Apoyo a la comunidad qom
El principal dirigente de la comunidad La Primavera, Félix Díaz, exigió “que no suceda más la criminalización de la protesta indígena por el reclamo de tierras”. Líderes de otras comunidades confirmaron un documento contra la agresión sufrida.
Los líderes de pueblos indígenas de todo el país dieron su apoyo al reclamo de tierras ancestrales de la comunidad toba-qom La Primavera, de Formosa, que el martes pasado sufrió la represión policial que provocó dos muertes. Desde las comunidades pidieron al Estado nacional que incluya en la agenda de gobierno la urgencia del problema territorial de los pueblos originarios. Y de esa forma, “que no suceda más la criminalización de la protesta indígena por el reclamo de tierras”, señaló Félix Díaz, principal referente de la comunidad formoseña. Los referentes de varias regiones habían exigido días atrás que el Gobierno intervenga la provincia de Formosa y se inicie una acción penal contra su gobernador, Gildo Insfrán, por “su política racista y represora hacia el pueblo qom”.
Dirigentes aborígenes y legisladores de la oposición renovaron ayer sus críticas al ejecutivo formoseño. Ya está en marcha la organización de una cumbre de pueblos originarios para los próximos días: “Vamos a seguir luchando por la recuperación de la tierra”, aseguró Díaz.Los referentes de los pueblos comechingón, diaguita, mapuche, mocoví, guaraní y wichí, entre otros, expresaron su solidaridad con la comunidad La Primavera, luego del desalojo del corte que mantenían desde julio pasado en el kilómetro 1341 de la ruta 86, en reclamo de tierras. Las familias qom exigen que “no suceda más ese tipo de enfrentamientos –precisó Díaz– y que se garantice la integridad física de los miembros de la comunidad”. El reclamo apunta a que el Gobierno solucione estos problemas, a través de “una intervención y una investigación”. Tras la reunión se quería “hacer una propuesta al gobierno nacional de crear una agenda política por el tema territorial”, dijo.
Organizaciones sociales y legisladores también formaron parte de la reunión que se realizó el sábado pasado en el Departamento de Pilcomayo, entre ellos la diputada nacional Silvia Vázquez (Concertación-Forja). Allí, los funcionarios pidieron que “no se politice el problema” y exhortaron a “tomar una decisión entre diferentes bloques para dar una solución de una vez por todas a los problemas territoriales de los pueblos”, contó el referente qom. Legisladores, agrupaciones indígenas y el Movimiento Tierra y Vivienda adelantaron que volverán los próximos días para recibir denuncias y analizar la situación. La UCR formoseña, por su parte, reclamó ayer respuestas al Gobierno ante la “indiferencia” y “prepotencia” con la que trató la cuestión del ordenamiento territorial, que hace cuatro meses generó el corte.
El referente qom y el sacerdote de la pastoral aborigen formoseña Francisco Nazar coincidieron en que con el desalojo se puso en foco la “situación crítica” que afrontan los indígenas y sobre la “represión y unidad de poderes” en la provincia. “El gobierno formoseño sigue negando la responsabilidad de las muertes”, señaló el dirigente comunitario. Cinco días después del ataque aseguró que están “preocupados” porque hay muchas “intimidaciones” por parte de la policía. “Siguen hostigándonos. Hay heridos que no quieren ir al hospital por temor a ser reprimidos o maltratados”, denunció Díaz a este diario.
Líderes de varias regiones del país pidieron a través de un comunicado una audiencia con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, para entablar una agenda con las autoridades ancestrales de los pueblos. Por otra parte, denunciaron el accionar del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que se mantuvo “ajeno” a las protestas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena exigió la “inmediata investigación” y el castigo de todos los “responsables físicos e ideológicos de los crímenes” de la represión. Y repudiaron las declaraciones del gobierno y la Justicia de Formosa “con argumentos falsos y vergonzosos” ante lo sucedido.
Esta semana se espera que el juez de Clorinda, Santos Garzón, defina si hay imputados en la causa por homicidio doble. En tanto, la fiscal Gloria Rejala impulsó una investigación paralela por la destrucción intencional de un asentamiento precario que los tobas construyeron cerca de la ruta 86. A pesar de la represión sufrida, Díaz subrayó que “la puerta está abierta para el diálogo”.
Informe: Soledad Arréguez Manozzo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario