(COMO) EMPEZANDO DE NUEVO

"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

lunes, 29 de marzo de 2010

ANDALGALÁ

Andalgalá, la ciudad que fue concesionada

El gobierno de Catamarca otorgó en concesión minera todo el subsuelo de una ciudad de 17 mil habitantes. De avanzar la actividad extractiva, se contempla desalojar el casco urbano del histórico pueblo. Rechazos desde la asamblea vecinal.

Por Darío Aranda

En un hecho sin precedentes, el gobierno de Catamarca otorgó el área urbana de la ciudad de Andalgalá en concesión para explotación minera. Incluso aclaró que, de ser necesario, los vecinos dejarán sus viviendas para que la minera avance con la extracción del mineral. Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de la provincia, fue fundada en 1658 y sus 17 mil habitantes no pueden creer que la actividad minera prevalezca sobre sus 350 años de historia. “Es increíble cómo el gobierno nos entrega a la voracidad minera”, denunció Graciela Chayle, integrante de la Asambleas Vecinos por la Vida, espacio que impulsó la movilización de la ciudad en reclamo del retiro de Alumbrera y la prohibición de la actividad minera. En 2009, el gobierno de Catamarca ya había aprobado un polémico proyecto (llamado Agua Rica) a sólo 17 kilómetros de la ciudad, y que los vecinos sindican como la puerta de entrada de otros proyectos, entre ellos el que implicará el desalojo compulsivo de los habitantes. El Concejo Deliberante local aprobó un plebiscito vinculante para que la población decida si acepta o rechaza la instalación de Agua Rica.

El departamento de Andalgalá, al noroeste de Catamarca, fue una de las primeras regiones del país en conocer la megaminería metalífera a gran escala. En 1994 comenzó allí la instalación de Bajo la Alumbrera, una megaexplotación de cobre y oro que llegó con promesas de trabajo, bienestar y desarrollo local. A poco de funcionar, la población comenzó a denunciar el incumplimiento de lo prometido y, sobre todo, los casos de contaminación y afecciones en la salud.

La empresa, que en ese momento pertenecía al consorcio de la suiza Xstrata y las canadienses Goldcorp y Northern Orion –hoy Yamana Gold–, había prometido, junto a los políticos de turno, la construcción de un barrio para 5 mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas y 6 mil puestos de empleo. Nada se cumplió. Ya en 2004 Andalgalá estaba dividida en torno de la minería. Pero la noticia de un nuevo yacimiento –Agua Rica, de cobre, molibdeno y oro–, publicitado como tres veces más grande que Alumbrera, alarmó a la ciudad. El emprendimiento se ubica a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen los ríos que alimentan de agua a la población (ver aparte).

Urbano Cardozo es un jubilado que divide su tiempo entre la familia y la militancia, según sus palabras, por mantener el ambiente sano para sus nietos. Había aplaudido la llegada de la gran minería a la zona, pero en poco tiempo cambió de opinión. En abril de 2004 le advirtió a este periodista: “Agua Rica es la primera de una larga fila de mineras que se quieren instalar, por eso hay que frenarla. Vienen por todo. Quieren matar al pueblo”. Seis años después, el miércoles pasado, Cardozo volvió a hablar con este diario. “Sabíamos y sabemos que Agua Rica es la carta de defunción del pueblo, pero no imaginamos que el gobierno y las empresas llegarían a tanto, a rematar el pueblo, a echarnos para que venga una minera. No pensé vivir algo así”, lamentó el jubilado militante.

El documento oficial, de la Secretaría de Minería de Catamarca, es claro: “El área de mina cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá, situación que es normal y corriente, ya que según el Código de Minería pueden coexistir las dos propiedades, tanto la minera como la superficial, siendo la minera en este caso con fines de prospección y exploración, que en caso de llegar a una explotación se deberá contemplar la indemnización correspondiente y el mayor interés público por parte del Estado, para la prioridad del desarrollo”. Es el párrafo textual de un escrito oficial, fechado el 18 de noviembre de 2009, y que lleva la firma de la máxima autoridad minera de Catamarca, el secretario de Minería, Guillermo Sinner.

El informe oficial precisa que se trata del expediente “770B2005”, que el yacimiento fue denominado “Pilciao 16”, y detalla que se entregó el área a las empresas Billiton Argentina BV y confirmó la posibilidad de expropiar viviendas para que avance la actividad minera. El informe también precisa que sobre el departamento de Andalgalá pesan 280 permisos mineros de prospección y exploración. Sólo Pilciao 16 involucra 4465 hectáreas, gran parte del casco urbano.

La concesión minera de la ciudad de Andalgalá fue otorgada silenciosamente en diciembre de 2005, y fue mantenida en secreto hasta noviembre último, cuando el concejal Alejandro Páez realizó un pedido de informes a la Secretaría de Minería de Catamarca. “A mediados de 2009 me llamó la atención que en una zona cercana, de valles y donde el pueblo de Andalgalá tiene reservas de aguas subterráneas, se comenzaron a ver movimientos, perforaciones y venta de campos. Por eso hice el pedido de informes a la autoridad competente. Nunca imaginé que nuestras autoridades habían entregado el pueblo de forma tan indigna”, detalló Páez.

Con el contexto de una comunidad que se debate desde hace una década por el accionar minero, la posibilidad de desalojos masivos y la pérdida del lugar donde vivieron toda su vida, se incrementó el rechazo a la actividad. La Asamblea Vecinos por la Vida de Andalgalá dio el alerta en diciembre: “Nos sentimos expulsados, violados, ultrajados, al enterarnos de que la Secretaría de Minería concedió a la empresa Billiton Argentina BV el área de mina que cubre prácticamente la ciudad de Andalgalá. No puede entrar en la lógica de nadie que un gobierno valore más el interés de una empresa minera por encima de los derechos a la vida de toda la ciudad”, denunció.

Los vecinos impulsaron “Caminatas por la vida”, marchas en las que reunieron a más de 5 mil personas (en un pueblo de 17 mil). Graciela Chayle tiene 46 años, cinco hijos, y es nacida y criada en Andalgalá, como sus padres. Tiene una pregunta y dos certezas. “¿Cómo se animaron a hacer algo como Pilciao 16, con el desalojo de la ciudad incluido?” Se responde: “El gobierno y las empresas jamás pensaron que el pueblo se iba a levantar, nos veían como quedados, demasiado tranquilos. Como ya habíamos permitido a Alumbrera, pensaron que no íbamos a hacer nada. Por otro lado, queda claro que se equivocaron: Andalgalá resiste”.

Billiton Argentina BV pertenece al grupo internacional BHP Billiton, con sede en Australia y presencia en 25 países. Explota y comercializa petróleo, aluminio, metales, acero, diamantes y carbón energético. Una de sus subsidiarias (BHP Petroleum Corporation) explora, con permiso británico, petróleo en las Islas Malvinas. Billiton Argentina BV tiene presencia en Salta desde 2007, donde cuenta con 40 mil hectáreas en concesión. La empresa no cuenta con sitio de Internet en la Argentina, no hay datos suyos en los sitios especializados en minería y en la Secretaría de Minería de Catamarca dijeron no tener contactos actualizados.

Desde la Secretaría de Minería de Catamarca rechazaron hablar con Página/12. Sí hablaron con el diario local El Ancasti. Admitieron la entrega en concesión de Andalgalá a la empresa, que ésta presentó una declaración de impacto ambiental en 2006 y explicaron que “la empresa concesionaria ha demostrado desinterés en la misma en los últimos años, por lo que se infiere falta de interés en la zona”.

El concejal Páez toma distancia de las autoridades provinciales. “Pilciao 16 fue un avasallamiento realizado sin consultar a la población directamente afectada. Si han tenido decisión de hacer eso, ya no puedo creer nada de lo que digan las empresas, la Secretaría de Minería de Catamarca, ni la Secretaría de Minería de Nación.”

Los vecinos que se oponen desde hace una década a la actividad extractiva también afirman que la marcha atrás es sólo momentánea y advierten que no dejarán las calles hasta que se cumpla su exigencia: “Fuera Agua Rica y jamás Pilciao 16. No a la minería, sí a la vida”.

sábado, 27 de marzo de 2010

Del horror a la memoria

Del horror a la memoria


Por Osvaldo Bayer

Regreso a las tierras que a uno lo vieron nacer. De allí al primer acto de nuestra realidad: en la ESMA, presentación del libro Historia del Terrorismo de Estado en la Argentina. La inesperada fantasía de la realidad. La historia de toda la crueldad presentada en el antro de la máxima y cobarde ignominia de nuestra historia. Que cometieron las denominadas Fuerzas Armadas. En este caso la marina de guerra, de uniforme azul, camisa blanca y manchas de sangre que nunca podrán borrar. Massera, Astiz y algunos apodados “tigres”, sí, tigres que atacaron a Madres que llevaban como única arma pañuelos blancos en sus cabezas. La ESMA, un antro de perversión absoluta, donde se pisoteó la nobleza humana en todas sus ideas y generosidades. Antes de preguntar “¿Qué nos pasó a los argentinos desde aquellos generosos llamados del 25 de Mayo de 1810?”, me paseo por esos patios. Auschwitz, ESMA. Pienso en esas tres primeras Madres: Azucena, Mary y Esther, tiradas en el suelo durante el invierno, en un calabozo para una sola persona, sin mantas para cubrirse. Y, después, llevadas a un avión de la “gloriosa” marina de guerra argentina y arrojadas con vida al mar. La máxima hazaña de nuestros marinos en su historia contemporánea.

