actual continuidad de Tristán Bauer el canal parece haberse encolumnado detrás de un proyecto artístico definido. Incluso, durante estos años, pasó de tener un equipamiento obsoleto a encabezar la renovación tecnológica de cara al apagón analógico. Que el Estado haya tomado la iniciativa comunicacional es un cambio de paradigma para la historia del sector.

Esas no fueron las únicas cosas que pasaron. La irrupción masiva del cable a mediados de los ’90 renovó hábitos televisivos y llevó a que la programación deportiva, la infantil y la informativa quedaran relegadas en los canales de aire. El zapping, casi como signo instintivo de la época, democratizó la audiencia y les otorgó mayor libertad de elección a los televidentes. Además, mientras los guionistas fueron reemplazados por numerosos equipos, los directores artísticos perdieron el bajo perfil y, con estrategias de programación que hicieron imposible seguir la continuidad de los programas, tomaron status de celebridades.

A veinte años de las privatizaciones, la TV argentina se convirtió en una industria consolidada, equipada con la última tecnología e inserta en el mundo como nunca antes. La cuenta pendiente, sin embargo, es la tendencia hacia el escándalo, la fórmula probada y el morbo que invade a los canales privados. El rating y el dinero no sólo siguen mandando: ahora parecen ser las únicas cuestiones que importan.
Esclavos en tiempos de Evo

Por Santiago O’Donnell

En el Chaco boliviano, cerca de la frontera con Argentina y Paraguay, actualmente viven unas 600 familias guaraníes en condiciones que constituyen formas contemporáneas de esclavitud. Lo dice así, con todas las letras, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado esta semana.

Por supuesto que el Chaco boliviano no es el único lugar del mundo, ni de la región, ni siquiera de Bolivia, donde se practica la esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América latina y el Caribe la incidencia de trabajo forzoso es de 2,5 víctimas por cada mil habitantes. Pero el caso del Chaco boliviano es quizás el más flagrante y alevoso, o simplemente el mejor documentado. Según la comisión, las prácticas esclavistas en esa zona se vienen llevando adelante desde hace más de un siglo, “ante la pasividad de las autoridades regionales e internacionales”.

Lo llamativo es que cuatro años del gobierno más progresista de la región no han podido revertir esta situación. Se trata del gobierno del primer presidente indígena de América latina, símbolo y emergente de las luchas políticas de los movimientos sociales. Un gobierno indudablemente comprometido con los derechos de los pueblos originarios, que lleva adelante la reforma agraria más radical de toda la región.

Ese gobierno no ha podido erradicar la esclavitud en su propio país, ni generar las condiciones para que el pueblo guaraní del Chaco boliviano pueda subsistir dignamente. Y no es que no lo haya intentado.

El informe de la CIDH detalla la batería de iniciativas que adoptó el gobierno de Morales en favor de los guaraníes chaqueños, pero también cómo distintos factores y actores conspiran en contra de esas medidas hasta tornarlas poco menos que inútiles –y en algunos casos hasta contraproducentes– para los intereses de sus supuestos beneficiarios.

Por decirlo mal y pronto, los enclaves esclavistas están situados en territorio controlado por la oposición. Por esa razón, el interés de los latifundistas por mantener el statu quo se mimetiza con el reclamo autonomista que la oposición utiliza para obstaculizar las reformas del gobierno.

Embanderados en la causa opositora, los hacendados resisten por la fuerza cualquier intento del gobierno por comprobar los abusos in situ y por redistribuir tierras en favor de los guaraníes. La situación se complica porque esos hacendados además forman parte de la elite política que gobierna la región. Como la presencia del Estado boliviano en el Chaco es casi nula, son esos hacendados quienes controlan la administración de la justicia y de la seguridad.

La comisión pudo constatar que ese control se extiende a la circulación de los habitantes de la región, ya que la mayoría de los caminos están atravesados por tranqueras con cadena y candado, porque los hacendados los reclaman como propios.

Y a todo esto se suma el factor racial. Los esclavos son todos guaraníes y sus patrones son todos blancos. Esto, en un país que acaba de sancionar una Constitución plurinacional que reconoce la autonomía de los pueblos originarios.

Según la CIDH, las prácticas esclavistas en el Chaco fueron alentadas durante décadas por el Estado boliviano, que despojó a los habitantes originarios de sus tierras para entregárselas a grandes latifundistas. La reforma agraria de la década del ‘50, que transformó al resto del país, pasó casi inadvertida en el Chaco, donde la elite local consiguió preservar todos sus privilegios.

“Efectivamente, dicha reforma en algunos aspectos fortaleció el poder económico y político de los hacendados del Chaco, los cuales tenían fuertes vínculos con el partido del gobierno”, dice el informe. “Los guaraníes fueron forzados a someterse a las condiciones impuestas porque no tenían acceso a su propio territorio, que les hubiese permitido autosustentarse.”

Sin tierra en la región más pobre del país más pobre de Sudamérica, los guaraníes se vieron obligados a someterse a pagos miserables a cambio de jornadas interminables. “Las jornadas laborales son generalmente de más de 12 horas al día, y en muchos casos se les asigna realizar un trabajo específico que debe ser terminado en el día de faena, lo cual normalmente es de imposible cumplimiento. Un hombre guaraní de la comunidad de Itacuatía narraba lo siguiente: ‘Cuando yo era chico, me levantaba para ir a trabajar a las tres de la mañana porque antes era el toque de campana para trabajar a esa hora’... Otros testimonios confirmaban que el pago que recibían era ínfimo y el trato que recibían era degradante”, señala el documento.

Ese régimen lleva indefectiblemente al endeudamiento y al sometimiento. “La situación de endeudamiento se genera mediante el registro que tienen los patrones de sus trabajadores en un cuaderno donde anotan su nombre, las actividades que realizan, los adelantos entregados en especies o el dinero que se entrega en pago al trabajo desarrollado. Este cuaderno es el único documento para realizar los ‘arreglos’ que se efectúan, y en casi todos los casos los trabajadores resultan debiéndole al patrón. Esto genera las obligaciones de trabajar a futuro, situación que puede llegar a ser vitalicia e incluso heredarse de una generación a otra”, explica la comisión.

En esta situación, el castigo corporal y el trabajo infantil son moneda corriente, constató la comisión: “Durante las visitas del 2006 y 2008, la Comisión tomó conocimiento e incluso recibió testimonios relacionados con eventos de maltrato físico de guaraníes mediante ‘huasqueadas’ (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales como castigo por ‘desobediencia’. En palabras de un hombre de Itacuatía, ‘nos tratan con garrotes y chicote... siempre nos sabían chicotear, maltratarnos. Estos actos de violencia siempre han existido’”.

Todo esto iba a revertirse con la llegada al poder del gobierno de Evo Morales. Ese gobierno sancionó en el 2006 una ley de Reforma Agraria por la cual los latifundios esclavistas debían ser confiscados y entregados a los pueblos originarios. Pero cuando los técnicos del Instituto Nacional de Reforma Agraria se presentaron en el Chaco para hacer el saneamiento de las tierras, fueron repelidos a balazos por los hacendados.

Igualmente, el INRA llegó a fallar en dos casos en favor de los guaraníes. La decisión del INRA fue avalada por el Tribunal Agrario creado por la nueva Constitución para dirimir pleitos de propiedad de tierras. Pero los hacendados recurrieron el fallo del Tribunal Agrario ante el Tribunal Constitucional, potestad también incluida en la nueva Constitución. Como el Tribunal Constitucional aún no se ha constituido, las tierras en disputa siguen en poder de los hacendados y las prácticas esclavistas continúan.

El bajo nivel de alfabetización de los guaraníes y las dificultades que tienen para acceder a los servicios de justicia son otro obstáculo que el gobierno aún no ha podido solucionar. En el 2007 Morales firmó un decreto para lanzar un plan con el fin de mejorar la salud, la educación y el acceso a la justicia en el Chaco boliviano, pero se trata de una acción cuyos resultados se podrán apreciar a mediano plazo.

La fiscalía encargada de la región se muestra permeable a la influencia política de los hacendados. Sólo inició una investigación de oficio sobre las prácticas esclavistas después de un duro informe de la CIDH en 2006. Pero en esa investigación el fiscal ingresó a las haciendas acompañado por políticos locales y en su presencia interrogó a las víctimas. Como en esas condiciones intimidatorias nadie se animó a decir esta boca es mía, el fiscal concluyó que todos los hacendados pagaban sueldo y aguinaldo y daban un trato digno a sus empleados. El caso fue archivado.

Según el informe publicado esta semana, las políticas del gobierno de Morales para revertir las prácticas esclavistas en el Chaco tuvieron el efecto indeseado de dividir y debilitar a la comunidad guaraní. Algunos se fueron de las haciendas y formaron comunidades independientes, donde subsisten en condiciones paupérrimas. Otros se quedaron en las haciendas por voluntad propia, otros se fueron a cambio del pago de sus supuestas deudas, otros quisieron irse pero no pudieron, otros fueron echados por querer organizarse.

