Denuncian a la Argentina por condenas a menores de edad

Las penas a cadena perpetua que les impusieron violan la Convención de Derechos del Niño.
  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció al Estado Argentino por los casos de cinco chicos que fueron condenados a perpetua por delitos cometidos cuando aún eran menores de edad. Luego de recomendaciones y advertencias de la Comisión que la Argentina no cumplió, ahora será la CIDH la que deberá resolver si sanciona al país por violar los derechos de esos jóvenes que fueron tratados como si fueran adultos.
César Mendoza, Claudio Núñez, Lucas Mendoza y Cristian Roldán Cajal están presos desde los 16 y 17 años en cárceles comunes. Son jóvenes de familias muy pobres que llevan más de diez años presos y sus casos forman parte de la denuncia realizada en 2002 ante la CIDH y que aún no tuvo respuesta por parte del Estado. Ricardo David Videla Fernández, el quinto caso que llegó a la Comisión, apareció colgado en una celda de castigo de la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005.
Además de haber recibido la máxima condena cuando aún eran menores, los jóvenes sufrieron torturas y tratos inhumanos mientras permanecían detenidos. “Ricardo Videla Fernández y Cristian Roldán Cajal fueron sometidos a condiciones de detención incompatibles con su dignidad humana en la Penitenciaría Provincial de Mendoza, situación que dio lugar a la muerte de Ricardo, quien padecía problemas de salud mental”, aseguró la CIDH, que también informa que Lucas Matías Mendoza “perdió la visión sin que el Estado le hubiera otorgado tratamiento médico para evitar el deterioro de su situación, mientras que Claudio David Núñez y Lucas fueron víctimas de actos de tortura que tampoco fueron investigados de manera adecuada”. La elevación del caso ante la Corte IDH se produjo el 17 de junio, luego de que la Comisión considerara que el Estado no cumplió con las recomendaciones realizadas en el pasado.
Los casos de los jóvenes argentinos fueron presentados ante la CIDH en junio de 2002 y admitidos en marzo de 2008. En noviembre de 2010, la Comisión emitió un informe de fondo en el que dijo que el Estado violó derechos consagrados en la Convención Americana en perjuicio de esos chicos, entre ellos el artículo 19, en el que establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección por su condición de menor por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.
El informe recomendó y estableció plazos para resolver el caso, garantizando que se revisen las sentencias; investigar la muerte de Ricardo David Videla Fernández y las torturas denunciadas, e indemnizar a los jóvenes presos y a sus familias. El Estado pidió tres prórrogas para adoptar las medidas, pero el último plazo venció el pasado domingo 19 de junio.
Desde 1999, en el país se aplicaron 12 penas de prisión perpetua a menores de 18 años. Sin embargo, sólo cinco permanecen detenidos en la actualidad ya que a los cuatro casos denunciados se agrega el de Diego Arce, de 27 años, condenado a prisión perpetua en Mendoza cuando aún era menor de edad. Actualmente, está alojado en el Penal de Almafuerte, pero su caso no está denunciado ante la CIDH. <