La reforma sanitaria pone en apuros a Obama
Los planes para ampliar la cobertura médica a los ciudadanos sin seguro restan popularidad al presidente de EE UU - Los críticos afirman que la propuesta perjudicará la calidad del servicio
DAVID ALANDETE - Washington - 23/08/2009
El presidente Barack Obama se enfrenta al mayor obstáculo político desde que llegó a la Casa Blanca. En debates públicos a lo largo y ancho de Estados Unidos, los que se oponen a su reforma sanitaria, que persigue dar cobertura a los 46 millones de ciudadanos que no tienen seguro, califican sus planes de caros e ineficaces y le acusan de querer convertir la medicina en un monopolio del Estado. La campaña puesta en marcha por Obama y sus aliados para contraatacar y lograr el apoyo de la opinión pública para sacar adelante el plan no ha evitado que la popularidad del presidente se haya visto afectada: en un mes, ha caído tres puntos de media en las encuestas.
Las claves de la reforma sanitaria
Barack Obama
A FONDO
Nacimiento: 04-08-1961 Lugar: Honolulu
Estados Unidos
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Capital: Washington. Gobierno: República Federal. Población: 303,824,640 (est. 2008)
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Los defensores de la opción pública niegan que eleve el coste del servicio
Un 46% confía en la gestión de Obama en este tema; frente al 57% de abril
En su discurso semanal a la nación, emitido ayer, Obama apeló al patriotismo para conseguir resultados concretos en esta reforma. Pidió a los políticos que "dejen atrás las divisiones, avancen juntos de la mano como una nación y un pueblo, algunos demócratas, otros republicanos, todos americanos". Las encuestas demuestran que su capacidad para unir a ambos partidos no es tan efectiva. Un 63% de los encuestados en un sondeo del centro de análisis Pew dice que Obama y los republicanos no están trabajando conjuntamente. Un 29% responsabiliza a los republicanos y un 17%, a Obama.
El presidente le ha pedido un esfuerzo al Congreso para llegar a un punto de consenso que permita reformar un sistema que cada vez cuesta más dinero a las arcas públicas. En eso están de acuerdo tanto republicanos como demócratas. Pero el mayor escollo para la Casa Blanca es una de las propuestas incluidas en la reforma: crear un seguro médico público voluntario, alternativo a los seguros privados. Tanto los republicanos como algunos demócratas conservadores rechazan esta medida, mientras los miembros progresistas del Congreso imponen esta llamada opción pública como condición para poder negociar.
Esta propuesta no sólo se topa con el rechazo de muchos políticos. También se han opuesto miles de ciudadanos que han participado en mítines durante las últimas semanas, preocupados porque temen que sus empresas dejen de pagarles seguros privados cuando el Gobierno ofrezca pólizas públicas baratas. Temen que la calidad del servicio empeore y no puedan elegir médico. La mitad de los seguros que hay en EE UU son ofrecidos por las empresas.
Las últimas encuestas reflejan un descenso en la popularidad de Obama, algo que los analistas relacionan con la negociación de la reforma sanitaria. El diario The Washington Post y la cadena televisiva ABC publicaron esta semana una encuesta en la que aseguraban que el 46% de la ciudadanía confía en que Obama tome las decisiones adecuadas en el proceso de reforma, una cifra que se ha reducido 11 puntos porcentuales desde abril. Su índice de aprobación se mantiene en un 57%, dos puntos menos que en julio. En la media de encuestas realizada por Real Clear Politics se mantiene en un 52%, diez puntos menos que en mayo.
Algunos políticos han alimentado otros miedos. El senador republicano por New Hampshire, Judd Gregg, dijo esta semana en un mitin que el sistema de seguros públicos "nacería con una considerable ventaja sobre el sistema privado, controlando los precios y colocando a un funcionario entre usted y su doctor". Gregg explicó que, en su opinión, un seguro público llevaría a "largas listas de espera" e incluso "escasez en los tratamientos".
