La Bonaerense: un desafío para la democracia
El ministro Ricardo Casal, hombre del riñón del Servicio Penitenciario Bonaerense, funciona casi como un delegado de la Bonaerense ante el gobernador Daniel Scioli. (TELAM)
Los asesinatos de José León Suárez vuelven a poner en evidencia la estructura autoritaria de una fuerza que va a contramano de la política nacional de seguridad
Sympathy for the Devil,
Jagger/Richards.
Es imposible sostener un Estado democrático pleno si una de sus instituciones básicas sigue funcionando con una estructura autoritario-mafiosa que jaquea hasta los límites a los gobernantes elegidos por la ciudadanía. El asesinato, la semana pasada, de dos jóvenes en José León Suárez –localidad emblemática, a partir de la masacre descubierta por Rodolfo Walsh, del accionar ilegal de la Bonaerense– es un nuevo y trágico eslabón en la cadena de hechos que, desde hace más de medio siglo, muestran que la Policía de la provincia de Buenos Aires no sólo es un modelo de gatillo fácil sino que funciona como una corporación con intereses propios. Por un lado, mantiene una red de relaciones e intereses que la conectan tanto con el mundo político como con el criminal y, por el otro, le permite condicionar a los sucesivos gobiernos provinciales –y resistir a sus intentos de control– para evitar que éstos afecten sus intereses.
Actualmente, la Bonaerense es una fuerza de alrededor de 55.000 integrantes, de los cuales, según las cifras (2009/2010) de la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad, 13.619 –más de la cuarta parte– tienen sumarios abiertos. “El funcionamiento actual de la Bonaerense es deficiente porque volvió a recuperar una fisonomía y un tipo de funcionamiento que había sido superado por la reforma que se inició en 1998, 1999 y que se profundizó entre 2004 y 2007. Uno de los problemas más grandes que tenía la Policía de la provincia de Buenos Aires era el extraordinario grado de autonomía y autogobierno al que había llegado y que lo había conducido a procesos crecientes de corrupción y de violencia institucional. Evidentemente, frente al diagnóstico preciso que se hizo en su momento, esas cuestiones se corrigieron cuando se asumió el gobierno civil de la fuerza policial con un diseño institucional apropiado y consistente en un ministerio con competencia, funciones y funcionarios que se hicieron cargo de la conducción estratégica. Yo veo que hemos vuelto al pacto civil policial y a un autogobierno policial que le hace mal a la propia institución y debilita al propio gobierno. Esto por supuesto lleva a resultados negativos en materia de control de la seguridad”, dijo a Miradas al Sur León Carlos Arslanián, ex ministro de Seguridad bonaerense que intentó, en dos ocasiones, reformar la estructura de la Fuerza.
La marca de la dictadura. Pese a que, exclusivamente por una cuestión generacional, ya no quedan en la Fuerza hombres que hayan participado de la represión durante la última dictadura, la impronta que dejaron los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz sigue vivita y coleando en el accionar cotidiano de la bonaerense: gatillo diarreico, torturas, ejecuciones dentro y fuera de las comisarías, liberación de zonas, aprietes son el pan policial de cada día. “Estamos en una situación grave porque que se ha dado, ya desde hace un tiempo, el autogobierno de la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto ha servido para desprofesionalizar a la policía, para que se haya desarrollado el criterio de corporación uniformada y también para violaciones de derechos humanos como la situación de la masacre en José León Suárez, denuncias por violencia, la desaparición de Luciano Arruga, las torturas en las comisarías de La Plata. Todo esto con una impronta muy fuerte, con un mensaje ligado a la mano dura contra aquellos sectores más excluidos, más pobres, en especial niños y jóvenes, que tengan menos derechos y en algunos casos –como quedó patente en José León Suárez– ni siquiera el derecho a la vida”, diagnosticó para este dominical Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria.
En ese contexto, dentro del propio Ministerio de Seguridad, algunas áreas relacionadas con los derechos humanos provocan fuerte escozor entre los policías en actividad. Una anécdota lo explica por sí misma. Cuando se estaba sustanciando una causa relacionada con la Comisaría 5ª de La Plata, un oficial retirado que había revistado allí durante los años de plomo se presentó en la oficina de Personal para hacer un trámite. “¡Ah, usted estuvo casi 30 años en la Quinta! Tenga cuidado, porque lo van a citar. Los de la Dirección de Personas Desaparecidas nos están pidiendo los legajos y después citan. Esa es una oficina llena de zurdos, así que tenga cuidado”, le advirtió el encargado del área de Personal.
Rehenes de los azules. Los intentos de transformar a la bonaerense en una fuerza policial moderna e integrada al funcionamiento de las instituciones de la democracia han fracasado sistemáticamente. En algunos casos, por decisiones de un poder político que hace la vista gorda ante las relaciones de complicidad que existen entre los jerarcas de la Fuerza y muchos de los barones del Conurbano. En otros, cuando sucesivos gobiernos provinciales fueron escarmentados por intentar reformas. La masacre de Ramallo, en 1999, que terminó con la primera reforma encarada por Arslanian, es un caso paradigmático. Pero hubo muchos otros.
La primera versión oficial sobre los asesinatos de José León Suárez puso en evidencia, una vez más, que el poder político provincial suele repetir, casi por reflejo, la carne podrida que le suministra la Jefatura. Después, el gobernador Scioli y el ministro Casal debieron dar marcha atrás. Lo mismo sucedió, entre otros hechos, con la desaparición de Miguel Bru, con los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y con la desaparición de la familia Pomar, que provocó la caída del ministro Carlos Stornelli.
