“La guerra contra las drogas ha fracasado”

“La guerra contra las drogas ha fracasado”

No hay un modelo global para la lucha contra el narcotráfico, cada país debe buscar su propia respuesta, dice este sociólogo peruano, analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. En esta entrevista, se pronuncia a favor de “un proceso progresivo” para modificar los paradigmas de la penalización.

Por Mariana Carbajal


Ricardo Soberón Garrido es un reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad. Profesor de la Universidad de Lima, este peruano experto en geopolítica regional del narcotráfico explica en detalle por qué está convencido de que la actual política represiva contra el comercio ilegal de estupefacientes es un verdadero fracaso. “Nuestras democracias y nuestras instituciones, además, se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. La pregunta es qué va a pasar cuando nos empiece a afectar a los que vivimos en las ciudades y observemos que estos sectores vinculados al narcotráfico comienzan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada”, advierte en una entrevista con Página/12, durante una visita a Buenos Aires. “No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional”, agrega el especialista. Consultado sobre el enfrentamiento entre narcos de origen peruano en el Bajo Flores, Soberón Garrido no duda: “Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino. (Han descubierto) que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia”.

Soberón Garrido vino a la Argentina invitado por la Asociación Civil Intercambios, una ONG que desde hace 12 años trabaja para el estudio y la atención de los problemas relacionados con las drogas.

–¿Por qué sostiene que fracasó la política represiva para combatir el narcotráfico?

–El dato de la realidad más evidente es que en el caso de la cocaína en el país mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, no se aumentó el precio, que era el objetivo fundamental. Todo lo contrario, se ha hecho cada vez más accesible a la población. Un kilo de cocaína se mantiene en un rango de unos 50 mil dólares en el estado de Florida: mientras antes un gramo de cocaína se podía encontrar a 40 o 50 dólares, ahora se puede obtener a 20 o 30 dólares. Ese es un primer factor que indica que los 20 años de interdicción no lograron afectar el precio sino que lo bajaron. En segundo lugar, de acuerdo con el National Institute of Drug Abuse de Estados Unidos, la calidad de la cocaína ha aumentado. Es decir, lejos de convencer a los usuarios de que deben dejarla porque por su calidad es perjudicial para la salud, ha mostrado que los niveles de pureza son mayores. Y en tercer lugar, a pesar de los enormes esfuerzos financieros, la cocaína está más disponible para la gente en términos de cantidad: hoy los riesgos que corre una persona para conseguir su gramo de cocaína son menores que antes.

–¿En Estados Unidos o en cualquier lugar?

–Hablamos del principal país consumidor, pero lo que ocurre en términos genéricos en Estados Unidos también ocurre en cualquiera de nuestras ciudades. Le puedo hablar de Lima, donde un gramo de cocaína costaba 25 a 30 soles y hoy cuesta 10 a 15 soles. Y estoy seguro de que vamos a encontrar esa misma situación en otras ciudades. Por tanto, el principal indicador de resultados nos demuestra que la política represiva contra el narcotráfico ha fracasado. Si eso lo llevamos al tema de los daños colaterales que las políticas han tenido, vamos a ver que nuestras democracias y nuestras instituciones se han deteriorado como consecuencia de esta política represiva. Pensemos en la corrupción que involucra. Además, la guerra contra las drogas tal como la pensó el señor Nixon en su momento en los años ’72 y ’73 y tal como la piensa el señor Bush, está siendo absolutamente funcional a todos aquellos intereses que desde el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa de Estados Unidos se tienen para seguir la guerra contra las drogas en la región andina amazónica. Algunos ejemplos: instrumentos muy puntuales como el Plan Colombia I, Plan Colombia II, Plan Puebla Panamá, Plan México, Iniciativa Regional Andina y otros instrumentos de política internacional. Ninguno de ellos ha logrado reducir la calidad, la disponibilidad y la cantidad de droga, y aumentar el precio de la cocaína. Eso lo señalan los organismos legítimamente considerados para poder hablar de este tema. Veinte años de aplicación de estos instrumentos y sí han conseguido otras cosas. Por ejemplo: han podido lograr la conformación de una liga de seguridad militar alrededor de Colombia a propósito del conflicto armado en ese país; han logrado reconstruir el tema de las amenazas a la seguridad hemisférica para pasar del problema puntual y concreto que significaban las FARC, Sendero Luminoso o cualquier movimiento irregular, subversivo o terrorista, como quieran llamarle, para poder incorporar nuevas amenazas que van más allá del narcotráfico: nacionalismos, movimientos indigenistas, movimientos radicales, están incorporados dentro de las nuevas visiones y programas de reforzamiento de la seguridad hemisférica, particularmente muchos de nuestros ejércitos y organismos de seguridad trabajan con esos esquemas, y en ese sentido la guerra contra las drogas ha sido sumamente incierta. El problema está en que los que hacen las políticas nos pretenden hacer pensar que el giro que planteamos es necesariamente la legalización o la liberalización de las drogas.