“Según diversas fuentes, muchos guaraníes han sido expulsados por los hacendados como consecuencia del proceso de saneamiento que se realiza en sus respectivas zonas y como represalia por su participación en la Asamblea del Pueblo Guaraní. La Comisión recibió otros testimonios que indican que la situación de los guaraníes expulsados es muy precaria, debido a que carecen de lugar donde vivir y donde cultivar lo mínimo para garantizar su subsistencia”, dice el informe.

En la presente coyuntura, dada la relación de fuerzas, para expropiar las tierras de los hacendados esclavistas y devolvérselas a los guaraníes, Evo Morales debería mandar al ejército a invadir el Chaco, lo cual equivaldría a incendiar el país.

La alternativa es fijar políticas claras y dejar que las instituciones actúen, aun cuando muchas de esas instituciones están cooptadas, colonizadas, funcionan mal, no existen o figuran sólo en papel. Morales parece haber elegido ese camino, más largo y más incierto, en función del interés nacional.

Mientras tanto, todo está como era entonces para las familias esclavas del Chaco boliviano. O tal vez peor, por la brutal respuesta de los hacendados a las acciones reformistas del gobierno. Y por saberse esclavos aun en tiempos de Evo.

sodonnell@pagina12.com.ar

sábado, 24 de abril de 2010

UN FALLO DE LA CORTE SUPREMA JUJEñA PRIORIZA EL DERECHO AMBIENTAL POR SOBRE LAS DISPOSICIONES DEL CODIGO MINERO
Nace un megaproblema para la megaminería

El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación.



Por Darío Aranda

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy, máximo órgano judicial de la provincia, emitió un fallo que sienta precedente en los cuestionamientos sobre la minería a gran escala. Hace hincapié en el principio precautorio –ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable es necesario tomar medidas protectoras– e invierte la carga de la prueba: las poblaciones cercanas a los yacimientos no deberán probar los perjuicios sino que el gobierno y las empresas tienen que aportar pruebas ciertas de que la actividad extractiva no afecta ni afectará el medio ambiente. “La sentencia cambió el paradigma jurídico al introducir el derecho ambiental en la actividad minera”, afirmó Alicia Chalabe, abogada patrocinante, y explicó que “existen muchísimas causas en las provincias por la acción negativa de la megaminería, pero siempre los juzgados interponen el Código Minero y no dan cabida al derecho ambiental. El Superior Tribunal de Jujuy, en sus fundamentos, es totalmente innovador y pionero”. La medida responde a una apelación de vecinos de Tilcara, que habían presentado un recurso de amparo para frenar el avance de una empresa minera en la Quebrada de Humahuaca. El Tribunal Contencioso Administrativo había rechazado el pedido de los autoconvocados, pero ahora el máximo tribunal de Jujuy cuestionó duramente a los jueces de primera instancia, les ordenó que revean el caso y los instó a “ajustarse a derecho” (tener en cuenta las leyes y jurisprudencia vigente).

“Hasta tanto se demuestre (...) que no existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas que se realicen en la zona produzcan contaminación o conlleven daño ambiental, es deber de los jueces (...) proveer de inmediato al resguardo y hacer efectiva la tutela judicial o protección de los intereses colectivos, tratándose de un derecho humano fundamental, tanto de quienes allí habitan como de todos los habitantes, a un medio ambiente sano y sin contaminación, efectuando lo que fuera menester para evitarla”, afirma el Superior Tribunal de la provincia.

“Hace ya mucho tiempo se expresó que el principio de precaución en materia ambiental plantea que la incertidumbre científica no debe ser excusa para la adopción de medidas que tiendan a evitar la posibilidad cierta de la recurrencia de un daño ambiental grave ni para convalidar las acciones u omisiones humanas potencialmente dañosas”, remarca el máximo tribunal provincial y afirma que “es deber de todos coincidir en que esos daños (al medio ambiente) se prevengan, ya que una vez producidos resultan en la práctica de una casi imposible reparación”.

Vecinos de Tilcara realizaron marchas, encuentros, talleres y campañas de información sobre lo que implica la actividad minera a gran escala. En agosto de 2008, ocho vecinos sumaron otra acción: presentaron un recurso de amparo. Exigían que el Estado provincial no otorgara más permisos de cateos, exploración y explotación minera a cielo abierto, pedían la prohibición de utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico, entre otras, y solicitaron que se cancelaran los permisos concedidos en la Quebrada de Humahuaca. Apuntaban directamente a los permisos de cateos y exploración otorgados a la empresa Uranios del Sur, que abarcaba una superficie de 14.100 hectáreas en la zona de los “amarillos”, perteneciente a las comunidades indígenas Yacoraite y El Angosto de Yacoraite, departamento de Tilcara.

En abril de 2009, la Cámara Contencioso Administrativo (integrada por Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales) rechazó el amparo vecinal. Ahora, el máximo tribunal lo criticó: “La sentencia no se ajustó a derecho vigente y, por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria”, lamenta el Superior Tribunal de Justicia, y precisa que los jueces “desatendieron e ignoraron” la existencia de presuntos daños ambientales en ocho causas penales, asentadas en los juzgados federales de Jujuy.

“Es inadmisible el rechazo (del amparo) ejercido por no haberse arrimado prueba, según el criterio del Juzgado Contencioso Administrativo”, cuestiona el máximo tribunal provincial, y reitera la necesidad de invertir la carga de la prueba, responsabilizando al gobierno provincial y al sector privado: “De acuerdo a la doctrina y jurisprudencia (...) en caso de probables, posibles o bien que puedan presumirse ya provocado un daño ambiental por contaminación deberá acreditar su inexistencia no sólo quien esté en mejores condiciones de hacerlo sino quien precisamente sostiene tan ciegamente que tal contaminación no existe”. Y carga contra el gobierno por no haber aportado, en su defensa, un estudio técnico que asegure que no existe ni existirá contaminación por la actividad minera. Desde el gobierno jujeño no respondieron las consultas sobre el fallo.

El Tribunal Superior señala que los daños ambientales obligan al sistema judicial a “dejar moldes ortopédicos (...) y elaborar nuevas respuestas legales para brindar una adecuada respuesta desde la perspectiva jurídica”. Explica que, siempre en daños ambientales, no se trabaja sólo con la certeza “sino que se apunta a la probabilidad”.

La sentencia del Superior Tribunal de Justicia es del 23 de febrero pasado, pero recién fue dada a conocer ahora. El dictamen se basó en los argumentos expuestos por el juez del tribunal a cargo del expediente, Héctor Tizón, quien fundamentó con aspectos jurídicos ambientales y remarcó la importancia de seguir el principio precautorio, artículo 4 de la Ley General del Ambiente (25.675). El juez avanzó un paso más al utilizar el concepto de “daños generacionales”, enmarcado en el derecho ambiental moderno, que consiste en “aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras”.

“El Tribunal Superior agrega suficiente argumentación legal como para ser usada en otras medidas judiciales del país, aporta un marco legal importante y marcará precedente en cuestiones ambientales”, explicó Movida Nimuendaju, otra de las organizaciones sociales de Jujuy que lucha contra la megaminería.

La exploración minera cuestionada ocurre en la Quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2003. El fallo también aborda ese aspecto. “Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, ya que ese título es revocable (...) y causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada”.

Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella celebraron la revocación del fallo de primera instancia y resaltaron la importancia de la trama argumentativa, que alude a leyes y conceptos ambientales que nunca habían tenido cabida en un tribunal máximo. “La gran minería a cielo abierto es la peor opción de ‘progreso’ para nuestra provincia. Mueve mucho dinero pero entre pocas personas, contamina el medio ambiente, usa millones de litros de agua diarios, perjudica la agricultura y la ganadería, arruina la vida en el campo”, afirman.

Los Autoconvocados consideran un gran paso el fallo, y explican que el Juzgado de Primera Instancia debiera hacer propio lo señalado por el Superior Tribunal, pero prefieren esperar los hechos. “No tiene fecha para expedirse, por lo cual hay un riesgo de que la causa duerma en un cajón”, alertó la abogada patrocinante, Alicia Chalabe, y llamó la atención sobre “gran poder de lobby de las empresas mineras”.

El juez que hizo eje en el derecho ambiental, Héctor Tizón, dejó el máximo tribunal (se jubiló una semana después del fallo). Abogado y escritor, Tizón fue el claro impulsor del innovador fallo, aunque en minoría. Los jueces José Manuel del Campo, María Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González apoyaron la sentencia, aunque no adhirieron a la argumentación. Sin embargo, como no explicaron cuáles eran sus argumentos, se impusieron los fundamentos explicitados por Tizón, a cargo del expediente. El voto de esos cuatro jueces también es un factor de alerta de los Vecinos Autoconvocados.

jueves, 22 de abril de 2010

INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE ABORIGENES EN FORMOSA
“Una histórica discriminación”

Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una “sistemática violación” de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.

Por Darío Aranda

“Exigimos respeto” es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe “la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas”. Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia “la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas”. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La comunidad El Descanso está integrada por 130 personas y habita la zona del Bañado la Estrella (zona de humedales muy conocida en el norte del país), de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los pilagá.