La ESMA. Ahora un ámbito para la cultura, el debate de las ideas, el recuerdo de las acciones a fin de lograr el “Nunca Más” para nuestros hijos, nietos y todas las generaciones que habiten en una tierra que sea sede de la paz eterna y el respeto por la vida.

La lucha de las Madres ha convertido a la ESMA de la más siniestra mazmorra de nuestra historia en una casa del saber y la esperanza. Camino por sus patios. Me encuentro con el Walsh aquel de los fraternos abrazos. Pienso: aquí respiró su último aire de vida. Mataron la mente más clara, la mano más generosa. La esperanza con seis alas. Astiz (en ese nombre está todo dicho. No falta agregar nada a la infamia. Sólo basta pronunciarlo para darnos cuenta y poder definir lo que es la suciedad, lo sucio, la basura).

Dialogo en silencio con Rodolfo frente al casino de oficiales, el lugar maldito de los prisioneros. Me dice que está preparando un coro de ángeles que vendrán a la tierra criolla a devolverles las tierras comunitarias a los pueblos originarios. Le quiero advertir de los peligros, que modere un poco su idealismo, pero no me escucha y me dice que luego bajará con otro coro de ángeles negros que harán la reforma agraria en las pampas que Roca manchó de sangre para siempre... Me quedo mudo, lo veo alejarse, y desde lejos me convence: “Vendrán con música, danza y tambores”, me dice. Espantados pasan en ese instante unos fantasmas con rostros asesinos y uniforme. Oigo que uno dice: “El tipo ése todavía no aprendió nada”.

Me convenció, Rodolfo, sigue siendo el mismo, me digo. Pienso en aquellos que marcaron rumbos y cuyo recuerdo queda para siempre. Y en los destructores, los que quedan en el sótano del Mal, del egoísmo, los torturadores de la sonrisa.

El exilio. Me toca en Córdoba presentar el libro de Norberto Negro La vuelta al mundo en varias vidas. Los nietos de los inmigrantes vuelven a la tierra de los antepasados como exiliados. La melancolía. El comenzar todo de nuevo. O no. El resignar. O no.

Después aprovecho para recorrer las calles que caminó Tosco en el Cordobazo. Puro coraje civil. El honesto por excelencia que quería terminar con el juego de la politiquería y de la humillación. Agustín Tosco. Córdoba tiene para siempre a su Héroe del Pueblo. A su Hijo del Pueblo, como llamaban los libertarios a quienes daban todo por la solidaridad.

Sigo por las calles cordobesas. Me sale al encuentro un grupo de obreros de Fiat-Iveco. Están muy tristes y con bronca. Me relatan el caso del delegado Hernán Puddu. Me dan detalles: La empresa Iveco despidió el año pasado a la totalidad del personal “contratado”, alrededor de 350 obreros. El delegado Puddu consideró que los obreros “contratados” tienen el mismo derecho que los obreros “efectivos”. Comenzó entonces la lucha por la fuente de trabajo. Los despedidos fueron acompañados en las manifestaciones por sus mujeres, que jugaron un papel protagónico. La empresa reaccionó y suspendió a Puddu. La Justicia cordobesa falló a favor del delegado, pero la empresa no lo aceptó. Y no le permitió llevar a cabo sus tareas gremiales. Y aquí ocurre lo increíble. El sindicato no lo defiende a Puddu, lo deja solo. Realidades sindicales argentinas. “Internas”, que le llaman. Y luego, lo impensado: en un congreso de San Luis, el sindicato Smata expulsa a Puddu. Se basan en que Puddu no había firmado la aceptación de los despidos de los “contratados”, pero el sindicato, sí. Se habla de “relaciones carnales” entre el sindicato y la empresa. El secretario general de Smata Córdoba, Omar Dragún, acusa a Puddu de “volver a instalar el caos en la Argentina” y además de estar “vinculado con los derechos humanos”. Los obreros que me hablan me dicen que muchos de los “señores dirigentes sindicales” hoy viven en countries.

Creo vivir una fantasía de la realidad. Que en Córdoba, la ciudad de Agustín Tosco, la ciudad del Cordobazo, ocurran estas cosas, no, no, y murmuro una vez más: “Pero ¿qué nos pasa a los argentinos?” (por otra parte, como detalle imperdible, la empresa apoya al campeonato mundial de fútbol, tal cual se hizo en la dictadura del ’78. Un detalle, apenas, pero para bajar la cabeza).

El delegado Puddu ha recurrido al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación) y a la Justicia. Mientras tanto, Puddu es apoyado por organizaciones de derechos humanos y también por bibliotecas populares.

Nuevamente pienso: del Cordobazo, del gremio Sitrac-Sitram, a esto. Sí, fantasías de nuestra realidad. Pero realidad al fin. Nos ponemos tristes. La ética también tiene que ser respetada por el sindicalismo entronizado. Debe defender que hombres dignos como Puddu sean protagonistas en la vida gremial. Sólo así se logrará dignidad y no con los enjuagues y las jugarretas seudojudiciales destinadas a mantener las distancias en la sociedad.

Vuelvo a Buenos Aires y me toca ser uno de los oradores que va a defender el proyecto del intelectual argentino Marcelo Fabián Monges –que vive en México– acerca de una propuesta para penalizar el golpe de Estado como delito jurídico internacional y de una convención contra los golpes de Estado. Aquí se ha tenido como ejemplo el golpe de Estado en Honduras donde la OEA y la ONU condenaron ese golpe en una actitud sin precedentes. Y también que, tanto a los golpistas como a sus colaboradores se los detenga cuando salen al exterior y se les haga juicio por delito de lesa humanidad. Nunca más dar refugio a los autores de asesinatos políticos, prisiones por ideología, torturas, crímenes, desapariciones, todo eso engendrado en los golpes militares –casi siempre impulsados por los poderes económicos– que han llevado la tragedia a naciones que convivían en paz y democracia.

De llevarse a la realidad este proyecto de Monges las democracias adquirirían más seguridad en sus instituciones. Sería un primer paso. El ejemplo argentino es clásico. Las Fuerzas Armadas han arrasado el poder democrático catorce veces en su historia terminando con los derechos de todos sus habitantes. La última vez culminó con uno de los métodos criminales más sádicos de la historia de la humanidad. Claro está que golpe es todo aquello que se hace desde el poder militar o desde el poder económico y no las reacciones populares en pos de más justicia social. Aquellos golpes trajeron no sólo la muerte, cárcel o exilio para los que resistieron sino que también sirvieron para cancelar los derechos de reunión, de asociación, de información, de libre expresión y la quema de libros. Por supuesto que esto no quiere decir que el habitante de un país gobernado por una dictadura renuncie a la resistencia esperando la reacción del exterior. No, este proyecto les da más fuerza a todos aquellos que no aceptan órdenes dictatoriales.

Un proyecto que debería debatirse en todas las universidades del país, en los centros culturales y barriales, en organizaciones sindicales y, principalmente, en los partidos políticos, los cuales deberían designar a un responsable para que lo lleve adelante.

Se abre una esperanza para el coro de ángeles que nos prepara Rodolfo.

miércoles, 24 de marzo de 2010

lunes, 22 de marzo de 2010

Sobre los proyectos mineros

EL INVESTIGADOR MEXICANO GIAN CARLO DELGADO ADVIERTE SOBRE LOS PROYECTOS MINEROS

En busca de la “seguridad ecológica”

El nuevo concepto implica asegurar a las poblaciones el acceso a los recursos naturales que necesitan, en contraposición con el modelo que privilegia garantizar los recursos naturales que demanda el mercado de los países desarrollados. Gian Carlo Delgado analiza aquí cómo funciona la actual “geopolitización” de esos recursos y sus efectos sobre países como la Argentina.


Por Natalia Aruguete y Walter Isaía

–¿A qué se refiere cuando habla de “seguridad ecológica”?

