Las víctimas de la violencia familiar, menos desamparadas
La especialista Eva Giberti cuenta cómo funcionan las nuevas políticas de contención
“El martes se escucharon gritos y golpes en un domicilio, el señor sacó a la señora a la calle, y le seguía pegando, entonces intervinieron los vecinos que llamaron a la policía. Como la señora es epiléptica, tuvo una convulsión. El Same la llevó al hospital, luego le dieron el alta y fue a la comisaría a hacer la denuncia”, cuenta Gutiérrez, que es operadora de la línea 137, y acaba de escuchar el caso por el auricular.
La línea 137 es el número para llamar en la ciudad de Buenos Aires, ante una situación de abuso, violencia, familiar, sexual, o infantil.
“¿Cuándo pasó?”, pregunta Eva Giberti, la madre del invento. Cuando se entera que tanto el hospital Durand como la comisaría que intervino la noche del ataque “se comieron” el aviso durante tres días, reclama que le den los datos. Las instituciones tienen la obligación de dar aviso y justo Miradas al Sur llegó para ver con qué debe lidiar aún el Programa Las Víctimas contra las violencias, a pesar de su fama.
“Hay una particular tendencia a agarrarse a aquello que parecería tener más renombre, como la 137, pero este es un programa entero”, protesta Giberti, con una reconocidísima trayectoria en el estudio y el trabajo con la niñez y en el combate a las distintas formas de vulnerabilidades. “El 137 es un invento argentino, no se encuentra nada parecido en ninguna parte del mundo, dicho sin la menor modestia, es un invento mío”, cuenta con alguna picardía la especialista. “Está dentro de un programa que es una idea original de Aníbal Fernández. Esto arranca en el 2006, por pedido concreto de Aníbal y de Néstor Kirchner. Me llamaron para una intervención en el tema de violencia sexual, porque no se daba con los violadores, por una razón muy entendible, que las víctimas no mantenían o ni siquiera hacían la denuncia.” Por experiencia ya sabía que si las víctimas no denuncian es “para no pasar primero por las preguntas de los policías, y el resto de las que se encontraban en fiscalías o juzgados, en una situación de revictimización constante”.
“Yo lo que quiero, Eva, es que usted me invente un sistema para que en las comisarías, ningún bigotudo como yo les haga preguntas inconvenientes a las víctimas”, cuenta que le dijo clarito el entonces ministro del Interior.
La noche del fallecimiento de Néstor Kirchner, Eva Giberti recordó que en algún momento de aquella primera entrevista se hizo presente el entonces presidente, saludó y pidió:
–Eva, por los chicos, con los tapones de punta.
Así fue que nació en 2006 la primera de las brigadas, la de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, el primer paso del programa.
“Esta es una idea de Kirchner, un segmento de su vida muy poco conocido. Un ámbito donde las víctimas fueran directamente atendidas. No un ámbito donde fueran a pedir ayuda sino que se trataba de generar un cuerpo de trabajo que fuera al terreno”, dice la psicóloga, psicoanalista, investigadora y docente universitaria. Y así se hizo.
Hoy el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias ha evolucionado a pasos agigantados. Tiene una brigada móvil contra la violencia familiar, otra contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y ha incorporado a su órbita un cuerpo interdisciplinario contra la violencia familiar. Ese el único sector que tiene un lugar de trabajo fijo, “porque nosotros no trabajamos detrás de un escritorio, como otras instituciones, todo lo nuestro es trabajo en terreno”, añade Giberti.
Cada brigada tiene un protocolo, una capacitación y una especialidad determinada para actuar con la mayor eficacia y celeridad posibles. Las brigadas están compuestas por dos agentes de la Policía Federal, una trabajadora social y una psicóloga, que actúan para sacar a las víctimas del momento de la emergencia, la acompañan para que reciba atención médica, la contienen también en las comisarías o las sedes judiciales. La línea 137 es el corazón tecnológico del programa. Las operadoras reciben todo tipo de llamados y consultas, las 24 horas, los 365 días del año.
En el caso de las víctimas de violencia sexual el programa logró suprimir la entrevista policial, que hoy es realizada por personal especializado de la brigada en un lugar reservado. Desde hace unos escasos 20 días las revisaciones policial, judicial y forense se redujeron a una sola, también para resguardo de la víctima, que se veía en un cuadro de “revictimización elevada a la exasperación”, según describe Giberti.
