Dónde estudian los hijos de los políticos y funcionarios?

Dónde estudian los hijos de los políticos y funcionarios

La hija de la presidenta Fernández egresó de un colegio privado; los de Cobos estudiaron en el Estado. La iniciativa surgió a partir de un proyecto de ley en Brasil que propone que los hijos de los funcionarios tengan que estudiar en establecimientos de gestión estatal.
Tamara Smerling


Guardapolvos. La mayor parte de la población argentina envía a sus hijos a escuelas de gestión estatal.
La mitad de los funcionarios consultados por Crítica de la Argentina mandan –o mandaron– a sus hijos a escuelas del Estado y la otra mitad los envían a colegios privados. Un relevamiento entre la Presidenta, el vicepresidente, gobernadores, diputados y senadores, ministros de Educación de la Nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires determinó que, por lo menos, el 50 por ciento de los políticos eligen escuelas públicas en lugar de institutos privados.

El sondeo surgió a partir de una iniciativa de un ex ministro de Educación y actual senador de Brasil, Cristovao Buarque, quien presentó un proyecto de ley que, en caso de sancionarse, obligaría a todos los funcionarios a enviar a sus hijos a las escuelas de gestión estatal. “Los hijos de los dirigentes políticos estudian su educación básica en escuelas privadas. Esto muestra, en primer lugar, la calidad de la escuela pública brasileña y, en segundo lugar, la desatención de los dirigentes para con la enseñanza pública”, dice en los fundamentos de la propuesta.

Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no le tuvieron confianza a la educación pública a la hora de inscribir a su hija menor, Florencia, en un colegio de Vicente López. La chica terminó su secundaria, hace dos años, en el Colegio La Salle de Olivos.

En cambio, el vicepresidente, Julio Cobos, dijo que sus tres hijos fueron a una escuela del Estado: “Mis tres hijos concurrieron a la misma escuela pública, la 1.278 “Domingo Faustino Sarmiento” en la calle Roca, de Mendoza. Elegir una escuela pública o privada es una potestad de los padres y considero que lo importante es que los chicos estudien, se formen; ya que de la escuela y la familia dependen el futuro de nuestras generaciones. Sólo una educación pública de calidad y excelencia –basada en la cultura del esfuerzo y el trabajo– nos garantiza un futuro de esperanza”.

El ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, envió a sus cuatro hijos a escuelas del Estado y ahora estudian en universidades públicas. Sin embargo, reconoció que la iniciativa es contradictoria. “Es una cuestión controvertida: suponer que si un funcionario manda a su hijo a un colegio del Estado hará más por la enseñanza pública es erróneo. Tengo cuatro hijos, de 25 a 31 años, y los mandé al Mariano Acosta, que es una emblemática escuela porteña, y ahora van a universidades públicas, pero no dudo de la responsabilidad de otros funcionarios porque los manden a una privada”.

El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Oporto, tiene tres hijos que estudiaron en escuelas del Estado y en privados de Castelar y Haedo. Fueron al Parroquial “Vicente Pallotti” y al Colegio Ward de Ramos Mejía mientras se desempeñó como director de los pupilos. La mayor se recibió de abogada y la más chica estudia Trabajo Social en la UBA.

“No estoy interiorizado en el proyecto. Si se trata de incentivar a los funcionarios a que envíen a sus hijos a la escuela pública, me parece válido, pero si el proyecto establece la obligación, no. Porque se está negando el legítimo derecho de los padres de decidir a qué escuela quieren enviar a sus hijos”, opinó el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, que aún no tiene niños.

Su par, el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, reconoció que sus hijas van a colegios privados pero que le recuerdan la excelencia del Estado: “Yo tengo dos nenas. Una está terminando su secundaria en el Colegio de la Barranca, en Vicente López, y la otra va al jardín de la Nueva Escuela Argentina 2000, porque rescata las mejores prácticas del colegio público y apunta a las artes plásticas o la música.

A partir de ahora, además, irá a doble turno. Yo fui al Nacional Buenos Aires y busqué privados pero que tengan una orientación interesante”.

Hermes Binner se mudó a Santa Fe cuando ganó la gobernación de la provincia. Uno de sus primeros actos fue inscribir a su hijo más pequeño en una de las mejores escuelas públicas. Lo mismo ocurrió con el hijo de la ex vicejefa de Gobierno de la Ciudad y legisladora nacional, Gabriela Michetti, que va al Nacional Buenos Aires.

En cambio, el senador porteño por el FPV y ex ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, mandó a sus hijas a la técnica de la comunidad judía ORT. El ex jefe de Gobierno de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, recordó que sus varones fueron siempre al Estado. “Desde el preescolar, la primaria, la secundaria. Uno, al Pellegrini y el otro al Industrial Raggio. Ahora, uno estudia Abogacía en la UBA y el otro empieza el CBC para Medio Ambiente, en Agronomía”.

La legisladora por el FPV y presidenta de la Comisión de Educación del Senado, Blanca Osuna, reconoció que sus tres hijas cursaron en escuelas estatales, pero que dos terminaron en un privado.

El senador del Partido Socialista (PS), Rubén Giustiniani, miembro de la Comisión de Educación, también admitió que sus chicos van a escuelas del Estado, y el diputado por el Espacio Solidaridad e Igualdad, Eduardo Macaluse, dijo que sus tres hijos estudiaron en públicas. La primaria fue en el Nº 8 de Haedo y la secundaria en el Manuel Dorrego, de Morón. “Tengo confianza en la escuela pública y además provee una cosmovisión más amplia.

A pesar de su deterioro, la pública sigue teniendo un buen nivel en la Argentina y no es inferior al de las privadas”. Otros funcionarios, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Ambiente, Diego Santilli, y el diputado Francisco de Narváez prefirieron no dar detalles sobre dónde estudian sus hijos.

