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martes, 25 de agosto de 2009

Una cruzada contra los prostíbulos encubiertos

Una cruzada contra los prostíbulos encubiertos

El procurador Esteban Righi instruyó a los fiscales que investigan casos de trata para que promuevan la clausura de los locales que funcionen bajo la apariencia de un comercio lícito. Impulsa la derogación de normas municipales que reglamentan la prostitución.


Por Mariana Carbajal

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, lanzó una cruzada contra las whisquerías y bares nocturnos que funcionan como pantallas de prostíbulos, en los que se explota a mujeres víctimas de trata. A través de una resolución firmada ayer, instruyó a todos los fiscales en materia penal del país que actúen en causas en las que se investiguen casos de trata y de proxenetismo, que soliciten al juez actuante la intervención de la agencia municipal del distrito, con el fin de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación, cuando esté funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito. En los casos en que el lugar no tenga ningún tipo de permiso legal –como ocurre con los llamados “privados o vips”–, los fiscales deberán sugerir al magistrado que no restituya el inmueble a su titular hasta tanto “no sean debidamente aclaradas las circunstancias de su uso ilegal”. Además, Righi pidió a los ministros de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Interior, Florencio Randazzo, que se ocupen de que sean derogadas en las provincias las ordenanzas comunales que, en abierta violación a la legislación nacional vigente, se aprobaron en los últimos años en distintas provincias –como Misiones, La Pampa, Río Negro, Santa Cruz y Entre Ríos, entre otras–, y que reglamentan la explotación de la prostitución ajena. Esas normativas incluyen hasta registros de “alternadoras” y la exigencia de la renovación periódica de una libreta sanitaria, que prevé el control médico ginecológico de las mujeres.

La resolución que firmó ayer Righi es resultado del trabajo que viene realizando la Unidad de Asistencia para la Investigación de Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo. El procurador también pidió a los fiscales que profundicen “las investigaciones en orden a identificar y enjuiciar a los funcionarios o agentes que pudieran tener algún grado de participación en la comisión o encubrimiento” de delitos como la trata o la explotación de la prostitución ajena.

“Al mismo tiempo resulta imperioso realizar un giro en la política de persecución de este tipo de hechos, a efectos de atacar el núcleo económico de las organizaciones criminales que lo sustentan, siguiendo la pista económica del negocio de la trata de personas”, consideró Righi en la resolución 99/09, a la que tuvo acceso Página/12. En ese sentido, instruyó a los fiscales que intervengan en causas de trata y proxenetismo que “soliciten al juez interviniente como medida cautelar, la afectación del o los inmuebles en los que se ejerza dicha actividad, desde el comienzo del proceso, con el objeto de lograr posteriormente su decomiso y como garantía de una eventual pena y/o condena pecuniaria”.

“Las llamadas casas de tolerancia están prohibidas en el país desde 1937. Sin embargo, desde la Ufase hemos detectado que en distintas provincias los concejos deliberantes han aprobado ordenanzas que las habilitan bajo nombre eufemísticos y reglamentan la explotación de la prostitución ajena, con libretas sanitarias para las alternadoras”, señaló el fiscal Colombo a Página/12.

La Procuración General de la Nación pretende que desde los ministerios de Justicia e Interior se trabaje con los gobiernos provinciales para que promuevan la derogación de las normativas comunales. La ciudad de Santa Rosa, capital de La Pampa, fue la primera en dar ese paso, tres meses atrás. Y le siguió un pequeño municipio de esa provincia, General San Martín.

El procurador general instruyó también a los fiscales para que tomen “los recaudos del caso para evitar filtración de información al proceder a la convocatoria de los auxiliares de la Justicia y los agentes municipales pertinentes” a la hora de pedir la clausura de algún burdel, debido a las fuertes sospechas de que muchos de esos locales funcionan con la protección policial o política de la zona.

La Ufase está investigando el accionar de redes de trata en distintos puntos del país. Tal como informó ayer este diario, el fiscal Colombo acaba de presentar en el juzgado federal de Santa Rosa una denuncia para que se investigue la existencia de una banda que en los últimos cinco años trasladó hacia la capital pampeana más de cuatrocientas mujeres reclutadas en Paraguay y provincias del norte argentino, y que tuvieron como destino tres locales nocturnos de esa ciudad, habilitados como “whisquerías”, según surge del libro de “alternadoras” que tenía el propio municipio. Se sospecha que muchas de esas mujeres luego fueron enviadas a burdeles de otras localidades del país, para continuar bajo la explotación de proxenetas

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