–Hay una tendencia a vincular la cuestión de la seguridad con el tema medioambiental. Esto nace en el aparato de seguridad de los Estados Unidos y luego pasa a nuestros países. Frente a este concepto, que ha tenido mucho éxito en el discurso del poder, aparece una contrapropuesta: debemos buscar la “seguridad ecológica”, que supone asegurar que la población tenga acceso a los recursos naturales que necesita, en contraposición al concepto de “seguridad ambiental”.

–¿Qué recursos considera usted que son estratégicos actualmente?

–Esa es una clasificación que hace el Pentágono refiriéndose, fundamentalmente, a minerales. Yo la generalicé porque se da muy bien con el resto de los recursos. En un primer plano se ubican los energéticos (petróleo y gas). En un segundo nivel, agua y minerales (los más escasos, que se usan en procesos productivos). Y en un tercer nivel, biodiversidad (banco de genes y fuente de códigos genéticos para el desarrollo de nuevas tecnologías).

–Por ejemplo, en Colombia se patentaron genes de biodiversidad.

–Se están haciendo patentamientos en toda América latina, no sólo de plantas sino de humanos. Por ejemplo, de aborígenes que tuvieron poca mezcla con otras razas y pueden conservar una variedad genética distinta. Eso se ha recolectado y, en algunos casos, patentado.

–¿En qué se diferencian los recursos estratégicos de los críticos?

–En que los recursos estratégicos son los que posibilitan los procesos productivos clave para garantizar cierta hegemonía a nivel nacional o mundial, mientras que los críticos son para uso militar, se usan para el desarrollo de la industria bélica. Son materiales muy específicos, por ejemplo los que se utilizan en la industria de la electrónica aplicada al campo militar. Estados Unidos tiene una dependencia importante respecto de esos materiales y las dos terceras partes de esa demanda salen de México y Canadá. La visión pública de la minería es clásica.

–¿A qué se refiere?

–Por un lado, se argumenta que las vetas no tienen tanto impacto ambiental. Por otro, la gente vincula los procesos de extracción minera sólo con el cobre en Chile y el oro o el carbón en Colombia. Pero no se trata sólo de eso, tenemos que visualizar con más firmeza minerales que, aunque en menores cantidades, son estratégicos en términos de hegemonía.

–¿Se refiere a los vinculados con tecnología militar o con la que se aplica a la informática?

–Exactamente. El berilio, por ejemplo, se aplica para las cabezas nucleares, sensores, computadoras, aviones, misiles o satélites. Es un compuesto muy particular y muy tóxico, hay que tener mucho cuidado en su uso. Las tierras raras, que son clave para la industria de la informática, se exportan también. El grueso de las tierras raras lo tiene China (un 80 por ciento), el resto lo tiene Estados Unidos y hay en menores cantidades en otros lugares. Por eso es que hay que prestar atención a otros minerales que no llaman la atención por su cantidad pero tienen un rol estratégico. Un caso muy importante en América latina es el que se refiere al litio.

–En el norte argentino, dos empresas, Orocobre y Toyota Tsusho, anunciaron que desarrollarán un proyecto para extraer litio. Lo presentan como un proyecto con mucha inversión y beneficioso para la población.

–Así se presentan todos los proyectos mineros. Lo que sucede es que ahora cada vez dependemos más del litio por todos los aparatos electrónicos que utilizan baterías. Bolivia tiene la reserva de litio más grande del planeta. Evo Morales dijo que el Estado se asociará con otras empresas o creará la propia para extraer litio. Aunque eso no nos dice nada sobre si una empresa estatal garantizará hacia dónde van las ganancias. Además, serían ganancias muy pequeñas porque no van a procesar el litio, es decir, no harán las baterías, que es donde está la gran ganancia. Lo mismo sucede en México, donde el año pasado se descubrió un yacimiento de litio similar al de Bolivia. En la minería, los modos de extracción son mucho más agresivos.

–¿Agresivos en qué sentido?

–Por un lado, la tecnología es más agresiva con el medio ambiente y afecta a las poblaciones aledañas. Las “demandas del mercado” –así se lo presenta– hacen que se extraiga mucha más cantidad de minerales. En realidad son los patrones de consumo de los países más desarrollados los que presionan para que haya una mayor explotación de yacimientos. Además, las multinacionales mineras empiezan a explotar yacimientos de baja ley, es decir, de baja concentración de minerales y buscan la mayor rentabilidad posible. Este esquema, de modo menos agresivo, se vio en la época colonial, en muchos países de América latina.

–¿Cuáles son las características más visibles de ese esquema?

–Por ejemplo, no consultar a las poblaciones locales. Cuando llegan los proyectos mineros a los lugares, despojan la tierra, engañan a los comuneros y negocian cifras de compensación a 30 o 50 años, que terminan siendo montos ridículos, por prácticamente destruirles la tierra. Son montos absurdos los que pagan. El despojo tiene dos formas: como se hacía en la colonia, sin ningún permiso o, como se hace ahora, mediante un proceso de negociación ficticia. Se vende como un proyecto de desarrollo que creará empleo y derrame económico, cuando, en los hechos, no crean derrame económico y generan muy pocos empleos. Cuando la gente ve que les destruyeron la tierra y se ven despojados y reacciona, se empieza a generar una serie de mecanismos legales, de desprestigio social y de criminalización de los movimientos antimineros, por parte de la empresa y de otros actores involucrados en el negocio que implica la minería.

–¿Cuánto puestos de trabajo se calcula que crean estos proyectos?

–En los pueblos de América latina donde llegan estas mineras, la cantidad de empleados no pasa las tres o cuatro decenas. Luego vienen trabajadores de otras regiones del país o son técnicos formados. La versión de las empresas es que son lugares aislados donde hay gente campesina, humilde, con poca formación técnica y que no puede manejar maquinaria que nunca ha visto en su vida. Y esa gente queda totalmente afuera de esta idea de desarrollo.

–¿Cómo se dan los mecanismos de criminalización de estos movimientos?

–En el caso de Barrick Gold o New Gold, capitales canadienses que operan en México y en otros países, se ven los mismos fenómenos de criminalización. En la Redlar (Red Latinoamericana contra represas) se ven casos como el de Blackfire, una minera canadiense que opera en Chiapas, México, involucrada en el asesinato del principal líder del movimiento opositor a la mina, Mariano Abarca Roblero. Recientemente asesinaron a otro líder de un movimiento antiminero y a su esposa, vinculados con la mina de oro Marlin, en Guatemala. En general, las mineras tratan de empantanar las quejas de la población mediante procesos legales. Y una de las debilidades de los movimientos sociales es que usualmente no tienen asesoría legal.

–Además de las empresas, ¿qué actores intervienen para la realización de estos proyectos?

–En México, los actores involucrados son el gobierno federal, al que se pide el permiso de exploración, la empresa y algún ingeniero o geólogo local. Una vez que se confirma que hay mineral se pide al gobierno federal un permiso para la explotación, muchas veces se compra un permiso existente porque se trata de viejas zonas de minería. Uno de los problemas más importantes en los proyectos mineros es el del agua; normalmente, están en zonas con poca disponibilidad de agua, que luego desechan totalmente contaminada. Muchos de los permisos tienen que bajar desde la escala federal, pasan por los estados y llegan hasta el municipio, que sería la zona local donde opera el gobierno directamente. En todas estas escalas se van tejiendo escalones de corrupción. Cuando se llega a la escala local, se suele “comprar” al gobierno directamente. En el caso de Cerro San Pedro, en México, el secretario de Gobierno era, además, funcionario de la mina. Este tipo de vinculaciones son importantes para poder hacer operativo el proyecto. En otros casos más complejos, cuando hay una población más grande, se hacen alianzas con algunas personas para que sirvan como choferes del material que se saca. Con este tipo de alianzas, si bien se da con una porción de la población, se logra legitimidad.

–¿Por qué dice que no generan derrame económico?

–Porque los impuestos que se les debe cobrar a las empresas generalmente no se pagan, por varias razones. Durante la década del noventa, casi al mismo tiempo en todos los países de América latina se formularon leyes de minería, según las cuales el capital internacional que realiza inversión extranjera directa (IED) puede operar en esos países más fácilmente. Se les da tratamiento de capital nacional, certeza jurídica, la garantía de sacar las ganancias y todo lo que implica la política neoliberal en términos de inversión extranjera directa.

–¿Cómo hacen las empresas para evitar el pago de los impuestos?

–Hay dos mecanismos. Uno es la salida del capital y el envío a la empresa matriz sin ningún cargo. El otro es declarando gastos para liberar impuestos. Barrick Gold, en el 2003, obtuvo 2035 millones de dólares y, después de toda la ingeniería contable, pagó de impuestos cinco millones de dólares. En 2002, la misma empresa logró declarar más gastos de lo que tenía que pagar de impuestos y el Estado canadiense tuvo que regresarle 16 millones de dólares.