El ex intendente de Morón y ahora diputado nacional, Martín Sabbatella, reconoció que su hija, Camila, va a una privada: “La elegimos por los horarios, porque en la pública no llegaban a cubrir una franja amplia de escolaridad y Mónica y yo trabajamos mucho fuera de casa.

Los primeros años los hizo en la escuela del Estado, el Manuel Dorrego de Morón, luego en la Escuela Crear y Ser, y tiene previsto ir a la universidad pública. La decisión no fue fácil, generó mucho debate y angustia, porque somos defensores de la escuela pública”. La diputada nacional por el PRO Gladys González tiene dos hijas en el Cristóforo Colombo. “Somos descendientes de familia italiana; sin embargo, no dejo de reconocer que la educación pública no nos garantiza calidad”. En cambio, Francisco Nenna, legislador del FPV, tiene ocho hijos que fueron al Estado: “Estamos convencidos de que la educación no es un servicio sujeto a las reglas del mercado sino un derecho social”, dice.

Un informe difundido esta semana por la Consultora EMP reveló que la escuela pública sigue siendo la elegida por los padres en la Argentina, sean o no funcionarios del Estado. En la región pampeana el 65% de los alumnos va a escuelas del Estado y el 35% a colegios privados; en la Patagonia se eleva a 86% en pública y 14% en privada; en Cuyo, 69% va a la pública y 31% a la privado; el NOA es de 80% público y 20% privado; en el NEA, 83% en pública y 17 % en privada, y en la región del centro el 55% va a públicas y el 45% a privadas. Diego Kravetz es diputado por el FPV y tiene un hijo, Santiago, de un año, y vaticina: “Me gustaría que Santi vaya a una escuela estatal, como hice yo en mi primaria. Sería ideal, teniendo en cuenta que, hace años, el prestigio y la enseñanza era incomparables con las privadas”.

Lo importante son las horas

Un estudio de la Unesco asegura que para desarrollar una enseñanza de razonable calidad es necesario impartir un mínimo de 825 a 1.000 horas anuales de clase. En la Argentina, sólo si se dictaran los 180 días de clase que marca la Ley de Educación Nacional apenas se ofrecerían 720 horas de clase. En colegios privados hay más horas por actividades extraprogramáticas.

OPINIÓN

Un debate que no es menor ni superficial
* Silvina Gvirtz

El proyecto de ley presentado en el Parlamento brasileño pone en agenda un tema del que muy pocos quieren hablar: ¿afecta el nivel de vida de los representantes del pueblo la posibilidad de gobernar a favor de sus representados? La respuesta es negativa si se supone que la empatía con quienes menos poseen es posible o si existen mecanismos institucionales que impidan un manejo discrecional de los fondos públicos. Hay quienes argumentan, por el contrario, que es complejo actuar a favor de otras realidades si no se padecen.

En educación, esto puede decodificarse del siguiente modo: la sensibilidad del funcionario para el diseño de políticas educativas no será la misma si su hijo asiste a una escuela pública o privada. El debate sobre el tema no es menor ni superficial y vale la pena atender los argumentos de la segunda postura esbozada. Sin embargo, si se supone que el gobernante vela sólo por sus intereses de clase, al verse obligados por ley a mandar a sus hijos a escuela pública, podría distribuir recursos arbitrariamente a favor de la escuela estatal a la que asisten sus hijos. También podría conseguir una excepción para enviarlos a la escuela de calidad del distrito y no a la que le corresponde por radio. El problema que subyace en estos casos es el nivel de discrecionalidad con el que pueden manejarse los recursos del Estado.

Si queremos equidad, ¿qué mecanismo será mejor para conseguirla? ¿El obligar al envío de los hijos de funcionarios a una escuela estatal? ¿El diseñar mecanismos institucionales para que no sea posible derivar fondos arbitrariamente? ¿El buscar políticas de incentivos que garanticen que gobiernen a favor de la justicia? El tema merece debatirse. No resulta tan claro que los representantes muy alejados del nivel de vida de sus representados puedan hacer justicia. Tampoco resulta tan evidente que un representante proveniente de sectores sociales carenciados la persiga si no hay mecanismos institucionales que lo limiten e incentiven.

* Directora de Educación de la Universidad de San Andrés.

OPINIÓN

La iniciativa es un disparate
Claudia Romero*

Proponer que los funcionarios y los políticos envíen obligatoriamente a sus hijos a escuelas gestionadas por el Estado mientras ellos están en el cargo público es un disparate. En la Argentina, los padres tienen libertad de elección de escuelas para sus hijos independientemente de cuál sea su ocupación, de manera que no puede obligarse a ninguna familia a elegir determinado tipo de escuela. Lo que puede no ser disparatado es el sentido de los argumentos que subyacen a esa propuesta.

Si funcionarios y políticos ponen a sus hijos en escuelas del sistema estatal podría querer decir que confían en su propio trabajo para mejorarlo. Sería una señal clara, un acto de coherencia para quienes declaman que son cultores de la escuela estatal en sus discursos de campaña. Pero todas las escuelas son públicas y los ciudadanos que envían a sus hijos a escuelas de gestión privada esperan que el Estado regule, fiscalice y mejore lo que sucede también en esas escuelas.

El otro sentido profundo de la propuesta es la exigencia de solidaridad de los funcionarios y políticos con las familias indigentes y pobres que están condenadas a no poder elegir escuelas.

En este caso, extender la condena no garantiza verdadera igualdad. En síntesis, avasallar la libertad de elección de escuela, no. Exigir de funcionarios y políticos señales claras, coherencia en los actos y políticas que garanticen la libertad de elección y la igualdad de oportunidades, sí.

* Directora de Educación de la Universidad Di Tella.