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"Si la libertad significa algo será,sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir" George Orwell

jueves, 8 de septiembre de 2011

Israel

Israel teme a la Justicia internacional

Por Juan Gelman

Está muy claro en un cable caratulado como “secreto” que el embajador estadounidense en Tel Aviv, James B. Cunnin-gham, envió a la Secretaría de Estado el 23 de febrero del 2010 luego de reunirse con el abogado general militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Avichail Mandelblit (//wikileaks.org, 30-8-11). El ministro de Justicia de la Autoridad Palestina (AP), Ali Kashan, había solicitado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, que se investigaran los crímenes de guerra israelíes cometidos desde 2002 en los territorios palestinos ocupados, incluida la llamada Operación Plomo Fundido, que segó la vida de 1400 pobladores de Gaza.
Mandelblit reiteró en el encuentro la demanda de que EE.UU. sostuviera “públicamente que la CPI no tiene jurisdicción legal para pronunciarse sobre ese operativo porque Gaza carece de estatuto de Estado”. No se quedó ahí: advirtió que si la demanda de la AP se concretase, “para el gobierno israelí sería la guerra y manifestó su expectativa de que EE.UU. ayudaría a la AP a comprender la gravedad de sus acciones”. “El embajador afirmó –agrega el cable– que EE.UU. ha presionado con firmeza a la AP para que desista de esas actitudes y ha recibido la promesa de que la AP congelaría tales intentos.” Asistía a la reunión el coronel Liron Libman, jefe del Departamento de Derecho Internacional de las FDI: “Señaló que la cuestión de la CPI era la más peligrosa para Israel”. Hay al menos 1400 razones para que así sea.
Mandelblit expresó además la esperanza de que el llamado Informe Goldstone “se desvaneciera”. Se refería al que preparó la Misión de Investigación de las Naciones Unidas sobre el conflicto de Gaza, encabezada por el juez sudafricano Richard Goldstone (www.ohchr.org, 23-9-09), en el que se registra la represión de Hamas contra opositores políticos, pero sobre todo se documentan largamente, entre otras agresiones, los ataques deliberados de las FDI contra objetivos civiles. “A partir de los hechos determinados –señala el informe– la Misión llega a la conclusión de que la conducta de las fuerzas armadas israelíes supone graves infracciones al Cuarto Convenio de Ginebra en relación con las muertes indiscriminadas y el deseo deliberado de causar sufrimiento a personas protegidas... También llega a la conclusión de que la decisión de atacar y matar arbitrariamente a civiles palestinos constituye una violación del derecho a la vida.”
Se entiende que Tel Aviv exigiera el “desvanecimiento” del informe. Mandelblit aseveró que las acusaciones de que Israel habría violado el derecho internacional durante la Operación Plomo Fundido “serían claramente insoportables” para su gobierno y el pueblo israelí en general. Para los palestinos, más insoportable habrá sido padecer los hechos que las motivan.
Esta filtración de Wikileaks no parece casual. En el próximo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar del 13 al 30 de septiembre, se discutirá una petición elevada por la AP: que se declare la existencia del Estado Palestino, en cumplimiento de la resolución 181 de ese organismo, adoptada en 1947. Si esto sucede, se haría añicos el argumento que Tel Aviv esgrime para impedir que la Corte Penal Internacional eventualmente investigue y juzgue los crímenes de guerra perpetrados en Gaza. Y mucho más, desde luego: sería un duro obstáculo, sancionado por la comunidad internacional, para concretar el objetivo de un Gran Israel que incluiría los territorios palestinos que Israel ocupó militarmente en 1967 y que además, desde hace años, está ocupando mediante la imposición ilegal de asentamientos. Se estima que el número de colonos asciende ya a medio millón.
Washington y Tel Aviv han instado a la AP a abandonar su demanda, pues aunque fuera satisfecha –puntualizaron–, nada cambiaría sobre el terreno. Es decir, el gobierno israelí le destinaría a esa decisión la misma indiferencia que ha mostrado ante otras muchas de la Asamblea General. Antes, por el contrario: el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, declaró que si los palestinos acceden al estatuto de Estado, Tel Aviv se sentiría en libertad de anexar aún más territorio de Cisjordania (//nationalinterest.org, 10-8-11).
Israel, sin embargo, cabildea con frenesí ante los países miembros de la ONU para impedir que la solicitud de la AP sea aprobada. Cabe preguntase por qué: Tel Aviv teme que el reclamo palestino confirme las fronteras de 1967, que borró la ocupación militar israelí. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho más de una vez que se inclina por la existencia de los dos Estados para solucionar el conflicto. Por sus actos pareciera que más bien prefiere anexar a Israel la mayor parte de Cisjordania. Si la ONU reconociera a un Estado Palestino a partir de esas fronteras, muy difícil le resultaría a Tel Aviv persistir en la colonización de tierra ajena.

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