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"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

domingo, 14 de octubre de 2012

Desalojos violentos

Los countries amenazan la tierra de campesinos y pueblos originarios

Vecinos y organizaciones sociales denuncian amenazas, agresiones y desalojos violentos. Señalan a empresas que codician sus propiedades para levantar barrios de lujo. El testimonio de quienes resisten a las topadoras.

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En la Argentina, la lucha por la tierra es palmo a palmo, muchas veces violenta y oportunamente silenciada. Días atrás, el Mocase denunció el asesinato de un campesino en Santiago del Estero y acusó a un supuesto sicario de empresarios rurales. Sin embargo, el avance sojero no es la única faceta de la disputa por el suelo. El negocio inmobiliario de lujo también busca expandirse, en algunos casos, a fuerza de topadoras, levantando countries donde otros habitan hace décadas y dan sustento a sus familias.
Tiempo Argentino pudo comprobar que las denuncias se repiten en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Neuquén, donde los barrios privados crecen a paso acelerado sobre los terrenos en manos de vecinos humildes, campesinos o comunidades originarias.
"Faltan políticas claras para defender los derechos posesorios de quienes viven hace años en su lugar. Y además hay connivencia entre el empresariado y la policía, que reprime", sostuvo Ignacio Maestre, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).
En Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, una familia de agricultores, los Liemich, sufrió amenazas y agresiones por defender un predio de diez hectáreas en donde pastan cabras, vacas y ovejas. Esa tierra les da sustento hace más de 20 años y, sin embargo, en diciembre pasado, un grupo de personas exigió la propiedad del campo y tomó por la fuerza una parte. "Recibí piñas y patadas. Caí y me seguían pegando. Vino mi señora Josefina y uno de mis hijos, y también les pegaron", contó Alberto Liemich, dueño del predio, que acusó al country Brickland de estar detrás de la maniobra.
Alberto aseguró que el administrador de este barrio privado busca quedarse con sus tierras y que por eso facilitó personal y maquinaria para la ocupación. En este caso y tras una ardua disputa judicial, los Liemich recuperaron lo usurpado, pero recordaron que en 2010 les intrusaron dos hectáreas que jamás recobraron. "Todo esto repercutió mucho en la producción familiar –se lamentó Josefina Liemich–. Acá hacemos un gran esfuerzo para que nuestros chicos vayan al colegio."
Otra zona donde los countries se multiplican es en el Tigre. Allí, los vecinos protagonizan una disputa con la empresa Colony Park, que intenta construir una "isla privada" de 300 hectáreas, con shopping, estacionamiento exclusivo y canchas de tenis, entre otros lujos. A pesar de no contar con autorización, la firma comenzó a trabajar y a comercializar los terrenos en 2008. Sin embargo, dos años después las obras fueron paralizadas por tiempo indeterminado, ya que se constató la inexistencia de una declaración de impacto ambiental. Pero esto no remendó el daño producido: de las casi 20 familias de junqueros y pescadores que vivían en la zona, hoy sólo quedan dos. El resto tuvo que emigrar, luego de una violenta represión policial.