Según leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, toda actividad que pudiera modificar la forma de vida debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas. “No hubo consentimiento y ni siquiera se le informó a la comunidad. Los requisitos mínimos de transparencia brillaron por su ausencia”, afirma Amnistía Internacional, que analizó la situación de la comunidad El Descanso, la tomó como caso testigo y, en base a testimonios de otras comunidades y documentación, lo hizo extensivo a la provincia.

El informe de AI señala que las obras de infraestructura, con canales de hasta seis metros de profundidad y diques de tierra que inundan espacios comunitarios, le significaron a la comunidad un impacto negativo en la disponibilidad de recursos –sobre todo peces–, le implicaron el talado de árboles y, sobre todo, la inundación de casi la mitad de las tierras, incluido el cementerio de la comunidad.

Amnistía puntualiza que se violó el derecho a la propiedad comunitaria: “Es difícil imaginar al Estado argentino ingresando a la casa de alguien que vive en la ciudad, realizando un canal en las tierras de importantes empresarios ganaderos del campo o inundando un cementerio de personas no indígenas de la manera en que lo hizo en las tierras de la comunidad de El Descanso. Dicha injerencia está prohibida por ley y habría desatado la indignación de muchos y desencadenado causas judiciales millonarias por reparaciones.”

La ONG, nacida en 1961 y con presencia en 150 países, denuncia que se violó el derecho al consentimiento libre, previo e informado, derecho humano fundamental de los pueblos indígenas que posibilita que las comunidades puedan tomar decisiones informados sobre los asuntos que podría afectar su forma de vida.

También advierte que el Estado provincial niega “rotundamente” que los pilagá hayan sido perjudicados con la obra e incluso “ha afirmado que la comunidad se está beneficiando del proyecto del canal”.

“La historia de discriminación, violencia y explotación a las que fueron sometidos los miembros de la comunidad El Descanso como parte del pueblo indígena pilagá recuerda situaciones que han sufrido otros pueblos indígenas en Argentina y es sólo un ejemplo del círculo de discriminación, exclusión, silenciamiento e inseguridad que mantiene a los indígenas en la pobreza y alimenta la violación de sus derechos humanos”, destaca AI, y afirma que las comunidades pilagá enfrentan un “grave” empobrecimiento económico y “escasez crónica de comida”.

Este diario solicitó una entrevista a la Subsecretaría de Comunicación de Formosa, cuyo gobernador es Gildo Insfrán, a fin de recabar una opinión sobre el informe de AI, pero no obtuvo respuesta.

Amnistía Internacional recuerda que desde una década atrás las organizaciones indígenas denuncian el secuestro de DNI durante los comicios y la coerción para votar por determinado candidatos. Amnistía confirmó que las últimas dos elecciones se repitió la sustracción de documentos “articulada con el secuestro de indígenas en galpones la víspera de las elecciones” y la compra de votos a cambio de frazadas, ladrillos o mercadería.

La ONG también responsabiliza al Estado nacional por no tomar medidas –“argumentando el respeto por el sistema federal”–, frente a las denuncias de la comunidad por violación de sus derechos y lo acusa de “estar ausente y haber abandonado a las comunidades indígenas a su propia suerte”.

“La falta de voluntad política y el no tomar en serio los reclamos de las comunidades indígenas como la de El Descanso no sólo vulnera los derechos de la comunidad, sino que refuerza su situación de discriminación y marginalización histórica”, denuncia y explica que, de esa forma, se “refuerza el empobrecimiento, la marginalización y el silenciamiento de la comunidad de El Descanso y de los pilagá en general”.

Amnistía Internacional afirma que “la violación sistemática” de derechos ocurridos en la comunidad El Descanso es una muestra de lo sucedido en toda Formosa e incluso en distintas regiones del país. “Muchos indígenas en la Argentina, al igual que los pilagá, siguen enfrentando la marginación y la discriminación y tienen grandes dificultades para que sus voces sean escuchadas y para acceder a la justicia sin discriminación”, alerta y subraya que el Estado argentino “debe asumir y cumplir sin demoras” el derecho de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos naturales.

Entre las numerosas recomendaciones, se solicita proteger a las comunidades indígenas de posibles represalias, reclama el cumplimiento efectivo de la ley 26.160 (prohibición de desalojos y relevamiento de tierras) y se insta a las autoridades de la Argentina a que adopten de manera “urgente las medidas necesarias para garantizar que se respeten, promuevan y cumplan los derechos de los indígenas de la comunidad de El Descanso y se rompa así el ciclo de discriminación y exclusión al que están sometidos”.

La ONG siempre dirige sus recomendaciones a los gobiernos por entender que éstos son los responsables de lograr el respeto, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la investigación también aborda la responsabilidad de la sociedad argentina, donde encuentra las “profundas raíces históricas y culturales del racismo y la discriminación de los que son víctimas hombres y mujeres indígenas”.

lunes, 19 de abril de 2010

FLOREAL FERRARA, ESPECIALISTA EN MEDICINA SOCIAL Y EX MINISTRO DE SALUD BONAERENSE

Las obras sociales y la salud como bien público

Ferrara es crítico de la corrupción en sectores gremiales, pero asegura que es necesario defender las obras sociales y que deben ser gobernadas por los trabajadores. Frente al imperio de las prepagas propone la creación de un Sistema Nacional de Salud integrado por las obras sociales y la salud pública.