–¿Hay algún caso emblemático de proyecto minero que se pueda mencionar en América latina?

–Es que gran parte de los proyectos de la nueva gran minería, la de tajo a cielo abierto, empieza apenas a aparecer. Menos del 5 o 6 por ciento de los proyectos están operativos, es decir que están sacando el mineral, el resto está en la instancia de estudios de factibilidad. Hay casos importantes, pero no son las principales minas a nivel internacional porque todavía no logran consolidar el proyecto de extracción. Pero en México, una mina de Gammon Gold opera en 12 mil hectáreas de Ocampo. Y junto con otra mina contigua genera el 25 por ciento del oro de todo el país. La propia Gammon Gold, en el mismo municipio de Ocampo, extrae el 14 por ciento de la plata. Por primera vez el año pasado, México tuvo más producción de oro que de plata, en cuanto a su posición mundial. El caso de Esquel, en Argentina, es otro muy significativo. El capital canadiense se está especializando mucho en oro y plata.

–¿Qué particularidades tiene la geopolitización de los recursos, que se dio en EE.UU. a partir de los años ’90?

–En el marco de la vinculación del medio ambiente con la seguridad, la geopolitización proviene del aparato del Estado norteamericano, particularmente del área de seguridad. En la década del ’90, por primera vez en el Plan estratégico de Estados Unidos aparece la necesidad de vincular la cuestión de seguridad con los recursos naturales. Ellos argumentan: “Nosotros tenemos que garantizar que Estados Unidos tenga los recursos que necesita”. Eso implica saber dónde están los recursos fuera de ese país. La geopolitización significa asegurar los recursos por la vía del mercado o del Pentágono. Por ejemplo, en Irak entran con mecanismos militares y diplomático-militares y así generan un mejor escenario para que después sí pueda entrar la Inversión Extranjera Directa (IED). Lo que se ve en Irak se replica con otros procesos extractivos de América latina.

–¿Cómo se vuelca la estrategia geopolítica de Estados Unidos en el Amazonas y el Acuífero Guaraní?

–A fines de la década del ’90 y principios del 2000 comenzaron a salir proyectos de conservación para la Triple Frontera, financiados por el Banco Mundial y las Naciones Unidas. La idea al principio era saber cuánta agua había allí, era una de las cuestiones que querían aclarar, respecto de los datos que tenían en los años ’70. Esto coincidió con un momento en que se estaba hablando del agua como recurso estratégico, una coyuntura en la que quedaba muy claro que Estados Unidos tiene una preocupación tremenda por el acceso a fuentes de agua. En el fondo, lo que está en juego es cómo se asegura el agua para que se exporte de otras maneras.

–¿Como cuáles?

–De la zona argentino-brasileña productora de soja y otros cultivos, no sólo se exporta granos sino también agua. Es muy importante asegurar que las grandes empresas agroindustriales de esas zonas tengan agua, porque esos granos van a beneficiar a los países compradores. Otra cuestión tiene que ver con el negocio del agua embotellada. Ya no se trata sólo de transferir el agua para la industria, sino que hay empresas que están embotellando agua para su exportación. Estos intereses empresariales son los que se geopolitizan. En la Triple Frontera hubo amenazas verbales de securitizarla. Hay presencia militar, más o menos reconocida por Estados Unidos. Se quiere implementar operaciones de avanzada, que son pequeños grupos de alta movilidad.

–¿Cómo contribuye la crisis de gobernabilidad hídrica a que se dé esta situación?

–Es interesante analizar cómo el Ejército cambia su visión: en Argentina el Ejército sacó el Proyecto 2025. Así como los recursos hídricos o la zona del Acuífero Guaraní en su conjunto son importantes para Norteamérica, que busca asegurar un beneficio para sus empresas y el crecimiento del mercado estadounidense, el gobierno de Argentina securitiza sus recursos. En el Plan 2025 se cambia la hipótesis de guerra, que ahora es la defensa de los recursos. Ese documento supone reorganizar la estructura del Ejército hacia adentro y cambiar escenarios de defensa.

–¿Cuál sería el enemigo, según el Plan 2025?

–El enemigo es todo aquel que quiera hacerse del recurso, todas las zonas fronterizas. Quisiera remarcar que, en el fondo de la geopolitización, lo que se busca es asegurar que estos recursos lleguen a los destinos por vía del mercado. Así se liberan de la imagen del imperialismo, aunque sigue siendo lo mismo porque en el momento en que este flujo se pare entra el Pentágono.

–¿Los Estados y empresas europeas tienen el mismo pensamiento?

–No les he seguido la pista. Valdría la pena saber sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que tiene capital para hacer IED en proyectos productivos, pero no rinde cuentas a nadie, no tiene un sistema transparente de informar en qué invierte y cómo opera. Pero en el caso de la minería, el capital europeo no es muy fuerte.

–¿A qué se refiere cuando habla de que hay “políticas democidas” en relación con la seguridad alimentaria?

–Ese concepto lo planteé en el marco de la política de promoción de los agrocombustibles. Nosotros, los mexicanos, perdimos la capacidad de autosuficiencia, ahora importamos poco más del 40 por ciento de los alimentos, incluyendo los granos básicos, maíz y frijol. El abandono del apoyo al campo en acuerdo con la propuesta del Banco Mundial llevó a que se desplomara la participación económica del campo mexicano y desaparezca el mediano y pequeño campesino. Al mismo tiempo, hay mucho apoyo a proyectos agroindustriales de producción de maíz para la generación de etanol. La política democida tiene dos vertientes. Por un lado, la política neoliberal está desmontando la soberanía alimentaria y hace competir los alimentos con la generación de energía. Por otro lado, el Estado abandona la responsabilidad social en términos de gasto en educación, salud y los servicios que requiere la población.

BARADERO

"Por más indisciplina que haya no tienen derecho a sacarle la vida a nadie"

"No voy a parar hasta que no se haga Justicia", aseguró Hugo Portugal, padre de Miguel, el joven que murió ayer en Baradero al chocar la moto en la que circulaba con una patrulla de inspectores de tránsito. A modo de protesta, alrededor de 50 personas incendiaron la Municipalidad y la camioneta de Seguridad Vial involucrada en el incidente.



"Por más indisciplina que haya no tienen derecho a sacarle la vida a nadie. Yo voy a hacer marchas, pero tranquilas. Hasta que no se haga justicia no voy a parar", dijo Hugo Portugal, padre del joven Miguel, en diálogo con radio Mitre.

"Siento mucha impotencia porque lo mataron como un perro. Siento que le podrían haber quitado la moto solamente, no la vida", agregó. El padre de Miguel admitió que su hijo tenía casco pero no lo usaba y dijo que la moto la tenía desde hacía cuatro o cinco meses.

El hombre insistió esta mañana, mientras se lleva a cabo el velatorio de su hijo y de la novia en Baradero, que a Miguel "lo corrieron los inspectores de tránsito". "Lo encerraron, le tocaron el manubrio de la moto y lo hicieron caer. La chiquita que iba con él murió en el acto. A hijo no lo pudieron salvar", detalló.

Hugo Portugal reiteró que él trabajó dos años como inspector de tránsito en Baradero. "Me retiré por eso, el señor Pablo Antonio Scarfoni (director de la Inspección General) nos decía que los encerremos, que se hagan mierda. La idea era correrlos, seguirlos y si era necesario encerrarlos para que se detengan", aseguró.

El jefe de la policía comunal de Baradero y el de la seccional de esa ciudad fueron hoy relevados de sus cargos mientras se investiga el episodio ocurrido ayer, cuando dos adolescente murieron a raíz de un choque con una patrulla de tránsito, lo que originó una pueblada.

Así lo informó a Télam el jefe de la Departamental San Nicolás, Néstor Prado, quien dijo que el jefe comunal, Oscar Gómez, pidió esta mañana su propio relevo, que le fue aceptado. Mientras que el titular de la comisaría local, Raúl Francciolla, fue apartado provisoriamente por sus superiores mientras se investiga lo sucedido.

domingo, 21 de marzo de 2010

DÍA DE LA MEMORIA

EL 24 DE MARZO, DÍA DE LA MEMORIA

Facebook por los desaparecidos

La iniciativa propone que los usuarios de la popular red social quiten por un día sus fotos de perfil, en recuerdo de las 30 mil víctimas de la dictadura.


¿Qué hacer?. La iniciativa busca que en la pagina de inicio de cada perfil aparezca la silueta que el portal utiliza cuando el usuario no elige ninguna imagen que lo identifique, como el que reproduce la foto.

