En la provincia de Buenos Aires: la falta de políticas de Estado y sus consecuencias

En la provincia de Buenos Aires: la falta de políticas de Estado y sus consecuencias
No estudian ni trabajan 400.000 chicos

Tienen entre 14 y 20 años; calculan que, además, hay un millón de jóvenes socialmente vulnerables; críticas al gobierno

Por Sebastián Lalaurette y Pablo Morosi
De la Corresponsalía La Plata


LA PLATA.- La polémica por la iniciativa del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de impulsar la reducción de la edad mínima de imputabilidad penal dejó al descubierto las falencias del sistema judicial y de asistencia juvenil.

Algunos datos provistos por fuentes oficiales demuestran el contraste entre la dimensión social del problema de la minoridad -tanto en lo penal como en lo asistencial- y la red de contención disponible para afrontarlo.

En la provincia, según una estimación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hay un millón de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo social debido a efectos de la exclusión y de la marginalidad. Unos 400.000 jóvenes, de entre 14 y 20 años, no estudian ni tienen trabajo.

El esquema de abordaje se basa en el sistema de promoción y protección integral de los derechos del niño (ley 13.298), que incorpora el subsistema de responsabilidad penal juvenil, sancionado hace casi dos años y que entró en vigor, sólo en forma parcial y progresiva, en julio pasado.

El modelo provee una legislación específica para procesar y sancionar a los menores en conflicto con la ley penal. Por otro, descentraliza las acciones asistenciales hacia las comunas al despejar el trabajo de los jueces de menores que, a partir de esta ley, sólo se ocupan del aspecto criminal.

El fuero penal juvenil funciona en menos de la mitad de los 134 distritos de la provincia. Así y todo, en varios de los 61 distritos que lo instrumentaron, que se corresponden con ocho de los 18 departamentos judiciales -Necochea, Azul, La Plata, Quilmes, San Martín, Mercedes, San Nicolás y Pergamino-, no se ha logrado una aplicación completa y efectiva. Según el cronograma oficial, el sistema debería estar funcionando totalmente en diciembre próximo.

Pero el principal inconveniente, además de la falta de recursos, radica en la ausencia de una política integral para la minoridad y en la ineficacia de los circuitos de tratamiento, algo que las propias autoridades del gobierno provincial reconocen.

La procuradora general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, María del Carmen Falbo, trazó un panorama crítico: apuntó la necesidad de una mayor capacitación policial para abordar el tema, la urgencia para buscar "lugares adecuados con tratamientos adecuados" y habló de la estéril función resocializadora de los centros de detención, de donde, dijo, los chicos "salen peor de lo que entran. Si hay cosas que no aprendieron bien, allí las aprenden peor. No hay capacitación para quienes los tienen que educar", dijo.

"Cuidar la infancia"

Según el titular del Instituto de Derechos del Niño de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de La Plata, Ernesto Domenech, "es inadmisible que en el gobierno se diga que no se cuenta con el circuito de instituciones. El Estado debe tener una estrategia de gestión y aplicar los recursos suficientes para hacer funcionar el sistema y lograr, efectivamente, cuidar la infancia".

La directora ejecutiva del Comité Argentino por los Derechos del Niño, Nora Schulman, dijo que si se baja la edad de imputabilidad "reventarán los institutos y cárceles de chicos. No son lugares de contención o donde se aprende algo, sino que [los jóvenes] salen peor de lo que entraron. La falta de inserción escolar y el descuido de la salud y de la alimentación son antecedentes para haber llegado a esto, y es de una gravedad extrema".

Hace una semana, un grupo de jueces de menores de San Isidro alertó sobre la falta de recursos "adecuados y suficientes" por parte del gobierno provincial para ejecutar las medidas judiciales que ordenan como parte de los procesos penales juveniles.

Los magistrados Patricia Klentak, Fernando Ribeiro Cardadeiro, Graciela Vega, Flavia Valgiusti, Silvia Chomiez y Mirta Ravera Godoy sostuvieron, en una presentación ante la Suprema Corte de Justicia provincial, que el Poder Ejecutivo bonaerense, "cuenta con escasos recursos humanos de sus equipos de profesionales, con lo cual no se logra socializar o integrar al niño en forma constructiva". Además, aseguraron que la internación es imposible, porque no existen "vacantes suficientes" y se adoptan decisiones de traslados, internaciones o externaciones sin la debida autorización de los jueces.

"No economizar derechos"

Pero el problema no se restringe a San Isidro. En diálogo con LA NACION, el juez de Garantías del Menor Marcelo Giacoia, del departamento judicial Mercedes, dijo que "en los servicios locales escasea el personal y hay una serie de conflictos".

El juez de menores de San Martín, Rómulo Peñoñori, también se quejó: "No podemos economizar los derechos de los niños y reducirlos a su mínima expresión. El diseño más maravilloso no sirve si no podemos sostenerlo en la realidad, y esto es lo que parece estar ocurriendo". Peñoñori calificó las políticas del Estado como esquizofrénicas y consideró que en institutos sin los recursos suficientes los chicos salen "más resentidos".

La propia Corte bonaerense, que analiza la denuncia presentada por los jueces de San Isidro, ya había alertado sobre las anomalías surgidas de la falta de recursos para el área. En un dictamen conocido hace una semana había intimado al Poder Ejecutivo a que proporcione "en lo inmediato" los recursos necesarios que permitan el funcionamiento del fuero de menores provincial. También dispuso que el gobierno deberá presentar un informe sobre lo actuado antes de los 60 días.

La orden tuvo como origen el planteo hecho por el Tribunal Nº 1 de Trenque Lauquen. La sentencia, con la rúbrica de Héctor Negri, Eduardo de Lazzari, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani, ordena garantizar la defensa de los derechos "conculcados por su omisión" y asegurar el normal ejercicio de la función jurisdiccional.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, de quien depende el área de Niñez y Adolescencia, admitió que las limitaciones presupuestarias repercuten en el funcionamiento del sistema, pero se mostró "convencido de que los fondos van a aparecer". Los números oficiales son claros: sólo uno de cada diez pesos que maneja la cartera de Arroyo se destina a minoridad. Este año se calculó gastar 191 millones.

"Nos faltan aún muchos recursos; nos falta celeridad para ponerlos en marcha. Nos faltan designaciones, dispositivos concretos para trabajar no sólo medidas privativas de la libertad sino también medidas alternativas", dijo la subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la provincia, Martha Arriola.