Por Luis Bruschtein

Floreal Ferrara escribió varios libros sobre medicina social, fue amigo de Ramón Carrillo y ministro de Salud de Oscar Bidegain y Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires y en la actualidad, con 76 años, integra el Polo Social con el padre Luis Farinello. “La relación paciente-médico es absolutamente asimétrica donde, por lo general, una clase ejerce el poder sobre otra”, asegura desde sus muchos años de experiencia. Y además advierte que “no podemos seguir entregando las obras sociales a las trasnacionales; el pueblo tiene que gobernar su propia salud”. La idea de medicina social es antitética con el neoliberalismo y el libre mercado. Ferrara plantea la integración de un Sistema Nacional de Salud conformado por las obras sociales y la salud pública.
–¿Cómo surgió en usted la inquietud por la medicina social, que de alguna manera polemiza con la medicina como negocio?
–Inicié mi carrera como médico clínico y un año después me especialicé como cardiólogo, y tuve la suerte de tener como profesor a Pedro Cossio, el médico que va a atender a Perón hasta el final de su vida, un profesor fenomenal, un cardiólogo de primer nivel. Después tuve la oportunidad de encontrarme varias veces con Ramón Carrillo, hablando de los temas de salud. Atendí durante bastante tiempo a un amigo suyo y él venía o a veces me llamaba. Era ministro, pero llegaba solo, manejando su auto. Me contaba las diferencias que tenía con Eva, me decía que Eva estaba totalmente convencida de que los hospitales debían ser del pueblo y por lo tanto debía gobernarlos el pueblo. Y Carrillo se enojaba, decía que no estaba de acuerdo, que los hospitales eran responsabilidad del Estado y que debía gobernarlos el Estado. Se acaloraba y me apuraba “¿usted qué piensa?” y le decía que como Eva. “¿No ve? Son todos revolucionarios”, me decía. Todo esto me apasionaba por la formación que había tenido en mi hogar, soy hijo de sindicalista.
–¿Entonces su padre no estaba relacionado con el mundo de la medicina?
–Fue fundador del primer sindicato de Luz y Fuerza que tuvo el país, allá en 1923, en mi pueblo, Punta Alta, cuando se construyó la cooperativa eléctrica. Me contaba mi viejo que cuando apenas había llegado de Yugoslavia, se puso a crear un sindicato, como muchos inmigrantes, estoy hablando de 1911, 1912. Y como no había tantos trabajadores fundó un sindicato que se llamó de oficios varios porque los juntaba a todos.
–Su apellido no parece yugoslavo...
–El es hijo de italianos, pero nació en Yugoslavia, así que yo soy nieto de italianos, pero hijo de yugoslavos y de madre española. De allí me viene una pasión socialista, una pasión por lo social. Y la medicina fue mi vida. Me metí en esas cosas a partir de 1955, 1956. Entré como jefe de trabajos prácticos de Medicina Social y allí seguí mi carrera profesional hasta que las Tres A me echaron de la universidad en 1975. Pero éste es otro episodio. A partir de mi militancia en las villas, poniendo consultorios y trabajando con la gente, con todo el pueblo, yo tengo una gran relación con los jóvenes en la universidad, a partir del ‘55 en adelante, una relación que se hace muy estrecha en la época dura de la dictadura de Lanusse, tengo mucha relación con ellos, los atiendo en situaciones muy conflictivas...
–¿Usted atendía en las villas por razones geográficas o por una actitud ideológica...?
–Un poco las dos cosas. Eran las villas de La Plata, había una que estaba muy cerca de un pueblito que se llamaba La Granja; yo viví toda mi vida en una quinta en una zona rural, muy pobre, muy humilde, de la que fui médico muchos años, desde fin del ‘49, que me casé, hasta el ‘76 que me fui por razones de higiene pública y militar. Me vine a vivir a Buenos Aires, que fue lo que me salvó. Ya en el ‘75 Lastiri, López Rega y Llambíme echan de la facultad, y estaba de ministro... pero qué suerte, ya me olvidé del apellido. En el ‘73 fui ministro de Oscar Bidegain, un tipo formidable, al cual el país le debe un homenaje sincero. El día que lo enterraron fuimos sólo 30 tipos. Por suerte hubo un pibe ahí que gritó: ‘¡Don Oscar, hasta la victoria final!”. Imagínese, en Azul, 30 tipos en un cementerio, en el momento en que lo íbamos a poner en el nicho, aparece un pibe que grita desde atrás, y yo me estremecí y grité también: “¡Hasta la victoria final!” y éramos nada más que nosotros dos. Después nos abrazamos. En el ‘73 Bidegain, que asumía como gobernador de la provincia de Buenos Aires, me hace ministro y yo celebro ese episodio, lo vivo como una distinción de un revolucionario como era Bidegain.
–Eran momentos de mucha agitación política y además muy cambiantes, ¿cuál era el proyecto principal en su área?
–Nuestra prioridad era el afianzamiento del hospital público. Duré muy poco, lo que duró el gobierno de Cámpora, unos 120, 140 días, caímos en seguida. Esto fue suficiente para que después tuviera largas dificultades durante toda mi vida. Y bueno, después yo sigo en la facultad, llego a ser profesor titular y en ese momento llega la Renovación. Me metí con toda la fuerza en la Renovación en el ‘85 y allí soy ministro con Cafiero.
–¿Usted tuvo muchos problemas con los militares?
–Me persiguieron mucho después del ‘76. Me obligaron a salir de la ciudad, me destruyeron la casa. Mi primera mujer murió después de un episodio de apriete, adonde fue la policía a buscarnos. Ella hizo una crisis cardíaca cinco o seis días después y se murió. De manera que los dolores están instalados también, no quizás con tanta intensidad como los desaparecidos, pero están. Bueno, ya con el retorno a la democracia viene el episodio del ministerio. Yo creo que en ese momento impulsábamos el último episodio revolucionario en el campo de la salud. El primero de ellos fue sin ninguna duda con Carrillo con aquello que se dio en llamar la revolución de la capacidad instalada. Desde 1947 hasta el ‘54 en que se va, en que lo echan, en todo ese período duplica la capacidad instalada de 65 mil camas, a 130 mil. Esa es la revolución de Carrillo con muchas otras cosas dentro de eso, por supuesto. En el ‘85 nosotros nos dimos cuenta de que había que producir una modificación. Eramos un grupo muy intenso que trabajó teórica y prácticamente. Me siento orgulloso de esa revolución que fue decir: “el país no debe construir más hospitales, los tiene que mantener, acondicionar, cuidar, pero ahora la revolución es la de la atención médica ambulatoria. Este fue el camino de los Atamdos (Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud).
–¿La idea era llevar la atención médica a los barrios?
–Primero la revolución fue entender que había que cambiar la atención de hospitalaria a ambulatoria y domiciliaria. Lo segundo fue darnos cuenta de que no era problema sólo de un médico, sino de un equipo. Y ese equipo estaba constituido por un médico, una trabajadora social, una enfermera y una psicóloga, junto con un odontólogo cada dos grupos y un administrativo. Ese grupo era responsable de mil familias, que asignábamos de acuerdo con la accesibilidad geográfica. Eso produjo una revolución fenomenal, porque además les dimos el gobierno de ese instrumento a las familias que tenían bajo su cuidado. Se reunían, hacían asambleas, nombraban el concejo de administración. Les dábamos el dinero a ellos. Cuando me fui hicieron una investigación muy profunda porque nadie asumía la responsabilidad de lo que significa aguantar el pueblo, cuando el pueblo gobierna es irreverente, es fuerte, es prepotente, es pueblo, es poder. Investigaron profundamente si había algún desfalco y no faltó un peso, nada.
–¿En ese contexto cuál era el papel de los hospitales; los grupos tenían relación con éstos?
–Sí, pero estaba muy tensionada porque los hospitales sentían que se quedaban sin pacientes. Porque el hospital no tiene por qué estar repleto de gente. Tiene otra misión más intensa, que es la internación, laespecialización, lo que hace a la actividad secundaria y terciaria. La atención primaria de la salud es en los lugares periféricos. Muchos de mis amigos que eran directores de hospital me decían: “¿Floreal qué querés, hacer, querés dejarme sin hospital? No tengo nadie, no viene nadie a la sala de maternidad e infancia”. Yo les preguntaba cuándo iba la gente. Me decían que cuando estaban por tener familia. Eso era el éxito. Logramos colocar 150 Atamdos. No eran mucho, 150 mil personas. Lo fuimos distribuyendo en Patagones, Coronel Rosales, en Salto... Teníamos que conseguir locales, el Atamdos más simpático que recuerdo funcionaba en una capilla, en Merlo. Nos fuimos instalando donde podíamos. Lo más importante fue la participación popular. El plan era llegar a mil Atamdos. Los médicos, psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales y demás ganaban el mismo sueldo y muy parecido al que yo tenía como ministro. Así designamos a unas 600 personas. Era caro desde el punto de vista del recurso humano, pero no por la cantidad de gente que atendió. Comenzamos en algunos lugares con 150 consultas diarias, desde que empezaba a las diez de la mañana, hasta que terminaba a las diez de la noche.
–¿Y el tema de los medicamentos...?
–El tema de los medicamentos fue implementado en dos etapas. La primera fue la elaboración de un vademécum, un formulario terapéutico para los hospitales bonaerenses. Y la segunda fue habilitar a los hospitales que tenían farmacias para producir medicamentos a partir de la compra de las drogas básicas por el Estado. Pudimos hacerlo nada más que en dos o tres hospitales y después nos caímos. Pero nos dimos cuenta de que estábamos produciendo medicamentos de altísima calidad a muy bajos precios. Los laboratorios empezaron a pegar duro. El otro tema importante allí es que, cuando planteamos la transformación del modelo prestacional, denunciamos la enorme significación que tenían las cesáreas. Era un hecho muy específico, pero que mostraba cómo se iba deformando la función médica. Teníamos en el hospital público un porcentaje del 11, 12 por ciento de cesáreas. En los sanatorios a los que les pagábamos con las obras sociales y el IOMA, tenían el 40, 50 por ciento de partos con cesáreas y algunos, el 60 por ciento. Me produjo un escozor tremendo con el mundo médico.
–La práctica de la medicina es una zona en la que terminan confluyendo fuertes intereses y la vuelven muy conflictiva...
–Claro, la práctica de la medicina toca dos o tres elementos que son clave. Primero: por lo general el dinero sale de las obras sociales, o sea que se obliga a los trabajadores a pagar más. Pero además, el que realiza esta sustracción pertenece a otra clase social. No es cierto que la relación paciente-médico sea simétrica, es absolutamente asimétrica, donde una clase ejerce poder sobre otra. Esto se ve en las relaciones cotidianas. Se ve nítidamente en cómo lo tratan, en cómo le exigen, en cómo le cobran. Estas deformaciones fueron las que nos llevaron a pensar muy seriamente que hay que producir un cambio en el terreno de las obras sociales que no es precisamente el cambio, digamos neoliberal y frustrante que están produciendo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
–¿Y en qué sentido habría que transformar a las obras sociales?
–El camino hacia una salud diferente en la Argentina para la mitad de este siglo, para dentro de 30 años va a tener que pasar por un Servicio Nacional de Salud, en el que deberán tener representación los trabajadores porque son parte del mecanismo. En el interín hay que tratar de que las obras sociales sean auténticamente de los trabajadores, que no sean del Estado ni de los organismos internacionales. Los trabajadores deben gobernar las obras sociales, para lo cual se requiere una militancia sindical de clase, profundamente de clase, que sea capaz de corregir las corrupciones que hemos padecido. Nadie es ajeno a la perversidad de algunas dirigencias sindicales, pero son los propios trabajadores los que tienen que sacar a esas dirigencias. Tendría que llegarse así a la conformación de un Sistema Nacional de Salud integrado por las obras sociales y la salud pública. El sector privado que se maneje como leguste, pero la seguridad social más el hospital público tienen que estar juntos. Hay que volver a pensar en un hospital público bien financiado, gratuito, igualitario, eficiente y de alta calidad, donde el gobierno de ese hospital esté transferido a la comunidad y donde seguramente tendrán que intervenir las conducciones sindicales porque parte de las contribuciones que sostienen al hospital proviene de los trabajadores.
–Pero la mayoría de las obras sociales están prácticamente quebradas...
–Porque está quebrado el sistema de retribución de la fuerza del trabajo. Si tiene la mitad de los trabajadores que tenía antes, la mitad de los sueldos y la mitad de esa mitad porque va en negro, más las evasiones que todavía se producen... Hubo una solicitada hace poco de Raymundo Ongaro, donde denuncia la crisis dramática por la que atraviesa la obra social de los gráficos porque hay una evasión de entre el 40 y el 50 por ciento por parte del empleador. Hay más de dos millones de desocupados que antes eran contribuyentes a ese sistema y ya no lo son. En un país que se desarrolla con equidad las obras sociales pueden funcionar perfectamente. Hay que ser franco, porque cuando uno habla de la corrupción en las obras sociales siempre habla de dos sujetos. Y frecuentemente, del otro lado del mostrador estuvieron los profesionales, que aquí aparecen como si no tuvieran nada que ver.
–¿Para realizar este cambio tan amplio debería haber también un cambio profundo en la mentalidad de la gente?
–Son cambios que se van a ir produciendo paulatinamente. Yo estoy en este momento en una fuerza de cambio, con toda decisión, junto a Luis Farinello, en la creación del Polo Social, trabajando con un grupo importantísimo de médicos, sanitaristas, psicólogos y demás, en la construcción de un proyecto que tenga que ver con los trabajadores. El Polo tiene una importante inserción en el mundo sindical tendiente a producir en la Argentina un cambio que no será inmediato, porque con las elecciones no se logra el cambio, pero es un camino.
–Pero todas las ideas que no están relacionadas con una ganancia directa han sido muy desprestigiadas y ha habido una campaña muy dura contra las obras sociales...
–Totalmente, porque el Banco Mundial vino a imponer el modelo de libertad de mercado y el paladín de ese modelo fue el menemismo. Esta situación no tiene nada que ver con Menem ni con De la Rúa, sino con el poder imperial, que hoy no es Estados Unidos, sino el capitalismo que también ejerce influencia sobre Estados Unidos. Los ejecutores han sido el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la Organización Mundial del Comercio. En 1991 ingresan a la Argentina como una de las funciones del Banco Mundial y nos dicen lo que hay que hacer en el campo de la salud, la economía, la educación. En 1993 producen un documento en el campo de la salud que es patético: “Si usted no tiene plata y tiene niños con muchas dificultades, déjelos morir. Si tiene muchos sidóticos y no tiene plata, déjelos morir”. Está dicho en la página 119 de “Invertir en Salud”, así como lo cuento, con este patetismo. Todo era el mercado. Tres años después, 1996-97, empiezan a darse cuenta de que por ese camino llegaron a tener el 40 por ciento de desocupados en el mundo y más del 30 por ciento de hambrientos y tuvieron que corregir. Producen un documento en 1997 que se llama “El Estado en la época de transición” donde hacen alguna concesión al Estado. Nuestros decretos 440 y 1110 de ahora dan libertad de afiliación a los hombres y mujeres de las obras sociales para que se cambien a las prepagas. Una gran porción de esas prepagas son propiedad de las grandes sociedades y empresas financieras, mucha de las cuales están siendo brutalmente condenadas por el propio Senado de los Estados Unidos como lavadoras de dinero. Entre ellos están el Citibank, el Chase Manhattan, el Bank of New York, el Hong-Kong Bank.
–¿A todo esto la ética médica no tiene nada que decir? No ya desde un lugar político, sino desde la ética.
–Los médicos en términos generales constituyen una congregación muy desinformada, tienen gran información médica, es decir ejercen lo que Kant llamaría “el oficio en sí mismo”, es decir la profesión en sí, la cual no tiene que ver con la sociedad. Sólo un puñado de médicos se ocupa de la influencia del campo de la salud en la sociedad. El resto sabe magistralmente todo lo que se puede saber sobre la última enfermedad. El médico no tiene una visión global sino parcializada, de cuya parcialidad, frecuentemente hace maravillas; lo digo yo como paciente más que como médico, pero no les hable de ninguna de estas cosas, porque para ellos no tienen sentido. Y esto es la consecuencia de un sistema que no solamente tiene a la televisión de cómplice, sino también a las universidades.
–Usted señaló recién que la educación de los médicos cumple una función importante en esta situación...
–Los médicos este tema no lo ven. Pero aunque estuviera en los planes de estudio, si no se corrige en la sociedad, serviría de poco. Le voy a contar una anécdota. Cuando me estoy por ir de la universidad, en noviembre del ‘75, amenazado por la Triple A y expulsado, en la última clase tenía una multitud frente a mí. Cuando terminé, dije: “Aquí estoy disponible a las críticas que ustedes crean convenientes”. Casi todos fueron elogios. Hasta que un pibe por allá arriba me dice: “Usted ha sido un gran profesor mío, pero me voy con un enorme déficit porque no me ha enseñado a manejar el nomenclador nacional”, que es el listado de las enfermedades por el cual los médicos saben cómo facturar. O sea que para él el negocio estaba por encima de lo que le había enseñado. Lo miré fijo, se me nubló la vista, tuve la sensación de que me desmayaba, de bronca, de fastidio, entonces le dije: “Por qué no te vas a la puta madre que te parió”, y me di vuelta y la clase entera se levantó, se puso en pie y me aplaudió. Me lo llevé, como diría Perón, como la música más maravillosa que han escuchado mis oídos.

