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"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

domingo, 31 de agosto de 2014

DESALOJOS



El problema de la vivienda: del Riachuelo a “La Veredita”. Los dos desalojos en el Bajo Flores dejaron dudas acerca de los subsidios que recibirán las familias que ocuparon edificios y espacios públicos y sobre cuál será su destino final.
El lunes pasado, más de 80 familias fueron desalojadas de un complejo habitacional ubicado en el Bajo Flores, ocupado desde hacía dos meses por vecinos de la Villa 1-11-14. Esos departamentos estaban destinados a los habitantes de varios asentamientos que existen a orillas del Riachuelo. Los ocupantes retirados fueron distribuidos en diferentes paradores oficiales de la Ciudad, por separado: mujeres por un lado, hombres por el otro. A cambio, el Gobierno porteño les ofreció un subsidio de 7.000 pesos a pagar en diez cuotas.
El desalojo, ordenado por el juez federal de Quilmes Luis Armella, fue ratificado por la Corte Suprema y comandado por la Policía Metropolitana con apoyo de la Federal.
Angel Oga, más conocido como Rolo, vive en el asentamiento Luján, en Barracas, una franja de tierra que pertenece a Nación. Junto al camino de sirga –así se denomina al sendero que forma la orilla del Riachuelo– es parte de la reestructuración, de la “cicatrización” como se lo llama oficialmente. Rolo es presidente de la Cooperativa de Vivienda del Riachuelo Matanza y delegado del Asentamiento Luján, beneficiarias de las casas desalojadas.
Para él, la llegada de los vecinos de la 1-11-14 “fue una usurpación de hecho. Más allá de entender el problema de la necesidad, fue una lucha de pobres contra pobres, fueron personas que tomaron las casas con alguna intención política, comandados por punteros”, sostiene.
Blanca Arce y Miguel Angel Rodríguez –un ex funcionario echado del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC)– fueron denunciados por los vecinos de la Villa 1-11-14, ya que exigían el pago de 8.000 a 15.000 pesos –de acuerdo a la cantidad de ambientes– para inscribirlos como adjudicatarios de las viviendas.
“Hace pocos días nos enteramos que varios punteros estafaron a 40 familias bolivianas con 12 mil pesos cada uno, prometiéndoles una casa”, cuenta Rolo. “Juegan con la necesidad de la gente que necesita vender. El déficit habitacional es muy grave. Hace mucho que no se construyen viviendas sociales. Y este es, claramente, el momento más crítico del IVC: no existe mapa urbano y se gastan, como mínimo, 300 mil pesos en construir sólo una cuadra de bicisenda”, enumera Oga.
El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró que el predio perteneciente a la Corporación Buenos Aires Sur –del Gobierno de la Ciudad– quedará en manos del IVC, y su custodia a cargo de la Metropolitana y la Federal.
“Las casas siempre fueron del IVC”, aclara Rolo. “La mayoría son proyectos que venían de antes de Macri. Son 2.400 personas las que necesitan hogar. Desde ya, está claro que el Asentamiento Luján no va a ir a vivir allí, porque eso significaría una pelea con la 1-11-14. Y no vamos a tenerla”, confirma.
Para Rolo, “el jefe de Gobierno dice que Nación no gira plata, pero la Ciudad es uno de los pocos lugares superavitarios del país. El problema es que Macri se endeuda pidiendo plata afuera, y le da más a espacios verdes a Metrobus y a otros lugares, en lugar de ponerla en el IVC para construir más viviendas para los que más las necesitan”, cuenta.
Según el Gobierno porteño, los paradores están destinados a “hombres solos mayores de edad y mujeres mayores de edad con o sin hijos menores que se encuentren en situación de calle, sin recursos, que requieran solución provisoria con carácter de emergencia”.
“Hay todo tipo de albergues en la Ciudad: para ancianos, adictos, jóvenes, niños, que se hicieron en la etapa de Eduardo Jozami (el ex secretario de Vivienda de la Ciudad). Pero las condiciones hoy son jodidas, tienen horarios limitados, en algunos no tenés comida, en otros sí pero es de pésima calidad. Son lugares que tienen una gran movilidad: la gente entra por necesidad y huye por espanto. A los que llevaron allá, el lunes pasado, se fueron todos”, concluye Rolo, quien tiene muchos amigos viviendo en esa problemática.
“La Veredita”, otro desalojo. En Riestra entre Portela y Lafuente estaban instaladas desde hace seis meses 60 personas que aceptaron dejar el lugar y ser censadas para recibir un subsidio que en principio era de entre 700 y 1.200 pesos en diez cuotas, pero luego se acordó en 7.000 pesos en diez veces.
Yanina Maza, una de las ocupantes, contó que desde la fiscalía les informaron que debían dejar el predio “porque nos pueden abrir una causa por usurpación de tierras y no entramos en los planes para el otorgamiento de viviendas”.
Ella había asegurado que iba a “resistir” el desalojo, pero manifestó que al optar la gente por acceder al subsidio “no vamos a poder resistir solos”.
La jueza en lo contencioso administrativo y Tributario Nº 4 Elena Liberatori hizo lugar a una acción de amparo presentada por el abogado Lisandro Teskiewicz que representa a los ocupantes y ordenó al Gobierno porteño inscribir a los ocupantes en un programa de vivienda transitoria. También dispuso el pago de una cuota única de 7.200 pesos a los ocupantes y ordenó incluirlos “en el programa de admisión para familias en situación de calle”.
Máquinas retroexcavadoras del Gobierno porteño derrumbaron las casillas precarias de los vecinos, mientras se analizaba dejar una custodia policial en el lugar para evitar nuevos asentamientos.
fuente: Miradas al sur

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