–¿Y hacia dónde debe ir el giro?

–Hacia permitir que los países adopten sus propias prioridades. Allí donde deban aumentar los precios, aumentarán los precios; allí donde deban reprimir selectivamente, reprimirán selectivamente; allí donde deban liberalizar el consumo y penalizar alguna droga, que lo hagan. No hay un problema mundial de drogas: hay problemas nacionales que deben ser respondidos en términos nacionales porque uno de los trucos sobre los cuales se ha basado el sistema internacional ha sido hacernos pensar que el problema es global, que la respuesta es global, y que nadie puede poner en tela de juicio ese paradigma internacional.

–¿Por qué desde los organismos internacionales no se reconoce que esta política ha fracasado o al menos no ha dado los resultados esperados?

–El lenguaje de la diplomacia es muy sutil para poder decir las cosas y obviamente Naciones Unidas y muchas de sus instancias dependen de la cooperación internacional, particularmente de los Estados Unidos. Es el caso de la OMS, de la Unesco, de varias organizaciones. Si sus funcionarios no reproducen ese discurso corren serio peligro de ver cortados sus presupuestos.

–¿A quién le interesa mantener este esquema represivo?

–Fundamentalmente a sectores del aparato empresarial y militar de los Estados Unidos. En el terreno empresarial obviamente los laboratorios farmacéuticos internacionales que pretenden seguir manteniendo el monopolio del control de las situaciones de neurosis, de psicosis, de distinto tipo de patologías a partir de sus propios medicamentos y no permitir que la gente tenga salidas más naturales. En el terreno militar estamos evidenciando un proceso de privatización de la guerra, particularmente en América latina. Organizaciones y agencias de seguridad y de orden público del aparato tecnológico militar de Estados Unidos están interesadas en alimentar a las fuerzas armadas y policiales de nuestros países, y a sus servicios de inteligencia para poder encomendarles nuevas misiones, entre otras, el control del narcotráfico, el seguimiento y monitoreo de vuelos sospechosos, de embarcaciones sospechosas, la devolución de migrantes, etc. Hay también otros actores ideológicamente interesados, en algunos casos podemos hablar de sectores de la Iglesia Católica, muy conservadores, que son incapaces de aceptar fórmulas muy individuales de alteración de la conciencia. También del partido conservador norteamericano y de movimientos de apoyo a esas posiciones que hacen lobby dentro del Congreso.

–¿Cómo analiza los vínculos entre el narcotráfico y el terrorismo en Latinoamérica?

–Al compartir enemigos, escenarios geográficos, target sociales, ambos fenómenos adoptan decisiones compartidas para poder usufructuar mutuamente de ciertos beneficios. Eso pasó en Perú, en Colombia, en los Balcanes y en Medio Oriente. Pero no puede llevar a la terrible confusión de asemejar a dos fenómenos que tienen causalidades completamente distintas: una, el narcotráfico, un terreno estrictamente capitalista de oferta y demanda; otro, el terrorismo, obedece a criterios distintos de entendimiento del mundo. Ese es un terrible error de distorsión. Sin duda es otro elemento que ha sido funcional por parte de esta guerra contra las drogas, es que por primera vez se logró el consenso internacional para armonizar la ecuación: narcotráfico igual a terrorismo. Porque eso no es nuevo ni es solamente posterior al 11 de septiembre de 2001. Los intentos por tratar de vincular narcotráfico con terrorismo vienen de la década del ’70 y, sin embargo, había mucha resistencia de carácter académico, político, operativo, para poder hacer este equilibrio. Hoy por hoy, drogas es igual a terrorismo a todo nivel. Imagínese que la oficina más importante de Naciones Unidas era el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas” (Undcp, por su sigla en inglés) y ahora es la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas, donde la palabra “crimen” se refiere fundamentalmente a delitos sobre drogas y delitos por terrorismo. Y más allá de eso, en las calles hoy por hoy se empiezan a criminalizar conductas sociales que tienen que ver con reacciones críticas frente a las políticas de drogas. Por lo menos en mi país, se aprobó un proyecto por el cual cualquier oposición social a las acciones de erradicación compulsiva de hoja de coca son criminalizables con penas de entre 8 y 12 años. Obviamente no podemos caer en la ingenuidad de decir que no hay situaciones de alianza y relaciones. Y de hecho, de eso se trata, de tener la habilidad como gobernantes para poder dictar políticas sensatas para poder abordar esa convergencia entre el narcotráfico y lo que corresponda al terrorismo. El punto de vista fundamental es señalar que son dos fenómenos social y económicamente totalmente distintos. El tráfico de drogas es un fenómeno que responde a una lógica empresarial como cualquier otra, a nivel local, regional, hemisférico, global. El narcotraficante va a aprovechar de la mejor manera posible los mecanismos de integración, las zonas francas, las redes hidroviales, y cualquier otro instrumento que esté diseñado para promover el comercio regional. Mas aún, la Comunidad Andina puede fracasar, el Mercosur puede fracasar, las relaciones entre ambas institucionalidades pueden fracasar, pero el narcotráfico ha sabido responder de la mejor manera posible en ese escenario. Por que si no qué explica, entre otros factores, a partir de 2000 este boom de la aparición y presencia de la pasta base de cocaína y del clorohidrato de cocaína en las ciudades como Buenos Aires, Río y San Pablo, procedentes de Bolivia o de Perú. El narcotráfico, en ese contexto, ha sabido responder comercialmente. Acabo de estar en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia. El río Amazonas es un eje fluvial fundamental para la salida de la cocaína para Manaos y Belem do Pará. Y de retorno, esas mismas embarcaciones traen las armas y los precursores para las FARC y los grupos de traficantes, y esto es sostenido por gente de la policía federal brasileña.

