En nombre del padre

En nombre del padre

La magistrada que frenó el pago de la deuda con reservas es hija de un coronel retirado acusado de violaciones a los Derechos Humanos. Luciana Geuna.

Por Luciana Geuna

Mal de Parkinson. El papá de la jueza Sarmiento (foto) no será arrestado ni trasladado para declarar sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

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Mal de Parkinson. El papá de la jueza Sarmiento (foto) no será arrestado ni trasladado para declarar sobre delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

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El juez federal de Misiones Ramón Chávez pidió ayer la detención del coronel retirado Luis Alberto Sarmiento, padre de la jueza en lo Contencioso Administrativo que durante el verano anuló el decreto que creaba el Fondo del Bicentenario para pagarles a los bonistas con reservas del Banco Central. El magistrado firmó la orden en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad en esa provincia, donde Sarmiento fue ministro de Gobierno durante el primer año de la dictadura mientras la policía torturaba y violaba gente en el departamento de Informaciones. La decisión generó fuertes cruces políticos pero nunca llegó a concretarse. Al final del día, Chávez tuvo que dar marcha atrás porque un informe del cuerpo médico forense reveló que el militar retirado no estaba en condiciones de salud para declarar.

A esa hora de la noche, la orden de detención ya había generado una polémica entre su hija, la jueza María José Sarmiento y el Gobierno. La magistrada consideró que la decisión de Chávez buscaba presionarla por su fallo contra el Ejecutivo. “Si no tuvo ninguna causa hasta ahora –dijo a los medios– suena muy llamativo que, justamente en estos días, se produzca esta situación”. Su interpretación de los hechos fue compartida por la diputada Elisa Carrió y el jefe de bloque de senadores radicales, Gerardo Morales. Desde la Casa Rosada salieron en masa a desmentir esa versión. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que “era un disparate”; y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, fue aún más lejos: “El caso es a la inversa. En su momento ella debería haberse excusado de actuar pero decidió intervenir y fallar en contra del Gobierno”. En rigor, el padre de la jueza tenía pedida la detención y el procesamiento por parte de la fiscalía de Misiones desde 2006. A mediados del año pasado, la secretaría de Duhalde se presentó como querellante y, por esa razón, él desafió a Sarmiento por su rol en la causa del DNU.

Por su parte, la Procuración General de la Nación hizo público un informe de diciembre de 2008 donde actualizaba la situación de los procesos por delitos de lesa humanidad en todo el país, promoviendo la celeridad y unificación de las causas. Entonces ya estaba registrada una solicitud de indagatoria al ex coronel Sarmiento, que hizo carrera como jefe de inteligencia en el Segundo Cuerpo del Ejército con sede en Rosario entre 1971 y 1974, de donde se fue luego de quedar involucrado en el asesinato de un estudiante. Dos años más tarde, con el golpe de Estado, asumió como ministro de Gobierno en Posadas, hasta el 17 de marzo de 1977. En ese puesto tenía a su cargo a la policía provincial, que torturó sistemáticamente a los detenidos desaparecidos y solía tener como patrón de conducta la violación de las mujeres en cautiverio. Por este caso también está indagado y procesado el jefe de la policía de la provincia en esa época, coronel Carlos Omar Herrero.

La Gendarmería llegó ayer al departamento donde Sarmiento vive en Buenos Aires sin tener información previa sobre su estado de salud. Al entrar se encontraron con un hombre de 85 años en silla de ruedas y con mal de Parkinson en estado avanzado. En ese contexto intervino el Cuerpo Médico Forense, quien opinó que no estaba en condiciones de ser trasladado a Posadas ni de declarar. Según fuentes judiciales, el ex militar ya no reconoce ni a sus familiares y por esa razón se complica seriamente la posibilidad de que sea juzgado por su rol durante la dictadura. El fiscal de Posadas Rubén González Glariá cree que, como ministro de Gobierno de la provincia, Sarmiento no podía desconocer los hechos que ocurrían en el ámbito de la policía. De ahí surgiría su responsabilidad como autor mediato o como partícipe primario o secundario de aquellos delitos. La fiscalía venía pidiendo su detención a Chávez –junto a la de otro grupo de policías y ex funcionarios– desde 2006. El último febrero volvieron a reclamarle al juez que los detuviera y, esta vez, casualidad o no, reactivó el expediente y empezó por otro imputado, Julio Argentino Amarillo, y ahora siguió con Sarmiento. Chávez es juez federal de Posadas desde 1992 y tuvo por lo menos tres pedidos de juicio político por distintos motivos. De los dos últimos logró salir indemne gracias al apoyo de los consejeros kirchneristas en la Comisión de Disciplina y Acusación cuando rechazaron las denuncias.