INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE ABORIGENES EN FORMOSA
“Una histórica discriminación”

Amnistía Internacional investigó la situación de los pueblos indígenas de Formosa. Denuncia que sufren una “sistemática violación” de los derechos humanos, despojo de tierras y una estructura estatal que reprime a las comunidades originarias.

Por Darío Aranda

“Exigimos respeto” es el título de la reciente investigación de Amnistía Internacional (AI) sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe “la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas”. Durante dos años, la ONG de derechos humanos trabajó junto a comunidades originarias de la provincia. Ahora denuncia “la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas”. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.

La comunidad El Descanso está integrada por 130 personas y habita la zona del Bañado la Estrella (zona de humedales muy conocida en el norte del país), de donde obtienen parte de sus alimentos. A pesar de contar con título de propiedad comunitario, en 1997 el gobierno ingresó a sus parcelas y comenzó a cavar profundos canales para derivar aguas del bañado. La obra de infraestructura perjudicó radicalmente la vida de los pilagá.

Según leyes nacionales e internacionales que protegen los derechos indígenas, toda actividad que pudiera modificar la forma de vida debe contar con la aprobación de las comunidades afectadas. “No hubo consentimiento y ni siquiera se le informó a la comunidad. Los requisitos mínimos de transparencia brillaron por su ausencia”, afirma Amnistía Internacional, que analizó la situación de la comunidad El Descanso, la tomó como caso testigo y, en base a testimonios de otras comunidades y documentación, lo hizo extensivo a la provincia.

El informe de AI señala que las obras de infraestructura, con canales de hasta seis metros de profundidad y diques de tierra que inundan espacios comunitarios, le significaron a la comunidad un impacto negativo en la disponibilidad de recursos –sobre todo peces–, le implicaron el talado de árboles y, sobre todo, la inundación de casi la mitad de las tierras, incluido el cementerio de la comunidad.

Amnistía puntualiza que se violó el derecho a la propiedad comunitaria: “Es difícil imaginar al Estado argentino ingresando a la casa de alguien que vive en la ciudad, realizando un canal en las tierras de importantes empresarios ganaderos del campo o inundando un cementerio de personas no indígenas de la manera en que lo hizo en las tierras de la comunidad de El Descanso. Dicha injerencia está prohibida por ley y habría desatado la indignación de muchos y desencadenado causas judiciales millonarias por reparaciones.”

La ONG, nacida en 1961 y con presencia en 150 países, denuncia que se violó el derecho al consentimiento libre, previo e informado, derecho humano fundamental de los pueblos indígenas que posibilita que las comunidades puedan tomar decisiones informados sobre los asuntos que podría afectar su forma de vida.

También advierte que el Estado provincial niega “rotundamente” que los pilagá hayan sido perjudicados con la obra e incluso “ha afirmado que la comunidad se está beneficiando del proyecto del canal”.

“La historia de discriminación, violencia y explotación a las que fueron sometidos los miembros de la comunidad El Descanso como parte del pueblo indígena pilagá recuerda situaciones que han sufrido otros pueblos indígenas en Argentina y es sólo un ejemplo del círculo de discriminación, exclusión, silenciamiento e inseguridad que mantiene a los indígenas en la pobreza y alimenta la violación de sus derechos humanos”, destaca AI, y afirma que las comunidades pilagá enfrentan un “grave” empobrecimiento económico y “escasez crónica de comida”.

Este diario solicitó una entrevista a la Subsecretaría de Comunicación de Formosa, cuyo gobernador es Gildo Insfrán, a fin de recabar una opinión sobre el informe de AI, pero no obtuvo respuesta.

Amnistía Internacional recuerda que desde una década atrás las organizaciones indígenas denuncian el secuestro de DNI durante los comicios y la coerción para votar por determinado candidatos. Amnistía confirmó que las últimas dos elecciones se repitió la sustracción de documentos “articulada con el secuestro de indígenas en galpones la víspera de las elecciones” y la compra de votos a cambio de frazadas, ladrillos o mercadería.

La ONG también responsabiliza al Estado nacional por no tomar medidas –“argumentando el respeto por el sistema federal”–, frente a las denuncias de la comunidad por violación de sus derechos y lo acusa de “estar ausente y haber abandonado a las comunidades indígenas a su propia suerte”.

“La falta de voluntad política y el no tomar en serio los reclamos de las comunidades indígenas como la de El Descanso no sólo vulnera los derechos de la comunidad, sino que refuerza su situación de discriminación y marginalización histórica”, denuncia y explica que, de esa forma, se “refuerza el empobrecimiento, la marginalización y el silenciamiento de la comunidad de El Descanso y de los pilagá en general”.

Amnistía Internacional afirma que “la violación sistemática” de derechos ocurridos en la comunidad El Descanso es una muestra de lo sucedido en toda Formosa e incluso en distintas regiones del país. “Muchos indígenas en la Argentina, al igual que los pilagá, siguen enfrentando la marginación y la discriminación y tienen grandes dificultades para que sus voces sean escuchadas y para acceder a la justicia sin discriminación”, alerta y subraya que el Estado argentino “debe asumir y cumplir sin demoras” el derecho de los pueblos originarios a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos naturales.

Entre las numerosas recomendaciones, se solicita proteger a las comunidades indígenas de posibles represalias, reclama el cumplimiento efectivo de la ley 26.160 (prohibición de desalojos y relevamiento de tierras) y se insta a las autoridades de la Argentina a que adopten de manera “urgente las medidas necesarias para garantizar que se respeten, promuevan y cumplan los derechos de los indígenas de la comunidad de El Descanso y se rompa así el ciclo de discriminación y exclusión al que están sometidos”.

La ONG siempre dirige sus recomendaciones a los gobiernos por entender que éstos son los responsables de lograr el respeto, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la investigación también aborda la responsabilidad de la sociedad argentina, donde encuentra las “profundas raíces históricas y culturales del racismo y la discriminación de los que son víctimas hombres y mujeres indígenas”.