–Yo hacía todas las gestiones posibles hasta que un día la fui a ver a (la ministra de la Corte Suprema) Carmen Argibay, y después de muchas reuniones se logró que haya una sola entrevista, en el hospital. El médico legista tiene orden de dejar todo y salir inmediatamente para la revisación con el médico del hospital. Y se arma un protocolo que se negocia con el cuerpo médico forense. Esto es mérito de este programa.
En la actualidad, la línea 137 recibe entre 20 y 30 llamados genuinos diarios. Un 25 por ciento de ellos terminan en intervenciones de las brigadas. El resto suelen ser personas que desean hacer consultas. Las operadoras, trabajadoras sociales o psicólogas asesoran respecto de situaciones particulares e instituciones estatales a las que acudir a reclamar que brinde la asistencia correspondiente. Esa es otra clave del programa, que no casualmente se llama Las Víctimas Contra Las Violencias, la idea de una víctima comprometida, no a la que se revictimiza. Recibe asistencia y acompañamiento pero se necesita de la ratificación de la denuncia para que se avance en este sentido.
Viviana Mendoza también es psicóloga y una de las supervisoras del programa, y cuenta que el trabajo “se sabe donde empieza y a qué hora pero nunca se sabe dónde ni cuándo se termina. Acompañamos a todos lados pero siempre con la víctima activa”. Agrega que “a veces los equipos se van relevando. Y a veces paramos porque la víctima necesita descansar”, se ríe. El trabajo del operador es fundamental, a la vez que también se compromete, porque no sólo hace el cuadro sobre el que trabajará la brigada, sino que también será un testigo en la causa, algo que muchas veces se intentaba esquivar antes en las instituciones.
Entre otros de los logros señalados por Giberti, destaca el hecho de que en lo que hace a violencia sexual “por primera vez se ha podido apresar a tres violadores seriales”. O que, respecto de la violencia familiar, la cantidad de denuncias creció significativamente. El cuerpo interdisciplinario tiene en estudio más de 4.800 expedientes y se encarga de realizar los diagnósticos de violencia familiar que solicita la ley. Trabaja con la información del historial del sujeto, entrevista al golpeador, a sus parientes y, si aparecen afectados, a los niños.
Esta iniciativa estatal que pasó del Ministerio del Interior al de Justicia logró, además, que se introdujera como asignatura obligatoria Violencia Familiar en los cursos de cadetes, suboficiales y oficiales. “¿Querés ascender? Tenés que rendir estas asignaturas con coloquio oral y texto escrito, que dictamos nosotros mismos”, se enorgullece Eva Giberti. “Tenemos a esta altura unos ocho mil policías que para poder ascender tienen que cursar cuatro meses, más trabajo escrito y oral. Que igual no alcanza, pero nunca en la vida había sucedido esto”, dice la especialista, que también llama la atención sobre el hecho de que en las carreras de psicología no aparecen estos temas en los programas.
Más del 50 por ciento de los llamados a la línea 137 son realizados por las propias víctimas. En segundo lugar se ubican las instituciones que reciben el caso o lo detectan: hospitales, escuelas, comisarías, etc. Más atrás vienen familiares, amigos y vecinos, y en menos del 1 por ciento también llaman los agresores, mintiendo sobre las causas del llamado, victimizándose. “Mientras nos abran la puerta, da lo mismo que lo haga la víctima o el agresor”, asegura Mendoza.
Todos estos datos muestran que a pesar del ejemplo del principio de esta nota las instituciones se van comprometiendo fuertemente. Por eso Giberti remarca a cada rato el nombre de Aníbal Fernández y el “compromiso político” como mantra. Hubo que trabajar mucho y aún se sigue trabajando en el cambio de concepciones de ciertas instituciones, como la policial y la judicial, u otras como la administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no quiere dar brazo a torcer. Eso se nota en varios aspectos. Por ejemplo, hay un sólo refugio para personas en riesgo de violencia hasta que las medidas de exclusión del agresor entran en vigencia. Ese refugio es el Mariquita Sánchez de Thompson y se encuentra en un lugar reservado. “Tiene muy poca capacidad y sus requisitos son muy exigentes”, detalla Julia Bermúdez, una de las cuatro abogadas que tiene el programa, quien cuenta que otro de los problemas que existen es que el código contravencional porteño y la ley nacional se dan de patadas a la hora de resolver casos de explotación sexual de niñas.
Esa es la parte del vaso vacío. La otra ya es bastante alentadora. Lo importante es que hoy, marcando el 137, ninguna otra víctima de la violencia vuelve a quedar desamparada.
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