Obama y los demócratas progresistas defienden todo lo contrario. El sistema norteamericano es uno de los más caros del mundo: el país destina un 16% del PIB al gasto sanitario, la mitad es absorbida por diferentes sistemas públicos, el Medicaid y el Medicare, dirigidos a personas discapacitadas, de pocos recursos y los ancianos.
Los defensores de la opción pública, los miembros de la izquierda del Congreso, lo ven como una avanzadilla hacia un sistema de sanidad universal similar al de España. "Un sistema de sanidad pública universal nos permitiría cubrir a todo el mundo sin gastar más dinero del que gastamos ahora", según dijo el representante demócrata por Michigan John Conyers en una reciente comparecencia en el Capitolio.
En este momento, seis senadores, tres republicanos y tres demócratas, bautizados como la banda de los seis, están intentando consensuar un borrador de ley distinto al proyecto de los demócratas que ya circula por la Cámara de Representantes. Las reformas previstas en este último costarían cerca de 700.000 millones de euros en los próximos 10 años. Según la Oficina de Presupuestos del Congreso, esto incrementaría el déficit público en 167.000 millones de euros. Antes del receso de agosto, la banda de los seis consiguió consensuar una versión que habría reducido el precio del plan de la Cámara en unos 69.000 millones de euros.
Sin embargo, la opción pública sigue estando en el aire. La oposición a las pólizas del Gobierno ha calado en algunos demócratas del Senado. El senador demócrata por Dakota del Norte Kent Conrad dijo la semana pasada en una entrevista en el canal Fox News que "no hay suficientes votos en el Senado para aprobar una opción pública". El también senador demócrata Steny Hoyer, de Maryland, dijo el viernes que su prioridad es "aprobar una ley", y no "defender la opción pública".
Obama ha tenido que reafirmar su apoyo a la opción pública ante las protestas del sector más progresista del Congreso. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo: "No existe la posibilidad de que aprobemos una ley sin esa opción pública". "Hay objetivos y principios específicos, como reducir costes o aumentar la cobertura sanitaria", aclaró el portavoz de Obama, Robert Gibbs.
Muchos republicanos han expresado en el pasado su voluntad de que la reforma sanitaria sea el gran escollo del mandato de Obama. El senador Jim de Mint llegó a decir: "Si logramos detener a Obama en esto, será su Waterloo". Obama les respondió el viernes. "El año pasado, por esta época, recordaréis que los republicanos habían nominado a su candidata a la vicepresidencia, y todo el mundo, los medios, todos, estaban obsesionados con ella, y las cadenas de televisión informaban sobre ella las 24 horas, diciendo, 'Obama ha perdido el encanto'. ¿Os acordáis de eso?". Él, al parecer, lo tiene muy presente.
Las claves de la reforma sanitaria
- Un sistema público.
El plan de Obama contempla un sistema público de salud en convivencia (o en competencia, según otros) con el privado.
- Coste. La reforma costaría cerca de un billón de dólares (700.000 millones de euros), según cálculos provisionales.
- Tipos de cobertura.
Un 15% de los ciudadanos no tiene ninguna cobertura; el 53% tiene un seguro que les ofrece su empresa; el 27% tiene un seguro subvencionado por el Gobierno para determinados grupos de población (niños, jubilados, discapacitados, etcétera); y el 5% restante tiene un seguro privado sin ayuda de su empresa.
- Varios intentos anteriores. Presidentes y miembros del Congreso han intentado sin éxito, durante los últimos cien años, crear un seguro médico universal para los estadounidenses. En 1912, Theodore Roosevelt hizo campaña en favor de un seguro nacional de salud. En 1934, durante la Gran Depresión, el equipo de Franklin D. Roosevelt estudió la posibilidad de impulsar un programa nacional de seguros de salud, pero al final no se concretó. Tras ser elegido presidente, en noviembre de 1976, Jimmy Carter prometió poner en marcha un sistema de seguros con cobertura universal, pero el tema fue aparcado por la crisis económica de aquellos años. El último intento antes de la llegada al poder de Obama fue durante el primer mandato de Bill Clinton. La entonces primera dama, Hillary Clinton, fue una de las grandes impulsoras de la reforma, que no consiguió ser aprobada por el Congreso.
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