Hoy quien baila en la cuerda floja por la represión con balas de plomo en José León Suárez es el ministro Ricardo Casal. Su salida sería un duro golpe para la Bonaerense, ya que es un hombre formado en el Servicio Penitenciario provincial durante la última dictadura, que entiende y comparte los retorcidos códigos de la familia policial. Para la cúpula de la policía provincial, en su papel de ministro, Casal es más un delegado policial que le impone condiciones al gobernador que un funcionario del poder político con la misión de conducir y controlar a la Fuerza.
Negocios millonarios. El recuento de causas judiciales, investigaciones internas y externas, sumarios y denuncias permiten componer un mapa de negocios ilegales que produce millones: prostitución, juego ilegal, robos por encargo a través de delincuentes, compra de zonas liberadas para del delito y desarmaderos de autos, por nombrar sólo algunos. Y, complementariamente, mecanismos de corrupción interna al servicio del enriquecimiento de los jefes: compra de destinos al frente de comisarías a cambio de cuotas mensuales, comisiones a cambio de ascensos, etc.
Un oficial retirado dijo a Miradas al Sur que la recaudación es piramidal. El dinero se consigue en la calle –las comisarías funcionan como entes recaudadores– y va subiendo hasta llegar a los jefes. En el camino, quienes participan se van quedando con su parte. Quienes no quieren participar del negocio –que los hay– son marginados y, por lo general, terminan en destinos que tienen todas las características de un castigo. “Las comisarías se adjudican de acuerdo a dos criterios que no son opuestos: las reciben los protegidos de los jefes y quienes ofertan más por ellas. Cada comisaría tiene un precio, que consiste en una cuota mensual que tiene que ir para arriba. Todo lo que se recauda por encima de esa cuota, queda en la comisaría, donde una parte se destina al funcionamiento y otra va a parar a algunos bolsillos, primero el del comisario y después, proporcionalmente, para abajo”, explicó. Otro ex policía, consultado por este dominical, confirmó el mecanismo. “En algunos casos, las comisarías están sobrevaluadas. Lo que recaudan normalmente no alcanza, o apenas es suficiente para pagar la cuota. Entonces, en esos lugares, si uno presta atención, ve que empieza a haber más robos”, agregó.
Cuando un intento de reforma o de simple control civil sobre la fuerza corta estos mecanismos de enriquecimiento, la resistencia de gran parte de los jefes policiales se hace notar. Sienten que han llegado la cima, donde los esperaba el premio por tantos años de servicio, y de pronto se los arrebatan. “Es una cosa cíclica y eso es lo que los vuelve loco a los tipos. Por qué, justo ahora que llegué, vienen a controlarnos, piensan. Nosotros somos jefes hoy, duramos seis meses o un año y después nos retiran. Tenemos 29 o 30 años de servicio y nos corresponde la etapa de bonanza, la recaudatoria, tenemos seis meses para enriquecernos y no nos dejan. Estamos hablando del vértice de la pirámide. Después vienen los de la segunda línea, que tienen 28 años de antigüedad y se preparan, están viendo los ascensos, cuál es el mejor destino. Las camineras se compran por ejemplo. Está la caminera de tal ruta que da mucha guita y otra no da tanto”, relató a Miradas al Sur un funcionario de carrera del Ministerio de Seguridad que conoce a fondo el funcionamiento interno de la Bonaerense.
Hace unos años le preguntaron al criminólogo italiano Franco Basaglia por qué la mafia no había podido hacer pie en la provincia de Buenos Aires. La respuesta fue contundente: “Porque las actividades típicas de la mafia están en manos de la policía; entonces la policía no necesita negociar con la mafia, simplemente no le permite ocupar su lugar”.
Una política de Estado. La reforma conducida por Arslanián, entre 2004 y 2007, fue un intento serio de acabar con una policía incongruente con la democracia, pero fue borrada de un plumazo por Daniel Scioli cuando llegó a la gobernación. Cambiar este estado de cosas requiere una firme decisión política, consensuada entre oficialismo y oposición, que haga del rediseño de la Bonaerense una política de Estado.
La creación de la Policía Aeroportuaria es un ejemplo concreto de que es posible tener otra policía, moderna y eficiente. Tampoco se pueden pedir milagros: se trata de un trabajo que requiere tiempo, firmeza y profundidad. Consultado por Miradas al Sur, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gastón Chillier, resumió así el desafío: “Una reforma realmente democrática implicará la depuración de sus filas, la implementación de controles externos que realmente tengan en cuenta criterios muy transparentes a la hora de evaluar, el pase a disponibilidad de las personas que estén involucradas en violaciones graves o en casos de corrupción, la profesionalización de sus cuadros, la mejora de los salarios. En materia ya de seguridad, claramente se necesita una policía que sea parte de un esquema de seguridad democrático, donde tiene que interactuar con otras políticas sociales y una Justicia que también responda a estos criterios de capacidad para investigar crimen organizado. En líneas generales, es una reforma que debe tener como eje articulador una concepción democrática donde las personas como las víctimas de León Suárez no sean vistas como sospechosos o delincuentes por estar excluidos. Hay que lograr que el primer reflejo no sea apretar el gatillo sino más bien otro tipo de intervenciones no violentas. Hasta tanto esto no se cambie y la policía se siga gobernando a sí misma, va a seguir habiendo hechos de esta naturaleza”.
Colaboró: Gisela Carpineta.
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