Faltan políticas sociales para las desplazadas por violencia familiar
Según el Consejo Nacional de la Mujer, una de cada tres mujeres es víctima de violencia familiar.Muchas recurren a la policía y a la Justicia, y en los últimos años mejoró la respuesta del Estado ante emergencias:
- En la Ciudad de Buenos Aires, los juzgados que trabajan los casos enviados por la oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, abierta las 24 hs. los 365 días del año, pueden resolver la exclusión del hogar en menos de un día ante riesgo grave, aunque por pocos meses. (Emergencias: 137)
-En la Provincia de Buenos Aires, las mujeres y lesbianas contamos con una policía propia: no sólo ya más de la mitad de la fuerza está integrada por mujeres y lesbianas, sino que existen 37 comisarías de la mujer, con más de 300 oficiales especializadas. (Emergencias: 911 o 101)
-El artículo 34 del Código Penal garantiza el derecho de defensa propia, tanto durante un ataque, para evitar que se repita, después de una amenaza o si el agresor intenta ingresar al hogar por la fuerza.
Más de cinco millones de mujeres y lesbianas vemos coartado nuestro acceso a la educación, salud, y todas las libertades mediante ataques recurrentes y cada vez más graves, perpetrados por agresores con quienes permanecemos vinculadas por años, sostenidos en nuestra familia, amigos, compañeros, organizaciones.
Desplazadas por la violencia familiar de nuestros hogares, trabajos, vínculos, necesitamos políticas permanentes de vivienda, trabajo, subsidios, becas, pensiones, etc., cuyo objetivo sea la reparación de las consecuencias de la violencia familiar, más allá de lo que corresponde a cada agresor individual.
Estas políticas sociales faltan y su ausencia se hace sentir especialmente después de llamar al 137, ir a la oficina de violencia de la Corte, la comisaría de la mujer o salir del closet.
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