La plaza de los pueblos originarios

Los reclamos principales fueron por tierras y el rechazo a industrias extractivas. Fueron recibidos por CFK.

Por Darío Aranda

Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban “anuncios concretos a las históricas demandas”.

La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán), Kollamarka de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y contó con el apoyo fundamental de la organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña Milagro Sala.

“Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta este mundo de edificios, asfalto, y venimos con respeto pero también fuerza, queremos que les quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan nuestras tierras y se llevan nuestra vida”, graficó al comienzo de la marcha Félix Díaz, pilagá de la comunidad La Primavera de Formosa, uno de los ocho mil indígenas que llegaron hasta Buenos Aires.

Las columnas de comunidades indígenas ocuparon siete cuadras de la avenida 9 de Julio. Lo ancho de todo un carril estaba desbordado de rostros curtidos, abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de jóvenes. En Diagonal Norte los esperaron organizaciones sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Camino hacia la Plaza, desde algunos edificios tiraban papelitos, aplaudían el paso indígena y las banderas argentinas convivían con las wiphala, emblema multicolor de los pueblos originarios.

“Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”, fue la consigna de la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y Neuquén, atravesó diez provincias y contó con la presencia de los pueblos kolla, mapuche, qom-toba, diaguita, lule, huarpe, wichí, mocoví, guaraní, vilela, sanavirones y guaycurú. Elías Maripan, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), arengó desde el escenario. “Los pueblos originarios están de pie, dignos y conscientes de sus derechos”, gritó con el puño en alto. La multitud lo ovacionó.

Desde el ingreso de las columnas a la ciudad de Buenos se hizo hincapié en el pliego consensuado antes de comenzar la marcha. Territorio, cultura-educación, “madre naturaleza” y reparación económica. En base a leyes ya vigentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los afectan, y la aplicación efectiva de la ley 26.160, de emergencia territorial, ya vigente hace cuatro años y muy demorada en su aplicación.

En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios. “Solicitamos la derogación del Código de Minería”, remarcan desde la convocatoria –como freno a la avanzada de la minería metalífera a gran escala– e impulsan la creación de un “tribunal de justicia climática”.

David Sarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas (Kollamarka, de Salta), aclaró que la marcha “no es para festejar el Bicentenario, marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos resistiendo, eso es lo que nos llevó a todos los hermanos a estar en esta marcha. Lo que sí festejamos es que estamos vivos”.

La Presidenta recibió a una treintena de delegados durante una hora. “Propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo que está de acuerdo en muchos puntos, y en otros para nada. Suponemos que no comparte nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas que saquean y contaminan nuestros territorios, no lo dijo pero lo dio a entender”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, y reconoció que esperan “anuncios concretos. Nos hubiera gustado respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al Estado les cuesta entender nuestra realidad, aunque tiene claro que estamos organizados y no bajaremos las demandas”. El derecho y la protección del territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin distinción de etnias y regiones.

Una investigación de Página/12 reveló en 2007 que existen al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y multinacionales mineras, los estados provinciales y nacional, privados multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados–, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y judicial que desobedece las leyes”. En la misma línea, un trabajo de la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó seis provincias del noreste argentino y aportó datos inéditos: cinco millones de hectáreas en conflicto, casi 600 mil personas afectadas, y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas. El informe demuestra que la mayor conflictividad comenzó en la década del 90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.

Jorge Nahuel, mapuche, aseguró que ahora los pueblos indígenas están “movilizados, se hacen escuchar y tienen una fortaleza mayor que hace décadas”.