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jueves, 24 de marzo de 2011

A 35 años del golpe cívico-militar, los juicios son política de Estado

Publicado el 24 de Marzo de 2011

Los procesos de memoria y justicia que se multiplican en todo el país les otorgan una vigencia inédita a los Derechos Humanos. El siguiente paso es desnudar la complicidad civil con la represión.
  Al cumplirse 35 años del último golpe de Estado, el avance de las causas contra los represores de la última dictadura militar le da a los Derechos Humanos en la Argentina una vigencia impensada en años anteriores. A la fecha, hay ocho juicios orales desarrollándose en simultáneo en todo el país y al menos siete a punto de comenzar durante 2011. Estos procesos involucran a casi 140 personas, que se podrían sumar a los ya 200 condenados por delitos de lesa humanidad que hay desde la vuelta de la democracia.
Los datos corresponden a la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de causas por violación a los Derechos Humanos, que informó además que existen 820 procesados en todo el país, de los cuales cerca de 400 ya tienen al menos una causa en etapa de juicio. Este notable avance judicial, impulsado por la lucha de los organismos de Derechos Humanos y las políticas iniciadas por el ex presidente Néstor Kirchner, ha permitido que en este nuevo aniversario del 24 de marzo de 1976 los máximos jerarcas y represores de la última dictadura hayan sido condenados o se encuentren en pleno proceso penal.
El ex dictador Jorge Rafael Videla fue encontrado culpable y sentenciado a la pena máxima a fines del año pasado en Córdoba por el fusilamiento de presos políticos de la Unidad Penal 1 y, junto a Reynaldo Bignone, está siendo juzgado como ideólogo del Plan Sistemático de robo de bebés que incluye 35 casos de apropiación. El 24 de marzo comienza además con la noticia de la sexta cadena perpetua que recibe el ex jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, Luciano Benjamin Menéndez, quien ya fue condenado en Tucumán en tres ocasiones y otras tres en Córdoba (ver p. 7).
“Ya en los primeros meses de 2011, se puede avizorar un próximo incremento de la cantidad de personas juzgadas y sentenciadas por la justicia”, señalaron desde la Unidad Fiscal. A partir de abril, comenzarán nuevos juicios en la Ciudad de Buenos Aires, Salta, Tucumán, Rosario, Corrientes, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Los Derechos Humanos y la necesidad de juzgar a los represores se convirtieron desde 2003 en una política de Estado. Así lo confirman los dichos del titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien ayer destacó que “los juicios de lesa humanidad son una política de los tres poderes, que han contribuido a iniciar la que hoy es la principal experiencia a nivel internacional en materia de investigación en causas por delitos de lesa humanidad”.
De acuerdo con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde la reapertura de los juicios en 2006, cuando se anularon las leyes de impunidad, 167 imputados fueron condenados y 15 absueltos, y un total de 1707 personas están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado.
En contraste con estos números, desde 2006 sólo nueve personas cuentan con condena firme, ya sea que haya sido confirmada por la Cámara Nacional de Casación o por la Corte Suprema de Justicia. Según la Unidad Fiscal, estas demoras se centran sobre todo en los largos tiempos de Casación para confirmar lo resuelto por los tribunales orales, por lo que la gran mayoría de los represores condenados técnicamente todavía tienen prisión preventiva con una condena no firme.
A esta situación se suman graves escollos de funcionarios judiciales. Uno de los ejemplos más notables ocurre en la provincia de Jujuy, donde el juez federal Carlos Olivera Pastor ya fue denunciado ante la Corte y el Consejo de la Magistratura por congelar los procesos judiciales, y hace menos de un mes fue escrachado por organismos de Derechos Humanos en la provincia.
A pesar de los avances, algunos datos dejan ver la necesidad de acelerar aun más ante la avanzada edad de las víctimas e imputados. El CELS informó que de los 1707 imputados, 273 ya han fallecido. Tal es el caso de Emilio Massera, que murió en noviembre del año pasado y logró de esa manera evadir la justicia.
Además, mientras más tiempo se demore la justicia, mayor peligro corren los testigos. Así lo demuestran dos casos extremos como la desaparición de Jorge Julio López poco antes de la condena a Miguel Etchecolatz y el asesinato en dudosas condiciones de Silvia Suppo en Santa Fe.
A medida que avanza el enjuiciamiento a los represores militares, crece el reclamo de los organismos de Derechos Humanos por los civiles que participaron directamente o colaboraron con la dictadura.
En los últimos días se conocieron los procesamientos del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza a los jueces Luis Miret, Otilio Romano, Rolando Carrizo Elst y Guillermo Petra, quienes están acusados por no haber investigado las denuncias que les llegaron por desapariciones y torturas mientras eran funcionarios judiciales. En 2009, ya fue condenado en Santa Fe el ex juez Víctor Brusa y se espera que avance la investigación sobre varios funcionarios cordobeses que fueron nombrados en el juicio a Videla en Córdoba. La responsabilidad de esa causa recaerá en el juez de La Rioja Daniel Herrera Piedrabuena, que en los últimos meses sobreseyó al ex magistrado Roberto Catalán y a otros 15 represores. Según el CELS, hay 178 civiles imputados. Además de los jueces, integran la lista el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, procesado con prisión domiciliaria por el secuestro extorsivo de la familia Gutheim y Juan Ernesto Alemann, ex secretario de Hacienda, acusado de haber ingresado a una sala de torturas de la ESMA para interrogar a un detenido.
Quedaron expuestos también los delitos económicos que formaron parte del plan de las Fuerzas Armadas y sus colaboradores. Un relevamiento de la Secretaría de Derechos Humanos mostró que hay 604 casos de empresarios que fueron despojados de sus empresas. Entre esas compañías estaba Papel Prensa, apropiada por la primera Junta Militar y cedida a los principales diarios luego de haber secuestrado y torturado a la familia Graiver, dueña de las acciones. El gobierno se constituyó en querellante en esa causa luego de una larga investigación y pidió que se procese a la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble; al CEO del grupo, Héctor Magnetto, y al director de La Nación, Bartolomé Luis Mitre, entre otros.
La dueña de Clarín además está imputada en la causa en que se investiga si se apropió de sus hijos adoptivos, Felipe y Marcela Noble Herrera. Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en esa causa, ya le devolvió la identidad a 102 bebés robados. Mientras se desarrolla el juicio a los ideólogos del Plan Sistemático de apropiación, la Unidad Fiscal confirmó que hay más de 60 procesados por ese delito aberrante y 32 personas condenadas, de las cuales 26 cuentan con sentencia firme. <

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