¿POR QUE FLOREAL FERRARA?

Por L. B.

El que no paga, se muere

El neoliberalismo reinstaló una discusión sobre la naturaleza de la salud. Se trata, al igual que con la información, de dilucidar si son simples mercancías, si constituyen un bien público o si son una mezcla de ambas cosas. El hiperachicamiento permanente del Estado así como la crisis de las obras sociales y su inminente desaparición parecen concluir que la salud es una mercancía a la que sólo tendrán acceso aquellos que estén en condiciones de comprarla.
Floreal Ferrara escribió en colaboración Medicina de la comunidad, en 1965-67, un libro que se convirtió en texto de estudio en las facultades argentinas y latinoamericanas. Después escribió Teoría social y salud, tres tomos de Teoría política y salud, Teoría de la corrupción y salud y está en imprenta Teoría crítica y salud. Son textos opuestos a “Invertir en salud” y “El Estado en la época de la transición”, los dos textos donde el Banco Mundial diseña las nuevas políticas de salud. Conoció a Ramón Carrillo, el ministro de Salud del peronismo que consolidó el hospital público. En 1973 fue ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires, convocado por el gobernador Oscar Bidegain, vinculado a Montoneros. Y en 1985, ya como militante de la Renovación Peronista, fue ministro de Salud del gobernador Antonio Cafiero. En ambos casos debió abandonar el cargo por la fuerte reacción de algunos laboratorios, de muchos de sus colegas que veían afectados sus privilegios corporativos y por la reacción conservadora.

FLOREAL FERRARA

“La salud es la solución del conflicto”

Una semana atrás murió el sanitarista Floreal Ferrara. Tenía 85 años y seguía trabajando. Ejerció la medicina social. Marcó el camino hacia un sistema de salud sostenido por la participación popular. Un poco peronista, un poco nacional, un poco socialista. Así lo explicaba en octubre de 2008.

Por Beatriz Blanco

–¿Cuándo y por qué, siendo cardiólogo, hizo el giro hacia la medicina social? ¿Fue a partir del posgrado sobre Salud y Desarrollo Social organizado por la OEA? ¿Fue por su acercamiento al peronismo o simplemente porque es hijo de su época?

–Fui hijo de esa época, pero no se olvide de que mi viejo era anarquista. Lo veo todavía extendiéndome la mano y diciéndome “este es el primer libro que tenés que leer”. Se trataba de El hombre mediocre, de José Ingenieros. Yo tendría 14 años.

–¿Cómo era su paisaje infantil?

–Yo nací y me crié en Punta Alta, provincia de Buenos, hasta que me fui a estudiar a La Plata. Soy el mayor de tres hermanos. Tengo recuerdos formidables de aquellos tiempos. A la vuelta de mi casa había una oficina de aguas, Aguas Corrientes. Era una oficina británica, era del imperio. Y con mis amigos, tendría 10 a 11 años, decidimos quemar la bandera británica que estaba allí, porque no había bandera argentina. Nos dio fastidio. Y la quemamos. El gerente de ese lugar nos detuvo, llamó a la Base Naval Punta Alta. Vino alguno de la Base Naval y nos metieron en cana. No duró mucho la cana. Fueron nuestras madres a buscarnos y nos largaron con la recomendación de que no lo volviéramos a hacer. Mi madre no me reprendió porque entendió que era la consolidación del pensamiento de mi padre. Esto ocurría en 1934. Yo nací el 7 de junio de 1924.

–¿Qué recuerdos tiene de sus padres?

–Mi padre se llamaba Pedro, era yugoslavo, anarquista y dirigente sindical. Fue parte del grupo de carpinteros que construyó el dique seco, que todavía existe en Puerto Belgrano. Creó un sindicato anarquista de oficios varios. Porque no había gente suficiente para crear un sindicato de herreros, de carpinteros. Mi viejo tenía una cosa muy linda, que los domingos me sacaba a pasear. Yo ya era rengo, porque tuve la poliomielitis a los 11 meses. Los domingos me llevaba a pasear por Punta Alta y me hacía tocar las puertas que él había hecho. Las puertas del teatro Colón, del teatro Español. “Tocala –me decía–, mirá qué fina que está, no tiene una sola aspereza. ¡Mirá qué linda que es!” Mi madre era española y se llamaba Paulina García. Linda mina, fuerte.

–¿En qué año llega a estudiar medicina a La Plata?

–En 1943 y viví en una pensión de 2 y 50.

–A una cuadra de la cancha de Estudiantes. ¿De qué cuadro era hincha?