–¿Han cambiado las estructuras de los carteles de la droga?

–Sí, observamos un cambio en las estructuras criminales que no se había visto con anterioridad. Antes estábamos acostumbrados a los carteles colombianos, Medellín, Cali, los carteles mexicanos, Golfo, Juárez, Sonora, etc., las yacuzas, las tríadas, es decir, compuestos piramidales ocultos claramente identificados y una vez identificados, claramente desmontados. Los cambios que estamos observando ahora señalan con claridad que el narcotráfico responde a esta lógica de represión al crimen organizado: segmentación, tercerización. Aquel que se acerca más al dinero de la droga, se aleja más de las drogas, de modo que el material probatorio con el que un juez, o un policía o un fiscal puedan tener como para procesar a una persona de alto vuelo, ya es mucho más difícil. Entonces, es claro que el narcotráfico en estos diez años ha logrado mimetizarse, responder a estas nuevas estrategias, y por lo tanto, lo que estamos evidenciando es que los sistemas nacionales de represión están apuntando mal, están gastando plata y están generando problemas sociales que hasta ahora son casi solamente perceptibles en cárceles o en algunos barrios de algunas de nuestras ciudades. La pregunta es qué va a suceder cuando en nuestras ciudades esto comience realmente a afectar a aquellos que hacen las políticas, o a aquellos que realmente deseamos vivir en democracia, tener ciertas costumbres, ciertos usos, y observemos que estos sectores empiezan a apropiarse de los espacios públicos de una manera no controlada. Es curioso, pero por el caso de Colombia y de Perú, los que tuvimos la oportunidad de evidenciar la vinculación entre narcotráfico, corrupción y poder político, a las más altas cotas del poder, vimos que cualquier acción del Estado es absolutamente inútil para abordar los problemas que están detrás del narcotráfico.

–¿Qué consecuencias sobre el espacio público puede traer este tipo de políticas represivas en el terreno de las drogas ilegales?

–Una, la reducción de los espacios de convivencia y de ejercicios de derechos. Cada vez se piensa más en el establecimiento de normas de interceptación telefónica, en el aumento de los casos de flagrancia para poder detener a las personas sin mandato judicial, en incrementar los controles administrativos aduaneros y migratorios para impedir el libre tránsito de las personas; en penetrar intrusivamente en los espacios de la libre intimidad de las personas, por ejemplo, en el ámbito del trabajo para poder determinar si una persona ha consumido una determinada sustancia. Si uno toma en consideración todos estos distintos mecanismos que existen, nos encontramos con que el individuo, el hombre de la calle, cada vez va a encontrar menores espacios de ejercicio de derechos, mayores posibilidades de ser amenazado por este Big Bro-ther que es el Estado, que curiosamente se reduce en determinados ámbitos pero aumenta su capacidad de acción alimentado además por instrumentos tecnológicos que permiten saber hoy en día qué hace o qué no hace una persona hasta dentro de su intimidad personal. Ese es un resultado muy puntual y concreto.

–¿La respuesta debe ser la misma para distintos tipos de drogas?

–Para ser realista, cualquier cambio debe ser progresivo y paulatino. No va a haber cambios de paradigmas totales. Estoy a favor de un proceso progresivo de desmantelamiento del programa penal que se basa en la separación de lo legal y lo ilegal porque eso es una distorsión, es un error. Hay que reformular ese concepto para hablar más que de sustancias, de usos. Habrá usos posibles, usos aceptables, usos problemáticos, usos socialmente no aceptables, usos potencialmente peligrosos. Ese me parece un nuevo criterio para poder empezar a trabajar.