Click fuera del recuadro para salir

Una iniciativa particular y novedosa le da la posibilidad a Facebook de convertirse a la vez en herramienta de encuentro social en red y en discurso político. Se trata de un llamado para que el 24 de marzo los usuarios de ese sitio quiten la foto que los identifica en homenaje a los 30 mil desaparecidos de la dictadura militar. Es "para que vean cómo sería que muchos seres queridos se ausenten todos juntos".

La iniciativa busca recordar el 34º aniversario del golpe militar y como consecuencia de ella en la página de inicio de cada perfil aparecería la silueta que el portal utiliza cuando el usuario no elige ninguna imagen que lo identifique.

"Este 24 de marzo saquemos nuestra foto del perfil, para que quienes todavía preguntan por qué ese día es feriado, vean como sería que muchos seres queridos se ausenten todos juntos, como pasó durante la dictadura. Si estás de acuerdo pegá esto en tu muro", dice la propuesta que pudo ser leída esta semana.

El 24 de marzo fue declarado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia por ley 25.633 del Congreso Nacional en conmemoración de quienes resultaron víctimas del golpe militar que derrocó a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.

sábado, 20 de marzo de 2010

En nombre del padre

En nombre del padre

La magistrada que frenó el pago de la deuda con reservas es hija de un coronel retirado acusado de violaciones a los Derechos Humanos. Luciana Geuna.

Por Luciana Geuna

Mal de Parkinson. El papá de la jueza Sarmiento (foto) no será arrestado ni trasladado para declarar sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Fotografía de la nota

Mal de Parkinson. El papá de la jueza Sarmiento (foto) no será arrestado ni trasladado para declarar sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

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El juez federal de Misiones Ramón Chávez pidió ayer la detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, padre de la jueza en lo Contencioso Administrativo que durante el verano anuló el decreto que creaba el Fondo del Bicentenario para pagarles a los bonistas con reservas del Banco Central. El magistrado firmó la orden en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad en esa provincia, donde Sarmiento fue ministro de Gobierno durante el primer año de la dictadura mientras la policía torturaba y violaba gente en el departamento de Informaciones. La decisión generó fuertes cruces políticos pero nunca llegó a concretarse. Al final del día, Chávez tuvo que dar marcha atrás porque un informe del cuerpo médico forense reveló que el militar retirado no estaba en condiciones de salud para declarar.

A esa hora de la noche, la orden de detención ya había generado una polémica entre su hija, la jueza María José Sarmiento y el Gobierno. La magistrada consideró que la decisión de Chávez buscaba presionarla por su fallo contra el Ejecutivo. “Si no tuvo ninguna causa hasta ahora –dijo a los medios– suena muy llamativo que, justamente en estos días, se produzca esta situación”. Su interpretación de los hechos fue compartida por la diputada Elisa Carrió y el jefe de bloque de senadores radicales, Gerardo Morales. Desde la Casa Rosada salieron en masa a desmentir esa versión. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “era un disparate”; y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue aún más lejos: “El caso es a la inversa. En su momento ella debería haberse excusado de actuar pero decidió intervenir y fallar en contra del Gobierno”. En rigor, el padre de la jueza tenía pedida la detención y el procesamiento por parte de la fiscalía de Misiones desde 2006. A mediados del año pasado, la secretaría de Duhalde se presentó como querellante y, por esa razón, él desafió a Sarmiento por su rol en la causa del DNU.

Por su parte, la Procuración General de la Nación hizo público un informe de diciembre de 2008 donde actualizaba la situación de los procesos por delitos de lesa humanidad en todo el país, promoviendo la celeridad y unificación de las causas. Entonces ya estaba registrada una solicitud de indagatoria al ex coronel Sarmiento, que hizo carrera como jefe de inteligencia en el Segundo Cuerpo del Ejército con sede en Rosario entre 1971 y 1974, de donde se fue luego de quedar involucrado en el asesinato de un estudiante. Dos años más tarde, con el golpe de Estado, asumió como ministro de Gobierno en Posadas, hasta el 17 de marzo de 1977. En ese puesto tenía a su cargo a la policía provincial, que torturó sistemáticamente a los detenidos desaparecidos y solía tener como patrón de conducta la violación de las mujeres en cautiverio. Por este caso también está indagado y procesado el jefe de la policía de la provincia en esa época, coronel Carlos Omar Herrero.

La Gendarmería llegó ayer al departamento donde Sarmiento vive en Buenos Aires sin tener información previa sobre su estado de salud. Al entrar se encontraron con un hombre de 85 años en silla de ruedas y con mal de Parkinson en estado avanzado. En ese contexto intervino el Cuerpo Médico Forense, quien opinó que no estaba en condiciones de ser trasladado a Posadas ni de declarar. Según fuentes judiciales, el ex militar ya no reconoce ni a sus familiares y por esa razón se complica seriamente la posibilidad de que sea juzgado por su rol durante la dictadura. El fiscal de Posadas Rubén González Glariá cree que, como ministro de Gobierno de la provincia, Sarmiento no podía desconocer los hechos que ocurrían en el ámbito de la policía. De ahí surgiría su responsabilidad como autor mediato o como partícipe primario o secundario de aquellos delitos. La fiscalía venía pidiendo su detención a Chávez –junto a la de otro grupo de policías y ex funcionarios– desde 2006. El último febrero volvieron a reclamarle al juez que los detuviera y, esta vez, casualidad o no, reactivó el expediente y empezó por otro imputado, Julio Argentino Amarillo, y ahora siguió con Sarmiento. Chávez es juez federal de Posadas desde 1992 y tuvo por lo menos tres pedidos de juicio político por distintos motivos. De los dos últimos logró salir indemne gracias al apoyo de los consejeros kirchneristas en la Comisión de Disciplina y Acusación cuando rechazaron las denuncias.

martes, 16 de marzo de 2010

ASIGNACIÓN POR HIJO

Una soga para empezar a salir del subsuelo

Un informe de la Anses destaca que el subsidio llega a casi 3,4 millones de chicos y adolescentes. El ingreso promedio por familia es de 284 pesos. Eso impacta en la pobreza, pero sobre todo en la indigencia. En el norte del país cubre a cerca de la mitad de los niños.


Por David Cufré

La asignación por hijo logró reducir a la mitad la indigencia entre los menores de 18 años. A cuatro meses de la implementación del programa, un informe de la Anses al que accedió Página/12 destaca que la indigencia por ingresos bajó de 6,6 a 3,4 por ciento gracias a los 180 pesos por mes por hijo que cobran los beneficiarios. Se trata de una estimación en base a la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2009, que es la última disponible. La cifra coincide con otros estudios del sector privado que proyectaban una caída de esa magnitud. La pobreza, a su vez, disminuyó 4,4 puntos, de 23,3 a 18,9 por ciento entre los niños y adolescentes. Otro dato significativo que manejan en el organismo de la seguridad social es que el 95 por ciento del subsidio es utilizado para la compra de alimentos. Una experiencia previa en la provincia de Buenos Aires demostró que carnes, verduras, lácteos, galletitas y yerba mate encabezan la lista.

La asignación por hijo arrancó en noviembre. Desde entonces y hasta febrero inclusive la Anses de-sembolsó 1629,9 millones de pesos entre los beneficiarios. En la actualidad son 3.384.546 chicos, que forman parte de 1.732.530 familias. En promedio, cada una de ellas recibió 284 pesos por mes, a razón de casi dos hijos por hogar. Esos ingresos son los que lograron una fuerte reducción de la pobreza y la indigencia entre los menores de 18 años.

La estimación está hecha en base a la EPH del segundo trimestre de 2009. De aquel momento a la actualidad hubo un aumento del 13,3 por ciento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que se utiliza para establecer la línea de indigencia, y del 14,5 en la Canasta Básica Total, que fija la línea de pobreza. Eso podría acotar la mejora en esos rubros provocada por la asignación por hijo, pero todavía no se conoce cómo evolucionaron los ingresos de los inscriptos en el plan como para llegar a un resultado exacto.

Para que el poder de compra no caiga es fundamental que la asignación por hijo tenga algún esquema de movilidad. De acuerdo con las expresiones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando se lanzó el programa, el subsidio a la niñez aumentará en el mismo porcentaje que suban las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia. Sin embargo, eso no está puntualizado en el decreto de necesidad y urgencia que estableció el régimen.

Más allá de esa cuestión, que es importante por el avance de la inflación, sobre todo en alimentos, el impacto de la asignación por hijo es notable en algunas provincias. En Catamarca, por ejemplo, el subsidio llega a más de la mitad de los niños y adolescentes. Exactamente, al 56,6 por ciento. El ingreso de ese dinero pone en marcha una rueda virtuosa de crecimiento del consumo, el empleo y la actividad económica, que seguramente quedará reflejada en distintos indicadores económicos más adelante. La incidencia de la asignación por hijo es alta en la mayoría de las jurisdicciones del norte. En Formosa la ayuda cubre al 38,3 por ciento de los menores, mientras que en Chaco alcanza al 37,0 por ciento, en Santiago del Estero, al 36,7; en Salta, al 34,3; en Jujuy, al 32,5, y en Tucumán, al 32,0.