–Era hincha de Gimnasia, después pasé a ser hincha de Estudiantes. Pasados los años me resultaba muy difícil subir a la platea de Gimnasia con mi pata renga. En cambio en Estudiantes me podía sentar al lado del arco, en los primeros tablones. Iba con mi hijo Pedro, que ya era de Estudiantes. Yo de Gimnasia. Y de repente, un día vino un gol fenomenal y me encuentro abrazando a mi hijo. Y entonces pienso: ¡Ah, ya soy de Estudiantes!

–¿Cómo surgió la idea con Milcíades Peña de hacer aquella encuesta por muestreo sobre “Qué significa la salud mental para los argentinos” publicada en Actas de Neuropsiquiatría Argentina de 1959 que fue señera?

–Milcíades era un gran creador, un personaje. Uno de esos días en que nos encontrábamos en mi consultorio de la Clínica Charcot en La Plata, me dice: “¿Sabés lo que tendríamos que hacer? Un estudio a fondo de la clase media”. El quería demostrar que los médicos tenían un horizonte muy estrecho y yo también. El tema era que había que hacer la encuesta, no era cuestión de inventarla. En esos días yo me iba al Congreso Nacional de Cardiología que se hacía en Tucumán. Entonces Milcíades me dice: “Vos tomate el tren a Tucumán y encuestá a todos los tipos que suben al tren. Y yo me voy a Mendoza y entrevisto a toda la gente que sube a ese tren”. Cuando llegué a Tucumán ya había hecho trescientas encuestas. Lo mismo hizo Peña. ¿Qué fue lo importante de eso? Aplicamos los tests proyectivos del sociólogo Writght Mills. Lo presentamos en el Congreso Nacional de Psiquiatría.

–¿Cuál sería su definición de salud hoy?

–La salud es la solución del conflicto. No tiene nada que ver con esa definición como “completo estado de bienestar físico mental y social” que utilizábamos en aquellas épocas, surgida de los organismos internacionales de salud. Este concepto lo estudiamos epistemológicamente con Milcíades Peña, y nuestra definición se pelea con el estado de bienestar y el “estar bien”. Nuestra definición de salud es que el hombre y la mujer que resuelven conflictos están sanos. La salud es la lucha por resolver un conflicto antagónico que quiere evitar que alcancemos el óptimo vital para vivir en la construcción de nuestra felicidad. Y por otro lado, estoy convencido de que siempre que uno hable de salud, no hay perspectiva de otra salud que aquella que construye el Estado. No hay perspectiva de creer en la salud privada. La salud privada es un negocio mercantil para los ricos que la pueden pagar.

–¿Una experiencia notable en algún lugar del mundo?

–Sí, en Africa. “Usted tiene que conocer la Universidad de Kumasi, y va a ir con mi auto y con mi gente, y en ese camino usted va a comprender por qué la Universidad de Kumasi es muy distinta de la universidad de los ricos, que ya visitó”, me dijo Kwame Nkrumah, presidente de Ghana, en Accra, la capital, cuando fui invitado en el año 1962 a una reunión internacional de médicos que se llamaba “El mundo sin la bomba”. Cuando íbamos en el auto rumbo a esta universidad, el negro manejaba a 160 kilómetros por hora. Era dramático. Veo una picada y le digo al chofer: “Pare, pare, pare”. Había una muchacha con la Cruz Roja en el brazo, pero con los pechos al aire y una pequeña tanguita. Me bajo del auto y me dirijo hacia ella. Entonces la muchacha me explica: “Yo soy aquí la maestra, soy la médica, soy la enfermera. Soy enfermera recibida en Oxford, estoy con mi pueblo y he venido a servir a mi pueblo. Y usted está preocupado, porque lo veo que me mira con preocupación. Me mira con preocupación ¿por qué? Porque no tengo el guardapolvo blanco. Si me llego a poner el guardapolvo blanco aquí no queda un solo niño. Todos van creer que soy un fantasma”. Yo en ese entonces era profesor adjunto en la Universidad Nacional de La Plata de medicina preventiva. Y pensé: “¡Qué lección me ha dado!”.

–¿Por qué asegura que todos los campos de la atención son preventivos?

–Le voy a explicar por qué con ejemplos simples. En el primer nivel de atención hacemos promoción de la salud en niños de 0 a 5 años vigilando la alimentación, la higiene, las vacunas. De los 5 a los 15 años hacemos promoción de la salud con las vacunas. En el nivel secundario nos dedicamos a la recuperación de la salud: diagnóstico precoz, tratamiento oportuno para limitar el daño, previniendo situaciones peores. En el nivel terciario, por ejemplo, si la hipertensión lo llevó a hemiplejía, se puede hacer una readaptación y reeducación. Y luego se puede prevenir la muerte de otros estudiando los certificados de defunción de una población, que nos hablarán de la causa de su muerte. Por eso digo que toda la atención de la salud es preventiva.

–Decía recién que la salud necesita ser estatal.

–Necesita ser de la comunidad porque si no es de la comunidad, todos estos niveles de atención de los que le hablé serían muy difíciles de cumplir. Carrillo me contaba las diferencias que tenía con Eva, me decía que Eva estaba totalmente convencida de que los hospitales debían ser del pueblo y, por lo tanto, debía gobernarlos el pueblo. Y Carrillo se enojaba, decía que no estaba de acuerdo, que los hospitales eran responsabilidad del Estado y que debía gobernarlos el Estado. Se acaloraba y me apuraba: “¿Usted qué piensa?”. Y yo le decía que pensaba como Eva. “¿No ve? –contestaba Carrillo ofuscado–. Son todos revolucionarios... pero tienen razón”.

–¿Cómo vivió la dictadura de 1976?

–Yo tuve dos mujeres en mi vida. Dora Irma Roge, mi primera mujer, era una mina impresionante, enormemente culta, trabajadora del periodismo, cuidadosa de lo que era nuestra vida. Vivimos desde 1950 con Dora y mi hijo en La Granja, un pueblito cercano a La Plata, hasta que una patota policial me vino a buscar, no me encontró y destruyó mi casa y quemó mis libros en 1976, bajo la dictadura militar. Seis días después mi mujer murió por una crisis cardíaca. Y yo me muero con ella. Me refugié finalmente en Buenos Aires. Estuve tres años en negro, sin leer, sin escribir, sin hacer nada. Luego comienzo a leer de nuevo y me encuentro con esta muchacha. Esta muchacha espectacularmente amiga, compañera, enormemente cordial, afectuosa, me saca de eso y construimos un mundo nuevo. Ella me hizo renacer –dice refiriéndose a Elizabeth, quien acaba de acercar un vaso de agua fresca.

–¿Es decir que tuvo un hijo?

–Sí, Pedro, y además tengo una hija adoptiva y tres nietos adoptivos. Un bisnieto adoptivo y el 15 de noviembre nacerá mi primer nieto de sangre.

–¿En qué consistió el programa Atamdos? (Puesto en marcha en la provincia de Buenos Aires durante su gestión como ministro de Salud a fines de 1987).

–Atamdos quiere decir Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud y comprende toda la atención de la salud, parte del primer nivel y se integra con el hospital de la zona. Los modelos preventivos de la salud se repiten en la atención primaria de la salud. El programa se desarrolló a lo largo de cuatro meses, que fue el tiempo que estuve a cargo de ese ministerio, en La Plata, Berisso, Ensenada, Florencio Varela, General Rosales, Patagones, Salto, Tandil, Tres Arroyos, Villarino y otras zonas del conurbano bonaerense. Pero no hay ningún lugar del país en que no se recuerde lo que significó, fuera de esa revolución sanitaria que produjo Ramón Carrillo.

–¿Cómo estaban formados los equipos?

–Cada Atamdos estaba formado por un equipo interdisciplinario: un médico, una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social, un bioquímico y un odontólogo cada dos grupos. Ese grupo atendía 300 familias, en un área señalada por ellos. Ganaban lo que ganaba yo como ministro de Salud, creo que cinco mil pesos, pero había una responsabilidad, ninguno podía trabajar en otro lado, había retención de título. Hicimos aproximadamente novecientos nombramientos. Las trescientas familias de cada Atamdos eran quienes manejaban el presupuesto del equipo. Eran los que controlaban y dirigían, discutían y resolvían los problemas de salud en asamblea. La asamblea elegía el Consejo de Administración. Yo iba a las asambleas. En una de ésas me encuentro con un muchacho que dice: “Acá el único quilombo que tenemos es el tema de la basura, yo creo que la solución de esto es que hagamos un cajón muy grande, lo tapemos bien y tiremos ahí la basura y apretemos al intendente para que todos los días vengan a buscar la basura”. Se terminó el problema de la basura, lo había resuelto la comunidad. Esa es la salud que el país necesita. La salud está metida adentro de cada una de las cosas del mundo. Está metida adentro de cada una de las cosas sustanciales en las que están el hombre y la mujer y el amor directamente metido.

–¿Por qué razón se sigue recordando esta experiencia?

–Por la participación de la gente. Esto no quiere decir que yo disminuya la enorme significación de lo que hizo Carrillo sesenta años antes. El Atamdos fue un agregado fenomenal que rápidamente lo ahogaron, duró de fines de 1987 a abril de 1988.

–¿Quién o quiénes ahogaron la experiencia?