–¿Se debería empezar con la despenalización de la tenencia de marihuana para consumo personal?

–Es lo más inmediato. Lo que menos resistencia debe de ofrecer a la luz de la evidencia estadística. Pero en definitiva yo no me puedo quedar solamente con una planta. No es posible que el sistema represivo criminalice plantas. No corresponde.

–¿Cómo ve la guerra desatada en el Bajo Flores por la venta de drogas, en la que se involucra a una banda liderada por peruanos?

–Son resultados evidentes y eficientes del libre comercio de bienes y de servicios que promueve el Consenso de Washington y el modelo neoliberal. En este caso ha sido aprovechado por connacionales míos que han visto una ventana de oportunidades para insertarse en un mercado altamente rentable como el argentino, pero que sin duda no debe llevar a la equivocación de pensar ergo, todo peruano puede ser un potencial traficante o que todo traficante es peruano. Sino que ese nicho y esa ventana de oportunidades de esa cadena productiva pueden ser utilizadas por cualquiera que en su momento determine y descubra que en esta ciudad hay mucha población con capacidad de poder desarrollar conductas adictivas alrededor de una u otra sustancia.

–¿Por qué cree que se extiende en forma exponencial el consumo de paco o de pasta base de cocaína?

–Creo que es inversamente proporcional a las carencias con las que se enfrenta la población joven de los sectores más excluidos de nuestra sociedad. Y no me refiero solo a la de Argentina. La empresa del narcotráfico ha encontrado en el paco la droga más barata disponible y accesible para poder sacar de este mundo frustrante a esta población joven y engancharla de una manera empresarialmente muy funcional. Se sabe que a la segunda semana de consumo ya voy a tener enganchada de modo irreversible a esa persona, por tanto eso facilita enormemente las tareas de marketing y de publicidad para la droga: puedo regalar algo de droga a muchachos que terminan de jugar un picadito de fútbol, de manera que puedan celebrar; sé que de esos diez o doce que han jugado, al menos dos van a volver luego para poder engancharse con el paco. Esa es una de las ventajas enormes y graves que tiene este tipo de derivados de la hoja de coca. De eso se han dado cuenta los empresarios del narcotráfico.

–¿Qué respuesta considera que debería dar la Argentina a la problemática de las drogas ilegales?

–Encuentro una ventana de oportunidades por las distintas respuestas positivas que he encontrado a nivel local, provincial y federal. Disposición y voluntad para poder revisar lo andado y poder generar nuevos paradigmas. Yo vengo de un país donde un debate distinto no es posible, los medios me lo evitan, en el Perú no estoy en condiciones de publicar artículos de lo que estamos hablando. Es un “non issue”. En Perú el paradigma es ese: continuar haciendo lo mismo porque es lo mismo que funciona. Para ellos los indicadores de gestión son “droga secuestrada”, “bandas desmanteladas”. Pero no se dan cuenta de los problemas de consumo, marginación, exclusión y violencia que generan las políticas represivas sobre drogas. En ese sentido soy medianamente optimista del nivel de debate que observo en la Argentina. Le soy sincero.

–¿Cómo analiza la región latinoamericana?

–A nivel político encuentro un tablero de ajedrez muy interesante: una ficha blanca, una negra, “una blanca, una negra”, eso es lo que vemos en los trece países de la región. En el terreno de la carpeta de drogas observamos que los mayores discursos alternativos y progresistas que hay se dan en el Cono Sur; en desmedro de lo que ocurre fuera de Brasil, Uruguay y Argentina, en donde el patrón sigue siendo insistir en las reglas de lo mismo. Eso me parece sintomático porque son dos mapas distintos: el político y el de drogas, y muestran resultados distintos.

–¿Se refiere a que Cuba y Venezuela coinciden con el paradigma de Estados Unidos?

–Sin duda. Lo más curioso y contradictorio es que los dos países formalmente acusados en lo político a romper el Consenso de Washington, Cuba y Venezuela, en el terreno de drogas conservan discursos altamente represivos. Y las capacidades para poder repensar el problema alrededor se reducen a la mínima expresión. Recuerdo alguna vez haber hablado con una consejera política de la embajada de Cuba en Perú y le planteaba la urgente necesidad de adecuar el discurso antiimperialista, de reinvindicar lo latinoamericano y ponerlo en la autopista de la drogas para repensar el problema. Me dijo: “Sin haber hecho eso tenemos el embargo desde hace 40 años, tú qué crees que vaya a pasar si los gobernantes de mi país plantean un nuevo paradigma de drogas. Prácticamente nos pondrían en el paredón”. Y algo similar me ha pasado en el último viaje a Caracas: tratar de incorporar la problemática de las drogas en el socialismo del siglo XXI, es prácticamente imposible o está ausente del debate. Ahí hay un reto enorme.