De manera más sigilosa y sin grandes campañas publicitarias, en el área avanza otro emprendimiento similar. Según los vecinos, se trata de un "mini Colony Park", con un perfil más bajo pero, aseguran, las mismas prácticas. "Hay amenazas e intimidación", sostuvo Diego Domínguez, del Centro Comunitario Casa Puente del Delta del Paraná. En medio de este escenario, la inmobiliaria Samek Propiedades ya comenzó a vender porciones de la isla. En su página web, por ejemplo, se ofrecen lotes desde U$S 29.500. Para Domínguez, "todo lo que han hecho es ilegal. Construyeron canales privados y pusieron carteles de 'prohibido pasar'".
Muy cerca de ahí, en el límite entre Tigre y Escobar, existe un predio público de una hectárea conocido como Punta Querandí, donde fueron encontrados restos arqueológicos de comunidades originarias y de alto valor histórico. El detalle pareció no importarle a la empresa Eidico SA, que intentó desarrollar en la zona un lujoso country: el Complejo Villa Nueva, que tendría 850 hectáreas.
La compañía comenzó a cercar el predio en 2009. Los habitantes, como respuesta, encarnaron una tenaz resistencia. "Nos robaron nuestra bandera y destruyeron el acampe que habíamos hecho. Nos amenazaron y nos agredieron. Nosotros señalamos como responsable a Eidico", denunció Pedro Moreira, miembro del Movimiento en Defensa de la Pacha.
Pero el fenómeno no se reduce a Buenos Aires. En el barrio Nuevo Alberdi, de Rosario, donde viven unas 300 familias humildes, la empresa Cimar SA intentó desarrollar un country de 250 hectáreas. En ese terreno, los vecinos habían logrado levantar una escuela secundaria y una radio, además de una cooperativa textil, una fábrica de dulce de leche, tambos y huertas comunitarias.
Muchos de ellos sufrieron lo que denominaron "desalojos silenciosos". Manuel Salinas, del Movimiento Giros, que lucha contra la proliferación de barrios privados, lo explicó de esta manera: "No es el desalojo tradicional. Es algo más cínico. Por ejemplo, mandan tipos de la empresa para ofrecer medicamentos a una familia que tiene algún enfermo. Esto, a cambio de que la familia desarme su rancho y deje el terreno."
En el predio, Cimar intenta poner en marcha tres emprendimientos exclusivos: Fincas del Rosario y La Horqueta Fisherton I y II. No son sus primeras iniciativas. Según la denuncia de Giros, la firma concentra el 9% de las tierras urbanizadas de Rosario (ver aparte).
También en Córdoba se dan estos conflictos. Es el caso de Villa Libertador, al sur de la capital provincial, donde la compañía Ecipsa SA compró 100 hectáreas previamente pobladas con el objetivo de edificar Valle Cercano, un country con campos deportivos. La operación se concretó en 2009. De las 700 familias que vivían allí, unas 600 fueron desalojadas. Los mismos vecinos que habían convertido lo que era un basural en un terreno digno y habitable, eran denunciados por la empresa por "usurpación" e "instigación a cometer delito".
Al mismo tiempo, comenzó una disputa legal que finalizó a favor de los damnificados. La justicia cordobesa sostuvo que la expulsión de los habitantes afectaría "el derecho a la vivienda, la salud y la educación". Sin embargo, quienes ya habían sido desalojados nunca pudieron regresar.
Otro importante foco de conflictos es la Patagonia, donde el boom turístico provocó la expansión del negocio inmobiliario. En San Martín de los Andes, por ejemplo, la comunidad mapuche Ufkowe Newen sufrió semanas atrás el incendio de una casilla en su territorio, que denunciaron como intencional. En diálogo con Tiempo, el lonko Marcos Torres fue claro: "Nos quieren usurpar las tierras. Pero tenemos derecho sobre ellas porque nacimos y nos criamos acá", sostuvo. En el lugar viven siete familias, que subsisten gracias a la agricultura y el pastoreo. Las tierras de los Ufkowe Newen abarcan 2500 hectáreas, de las cuales 2200 son codiciadas para construir un country.
En otra zona turística del sur, la comunidad mapuche Maliqueo mantiene una disputa con el estanciero Pedro Duarte por la tenencia de tierras en Villa Pehuenia. Según los Maliqueo, Duarte está construyendo una toma de agua y un canal de riego para el barrio privado Altos de Pehuenia, de 52 hectáreas, que desarrolla la ya mencionada Cimar SA. Estas obras "están destruyendo algo tan sagrado como nuestro cementerio mapuche", explicaron los pobladores a la prensa.
En 2009, ya habían denunciado una usurpación. "En ese entonces, fuimos desalojados por más de 60 policías que vinieron con motosierras y tractores", aseguró Raúl Maliqueo, vocero mapuche.
Otro tanto ocurre en Bariloche con la comunidad Las Huaytekas, que acusó al empresario Daniel Kritz, ligado al country Villa Puelo Ranch, de querer construir un barrio privado en su territorio. Según el relato de esta comunidad, pocos meses atrás diez operarios llegaron con motosierras e instalaron carteles de "Prohibido pasar". También denunciaron que Kritz se hizo presente para amenazarlos y ofrecerles dinero. En diálogo con este diario, el empresario desmintió la acusación y aseguró que su proyecto inmobiliario está a ocho kilómetros del territorio mapuche.
Como se ve, la tierra en la Argentina vale oro. Para algunos, porque sobre ese suelo viven sus familias y de él obtienen el sustento. Para otros, en cambio, porque constituye un fabuloso negocio inmobiliario.  «

Salta: embisten contra la comunidad lule

En Salta no fue un country sino el Jockey Club el que entró en conflicto con una comunidad originaria, los Lules, por la intención de construir una cancha de rugby en un predio que los pobladores reivindican como propio.
Los Lules viven en Finca Las Costas, una ciudad a 15 kilómetros de Salta capital. Se trata de un territorio que la comunidad reclama desde hace años y que, en la actualidad, mantiene como posesión histórica y ancestral.
El año pasado, la comunidad –integrada por unas 800 personas– denunció que el Estado provincial quiere dar esas tierras al Jockey Club "de forma arbitraria y bajo conceptos feudales". Los Lules resistieron a las topadoras y sufrieron la represión policial. Una decena de vecinos resultó herida y dos personas fueron detenidas.
La violencia, según la comunidad, no se detuvo. En febrero pasado, denunciaron amenazas e intimidación por parte de oficiales de la subcomisaría de Finca Las Costas y del propio personal del Jockey Club. A pesar de eso, siguen resistiendo de forma pacífica.

Rosario: la tierra en pocas manos

El Movimiento Giros, que hace años viene denunciando la concentración de la tierra en la ciudad de Rosario, sostiene que el 9% de los terrenos urbanizados en ese municipio santafesino está en manos de un mismo grupo. Se trata de Cimar SA, que posee 1444 hectáreas y, además, tiene emprendimientos inmobiliarios de lujo en otros puntos del país.
Giros menciona los casos de Fincas del Rosario y La Horqueta Fisherton I y II, que Cimar pretende desarrollar en 250 hectáreas, actualmente habitadas por 300 familias. Según su informe, "los countries y latifundios del monopolio se ubican bajo la mancha de inundabilidad, sobre zonas rurales y no urbanizables". También remarca que desde 2010 está vigente en Rosario una ordenanza que prohíbe la construcción de barrios cerrados. Por esa razón, hoy los proyectos de Cimar están frenados. Sin embargo, la empresa no dejó de comercializar lotes de entre 2600 y 25 mil m².
"El Estado no garantiza el cumplimiento de la ordenanza. Por eso seguimos muy atentos a lo que pueda suceder", sostuvo Manuel Salinas, de Giros.
 

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