–Este programa se generó entre un conjunto de compañeros y amigos que empezamos a pensar cómo se transforma la salud. Pero otros colegas no pensaban lo mismo. Recuerdo, una vez me viene a ver un director de un hospital de Tandil al despacho, cuando yo era ministro. “¿Te acordás de mí?”, me dijo. “Cómo no me voy a acordar, entrá.” Y me dice: “¿Vos qué querés hacer, querés fundir a los hospitales? No hay nadie en los hospitales”. Justamente, ésa era la ventaja del programa Atamdos: la gente era atendida primariamente en el barrio, y no llegaba al hospital, que está para los casos más complejos. Eso, a algunos los incomodaba. Y así trasmitían esa opinión a Cafiero. Cafiero estaba asustado.

–¿Y Cafiero qué opinaba?

–Cafiero me llama un día y me dice: “Vos ¿qué querés hacer en la provincia de Buenos Aires? ¿Un soviet?”. “No –le dije– ¿Por qué, Antonio, vos les tenés miedo a los soviet?” Me respondió: “No. ¡Cómo les voy a tener miedo!”. “¿Entonces?” Que iba demasiado rápido, me dijo. Pero, ¡era la revolución desplegada! Porque, claro, si vos le das participación al pueblo, le estás dando participación en una revolución. La concepción de Carrillo está bien en el medio de en un país que tenía un líder y que ese líder era el poder. La diferencia era que el poder residía en el Estado. Y Eva y yo, con humildad digo esto, percibimos que el poder está en el pueblo.

–¿En qué consiste el Instituto Gráfico Nacional de Estudios Sociales y Sanitarios que dirige en el sindicato gráfico?

–Un día me dice Ongaro: “¿Usted quiere hacer algo?”. “Sí –le contesto–, quiero hacer un instituto.” “Bueno, métale. ¿Qué necesita?”, me preguntó. “Necesito 20 dirigentes sindicales que no sean ñoquis, que laburen, que no tengan permiso gremial.” “Tengo”, contesta Ongaro. Así creamos el Instituto. Le estoy enseñando a ese grupo de trabajadores a preparar los trabajos con sus propias palabras, a partir de sus búsquedas en Internet y los textos que yo les doy. La consigna es preparar un documento para que sus compañeros entiendan qué es dislipemia (alteración en los niveles normales de lípidos plasmáticos), lo que es el alcoholismo, los biocombustibles. Así hacen textos construidos con sus propias palabras. Es monumental. ¿Por qué? Porque acá viene una frase fundamental de Martín Heidegger, copiándolo a Friedrich Hölderlin, el gran poeta: “Las palabras son la casa del ser”, es decir, el ser se expresa por las palabras, entonces cuando las palabras las utilizan los trabajadores, los que saben cuál es el ser de los trabajadores son los propios trabajadores.

viernes, 16 de abril de 2010

Marcha a Tribunales por la ley de medios

La manifestación fue convocada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. El reclamo es que la Justicia avale la legislación que impulsó el kirchnerismo y sancionó el Congreso el año pasado, que está frenada por dos fallos en Mendoza.


Embanderados. La organización convocante está alineada con el gobierno de Cristina Kirchner y su declaración de 21 puntos fue la base para la nueva legislación.
La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que impulsó el Gobierno y que presenta objeciones judiciales, fue defendida a pura marcha. Una importante movilización frente al Palacio de Tribunales nutrida por militante de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos reclamó la aplicación de la normativa sancionada a fines del año pasado por el Congreso nacional, y que está suspendida por dos fallos judiciales en la provincia de Mendoza. La decisión fue apelada y debe ser resuelta primero por la Cámara Federal, aunque el oficialismo está dispuesto a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

Durante la manifestación, los participamente reclamaron ó a que la Justicia “libere” la Ley de Medios y aseguraron que seguirán “en las calles hasta que se aplique” la normativa.

A media tarde, la movilización había partido desde el Congreso nacional para desembocar luego en los Tribunales, en una actividad organizada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática. En la plaza Lavalle, se levantó un escenario desde el cual, uno a uno, fueron planteando su defenda a la norma la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el secretario de Derechos Humanos de la CGT Julio Piumato y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, entre otros.

Bonafini expresó el discurso más duro: “Tenemos una Suprema Corte muy decrépita, mientras ellos no nos respeten, nosotros no los vamos a respetar. Señores jueces, pongan las bolas donde hay que ponerlas”, afirmó la dirigente. Y reclamó que “alguna vez voten a nuestro favor, para el pueblo”.

Carlotto fue la primera en hablar desde el escenario para pedir “libertad de expresión” y reclamó que es necesario “coraje para para vencer a los que se interponen al cumplimiento de la ley”. Yasky, por su parte, advirtió que “vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique” y Piumato enfatizó que los jueces de Mendoza “quisieron pisotear la voluntad popular”.

El acto no fue sólo discursos. También incluyó un minirecital a cargo de las artistas Teresa Parodi y Liliana Herrero. Y las presencias políticas fueron numerosas: el titular de la Autoridad de Aplicación de la ley de Medios, Gabriel Marioto; el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde; el dirigente de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) Luis D’Elía; la dirigente jujeña Milagro Sala, y diputados nacionales entres los que estuvieron Silvia Vázquez, Martín Sabbatella y Juan Carlos Dante Gullo, se sumaron a la marcha.

Cristina: “Hay gravedad institucional”

La presidenta Cristina Kirchner afirmó que la suspensión de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de la Cámara de Apelaciones de Mendoza constituye un hecho de “gravedad institucional” y advirtió que no se puede tener “un vacío legislativo” en la materia. “Estamos en un momento de gravedad institucional. ¿Qué ley aplica Argentina en materia de medios audiovisuales? ¿La que estaba vigente y era de la dictadura, o la que aprobó la Cámara?”, se preguntó la mandataria.

Antes de la movilización que se realizó hacia Tribunales en defensa de la nueva normativa, Cristina sostuvo que el hecho de que “una medida cautelar suspenda la aplicación de la totalidad de una ley no se vio nunca en la República Argentina”.

sábado, 10 de abril de 2010

Los Beatles "El camino largo y sinuoso"

LOS BEATLES 40 AÑOS DESPUÉS

Los Beatles reinan 40 años después

La separación del grupo, de la que hoy se cumplen cuatro décadas, no hizo sino potenciar su carisma, convirtiéndolo en la empresa más rentable del negocio musical

DIEGO A. MANRIQUE - Madrid

El 10 de abril de 1970, hace exactamente 40 años, se hacía público un comunicado tajante de Paul McCartney: abandonaba los Beatles -"por diferencias personales, musicales y de negocios"- y el grupo dejaba de existir. El anuncio no provocó manifestaciones de histeria ni lamentos: existía el convencimiento de que aquello era un calentón, que podía arreglarse. Imposible imaginar un mundo sin Beatles: ellos habían pilotado la emancipación de los años sesenta y no podían abandonarnos cuando entraba una década incierta. Pero iba en serio: el último día de 1970, Paul presentaba una demanda en los tribunales, exigiendo la disolución de la empresa común.

Su vigencia es indiscutible: sostienen una industria poderosa

En palabras de John Lennon, el sueño había acabado. El sueño de una generación inspirada por unos simpáticos gamberros procedentes de una ciudad -y un Imperio- en declive, el ideal de la fraternidad creativa desarrollada por cuatro músicos (y George Martin, el productor que guió su vertiginosa evolución). En términos artísticos, la ruptura supuso un desastre mayúsculo: nunca se repetiría semejante alquimia de talento en un grupo pop, tal sincronía de música y cambio social. Veinte años después, así lo expresó Kurt Cobain, justificando el enfoque de Nirvana: "No podemos tocar pop, los Beatles ya lo hicieron todo".

Si sus 10 años de existencia fueron extraordinarios, no lo han sido menos las cuatro décadas posteriores. Las impresionantes ventas de los sesenta han quedado empequeñecidas por el inmenso negocio generado a posteriori. Los Beatles sostienen una industria poderosa, reanimada periódicamente por reediciones, remasterizaciones y -próximamente- su disponibilidad en tiendas digitales. Su Liverpool natal se ha transformado en un parque temático a mayor gloria de aquellos descastados que huyeron a Londres.

El final del grupo despierta los peores instintos: acelera fobias y filias, permite arremeter contra las mujeres -Yoko Ono, Linda Eastman...- que entraron en aquel club masculino, justifica un maniqueísmo que enfrenta a los artistas con los hombres del dinero. Todavía dispara abundantes especulaciones: todo sería diferente de haber retornado al directo, en condiciones más civilizadas que las que obligaron a suspender las giras; tal vez se hubieran apaciguado los enfrentamientos de contar con un arbitro, como era Brian Epstein hasta su muerte en 1967.

Su desaparición empujó a Paul McCartney al timón. Residía en el centro de Londres, mientras los otros andaban dispersos por mansiones en la periferia, sin sentirse particularmente felices. Él era el más social de los Beatles, alguien muy implicado en la contracultura del momento: fue el primero en reconocer que tomaba LSD y marihuana.