En el otro extremo se ubican las patagónicas: en Santa Cruz recibe la asignación sólo el 14,6 por ciento de los niños de la provincia. En Tierra del Fuego es el 14,9 por ciento, en Chubut, el 18,1; en Neuquén, el 21,7, y en Río Negro, el 24,4 por ciento. Un nivel similar se registra en la Ciudad de Buenos Aires, con el 18,1 por ciento de los chicos del distrito (103 mil). En tanto, en la provincia de Buenos Aires es el 25,3 por ciento (1,1 millón), mientras que en Córdoba representa el 28,9 por ciento (281 mil) y en Santa Fe, el 29,4 (280 mil). En el resto de las provincias la cobertura oscila entre el 25 y el 30 por ciento de los menores.

La Anses distribuyó en febrero 491,2 millones de pesos en la asignación por hijo. La transferencia de esos recursos del Estado a más de 1,7 de millón de familias produjo un marcado crecimiento en el consumo de bienes de la canasta básica. De acuerdo con sondeos realizados por el organismo que comanda Diego Bossio, quienes reciben el subsidio destinan entre el 90 y el 95 por ciento del dinero a la compra de alimentos. Este comportamiento ya había sido registrado por la provincia de Buenos Aires cuando implementó su propia asignación a la niñez: 100 pesos por mes para los chicos de hasta seis años de los partidos más pobres del Conurbano. El ex ministro de Desarrollo Social de la provincia Daniel Arroyo comentó a este diario que un estudio realizado por esa cartera constató que los fondos se usaron mayormente para la alimentación de la familia. El consumo de carne fue lo que más creció, seguido por verduras, lácteos, galletitas dulces y yerba, en ese orden. “Lo primero que notamos es que el aporte mejoró la nutrición de la familia”, destacó Arroyo.

La asignación por hijo que paga el gobierno nacional es para los desocupados, trabajadores en negro y empleadas domésticas. La Anses proyecta que el padrón avanzará hasta los 3,9 millones de niños. Todavía hay 266 mil chicos cuyos padres cobran planes sociales del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social o de gobiernos provinciales, que se estima que irán migrando hacia el nuevo programa, cuyo monto de asistencia es más alto. El plan había empezado en noviembre con 3,3 millones de chicos inscriptos y esa cifra fue creciendo gradualmente hasta su nivel actual.

El costo fiscal que estima la Anses es de 8424 millones de pesos en el año. Esto representa un 0,79 por ciento del PIB. “Es el mayor de-sembolso en relación al PIB en toda América latina para programas de este tipo”, resalta el organismo de la seguridad social. En Brasil, por ejemplo, el exitoso programa Bolsa Familia que implementó Lula da Silva hace cuatro años genera desembolsos del 0,4 por ciento del PIB de ese país. Y en México, un programa de asistencia similar equivale al 0,3 por ciento del PIB. “Los fondos previstos para la asignación universal por hijo duplican lo presupuestado por otros países en términos de PIB”, sostiene la Anses.

viernes, 12 de marzo de 2010

Pedofilia en un colegio inglés

Pedofilia en un colegio inglés

Un arquitecto, encargado del mantenimiento edilicio, quedó detenido acusado de abuso sexual de una menor, a la que habría citado por chat.


Jorge Eugenio Méndez se encargaba de las tareas de mantenimiento edilicio en el colegio St . John´s de Pilar, lugar donde fue detenido.



Jorge Eugenio Méndez se encargaba de las tareas de mantenimiento edilicio en el colegio St . John´s de Pilar, lugar donde fue detenido.



Un arquitecto a cargo del mantenimiento edilicio del colegio St. John’s, del partido bonaerense de Pilar quedó detenido este jueves en la sede deportiva de la institución acusado de abuso sexual de un niño de 13 años, y corrupción de menores. La investigación policial surgió hace seis meses por una denuncia y se disparó este jueves con allanamientos en la escuela y en el domicilio particular del sospechoso.

El mismo Consejo Directivo de la Fundación Escuelas de San Juan, entidad a la que pertenece St. John´s, se encargó de refutar las primeras informaciones de que Méndez era director ya que "contrariamente a lo que ha trascendido", él "no forma parte del cuerpo directivo, no es parte del personal docente ni ha tenido alumnos a su cargo" sino que “se encargaba de obras civiles de la sede”.

También mediante un comunicado informaron que el profesional fue separado de sus actividades "hasta tanto la justicia se expida en el caso".

Por su parte, el comisario mayor de Zárate-Campana, Rubén Lobos, señaló que Méndez quedó detenido "provisoriamente" en la DDI de Zárate, bajo la causa "corrupción de menores", y que se realizaron allanamientos en la casa del acusado, ubicada en el country San Carlos, de Pilar, así como también en el establecimiento educativo desde donde habría llamado a la víctima. Las tareas policiales continuaron en un domicilio alternativo de San Isidro.

El caso surgió en septiembre de 2009 a raíz de la denuncia de un adolescente varón que no sería alumno del colegio. Méndez lo habría citado a través del chat en una estación de servicio YPF de Escobar, ubicada en el cruce de Panamericana y ruta 25, lo habría obligado a subir a un auto y drogado, según informaron los padre del joven.

"El seudónimo con el que chateaba por Internet era Marco y su nick era marquit37@hotmail.com", alertó el jefe policial, y agregó: "Tras tener cierta frecuencia en el chat dijo que contactó personal y físicamente con ese hombre y que éste lo trasladó mediante seducción a su domicilio particular en un country privado", añadió en declaraciones a la agencia DyN.

Para sonsacar datos, “hubo que aplicar un método de trabajo informático, trabajo de campo. Rasgos fisonómicos, el lugar donde habría sido abusado”, completó el jefe policial, quien ciñó la investigación "a un caso concreto" pero no descartó que tras el examen por expertos de las computadoras que usaba el detenido "tal vez tengamos más casos".

En la investigación interviene la DDI de Zárate-Campana y la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense.

lunes, 8 de marzo de 2010

viernes, 5 de marzo de 2010

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Violencia Doméstica: ¿una condición preexistente?

Por Amy Goodman


En Estados Unidos, marzo es el Mes de la Historia de la Mujer. En este mes se reconoce el rol central de la mujer en la sociedad. Desafortunadamente, la violencia contra la mujer es una epidemia que azota a Estados Unidos y el mundo.

La violencia doméstica es el foco de atención de muchas noticias nacionales. Según informes publicados por el periódico The New York Times, el Gobernador del Estado de Nueva York, David Paterson, se encuentra implicado en el tema por un presunto intento de ejercer influencia en un caso de violencia doméstica presentado contra uno de sus altos colaboradores. El informe del Times, basado parcialmente en fuentes no develadas, afirma que el colaborador de Paterson, David W. Johnson, atacó a su pareja la noche de Halloween, el 31 de octubre de 2009. El informe explica que “la sujetó estrangulando su cuello, la empujó contra una cómoda con espejo y le impidió pedir ayuda”. Policías del Estado de Nueva York pertenecientes a la guardia personal del gobernador admitieron haberse puesto en contacto con la víctima a pesar de que el hecho estaba fuera de su jurisdicción. Entonces, según afirma el Times, intervino el gobernador mismo, quien pidió a dos de sus colaboradores que contactaran a la víctima y fijaran una conversación telefónica entre él y la mujer. La llamada tuvo lugar el 7 de febrero de este año, la noche anterior a la comparecencia de la víctima ante tribunales para solicitar una orden de protección judicial contra Johnson. La mujer no compareció y el caso fue desestimado. Después de que esta información saliera a la luz, el gobernador se retiró de la carrera electoral para su reelección e impuso a Johnson una suspensión sin paga.

Denise O’Donell, sub-secretaria de Paterson para la seguridad pública y comisionada de la División Estatal de Servicios de Justicia Penal, renunció la semana pasada y declaró: “la conducta que se alega en este caso es la antítesis de todo aquello que muchos de nosotros hemos intentado construir a lo largo de nuestra carrera: un sistema jurídico que proteja a las víctimas de violencia doméstica y lleve a los agresores ante la justicia.” Esta semana el jefe de policía estatal “se ha retirado” (así llaman al hecho) como resultado del escándalo.