En julio de 1967, Paul y John, con sus respectivas parejas, viajaron al Egeo, en pos de un plan eminentemente juvenil: comprar una isla en la que los cuatro pudieran vivir y trabajar. Ni siquiera eran conscientes de que Grecía padecía entonces una cruel dictadura militar que difícilmente hubiera tolerado sus peculiaridades. Hablamos del mismo grupo que, a principios de 1968, inició Apple Corps como un experimento de capitalismo hippy, con varios negocios que, aparte de Apple Records, rápidamente se demostraron ruinosos.

También fue Paul, respaldado por John, quién decidió invitar en 1969 a un equipo de filmación durante la grabación del elepé finalmente conocido como Let it be. Ahora sabemos que el experimento fue desastroso, pero el plan combinaba sustancia y audacia: aparte de conseguir una película rentable, esperaban una catarsis regeneradora al obligarse a crear música ante las cámaras. Años después, los miembros de Metallica se someterían a una terapia similar, de la que salieron fortalecidos y con un documental memorable, Some kind of monster.

Fue en esas desdichadas sesiones cuando George Harrison estalló. Menor de edad que los otros, se sentía menospreciado a la hora de repartir juego. Había embarcado al resto en una búsqueda espiritual, de la mano del Maharishi Manesh Yoghi, pero sólo él persistió tras la estancia en la India (un retiro paradójicamente productivo en términos musicales). George abandonó la grabación, gesto que luego repetiría Ringo Starr.

En su papel de catalizador del cuarteto, Paul McCartney también daba pisotones a su socio principal. Y Lennon estaba extremadamente sensible: tras separarse de su esposa Cynthia, deseaba reinventarse como creador vanguardista y políticamente activo, al lado de Yoko. El nuevo John no tenía paciencia para los compromisos necesarios en un grupo; consideraba los Beatles como una aventura superada, un tiempo de pactos y mentiras. Poco preparado para enfrentarse con la realidad, se dejó embaucar por un tipo duro, Allen Klein. Su insistencia en instalarle como mánager le llevaría a una colisión fatal con Paul McCartney.
Momentos esenciales de una banda inigualable

- La intensa carrera de los Beatles está llena de episodios que hacen de ellos una fenómeno difícilmente repetible. Éstos son algunos:

- Un buen comienzo: En 1957, Paul McCartney se une a los Quarrymen, la banda liderada por el joven John Lennon. La conexión entre ambos compositores fue inmediata. Poco más tarde, se suma el guitarrista George Harrison. Cambian el nombre a The Beatles, un juego de palabras entre "escarabajo" (beetle), y la música beat que practican. La formación definitiva la completará el batería Ringo Starr.

- 'Beatlemanía' y revolución: Junto al productor Brian Epstein, en 1962 graban su primer sencillo, Love me do. La histeria llegó el año siguiente: Please, please me o From me to you se sitúan con facilidad en las listas británicas. En 1964, los estadounidenses aupan al primer puesto de lo más vendido temas como I want to hold your hand. Actúan en películas y son mimados por el público y la crítica, que se reafirmará en su absoluta devoción cuando aparezca Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en 1967. Su trabajo más rompedor marca el camino de la psicodelia.

- Por fin, en España: Pese a las dudas iniciales de Epstein, "sus chicos" actúan en 1965 en Madrid y Barcelona, en las plazas de Las Ventas y la Monumental. El 1 de julio, los músicos se bajan del avión que les deja en la capital disfrazados con monteras de toreros.

- El adiós definitivo: McCartney confirma por escrito el fin del grupo en 1970: "No volveremos a tocar juntos". Su último disco es Let it be, pero la situación ya era tensa en Abbey Road. El título se toma de los estudios donde graban. En 1969 dan su último concierto en el tejado de su discográfica.

- Cae un símbolo: El asesinato de Lennon conmociona al mundo en 1980. Los disparos de Mark Chapman acaban con el icono de una época. La ansiada reunión es ya imposible. En 2001, el cáncer gana la batalla a Harrison.

jueves, 8 de abril de 2010

INCOMPATIBILIDADES EN LA VIÑA DEL SEÑOR

EL VATICANO RECONOCIO QUE EL EX ARZOBISPO NORUEGO RENUNCIO POR ESTAR INVOLUCRADO EN UN CASO DE PEDOFILIA
Hay incompatibilidades en la viña del señor

Tras la difusión periodística, el Vaticano reconoció que Müller, el ex obispo de Oslo, había abusado de un monaguillo de 10 años. El caso ocurrió hace 20 años. El Vaticano dijo que actuó con celeridad y que Müller había renunciado por “incompatibilidades”.

Podría interpretarse que la mirada del Señor no llega a todos los rincones y, en caso de llegar, no parece que fuera a revelar de inmediato aquello que ha visto. La interpretación es sugerida a partir de cierta información difundida por el Vaticano respecto de un nuevo (para adjetivarlo de algún modo) caso de pedofilia. Un ex obispo noruego reconoció en enero de 2009 que veinte años antes había abusado sexualmente de un monaguillo menor de edad. El Vaticano fue enterado hace 15 meses y, según su vocero, Federico Lombardi, “se actuó con celeridad”.

“El caso fue abordado y examinado con celeridad por intermedio de la nunciatura de Estocolmo, en Suecia, a pedido de la Congregación para la Doctrina de la Fe –declaró Lombardi–. Se trata de un caso de abuso sexual de un menor cometido a inicios de la década de los ’90 por parte del ex obispo católico noruego de origen alemán Georg Müller, que reconoció haber abusado sexualmente de un monaguillo, hace 20 años. El obispo presentó su renuncia en mayo de 2009, la cual fue aceptada por el Papa y se retiró en junio de la diócesis. Siguió una terapia y no realiza más actividades pastorales”, aclaró Lombardi, quizás para calmar a la feligresía y al resto de la multitud de monaguillos.

Müller, hoy de 58 años, y originario de la región de Tréveris, en Alemania, dejó sus funciones de obispo de Trondheim (sur de Noruega) el año pasado. El mismo hizo pública su dimisión el 7 de junio pasado, durante una misa en Trondheim, aludiendo a problemas de cooperación, y la noticia provocó conmoción en el reducido ambiente católico noruego.

La explicación oficial en aquel momento fue que dejó sus funciones “por incompatibilidades con el trabajo”, un término menos complicado para el protocolo, la diplomacia y las misas que plantear lisa y llanamente que renunció por pedofilia. En realidad, siguiendo la información del propio Vaticano, la renuncia de Müller y la explicación pública de las incompatibilidades tuvo lugar en mayo, cinco meses después de que el Papa fue informado sobre el abuso, reconocido por el propio Müller. Pero no fue el Vaticano el que presentó la denuncia pública sino el periódico noruego Adresseavisen el que reveló el caso ocurrido hace 20 años, lo que, en apariencia, provocó la curiosa celeridad del Vaticano.

La víctima, que ahora tiene 30 años, logró una indemnización de la Iglesia, sin que hubiera intervenido la Justicia noruega en ningún momento. “Desde el punto de vista legal el caso prescribió”, aclaró Lombardi y añadió que el entonces monaguillo “hoy en día es adulto y pidió el anonimato”. Todo indica que pidió más que el anonimato, ya que la indemnización, pagada sin intervención judicial, implicó algún tipo de acuerdo. Aunque del Vaticano no salió ni mu, el periódico noruego informó que la Iglesia católica noruega se comprometió a pagar al ex monaguillo un sueldo anual de entre 400 mil y 500 mil coronas noruegas, entre 50 mil y 62 mil euros, una sangría de cinco mil euros al mes a las deprimidas finanzas de San Pietro in Roma.

Para aclarar que el problema es un problema, el actual obispo de Trondheim y Oslo, Bernt Eidsvig, explicó que “aun si los delitos prescribieron para la ley noruega, para la Iglesia siguen vigentes”. Y agregó que “por ello Müller no tiene funciones episcopales y pastorales y siguió una terapia”, explicó como si la terapia fuera parte de una condena eclesial. “La Iglesia católica noruega está conmocionada en sus cimientos. En primer lugar quiero expresar mi compasión con la víctima y luego la vergüenza por parte de la Iglesia, destacando que Müller actuó contra todas las orientaciones y promesas que ha jurado respetar”, señaló Eidsvig, y sostuvo que hablaba en nombre del cardenal William Joseph Levada, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Pese al reconocimiento del caso de abuso denunciado, las altas jerarquías de la Iglesia insisten públicamente en que todo se trata de una campaña de odio contra la Iglesia. “Las fallas y errores de los sacerdotes (sic) son utilizados como armas contra la Iglesia”, declaró el martes pasado el cardenal Angelo Sodano y en una entrevista pactada en L’Osservatore Romano (el periódico oficial del Vaticano) salió por la tangente al afirmar que “es ahora una divergencia cultural: el Papa encarna verdades morales que no son aceptadas y de esta manera las fallas y los errores de los sacerdotes son utilizados como armas contra la Iglesia. Ahora se esgrime el arma de la pedofilia contra la Iglesia. Antes, eran las batallas del modernismo contra Pío X, luego la ofensiva contra Pío XII por su comportamiento durante la Segunda Guerra Mundial, y por último las formuladas contra Pablo VI por (la encíclica) Humanae Vitae”.