La Organización Nacional de Mujeres, histórica aliada de Paterson, solicita ahora su renuncia. Terry O’Neill, presidenta de la organización, declaró: “la violencia doméstica es un problema de suma importancia. Con la Organización Nacional de las Mujeres hemos trabajado por décadas sobre este problema y si bien no ha sido fácil, creo que es lo que hay hacer.”

El escándalo de Paterson estuvo precedido por otro escándalo similar, que involucró al Senador por el Estado de Nueva York Hiram Monserrate. En diciembre de 2008 Monserrate fue acusado de atacar a su novia con el borde de un vaso quebrado. Más tarde la mujer modificó su relato para que concordara con la versión de los hechos que dio Monserrate, pero el debilitado caso penal en su contra prosiguió, sin la cooperación de la mujer, y finalmente fue declarado culpable de un delito menor por agresión. Monserrate fue expulsado del Senado de Nueva York el mes pasado.

Estos casos de pública trascendencia son tristes síntomas de un problema a escala masiva. El Fondo de Prevención de la Violencia Familiar ofrece este escalofriante resumen sobre la violencia doméstica en Estados Unidos: una de cada cuatro mujeres declara haber sufrido violencia por parte de su actual o anterior pareja en algún momento de su vida, tres mujeres son asesinadas por sus esposos o novios cada día, 2 millones de heridas son propiciadas a mujeres cada año como consecuencia de la violencia ejercida por su pareja sexual, en 2007 hubo 248.300 violaciones o agresiones sexuales, más de 500 por día, superando así la cifra de 2005, año en el que se registraron 190.600 ataques sexuales contra mujeres.

El Presidente Barak Obama ha reafirmado el mes de octubre como Mes Nacional de Conciencia sobre la Violencia Doméstica, y además ha puesto énfasis en la relación entre economía y violencia doméstica. Sobre este tema declaró: “En las mejores épocas de la economía, las víctimas de violencia doméstica se ocupan de encontrar trabajo, un lugar donde vivir y de darle a sus hijos lo que necesitan, pero estos problemas se agravan durante períodos de presión financiera" El líder de la mayoría del Senado, el demócrata Harry Reid también se refirió al tema del abuso doméstico. En un discurso ante la Cámara dijo: “Mientras estuve en Nevada me reuní con algunas personas acerca de este tema. El problema se ha ido de las manos. ¿Por qué? Los hombres no tienen trabajo. Las mujeres tampoco tienen trabajo, pero en la mayoría de los casos las mujeres no son violentas. Los hombres, cuando no tienen trabajo, tienden a volverse violentos. En Nevada, los refugios que atienden casos de crisis domésticas se encuentran repletos, y lo mismo ocurre en el resto del país.”

Dada la seriedad del problema de la violencia doméstica y su probable agravamiento con la crisis económica es difícil de creer que las –mal llamadas – compañías de seguros de salud definan la condición de victimización de una mujer que padece violencia doméstica como “condición preexistente”. Las empresas de seguros de salud utilizan este término desde hace tiempo para negar cobertura a los solicitantes, y quizás peor aún, para negar cobertura, con retroactividad, a personas que padecían algún trastorno antes de ser aseguradas.

Este es el tema planteado por la legisladora del Estado de Nueva York Louise Slaughter la semana pasada durante la cumbre bipartidaria sobre la reforma del sistema de salud convocada por el Presidente Obama. Slaughter señaló: “Ocho estados de este país ya han declarado la violencia doméstica como condición preexistente, supongo que lo han hecho sobre la base de que si una mujer es tan desafortunada como para lograr que la golpeen una vez, podría volver y lograr que la golpeen nuevamente.”

El 8 de marzo es reconocido como Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas y muchos países del mundo, pero no por Estados Unidos. Sin embargo, en marzo, Estados Unidos celebra el llamado “Mes de la Historia de la Mujer”. A lo largo de este mes, miles de eventos tendrán lugar en todo el mundo para honrar a las mujeres. En Estados Unidos, comencemos por hacer que la violencia contra la mujer pase a la historia.

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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

© 2010 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org

Amy Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 emisoras de radio en español. Es coautora del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.

jueves, 4 de marzo de 2010

Se realizó la segunda boda homosexual en el país

Se realizó la segunda boda homosexual en el país

Damián y Jorge contrajeron matrimonio en un registro civil porteño. Lo hicieron tras presentar un amparo ante una jueza de Buenos Aires.


El segundo casamiento homosexual del país y Latinoamérica se realizó este miércoles a la mañana en un Registro Civil de Capital Federal, informó la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT).

La entidad precisó que "Damián Bernarth y Jorge Salazar contrajeron matrimonio en una "ceremonia privada" a la que asistieron familiares de la pareja y miembros de la FALGBT.

Los hombres se casaron en el Registro Civil 1, ubicado en la avenida Uruguay 753 del centro porteño, reportó la agrupación en un comunicado de prensa.

Por último, el flamante matrimonio tiene previsto brindar una conferencia de prensa a las 11.30 en el tercer piso de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, situada en la avenida Uruguay 485 del centro porteño.

De esta manera, se concretó el primer casamiento gay en la ciudad de Buenos Aires, luego de que en diciembre pasado se casaron Alex Freyre y José María Di Bello, pero en Ushuaia, provincia de Tierra de Fuego, ya que esa pareja de hombres no pudo casarse en la Capital Federal por una resolución judicial.

Los dos hombres habían obtenido el permiso para casarse en la ciudad cuando la jueza en lo contencioso administrativo y tributario Elena Liberatori hizo lugar a un recurso de amparo presentado por la pareja.

"Gracias a una excepción que se expresa por ley, los casamientos se llevaron adelante, y Damián y Jorge ya se encuentran unidos en matrimonio", remarcó la titular de FALGBT.

El pasado 27 de febrero, la fiscal de Primera Instancia del Ministerio Público porteño, María del Carmen Gioco, interpuso un recurso ante la sentencia de la jueza Liberatori por no haber sido notificada de la sentencia y anticipaba que caso contrario apelaría en la Cámara la sentencia que autorizó la boda. La jueza afirmó que no correspondía informar al ministerio público y que seguiría dando curso a su medida, que finalmente se llevó a cabo este miércoles.

El 28 de diciembre de 2009 el primer matrimonio homosexual de Latinoamérica y el país se hizo en un Registro Civil de Ushuaia tras un recurso administrativo aprobado por el gobierno fueguino, interpuesto por la pareja compuesta por Freyre y Di Bello que no pudo casarse en la ciudad de Buenos Aires.

lunes, 1 de marzo de 2010

Dónde estudian los hijos de los políticos y funcionarios?

Dónde estudian los hijos de los políticos y funcionarios

La hija de la presidenta Fernández egresó de un colegio privado; los de Cobos estudiaron en el Estado. La iniciativa surgió a partir de un proyecto de ley en Brasil que propone que los hijos de los funcionarios tengan que estudiar en establecimientos de gestión estatal.
Tamara Smerling


Guardapolvos. La mayor parte de la población argentina envía a sus hijos a escuelas de gestión estatal.
La mitad de los funcionarios consultados por Crítica de la Argentina mandan –o mandaron– a sus hijos a escuelas del Estado y la otra mitad los envían a colegios privados. Un relevamiento entre la Presidenta, el vicepresidente, gobernadores, diputados y senadores, ministros de Educación de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires determinó que, por lo menos, el 50 por ciento de los políticos eligen escuelas públicas en lugar de institutos privados.

El sondeo surgió a partir de una iniciativa de un ex ministro de Educación y actual senador de Brasil, Cristovao Buarque, quien presentó un proyecto de ley que, en caso de sancionarse, obligaría a todos los funcionarios a enviar a sus hijos a las escuelas de gestión estatal. “Los hijos de los dirigentes políticos estudian su educación básica en escuelas privadas. Esto muestra, en primer lugar, la calidad de la escuela pública brasileña y, en segundo lugar, la desatención de los dirigentes para con la enseñanza pública”, dice en los fundamentos de la propuesta.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no le tuvieron confianza a la educación pública a la hora de inscribir a su hija menor, Florencia, en un colegio de Vicente López. La chica terminó su secundaria, hace dos años, en el Colegio La Salle de Olivos.

En cambio, el vicepresidente, Julio Cobos, dijo que sus tres hijos fueron a una escuela del Estado: “Mis tres hijos concurrieron a la misma escuela pública, la 1.278 “Domingo Faustino Sarmiento” en la calle Roca, de Mendoza. Elegir una escuela pública o privada es una potestad de los padres y considero que lo importante es que los chicos estudien, se formen; ya que de la escuela y la familia dependen el futuro de nuestras generaciones. Sólo una educación pública de calidad y excelencia –basada en la cultura del esfuerzo y el trabajo– nos garantiza un futuro de esperanza”.

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, envió a sus cuatro hijos a escuelas del Estado y ahora estudian en universidades públicas. Sin embargo, reconoció que la iniciativa es contradictoria. “Es una cuestión controvertida: suponer que si un funcionario manda a su hijo a un colegio del Estado hará más por la enseñanza pública es erróneo. Tengo cuatro hijos, de 25 a 31 años, y los mandé al Mariano Acosta, que es una emblemática escuela porteña, y ahora van a universidades públicas, pero no dudo de la responsabilidad de otros funcionarios porque los manden a una privada”.

El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, tiene tres hijos que estudiaron en escuelas del Estado y en privados de Castelar y Haedo. Fueron al Parroquial “Vicente Pallotti” y al Colegio Ward de Ramos Mejía mientras se desempeñó como director de los pupilos. La mayor se recibió de abogada y la más chica estudia Trabajo Social en la UBA.

“No estoy interiorizado en el proyecto. Si se trata de incentivar a los funcionarios a que envíen a sus hijos a la escuela pública, me parece válido, pero si el proyecto establece la obligación, no. Porque se está negando el legítimo derecho de los padres de decidir a qué escuela quieren enviar a sus hijos”, opinó el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que aún no tiene niños.

Su par, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, reconoció que sus hijas van a colegios privados pero que le recuerdan la excelencia del Estado: “Yo tengo dos nenas. Una está terminando su secundaria en el Colegio de la Barranca, en Vicente López, y la otra va al jardín de la Nueva Escuela Argentina 2000, porque rescata las mejores prácticas del colegio público y apunta a las artes plásticas o la música.

A partir de ahora, además, irá a doble turno. Yo fui al Nacional Buenos Aires y busqué privados pero que tengan una orientación interesante”.

Hermes Binner se mudó a Santa Fe cuando ganó la gobernación de la provincia. Uno de sus primeros actos fue inscribir a su hijo más pequeño en una de las mejores escuelas públicas. Lo mismo ocurrió con el hijo de la ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad y legisladora nacional, Gabriela Michetti, que va al Nacional Buenos Aires.

En cambio, el senador porteño por el FPV y ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, mandó a sus hijas a la técnica de la comunidad judía ORT. El ex jefe de Gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, recordó que sus varones fueron siempre al Estado. “Desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Uno, al Pellegrini y el otro al Industrial Raggio. Ahora, uno estudia Abogacía en la UBA y el otro empieza el CBC para Medio Ambiente, en Agronomía”.

La legisladora por el FPV y presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Blanca Osuna, reconoció que sus tres hijas cursaron en escuelas estatales, pero que dos terminaron en un privado.

El senador del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, miembro de la Comisión de Educación, también admitió que sus chicos van a escuelas del Estado, y el diputado por el Espacio Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse, dijo que sus tres hijos estudiaron en públicas. La primaria fue en el Nº 8 de Haedo y la secundaria en el Manuel Dorrego, de Morón. “Tengo confianza en la escuela pública y además provee una cosmovisión más amplia.

A pesar de su deterioro, la pública sigue teniendo un buen nivel en la Argentina y no es inferior al de las privadas”. Otros funcionarios, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Ambiente, Diego Santilli, y el diputado Francisco de Narváez prefirieron no dar detalles sobre dónde estudian sus hijos.

El ex intendente de Morón y ahora diputado nacional, Martín Sabbatella, reconoció que su hija, Camila, va a una privada: “La elegimos por los horarios, porque en la pública no llegaban a cubrir una franja amplia de escolaridad y Mónica y yo trabajamos mucho fuera de casa.

Los primeros años los hizo en la escuela del Estado, el Manuel Dorrego de Morón, luego en la Escuela Crear y Ser, y tiene previsto ir a la universidad pública. La decisión no fue fácil, generó mucho debate y angustia, porque somos defensores de la escuela pública”. La diputada nacional por el PRO Gladys González tiene dos hijas en el Cristóforo Colombo. “Somos descendientes de familia italiana; sin embargo, no dejo de reconocer que la educación pública no nos garantiza calidad”. En cambio, Francisco Nenna, legislador del FPV, tiene ocho hijos que fueron al Estado: “Estamos convencidos de que la educación no es un servicio sujeto a las reglas del mercado sino un derecho social”, dice.

Un informe difundido esta semana por la Consultora EMP reveló que la escuela pública sigue siendo la elegida por los padres en la Argentina, sean o no funcionarios del Estado. En la región pampeana el 65% de los alumnos va a escuelas del Estado y el 35% a colegios privados; en la Patagonia se eleva a 86% en pública y 14% en privada; en Cuyo, 69% va a la pública y 31% a la privado; el NOA es de 80% público y 20% privado; en el NEA, 83% en pública y 17 % en privada, y en la región del centro el 55% va a públicas y el 45% a privadas. Diego Kravetz es diputado por el FPV y tiene un hijo, Santiago, de un año, y vaticina: “Me gustaría que Santi vaya a una escuela estatal, como hice yo en mi primaria. Sería ideal, teniendo en cuenta que, hace años, el prestigio y la enseñanza era incomparables con las privadas”.

Lo importante son las horas

Un estudio de la Unesco asegura que para desarrollar una enseñanza de razonable calidad es necesario impartir un mínimo de 825 a 1.000 horas anuales de clase. En la Argentina, sólo si se dictaran los 180 días de clase que marca la Ley de Educación Nacional apenas se ofrecerían 720 horas de clase. En colegios privados hay más horas por actividades extraprogramáticas.

OPINIÓN

Un debate que no es menor ni superficial
* Silvina Gvirtz

El proyecto de ley presentado en el Parlamento brasileño pone en agenda un tema del que muy pocos quieren hablar: ¿afecta el nivel de vida de los representantes del pueblo la posibilidad de gobernar a favor de sus representados? La respuesta es negativa si se supone que la empatía con quienes menos poseen es posible o si existen mecanismos institucionales que impidan un manejo discrecional de los fondos públicos. Hay quienes argumentan, por el contrario, que es complejo actuar a favor de otras realidades si no se padecen.

En educación, esto puede decodificarse del siguiente modo: la sensibilidad del funcionario para el diseño de políticas educativas no será la misma si su hijo asiste a una escuela pública o privada. El debate sobre el tema no es menor ni superficial y vale la pena atender los argumentos de la segunda postura esbozada. Sin embargo, si se supone que el gobernante vela sólo por sus intereses de clase, al verse obligados por ley a mandar a sus hijos a escuela pública, podría distribuir recursos arbitrariamente a favor de la escuela estatal a la que asisten sus hijos. También podría conseguir una excepción para enviarlos a la escuela de calidad del distrito y no a la que le corresponde por radio. El problema que subyace en estos casos es el nivel de discrecionalidad con el que pueden manejarse los recursos del Estado.

Si queremos equidad, ¿qué mecanismo será mejor para conseguirla? ¿El obligar al envío de los hijos de funcionarios a una escuela estatal? ¿El diseñar mecanismos institucionales para que no sea posible derivar fondos arbitrariamente? ¿El buscar políticas de incentivos que garanticen que gobiernen a favor de la justicia? El tema merece debatirse. No resulta tan claro que los representantes muy alejados del nivel de vida de sus representados puedan hacer justicia. Tampoco resulta tan evidente que un representante proveniente de sectores sociales carenciados la persiga si no hay mecanismos institucionales que lo limiten e incentiven.

* Directora de Educación de la Universidad de San Andrés.

OPINIÓN

La iniciativa es un disparate
Claudia Romero*

Proponer que los funcionarios y los políticos envíen obligatoriamente a sus hijos a escuelas gestionadas por el Estado mientras ellos están en el cargo público es un disparate. En la Argentina, los padres tienen libertad de elección de escuelas para sus hijos independientemente de cuál sea su ocupación, de manera que no puede obligarse a ninguna familia a elegir determinado tipo de escuela. Lo que puede no ser disparatado es el sentido de los argumentos que subyacen a esa propuesta.

Si funcionarios y políticos ponen a sus hijos en escuelas del sistema estatal podría querer decir que confían en su propio trabajo para mejorarlo. Sería una señal clara, un acto de coherencia para quienes declaman que son cultores de la escuela estatal en sus discursos de campaña. Pero todas las escuelas son públicas y los ciudadanos que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada esperan que el Estado regule, fiscalice y mejore lo que sucede también en esas escuelas.

El otro sentido profundo de la propuesta es la exigencia de solidaridad de los funcionarios y políticos con las familias indigentes y pobres que están condenadas a no poder elegir escuelas.

En este caso, extender la condena no garantiza verdadera igualdad. En síntesis, avasallar la libertad de elección de escuela, no. Exigir de funcionarios y políticos señales claras, coherencia en los actos y políticas que garanticen la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, sí.

* Directora de Educación de la Universidad Di Tella.